La Corte Suprema emitió un claro mensaje contra la utilización de las escuchas de origen ilícito.

Abogados y constitucionalistas analizan la acordada de la Corte Suprema

Para los expertos consultados, la decisión de la Corte implica reconocer el descontrol del espionaje y, si bien es tardía e insuficiente, servirá para impugnar el uso de los audios.

Por Sofía Caram

Tras la acordada de la Corte Suprema que estableció límites y criterios para las escuchas telefónicas, abogados y constitucionalistas analizaron los posibles alcances de la medida y el impacto directo que podría tener en los tribunales. Todos coinciden en que la acordada implica un reconocimiento, por parte del máximo tribunal judicial, del desmadre de la situación. Para algunos, los magistrados de la Corte “se quedaron cortos” y el mensaje “es tardío”, aunque ahora los jueces ya no tendrán margen para incorporar como prueba escuchas de origen ilegal.

Si bien la Corte no determinó pautas para algún caso en particular, emitió un claro mensaje que debería tener una consecuencia directa en las causas basadas en audios que deberían haber sido destruidos. Una de ellas es la investigación por la denominada “Operación Puf”, el supuesto complot de presos K de Ezeiza para voltear la causa de las fotocopias de los cuadernos. Esa denuncia fue presentada por las diputadas oficialistas Elisa Carrió, Paula Olivetto y Mariana Zuvic, que dijeron –oportunamente– que recibieron las escuchas en un sobre anónimo. Los espiados en esa oportunidad fueron los ex funcionarios Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi.

La abogada Graciana Peñafort, defensora de Baratta, consideró que la acordada es “insuficiente y tardía, pero necesaria”. Detalló que “es insuficiente porque debería haber ordenado a los jueces que destruyan las escuchas. No puede ignorar la Corte que esas escuchas están circulando. Y es tardía, porque las escuchas vienen de hace rato”.

De hecho, para el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el máximo tribunal no podía expedirse sobre un caso concreto y ordenar la destrucción de escuchas ya que esa es una potestad del juez. Según analizó, “quizás esta acordada habilite a planteos para pedir la nulidad de escuchas en casos particulares”. Sobre este punto, el ex jefe de gobierno porteño y abogado penalista Aníbal Ibarra consideró que ahora “sería bueno que todos los recursos que están en la Corte sean tratados y se declaren las nulidades de las causas donde se hizo uso de escuchas ilegales”.

Uno de los planteos, por ejemplo, es el presentado por Víctor Hortel, que encabeza la defensa de Lázaro Báez, quien hace más de dos años también fue escuchado ilegalmente en un diálogo con una de sus abogadas defensoras. La presentación original había sido ante el Tribunal Oral Federal 4, que es el tribunal que lleva adelante el juicio por el primer tramo de la llamada “ruta del dinero K”. La defensa del empresario había planteado que el hecho constituía un agravamiento en las condiciones de detención por la violación a la privacidad y había solicitado la excarcelación. En aquel momento, los jueces consideraron que la difusión del audio era solo “una versión periodística”. Su defensa apeló y ese planteo está actualmente en la Corte Suprema, pendiente de resolución.

Consultado por su lectura general sobre lo definido por la Corte en la acordada de la semana pasada, Gil Domínguez señaló: “Me parece muy importante. No solamente determina el alcance del derecho a la privacidad, sino que también determina de forma general cuándo las escuchas violarían este derecho a la privacidad. Busca descartar las excursiones de pesca, o sea escuchar y ver qué surge”. El ejemplo más claro de excursión de pesca fue la orden de intervenir el teléfono público de un pabellón de la cárcel Ezeiza, o sea escuchar a todos los presos.

¿Y qué opina de la difusión de los diálogos entre imputados y sus abogados? “Es una barbaridad que no se hayan destruido las escuchas entre imputados y sus abogados de manera inmediata   –respondió Gil Domínguez–. Y, aunque la Corte no lo dice directamente, envió un mensaje también para el periodismo”.

Otra de las causas en la que las escuchas ilegales cobraron protagonismo es la del segundo tramo de la denominada “ruta del dinero K”, a cargo del juez Sebastián Casanello. Tras la difusión de los audios de Lázaro Báez –detenido en Ezeiza–, la Unidad de Información Financiera, que depende del Poder Ejecutivo Nacional, le pidió al juez que procesara a Cristina Fernández de Kirchner en base a los audios del empresario, filtrados por un programa de televisión.

Todo parece indicar que tras la acordada de la Corte, Casanello debería desechar la posibilidad que se sume ese material al expediente. “Este es un mensaje que debiera ser tomado por los jueces y no someterse a presiones para usar audios ilegales, como muchas veces quieren los fiscales o los organismos del Poder Ejecutivo. Ahora, si quieren negarse a usar escuchas ilegales, tienen el respaldo de la Corte”, opinó Aníbal Ibarra.

El abogado Alejandro Rúa       –quien hizo una presentación ante el relator de derechos humanos de la ONU para que se pronuncie sobre la problemática– afirmó que “ahora el Juzgado de Lomas de Zamora que ordenó las escuchas a los presos de Ezeiza debería ordenar la destrucción del back-up que tiene la Dajudeco (la dirección a cargo de las escuchas). Lo que falta aquí es lo que le pedimos a la ONU, es decir, que el juzgado cese con la intervención, porque no tenemos noticias de que haya cesado”, advirtió.

Con respecto al estado de situación que llevó a la Corte Suprema a pronunciarse, Ricardo Gil Lavedra, constitucionalista, expresó que “lo que está ocurriendo es un desastre. Sin lugar a dudas se viola la garantía de defensa en juicio. El imputado puede hasta incluso reconocer en una charla con su abogado que cometió un crimen y tiene derecho a que esa conversación se mantenga en reserva. Es parte del ejercicio de la defensa”.

Antes de la acordada, los abogados defensores de detenidos en los penales de Ezeiza y de Marcos Paz ya venían presentando recursos de habeas data, para que se determine si fueron escuchados en sus diálogos con sus defendidos. En caso de corroborarse que fueron espiados, los planteos de nulidades se multiplicarán y van a poblar los tribunales en los próximos meses.

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