El fallo fue firmado por unanimidad
La Corte Suprema declaró inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura
Semanas atrás, desde el máximo tribunal, dejaron trascender que trabajaban en un fallo sobre la composición del Consejo de la Magistratura y que una resolución adversa al gobierno de Alberto Fernández podría conocerse este jueves, como efectivamente sucedió.
Por Luciana Bertoia
17 de diciembre de 2021
La Corte Suprema declaró inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección y remoción de los jueces y juezas. El máximo tribunal exhortó al Congreso a dictar una nueva ley. (Fuente: NA)
La Corte Suprema declaró inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección y remoción de los jueces y juezas. El máximo tribunal exhortó al Congreso a dictar una nueva ley. . Imagen: NA
La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la actual composición del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección y remoción de los jueces y de la administración del Poder Judicial, y exhortó al Congreso a que dicte una nueva ley que garantice el equilibrio de los distintos sectores que deben sentarse allí. Con este fallo, los supremos hacen retroceder quince años al Consejo de la Magistratura y vuelven a poner al presidente de la Corte como cabeza de ese cuerpo también. Los cortesanos le dan un plazo máximo al Consejo de cuatro meses para que se integre con 20 miembros –siete más que en la composición actual–. “El fallo de la Corte pone en riesgo el funcionamiento del Poder Judicial porque puede implicar la parálisis de las designaciones de jueces, de la administración del Poder Judicial y de las sanciones a jueces. La Corte le dio un golpe a las instituciones democráticas sin precedentes”, le dijo a Página/12 el ministro de Justicia Martín Soria.
El Consejo de la Magistratura se creó después de la reforma constitucional de 1994. En 1997, se aprobó una ley que establecía que debía estar integrado por 20 miembros: el presidente de la Corte, otros cuatro jueces, ocho legisladores, cuatro abogados, dos académicos y el representante del Poder Ejecutivo. La ley de 1997 se derogó en 2006, cuando se aprobó una reforma al Consejo de la Magistratura –impulsada por Cristina Fernández de Kirchner como senadora– que establecía una integración de trece miembros: tres jueces, dos abogados, seis legisladores, un académico y el representante del Poder Ejecutivo.
Así funcionó todo hasta ahora. Pese a que el gobierno de Alberto Fernández anunció que había presentado un proyecto de ley para llevar la composición del Consejo a 17 integrantes, la Corte no hizo concesiones como sí hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña les anunció que sacarían una ley y, con esa promesa incumplida, logró esquivar un fallo adverso y con múltiples implicancias como éste.
La Corte Suprema reflotó un caso que había llegado a estudio después de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le diera la razón en 2015 al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que sostenía que la ley de 2006 –la aprobada nueve años antes– era inconstitucional porque no respetaba los criterios de equilibrio para los distintos estamentos que se sientan en el Consejo de la Magistratura. El Colegio de la calle Montevideo, como se lo conoce, es una entidad conservadora que nuclea a los estudios de la City porteña y que, durante el gobierno de Macri, funcionó como un ariete para presionar en los tribunales en aquellos casos en los que la administración Cambiemos estaba interesada. Por ejemplo, en facilitar la remoción de la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó.
Los cuatro integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, estuvieron de acuerdo en sostener que la ley de 2006 es inconstitucional porque le da predominio al estamento político. Sin embargo, Lorenzetti no los acompañó con la idea de reimplantar una ley derogada que, además, pondría al frente del Consejo de la Magistratura a Rosatti, con quien no lo une una gran simpatía y a quien criticó públicamente por haberse autovotado para alcanzar la presidencia del máximo tribunal. Sin demasiado disimulo, Lorenzetti les disparó a sus colegas un dardo al decirles que hasta los alumnos de los primeros años de las facultades de Derecho saben que no puede ponerse en vigencia una ley derogada hace quince años.
“La única explicación de este fallo es la desbocada ambición de esta Corte, que está ansiosa por tener más poder controlando el Consejo de la Magistratura. La decisión de Rosatti de autonombrarse presidente del Consejo, cuando no era ni siquiera un aspecto en consideración en el expediente, es la prueba elocuente de esto”, sostiene Soria.
El impacto
Los supremos hicieron cálculos en el fallo. Dicen que el estamento político tiene siete representantes y que eso le da capacidad de dictar el reglamento general del Consejo, designar integrantes en las comisiones, reglamentar los procedimientos en los que se van a llevar adelante los concursos, aprobar reglamentos para la subrogancia de jueces y aplicar sanciones disciplinarias. Lo cierto es que al número de siete se llega si suman a los oficialistas y a los opositores –que claro está que no encuentran demasiado estímulo en cooperar–.
"Cualquiera que fuera la opinión que en abstracto se tuviera sobre la conveniencia de esta arquitectura institucional, es claro que ella no respeta el mandato constitucional de procurar una integración equilibrada entre los representantes de los distintos sectores que el constituyente creyó necesario integrar al Consejo. Tampoco contribuye a despolitizar parcialmente el proceso de designación y remoción de jueces ni a aumentar el umbral de garantía de independencia judicial, objetivos que, como se dijo, fueron expresamente perseguidos por los constituyentes de 1994", escribieron los integrantes del máximo tribunal.
En la práctica, los supremos le dan 120 días al Consejo para completar su integración hasta tener los 20 integrantes. Esto quiere decir que las Cámaras del Congreso deberán mandar dos nuevos integrantes y que deberán hacerse elecciones para que los jueces, los abogados del interior, los abogados de la Capital y las universidades elijan un representante cada uno. Esos integrantes se incorporarán al Consejo y cesarán en sus funciones a finales de 2022, cuando se vence el mandato del resto de los integrantes del cuerpo. Los nuevos miembros podrán reelegir mientras que el resto de los consejeros deberán esperar hasta un intervalo para candidatearse.
Si no se llegaran con los tiempos para tener los 20 integrantes, todo lo que pudiera resolver el Consejo de la Magistratura sería nulo. “Estamos preocupados por lo que pueda pasar con el Poder Judicial si la pandemia nos impide cumplir con los plazos que establece la Corte”, le dijo a este diario el juez Alberto Lugones, vicepresidente del Consejo de la Magistratura. “Este fallo no garantiza nada en torno al funcionamiento del Consejo. Creo que, por el contrario, lo complica”.
Tensión
Después de las primarias de este año, empezaron a surgir las versiones de que la Corte pensaba sacar el fallo sobre la integración del Consejo de la Magistratura, que poco tiene de novedoso: la ley que declara inconstitucional tiene quince años y el planteo del Colegio de la calle Montevideo llevaba casi cinco años esperando en algún rincón del cuarto piso del Palacio de Talcahuano.
La inminencia del fallo aceleró la visita de Soria a los supremos, tarea que había postergado desde marzo cuando asumió al frente del Ministerio de Justicia en reemplazo de Marcela Losardo. El encuentro no fue tranquilo: Soria habló del rol del máximo tribunal en el lawfare y habló de los vínculos con Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el operador judicial de Macri que está prófugo en Uruguay. En las últimas horas, el Presidente les recordó a los cortesanos que había que pensar en otro rediseño: el del máximo tribunal. El gobierno debe aún postular a una reemplazante para Elena Highton de Nolasco.
El ministro de Justicia afirma que es la oposición la que debe demostrar si quiere tratar el proyecto del gobierno –que no difiere mucho del que había esbozado la gestión Cambiemos–. Según Soria, la respuesta de la Corte de volver a la ley de 1997 traerá mayores problemas. “Hasta la reforma de 2006, se designaban a 31 jueces por año. A partir del 2006, pasamos a 45 jueces por año, casi un 50 por ciento más. La Corte está siendo contradictoria: en la reunión que tuve me señalaron el problema de las vacantes, pero ahora llaman a volver a una composición del Consejo de la Magistratura que no funcionaba, que era lenta y sólo provocaría más vacantes”, ejemplifica.
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