Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont
@eltabanoeconomi
La economía argentina es lo más aproximado a una progresión de calamidades. Pero la catástrofe se encuentra disimulada algunas veces por noticias superficiales y otras por operativos de prensa que intentan ocultar la realidad. Aun así, presentir que esta economía detonada pueda ser motivo de optimismo para algunos es tema de estudio de salud mental.
Hay un segmento de personas deseosas de aceptar el relato oficial, y una parte importante de la clase media argentina que sobrepasa todas las expectativas admisibles de idiotez económica. Desde “veníamos bien, pero pasaron cosas”, pasando por Nicolás Dujovne (“Llevamos 7 trimestres consecutivos de crecimiento económico”, suponemos que en referencia a nuestro país), hasta el acuerdo Mercosur–UE que, en palabras del canciller Jorge Faurie, resulta “un acuerdo reputacional mas que comercial”. No seré yo el que explique estos dichos, pero, a juzgar por la portada de los medios dominantes del país, significa imponente, majestuoso, brillante o algo por el estilo.
Existe una apremiante necesidad de mostrar indicadores que se aparten del abismo, y en una economía dolarizada el dólar sería el núcleo. Una semana a la baja de la moneda americana y la imagen presidencial repunta, comenta algún periodista cuya fuente es la Fontana di Trevi. Los economistas andamos en la misma sintonía, no crean que sonamos disonantes. Mientras el oficialismo enmudece antes temas económicos, la oposición idea frases irreproducible para congraciarse con el stablishment o se reúne con el FMI.
En pos de entender cómo es posible que alguien le dé posibilidades de supervivencia a una economía cuyos indicadores son el paisaje de un camposanto, optamos por no tomar múltiples sectores de la economía, sino solo el “Informe de Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional” de mayo de 2019 y transcribir/explicar algunas partes, para que sea la propia ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Publica), quien nos diga cómo se ejecuta el presupuesto, y todas esas especulaciones de números extraños sean tiradas por la borda.
Comencemos con los ingresos. Hasta mayo de este año, la recaudación acumulada, es decir, todo lo recaudado desde enero a mayo, alcanzó los $ 1.824.299 millones, un 13.8% menos que el año anterior, si le descontáramos la inflación y lo comparáramos con enero–mayo del 2018 (lo que se llama recaudación real); y si lo cotejáramos en términos de dólares, la recaudación se redujo unos U$S 11 MM. Esto no solo parece una enormidad sin recaudar, sino que, en términos de presupuesto y a un dólar de $40.10, como lo proyectó el presupuesto 2019, la pérdida en la recaudación sería equivalente a 10 años de presupuesto de ciencia y tecnología.
Hasta aquí nada muy raro. Por inflación todos los rubros de la recaudación cayeron, algunos de forma notoria, el IVA un 19% menos, casi 27% los aportes a la Seguridad Social, en consonancia con los despidos. Empero, uno de los que menos lo resintió fue el Impuesto a las Ganancias (-2.7%), algo que resulta realmente extraño. Pero una pequeña llamada a pie de página despeja cualquier duda. “A partir de 2019 la ANSeS modificó la forma de calcular el impuesto a las ganancias para los jubilados que cobran dos beneficios, aplicándose retenciones automáticas a partir de enero, y ampliándose de esta manera, la cantidad de aportantes para este gravamen. (http://cort.as/-Kh2O)
Con estos niveles de recaudación comienza a sonar sorprendente la propaganda gubernamental de haber logrado un superávit primario de 1.081.3% respecto al mismo periodo del año anterior. En el 2018 el superávit primario alcanzó los U$S 447 millones y este año llegó a los U$S 2.900 millones; más descabellado aún, si sabemos que los intereses de la deuda se dispararon por encima de un 132.9% en mayo de este año. La pequeña trampa que hay aquí es que los ingresos menos los gastos dan el resultado primario, antes del pago de intereses. Así que, si los ingresos cayeron en forma alarmante, para lograr un superávit los gastos se tiene que haber derrumbado de forma mucho más pronunciada que los primeros. Veamos esto.
Los gastos siguieron un patrón predecible en general. La idea es disminuir las remuneraciones y las prestaciones de la seguridad social en magnitudes tan significativas que puedan compensar la caída en la recaudación, los incrementos de los subsidios a la energía por pérdidas en los valores pactados y los aumentos de intereses de la deuda. Sin contar con estos últimos, la ecuación de contracción deberá cubrir las necesidades de superávit primario, inflación y devaluación.
La anatomía de esta devastación se ve en cuadro siguiente, que merece una detallada explicación. En términos de dólares, el gasto corriente se limitó en U$S 10 MM en los primeros cinco meses del año con respecto al año anterior, y 22 puntos menos que el IPC.
Fuente: Elaboración propia en base a datos ASAP
Los grandes perdedores fueron las prestaciones de la seguridad social, casi U$S 5.000 millones menos, en términos de dólares, y 22.8% menos en términos de inflación, y las remuneraciones de empleados públicos casi U$S 1.400 millones menos y 28% menos en términos de inflación. Dentro del rubro Transferencias corrientes hay que afinar el lente, ya que si bien son menores en U$S 2.500 millones, y más del 25% en términos de inflación, su distribución interna tiene aristas realmente interesantes.
Las transferencias a universidades fueron de las más castigadas, unos U$S 1.400 millones en cinco meses, equivalente al presupuesto anual de la Universidad de La Plata, Entre Ríos, Catamarca y San Martin (http://cort.as/-L1US), pero las transferencias para financiar gastos corrientes (subsidios) y de capital, si bien fueron menores en un porcentaje mínimo, son las partidas a observar.
A pesar de la disminución observada en las importaciones de gas y de la Derogación del Régimen de Tarifa Social Eléctrica, y su traspaso a las jurisdicciones provinciales, los subsidios al sector energético sumaron U$S 1.500 millones, un 147.5% más que en el mismo periodo del 2018. El aumento se explica principalmente por las mayores asignaciones a la empresa Integración Energética Argentina S.A. (ex ENARSA; $22.583 millones i.a.) y a CAMMESA ($6.672 millones i.a.), así como las compensaciones a las empresas concesionarias productoras de gas no convencional de la Cuenca Neuquina (+$6.717,2millones i.a.), debido al incremento de la producción y al impacto de la devaluación.
Lo que no se explica es la lógica del aumento de los subsidios, ya que con la eliminación de la Tarifa Social y la bonificación del ahorro, el Estado se desligaba de subsidiar a los más pobres. El gobierno eliminó los beneficios que se otorgaban a los usuarios que lograban ahorro de gas a través de la Resolución 14/2018 con la firma del secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel.
La primera disposición es “dejar sin efecto el artículo 10 de la Resolución Nº 212 /2016 y los artículos 3°, 6° y 9° de la Resolución N° 474/2017“. El primer cambio elimina los topes de aumento establecidos sobre los montos finales facturados, que en los casos de usuarios residenciales (R1) era de 300%. La segunda modificación responde a los beneficios por ahorro en el consumo de gas. Hasta ese momento quienes lograban consumir 20% menos, comparados con el mismo periodo del año en el precio final de la factura, recibían el 10% de beneficio. Esto también se eliminó.
En ese momento, la Secretaría de Energía destacaba que el mantenimiento de ese esquema de ahorro era inviable, y por lo tanto, con las medidas de eliminación de subsidios se ahorraban U$S 2.300 millones. Esto se ejecutaba con una transferencia directa de los usuarios más pobres a las empresas energéticas, la mayoría propiedad del presidente y su núcleo cercano. Aún así esta medida no bastó, tampoco el incremento desmedido de las tarifas, por lo que tuvieron que incrementar los subsidios estatales a las empresas por diferencias de cambio y aumentos diferidos. (http://cort.as/-L1cS)
Toda esta oleada de ajustes tenía como objetivo lograr un superávit fiscal primario y poder enfrentar los mayores intereses de la deuda, un 131% mayor para el mes de mayo y un 91,8% para los primeros cinco meses del año. Es decir, U$S 233 millones más para mayo y totalizando pagos por U$S 6.410 millones. Nada, absolutamente nada de las partidas monitoreadas por ASAP se encuentra dentro de lo normal. Sería bueno que la gente mirará las ejecuciones mensuales y leyera un poco más el Boletín Oficial. Así sabría mucho más y alejaría a economistas enamorados de las suposiciones y conjeturas apartadas de la realidad.
Publicado en:
https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2019/07/10/el-sombrio-y-ocurrente-observatorio-de-economia/
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