En medio de la crisis generada por la pandemia, un sector de la policía provincial realizó reclamos de aumentos salariales, sobre todo a través de sus familiares y algunos retirados o exonerados que buscan llevar agua a su molino. La primera respuesta del Gobierno provincial. Efectos políticos y operaciones de inteligencia.
Por Ernesto Tiffenberg
Antes de las tres de la mañana quedaban unas diez personas desperdigadas frente a la Casa de Gobierno en La Plata, donde estaba reunido Axel Kicillof con sus principales colaboradores. Pero unas horas antes, unos 50 manifestantes, respaldados por algunos patrulleros, habían llevado hasta allí el reclamo de los policías bonaerenses por aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. En el curso del día y, sobre todo a la caída del sol, se habían acumulado protestas en contados puntos del conurbano y varias ciudades del interior de la provincia.
Dos horas después, se conoció la primera respuesta oficial: “En relación a los hechos de público conocimiento que tuvieron lugar durante el día de ayer, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comunica que, tal como anticipara el Gobernador el último viernes, durante la presente semana se realizará la presentación del Plan integral de Seguridad. En ese contexto, se conocerán diversas mejoras en las condiciones de trabajo y en los haberes, contempladas en dicho Plan, para todos los efectivos de la Policía provincial.”
En el mismo comunicado, el Gobierno provincial destaca que “durante la pandemia, la Policía de la Provincia de Buenos Aires ha desplegado una invalorable tarea y trabajado incansablemente para cuidar a las y los bonaerenses”, y en ese sentido “reconocemos y valoramos el esfuerzo realizado como trabajadores y trabajadoras esenciales”.
Las protestas
A pesar de que son muchos los que se adjudican ante los medios la organización del reclamo, en general policías retirados o exonerados, la convocatoria surgió durante el fin de semana a través de las redes sociales. Como ya es habitual en las fuerzas de seguridad, el protagonismo muchas veces se traslada a las familias de los uniformados, en especial sus esposas, o a ex policías que asumen públicamente las reivindicaciones y a veces aprovechan para contrabandear las propias.
Esta vez, volvió a aparecer el autodenominado Sindicato de Policías Bonaerenses (SIPOBA), con su propio listado de reivindicaciones, que siempre se hace notar mediáticamente en los conflictos, aunque nadie pudo comprobar la real medida de su capacidad de representación. En la práctica, las autoridades policiales la consideran casi nula.
Los efectos se hicieron sentir sobre todo en Almirante Brown, Varela y Berazategui en el Conurbano, y en ciudades como La Plata, Olavarría, Junín, Bahía Blanca y Mar del Plata en el interior. Salvo en Adrogué, donde se reunió una cantidad apreciable de “familias policiales”, en la mayoría de las protestas fue limitado el número de participantes, que adquirió mayor visibilidad con los “desfiles” de patrulleros haciendo sonar sus bocinas y sirenas.
En el Gobierno provincial tomaron nota de que la actividad fue apenas afectada, ya que se mantenía la atención en casi todas las comisarías.
Cómo se organizó
La convocatoria por redes sociales hacía eje en algunos antecedentes cercanos, que no llegaron a llamar la atención de los medios nacionales. El jueves pasado se realizó un reclamo similar en Misiones, donde se reclamó, y consiguió, llevar los sueldos desde los 28.000 pesos hasta el monto de una canasta de pobreza, alrededor de los 44.000. Y hubo pedidos parecidos en La Rioja, Chaco y Santa Fe.
Como cada vez que se habla de sus sueldos, los efectivos de la Policía Bonaerense se lamentan del retraso que sufren en relación con la Federal y la Metropolitana. La situación empeoró con la irrupción de la pandemia, ya que desaparecieron las horas extras por los eventos deportivos, en especial el fútbol, y se complicaron las condiciones del trabajo por el lógico temor al contagio.
La política mete la cola
En el Gobierno provincial evalúan que el reclamo es mayoritariamente salarial y esperan a que se encarrile con los anuncios que se harán esta semana en el marco del Plan Integral de Seguridad. Pero saben que la política no perderá la oportunidad de pescar en río revuelto.
Algunos opositores como el ex ministro de Seguridad durante el gobierno de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, ya salieron a hacer declaraciones públicas. Ignorando los datos sobre el crecimiento del delito en la provincia durante sus cuatro años de mandato, que surge del estudio que realizó el Ministerio Público Fiscal de la Provincia que todavía encabeza el vidalista Julio Conte Grand, puso el acento en intentar ganarse a los descontentos recordando los chalecos antibalas que compró durante su gestión.
En paralelo, Elisa Carrió volvió con sus discursos apocalípticos a la televisión, donde aprovechó el contexto para prometer una "resistencia nacional" al "golpe que Cristina Kirchner lleva adelante contra Alberto Fernández" y a encomendarle a la Corte Suprema que resuelva la situación.
Más allá de los adelantados, sin dar la cara, crecen las operaciones de inteligencia que buscan aprovechar el conflicto para incluirlo en sus planes de desestabilización del gobierno de Alberto Fernández y del debilitamiento de la figura de Axel Kicillof en la provincia. Son varios los funcionarios que recuerdan la coincidencia con la ofensiva mediática alrededor de las tomas de tierras en la provincia, y los que toman nota de que en medio de los reclamos policiales surgió otra convocatoria opositora al obelisco para este domingo.
También se levantan apuestas sobre cómo afectarán las protestas a la ya discutida posición del ministro de Seguridad Sergio Berni, envuelto en sonoras discusiones internas con funcionarios nacionales y locales. En el Gobierno provincial toman nota de que aún no surgió un reclamo sobre su figura, pero saben que el partido recién empieza.
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