El tribunal del Banco Mundial (CIADI) condenó a la Argentina a pagarle al grupo Marsans 320,7 millones de dólares por expropiar Aerolíneas en el 2008. El fallo fue obtenido por el estudio de Diego y Alejandro Fargosi, el abogado macrista que representó al PRO en el Consejo de la Magistratura. Los ex dueños privados de la compañia vendieron el juicio porque uno de sus socios está preso en España por estafa.
23 de julio de 2017
El tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial (CIADI) condenó a la Argentina a pagarle al grupo Marsans 320,7 millones de dólares por expropiar Aerolíneas en el 2008.
"El demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones", sostiene el fallo que beneficia a la empresa cuestionada por corrupción en España, donde sus directivos están presos.
Según trascendió en las últimas horas, el abogado patrocinante de la empresa Marsans que obtuvo un fallo favorable del Ciadi contra la Argentina es Alejandro Fargosi, que llegó al Consejo de la Magistratura de la mano de Mauricio Macri y su operador judicial Fabián Rodríguez Simón. Fargosi tuvo una actuación privilegiada en lograr que se sobreseyera a Macri en la causa de las escuchas, cuando el mismo Macri y el senador Federico Pinedo organizaron con él una maniobra para el nombramiento de jueces y fiscales.
La información, que apareció este domingo en el portal Nuestra Voces, revela que el abogado macrista, "amigo de José Torello y Pablo Clusellas, compró el juicio que llevaban adelante los españoles contra el gobierno argentino junto al Fondo buitre Burford Capital en una operación que fue denunciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ante la Cámara Federal porteña en una causa que aún no tiene resolución".
Fargosi.
Fargosi.
En el artículo periodístico de Gabriela Cerruti, se advierte que Fargosi, un abogado que gracias al lobby del Pro y el radicalismo, ocupó la presidencia del “Colegito” de Abogados de la Capital Federal, una organización que supo refugiar a Alfredo Martínez de Hoz y otros miembros del gobierno militar, fue quien pidió hace unos meses la expulsión de un senador del Frente para la Victoria del Consejo de la Magistratura y su estudio es hoy el patrocinante, entre otras firmas, de Fibertel. También participó de la famélica marcha frente a Comodoro Py el pasado 20 de junio en un intento por presionar a los jueces para que avancen en causas contra el anterior gobierno.
Según señaló Cerruti, el gobierno de Mauricio Macri nombró como vicepresidente de la aerolínea estatal a Siro Astolfi, socio del estudio Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi, que fue quien inició la causa en el CIADI contra Argentina. Ahora, el abogado de Marsans en la quiebra y quien colaboró en el vaciamiento de la aerolínea argentina cuando estaba en manos de los españoles, tiene a su cargo la operatoria de la empresa estatal.
Los funcionarios hicieron una denuncia ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires para que se abra una investigación al respecto y se condene a los implicados, tanto Marsans, como Burford y Fargosi y Asociados. Gonella remarcó que “la Argentina no sólo no debe nada, sino que hasta puede reclamar a Marsans unos U$S 1.000 millones por su gestión en Aerolíneas”.
Fargosi actúa en el Ciadi a través del fondo Burford Capital, que también patrocina a Repsol en el juicio por YPF. Marsans inició el juicio en el Ciadi por el congelamiento de las tarifas durante la gestión española y por la expropiación llevada a cabo en 2008 por parte del gobierno argentino.
El grupo español gestionó Aerolíneas entre 2001 y 2008, periodo durante el cual generó un vaciamiento de la compañía que la llevó a una virtual quiebra, de la cual salió con la estatización de la misma, aunque Marsans dejó una deuda de 908 millones de dólares, que son los acreedores que podrían accionar contra la Argentina en caso de que el Ciadi le diera la razón en su reclamo. Pero al tener un acuerdo secreto con el fondo buitre, el pago se haría en una cuenta de la cual no podría cobrarse la deuda.
Marsans está en bancarrota: uno de sus ex dueños, Gerardo Díaz Ferrán, está preso en España por otra causa, y el otro, Gonzalo Pascual, falleció el año pasado.
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