No es el inicio del año electoral que esperaba el Gobierno. No es el panorama ni el clima que las personas de confianza del Presidente –“el equipo”, como le gusta mencionarlos en público– le auguraban, cuando le marcaban que los sacrificios de 2018 se justificaban para tener un 2019 mejor. Ni el extraordinario respaldo del Fondo Monetario Internacional le bastó para tener un pasar sereno en el mercado cambiario por estos meses en que se calientan motores para la campaña. Por el contrario, el dólar se disparó justo cuando la misión del Fondo recorre despachos oficiales y oficinas de opositores para medir, por sí mismo, la temperatura política ambiente. Es cierto que una política audaz del Banco Central logró frenar, por ahora, lo que empezaba a perfilarse como una nueva corrida, cuando el dólar trepó de un salto por arriba de los 41 pesos. Pero el costo que se está pagando puede ser muy elevado, si se lo mide en función del daño a la economía real que le producirá mantener las tasas de interés activas (las que paga el deudor) bien por arriba del 50 por ciento durante algunos meses más. Las noticias que, a diario, se recogen desde el lado de la producción marcan una realidad que pocos se atreven a describir sin eufemismos: en muchos sectores, la economía está quebrada, y en otros va camino a estarlo.
El listado de empresas en crisis se engrosa todas las semanas. Quiebras, suspensiones masivas, cierre definitivo de plantas, en todos los sectores y en firmas de todos los tamaños. Un informe del CEPA, del cual Página 12 ofreció ayer un detalle en una nota de Javier Lewkowicz, da cuenta de 795 quiebras a lo largo de 2018 entre CABA y provincia de Buenos Aires. Esto es, tres quiebras por día hábil (sin descontar la feria judicial). Pero son decenas los casos de firmas conocidas que cerraron plantas o aplicaron suspensiones masivas contando apenas desde unos pocos meses atrás a la fecha: Paquetá, Tipoití, Longvie, Metalúrgica Tandil, Sport Tech, Imperial Cord, Extreme Gear, Tessicot, Herzo, Unisol, son algunas de las muchas que han bajado persianas con varios factores en común: caída del mercado interno, aumento excesivo de los costos por los tarifazos y los insumos importados, competencia de productos importados sin filtro y, finalmente, situación de quebranto financiero por imposibilidad de acceso al crédito por las altas tasas. En ningún caso, curiosamente, se habla de “tormentas” o de sucesos (“pasaron cosas”) ajenos a la política económica. A esa lista se suman los procesos de reducción de plantas o establecimientos, como Carrefour o más recientemente, Falabella, o los de FATE y Coca Cola Femsa, con pedido de procedimiento preventivo de crisis. Y a ellas habría que agregar la cantidad de comercios que cerraron sus puertas, algunos de ellos con tradición de décadas, otros ubicados en los principales centros comerciales de las principales ciudades del país. La nómina completa abarcaría todo el espacio dedicado a esta nota.
En varios rubros cuya actividad está directamente ligada al consumo masivo, son mayoría las empresas que decidieron abrir un compás de espera durante el verano (algunas con cierres y suspensión o vacaciones prolongadas del personal) hasta marzo, imaginando que puedan cambiar los vientos y aparezca el soplo salvador. Pero el anuncio sobre la suba de la tasa de interés sepultó la última esperanza. El gobierno, con la misión del Fondo en el país auditando las cuentas y los dichos de los funcionarios, acaba de poner en práctica la política más salvaje para impedir que el dólar se le salga de caja: subió las tasas de referencia más de 6 puntos en la semana –de poco mas de 43 a 49,50 por ciento en las licitaciones diarias de Leliq– y apenas logró afeitar la suba del dólar, que de todos modos cerró la semana con un alza de 60 centavos respecto del cierre del viernes anterior. El Banco Central está dispuesto a seguir subiendo la tasa, y seguramente necesitará hacerlo, porque la presión sobre la divisa no desapareció.
“No hay riesgo de default público, el tema es el default privado”, fue la puntual apreciación de un analista económico que alertó sobre las consecuencias sobre la actividad productiva que tendrá esta política. Con inflación, presión cambiaria, fuerte contracción de la demanda, empresas fuertemente golpeadas y ya sin resto, y un gobierno que va a seguir utilizando las tasas elevadísimas como único recurso, la mala noticia es que al sector productivo le acaban de sellar la única puerta de escape.
Las restricciones del plan de ajuste van reduciendo las herramientas del gobierno. La noticia del rechazo al procedimiento preventivo de crisis de Coca Cola Femsa, que la llevó a apurar un acuerdo con el sindicato para despedir a la mitad de los empleados que había condenado a la expulsión, había sido anticipada el jueves por el colega Leandro Renou en el portal de noticias Letra P. “El gobierno no está dispuesto a acudir en auxilio de la empresa mexicana Femsa como hizo en 2018 con el híper francés Carrefour (…). El Ministerio de Producción y Trabajo ya recibió la directiva de no asistir con beneficios impositivos a la embotelladora de Coca Cola. Hoy, por sobre todas las decisiones ministeriales está el jefe de Hacienda y Coordinación, Nicolás Dujovne, el garante del ordenamiento de las cuentas públicas”, señalaba con precisión la nota de Letra P. Y por sobre Dujovne, quien toma las decisiones es Christine Lagarde. O su gente de confianza. El ajuste manda.
Ya había sucedido antes con los subsidios que reclamaba Techint, para su firma Tecpetrol, por el volumen de shale gas extraído de Vaca Muerta. Como la cifra duplicaba las previsiones, la orden de Washington fue no pagar más allá de lo presupuestado. Paolo Rocca debió pasar por una experiencia desconocida: que Macri le dijera que no a un reclamo suyo. La decisión del gobierno de echarse en los brazos del FMI lo está llevando al terreno más inesperado: el de los encontronazos con las empresas líderes de la economía argentina. No son los únicos casos, también hay registros de rupturas económico-sentimentales con líderes de la industria de la alimentación y en textiles.
Pero el costo de esta política para el gobierno puede ser mucho más alto que el de perder amigos. El calendario que tiene por delante el macrismo es un mes de abril en el que ya se supone que estarán lanzadas las campañas electorales, al tiempo que los datos económicos estarán mostrando la peor fase de su gestión. Las estadísticas del primer trimestre en curso ya se perfilan como espeluznantes. Comparado con el primer trimestre del 2018, el último de cierta bonanza, la caída de los indicadores de producción alcanzarán valores alarmantes. La inflación, que ya se está asegurando un piso del 6 por ciento para este primer bimestre, es probable que ya esté superando para entonces el cómputo interanual del 50 por ciento. Será el mes en que se empiecen a discutir las principales paritarias. El desafío para el gobierno será lograr que no se discuta en base a recuperar la capacidad adquisitiva perdida, y que los gremios acepten discutir en base a la inflación futura, que seguramente se anunciará como mucho más baja. La acumulación de aumentos de tarifas a esa altura, por otra parte, aportará lo suyo al humor social. Hay algo que ya es una certeza: el país entrará en campaña electoral hundido, como mínimo, en la recesión.
Antes de que esa otra realidad se ponga delante de sus ojos, Mauricio Macri y su “equipo” eligen escuchar los elogios del FMI, las felicitaciones por el cumplimiento de los deberes, confiarán en que, con el desembolso de la nueva cuota del crédito stand by en marzo y las liquidaciones de los exportadores de granos, les será suficiente para “equilibrar el mercado cambiario” por varios meses. Contarán los éxitos (que no tuvo) la misión a India y Vietnam, y asegurarán, en el discurso del primero de marzo a la asamblea legislativa, que siguen “trabajando” para “mejorar las condiciones de competitividad” de las pymes.
Un relato que no podrá ocultar que, por detrás, hay una economía real, la que produce y consume, al borde del colapso.
@DellatorreRaul
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