Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, dos de los jueces macristas que tiene que definir el destino de la causa dólar futuro.
Una vez demolida la acusación por la vicepresidenta y Axel Kicillof
Para los legos, después de escuchar las defensas solo queda cerrar la causa, pero dos de los jueces que tienen que definir siempre formaron parte del sistema de acusación macrista, con objetivos políticos más allá de cualquier prueba. Las tres alternativas en juego.
Por Raúl Kollmann
En un alegato demoledor, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó al descubierto que la causa de dólar futuro fue una maniobra y una manipulación con la que el poder judicial se metió plenamente en las elecciones, intentó ayudar al triunfo de Mauricio Macri en 2015, lo que incluyó un allanamiento ordenado por Claudio Bonadio a la mesa de operaciones del Banco Central, en pleno horario bancario, cinco días antes del ballotage. Pero, además, sostuvo virtualmente que no hay democracia con el actual poder judicial porque produce situaciones como las del expediente de dólar futuro: los que endeudan dan clases en Columbia (Federico Sturzenegger) o viajan a ver fútbol a Qatar (Mauricio Macri), mientras que los funcionarios del actual gobierno, que tienen que asumir los desastres del endeudamiento y los negociados de la administración anterior, están sentados en el banquillo de los acusados. La Sala I de la Cámara de Casación resolvería el recurso antes de que termine el mes de marzo y tienen distintas alternativas posibles.
Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña tienen distintos caminos que pueden transitar:
El primero y, más evidente, es dictar el sobreseimiento de los imputados por inexistencia de delito. En verdad, lo explicó muy bien Axel Kicillof. “El caso de dólar futuro se parece al de un homicidio, donde acusan a A de matar a B. Pero resulta que antes del juicio aparece B vivo, lo que demuestra que no hubo homicidio alguno”. El paralelismo tiene que ver con que en 2020, cinco años después de iniciada la causa, se hizo una pericia en la que especialistas contables de la Corte Suprema dijeron que no hubo ningún perjuicio para el estado, que la operatoria del Banco Central fue legal, que no se favoreció a ningún amigo del gobierno, que el Central tuvo ganancias y no se perdieron reservas. O sea, la pericia destrozó la acusación: B apareció vivo.
La segunda alternativa surge de la vehemencia de CFK y lo contundente de sus palabras, lo que incluyó hasta algunos momentos en que se quebró y estuvo al borde de las lágrimas. Se percibían lágrimas de bronca: “ustedes hacen sufrir al pueblo. No podemos darle más aumento a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá y llegamos a eso porque ustedes sobreseyeron a los endeudadores como Sturzenegger”. Fue un discurso acusatorio contra el Poder Judicial. En ese marco, no parece fácil que simplemente le den la razón a CFK, Kicillof, Alejandro Vanoli, Miguel Pesce y los otros imputados. Una alternativa posible es que los jueces simplemente digan que el recurso es correcto pero no tomen ninguna decisión, sino que le devuelvan las cosas al Tribunal Oral y le ordenen que dicte un nuevo fallo. O sea, dilatan la resolución y virtualmente obligan al Tribunal Oral a que resuelva no hacer el juicio por inexistencia de delito. En verdad es darle la razón a los imputados, pero a más largo plazo y sin cargar del todo con la decisión.
La tercera posibilidad es que la Sala I vaya a la guerra y rechace el recurso, con el argumento de puede ser verdad que la pericia demuele la acusación, pero que solo es una de las tantas pruebas existentes en la causa. Iría acompañado, se supone, con respuestas a la vicepresidenta. Esta pseudosolución tiene el gravísimo problema de que habrá que hacer un juicio cuyo resultado está cantado y en el que nuevamente hablarán CFK, Kicillof y los demás. No se puede descartar, pero en el expediente de dólar futuro ningún funcionario del gobierno de Cristina resultó favorecido con la operatoria, nadie se llevó dinero al bolsillo, y, en cambio, los que consiguieron significativas ganancias fueron los amigos, empresarios y funcionarios de Macri. Mario Quintana, Nicolás Caputo, Gustavo Lopetegui y muchos otros.
El cierre de Cristina fue firme y duro: “me dijo mi abogado, el doctor Carlos Beraldi, que tengo que pedir el sobreseimiento. Pero no, señores jueces. No voy a pedir nada. Hagan lo que dice la Constitución, hagan lo que tienen que hacer”, les dijo con mirada acusatoria.
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