21 febrero, 2019
Sin lugar a dudas se trata de uno de los casos que más le inquieta al Gobierno, y que justo será tratado por la Corte Suprema de Justicia que, desde la salida de Ricardo Lorenzetti de la presidencia del tribunal, se falló generalmente a contramano de los deseos de la Casa Rosada: se trata de un amparo presentado por el diputado Felipe Solá, que cuestiona el decreto reglamentario del blanqueo.
En esencia, el legislador denunció que la ley aprobada en el Congreso en junio de 2016 no incluía a padres, cónyuges e hijos de funcionarios, pero que con posterioridad, gracias a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri, los habilitó y de esa manera benefició a no pocos integrantes de su propia familia.
El texto de la ley de Blanqueo de Capitales, establecía taxativamente que no se permitía a los familiares de los funcionarios sincerar dinero y bienes. En su momento, fue uno de los puntos que más crédito le dio al Gobierno y que lo ayudó a lograr el consenso necesario para reunir los votos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Sin embargo, cinco meses más tarde, el 30 de noviembre de aquel 2016, Macri firmó un DNU para modificar ese artículo -el 83- y permitir que padres, cónyuges e hijos de funcionarios ingresen al blanqueo, lo que generó un rechazo generalizado desde el arco opositor.
Aunque la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso rechazó el decreto, la norma nunca se cayó definitivamente porque, para eso, debe ser dejada sin efecto por ambas Cámaras, algo que nunca ocurrió.
Uno de quienes más enfrentó el decreto fue el diputado Felipe Solá, quien en diciembre de 2016 presentó un amparo para que se declare inconstitucional y una medida cautelar para que se suspendiera su aplicación. El argumento central fue que el DNU “vulnera el espíritu de la ley” sancionada.
Después de no pocas idas y vueltas por distintos estamentos de la Justicia, ahora, casi tres años después, el camino judicial del amparo de Solá entraría en la agenda de la Corte Suprema para ser tratado en las próximas semanas, y así decidir sobre el futuro del decreto firmado por Mauricio Macri, su jefe de Gabinete Marcos Peña, y Alfonso Prat-Gay, entonces ministro de Hacienda y Finanzas.
Inicialmente, el máximo tribunal deberá definir dos cuestiones: si el diputado Solá tiene legitimación para pedir la inconstitucionalidad, y si la causa es abstracta. Lo primero que hizo la Corte es enviar el caso a la Procuración General de la Nación para pedirle su opinión, aunque esto no es vinculante. Luego, puede decidir sobre la legitimación de Solá o sobre el fondo del asunto.
Publicado en:
https://info135.com.ar/2019/02/21/tiembla-el-gobierno-la-corte-debera-decidir-si-el-blanqueo-para-familiares-que-dispuso-macri-es-o-no-legal/
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