BINNER NO COME ESPONJAS, por Carlos Barragan (para "INFOnews" del 30-11-14)

Esta semana el socialista Binner nos dio una clase de republicanismo que será muy difícil de olvidar. Dijo que si Carrió lo acusa de narcotraficante es muy bueno porque ese es el ejercicio de la República, y que la valora como una persona muy valiente por acusarlo de traficar estupefacientes. Y realmente, uno esperaba la desmentida de Binner, o la indignación de Binner. Sin embargo habrá que resignarse a aceptar que Binner será lo que diga Carrió, o que por lo menos el hombre anda pegando cosas no muy legales que no le hacen bien. O que le hacen tan bien que ya no le importa nada. Si el gobierno siguiera su criterio debería condecorar a Bonadio –yo le digo como le dicen en A dos voces– y por qué no, hasta proponerlo para la Corte Suprema por la valentía y el republicanismo guevarista que viene demostrando. Llevando este razonamiento al extremo, el "fuck you" del gordito del trece debería ser el símbolo de la República perdida.

La lógica que usa TN al medir con iguales parámetros la noticia del narcosocialismo de Binner y la chica come-esponjas es inquietante.

El republicanismo –que nunca supe bien de qué se trataba– ahora me queda claro: es poder decirles a unos que son narcos, imbéciles, o que no juntan un balde de bosta, y a otros que son unos chorros, corruptos, unos mercenarios, y unos hijos de puta. Siempre que uno lo diga desde radio Mitre, TN, o Clarín. Si esas cosas se dijeran en otros medios ya no sería republicanismo, sino ataques populistas de esos a los que nos tiene acostumbrados esta dictadura vietnamita (una pena que a vietnamita no se le puede poner una K. Vietnamitak es lo único que se me ocurre). Pero el republicanismo es un arte extraño y sutil. Japonés. El hecho de que hayamos mostrado a Binner en 6,7,8 diciendo estas cosas, seguramente no será interpretado como que promovimos el republicanismo. Es más, si alguno de nosotros hubiera dicho –como dijo él– que Carrió estuvo muy bien al acusarlo de narco, nos hubieran acusado de linchadores. Bueno, el Cuervo Larroque en octubre de 2012 dijo en el Congreso que Santa Fe era un narcoestado. Y aquella vez Ricardo Alfonsín le dijo fascista, en lugar de republicano, y el 92% de los lectores de la noticia en el sitio de TN votó por "me indigna". Porque ellos tienen un idiotómetro que pregunta "¿Qué sentís?" (sic) al final de una noticia. Y entre las opciones a elegir aparece: me importa, me gusta, me aburre, me da igual, me indigna (todo sic). Como primera observación: no hay mayor diferencia entre "me aburre" y "me da igual".
Era mejor ofrecer un neurótico "no me da igual" o mejor "¡no me da igual!". Y definitivamente no se sabe qué mide el "me gusta", cuando por ejemplo la policía agarra un camión lleno de marihuana. Si al tipo "le gusta" que la policía detenga a los narcotraficantes, si "le gusta" que TN se lo cuente, si "le gusta" que la marihuana viaje en camión, o si "le gusta" fumarse un porro del tamaño de un sifón Drago. Ahora mismo usted puede entrar al sitio de TN donde informan sobre alguien que se come dos esponjas de baño por semana. (No se trata de Binner sino de una chica inglesa.) Al final entre el "me importa, me gusta, me aburre, me da igual, me indigna" gana el "me aburre" un 34%, seguido de cerca por el "me da igual", el 20%, el biasatiano "me indigna" tiene un 17%, y empatan en sendos 14% el "me importa" y "me gusta". Ambos suman un 38% de bolastristes que suponemos les parece importante la ingesta de esponjas de baño, y otros que parecen gustar de este platillo suave. Pero más preocupante es ese 17% que se indigna porque alguien se desayune con una esponja. Dejeló, mientras no sea la esponja con la que usted pensaba bañarse, ¿qué le hace? Y habrá que reconocer que los impávidos del "me aburre" y el "me da igual" –los nihilistas de la esponja– son los más razonables entre esta pobre gente.
La lógica que usa TN al medir con iguales parámetros la noticia del narcosocialismo de Binner y la chica come-esponjas es inquietante. Porque llegado el caso uno no sabría qué votar. Es cierto que Binner en principio es una gran usina de aburrimiento, pero puede resultar más divertido que masticar una esponja cuando llama republicano a alguien que claramente pretende calumniarlo. De todas formas en el sitio de TN el "me indigna" es voto cantado en algunos temas. El Cuervo Larroque, por seguir el caso, indignará a todos hasta por haber pedido la cuenta del café que se tomó en un bar. Habrá "me indigna" porque el corrupto va a pagar con plata de las bóvedas secretas, habrá "me indigna" porque ese gesto de "yo me pago lo mío" es típico del patotero autoritario, habrá "me indigna" porque él toma café mientras explotan a las masas campesinas en los cafetales, y habrá "me indigna" porque si tanto se hace el de la justicia social, ¿por qué no pagó lo que consumieron todos los que estaban en el bar con propinas incluidas? Pero Larroque tiene eso. Es un tipo al que medio país defenestró por haber organizado la ayuda para miles de personas que se habían inundado.
Así son los republicanos, gente insatisfecha, rara, a veces agresiva, a veces mentirosa, te dicen narco, te dicen juntabosta, te mandan un juez con pistola, y después lloran porque les ponés un "me aburre". Y creo que este es el fin de la columna.

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http://www.infonews.com/2014/11/30/politica-174722-binner-no-come-esponjas.php

ECHEGARAY: “LO DEL HSBC ES UN BOTON DE MUESTRA”, entrevista de Javier Lewkowicz a Ricardo Echegaray (para "Página 12" del 30-11-14)

EL TITULAR DE LA AFIP EXPLICA LOS ALCANCES DE LA CAUSA POR LAS CUENTAS NO DECLARADAS EN SUIZA

ECHEGARAY: “La evasión equivale a más de dos AUH”

Ricardo Echegaray revela cómo operaba el HSBC y responde a las desmentidas de su titular. Analiza el impacto sobre los dueños de activos negros en otros bancos y pone números a la evasión que implica. Explica el papel de los “operadores” como Prat-Gay y cuenta que la investigación se multiplicará en el Congreso, como pasó en Estados Unidos.

Por Javier Lewkowicz

“Esta causa es emblemática. De esto están tomando nota todos aquellos contribuyentes que tienen activos ocultos”, asegura Ricardo Echegaray, titular de la AFIP. Tal vez la singularidad más contundente de la investigación sobre las cuatro mil cuentas de argentinos en el HSBC de Ginebra (Suiza) sea que ilumina una operatoria tan compleja como cotidiana para los más ricos del país. En diálogo con Página/12, Echegaray detalla cómo eran las maniobras, argumenta sobre la validez de los datos y explica el alcance que podría tener en términos de información fiscal el proceso que se abre ahora en la Justicia argentina. Además, pone en dimensión el monto de evasión que se estima solamente en el “botón de muestra” encontrado a partir de la filtración en Suiza: son 62 mil millones de pesos de 2006 a la fecha, equivalente al monto presupuestado para el año que viene en las partidas de la Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Seguro de Desempleo, Conectar Igualdad, Progresar y Más escuelas, mejor educación. También revela otra pata de la investigación que va a seguir su curso en el Congreso Nacional, en una dinámica similar a la que presentó en los Estados Unidos la filtración de datos suizos. La AFIP envió la información fiscal a los presidentes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en las cámaras de Diputados y Senadores, Roberto Feletti y Aníbal Fernández. Consultado por este diario, los dos confirmaron que el Frente para la Victoria impulsará la creación de una comisión investigadora para analizar el caso (ver aparte). También tiene la información el Banco Central, que ya pidió datos de las cuentas, y la Procelac.
–A través de la filtración, la AFIP accedió a los nombres de los titulares de cuenta y los saldos, pero también a información más detallada. ¿Cómo se tejieron las maniobras de evasión? –Los casos detectados nos permiten saber que en 2005 había personas físicas que eran titulares de cuenta en el HSBC, y que en 2006 pusieron a una sociedad o a un representante por delante de sus datos como para que nosotros no accedamos directamente a sus nombres. Son maniobras que buscan generar un esquema de tipo “mamushka”, con cascarones para ocultar los datos reales. Una de las formas utilizadas fue la constitución de sociedades en territorios off-shore, de mucha opacidad fiscal, como Guernse y Jersey, dos territorios de ultramar de administración fiscal externa que responden a la corona británica, al igual que las Islas Vírgenes, Bahamas e Islas Caimán. También en España y Uruguay, Panamá y Estados Unidos. Muchas veces el beneficiario efectivo de la cuenta en Suiza forma parte del directorio de esa sociedad. Y en la mayoría de los casos tienen un representante o facilitador. Bajo esa figura actuaban el economista Alfonso Prat-Gay, Alberto Alejandro Tawil (hermano del abogado que defiende a las empresas en el Ciadi en los juicios contra la Argentina), también Miguel Gerardo Abadi y David Raúl Goldfarb, quienes canalizaban sus inversiones a través de la firma Los Potillos, con sede en las Islas Vírgenes. El facilitador es el que maneja la cuenta en el HSBC Suiza y HSBC Argentina. También está el ex embajador Carlos Keller Sarmiento, apoderado de una cuenta con 38 millones de dólares.
–En todos los casos fueron presentadas denuncias por asociación ilícita, lo que supone un impacto (al alza) en la pena y en la prescripción de las causas. ¿Por qué esa figura? –Porque acá hay una trampa diseñada por la filial local del HSBC, la de Ginebra y el HSBC USA National Association, para ocultar las cuentas o declarar menos depósitos de los reales. Es el caso más contundente y claro de asociación ilícita, porque hay una construcción de parte del banco, los intermediarios y representantes de los contribuyentes junto a los propios contribuyentes para ocultar activos a la AFIP. Por asociación ilícita la pena máxima son diez años y la prescripción, lo mismo. Y si fuera en lugar de eso una evasión agravada, son nueve años para que prescriba. Es decir, se podrán tomar los datos desde 2004 o 2005, pero no hay otra alternativa, son un montón de períodos que van a estar sometidos a investigación en sede judicial.
–Hay analistas que cuestionan la validez de la información que sustenta la denuncia, en función de que se trata de datos que surgen de una filtración. De hecho, Suiza acusa a Falciani de “espionaje financiero, violación del secreto bancario, violación del secreto comercial y apropiación de datos relativos a cliente”. –La fuente originaria de información es Hervé Falciani, quien en 2006 fue trasladado a Ginebra para trabajar en la migración de la información sobre las cuentas bancarias a una base de datos más segura, y lo que terminó haciendo fue filtrar el detalle de 130 mil cuentas a las autoridades francesas. Pero la discusión sobre la validez de los datos ya fue saldada. El 27 de noviembre del año pasado la Justicia francesa en el nivel de Corte de Casación, Sala en lo Criminal, desestimó los planteos nulificantes del tipo que usted plantea, vinculados con la obtención de la información. O sea que validó los datos. Lo mismo ocurrió en Italia y España. Nosotros obtuvimos la información a través de un organismo oficial, la Dirección General de las Finanzas Públicas de Francia, en el marco del artículo 27 del convenio para evitar la doble imposición que tenemos con ese país. Es decir que nosotros hemos cumplido a rajatabla el protocolo. Por eso el debate sobre la legalidad de la prueba está terminado. De hecho, en Estados Unidos ya se aplicaron sanciones.
–¿Todas las cuentas obtenidas de los argentinos en la filial Ginebra del HSBC eran irregulares? –Hay distintas situaciones. Hoy –por el viernes– fuimos al juzgado a ratificar la denuncia y le entregamos 39 casos en los que visualizamos rápidamente que tenían declarada la cuenta, y el importe que figuraba en nuestros registros coincide con el que estaba en el banco en 2006. En esos casos coincidía el monto y la figura declarada acá en la AFIP, y en la apertura de la declaración de Bienes Personales figuran las cuentas y los montos correctamente. Entonces rápidamente enviamos esta información para ayudar al juzgado.
–¿Esos contribuyentes quedan entonces afuera de la denuncia? –No, porque lo que tenemos es la información sólo sobre 2006, puede ser que en ese momento lo tenía declarado pero que en años previos o posteriores no lo haya tenido. Sabemos que esas personas trabajaron con el HSBC y que ese banco ofrecía plataformas para evadir impuestos.
–Uno de los principales apuntados por la denuncia es Gabriel Martino, vicepresidente en 2006 del HSBC, quien dijo en estos días: “No poseo una cuenta en el HSBC Suiza ni en ninguna otra institución bancaria de ese país”. –Cuenta 40501PA a nombre de Martino Gabriel, en el HSBC Suiza. La información que no-sotros recibimos muestra que en 2005 Martino ordena cerrar la cuenta, que tiene un saldo de 48 mil dólares el último día de operación. El decide eso porque cuando Falciani se va del banco, algunos lo sabían e intentaron adelantarse para cerrar sus cuentas ante una posible filtración. Uno de ellos fue Martino. El tendrá que rendir cuentas desde el 2004.
–¿Qué información adicional va a pedir la AFIP a través de la Justicia argentina a Suiza? –En función de la información obtenida, lo que pedimos es un exhorto. Solicitaremos, con los argumentos que se presentarán en su momento, información de estas 4040 personas en todos los bancos de Suiza en todas las sucursales, en Ginebra, Zurich, Basilea, Berna, el Cantón de Zug, del HSBC, del Credit Suisse, de UBS, entre otros. Es que nosotros hasta ahora tenemos una fotografía de un día del 2006, algunos datos de 2005 y de marzo 2007. Tenemos que tener desde 2004 a la fecha. Y no sólo el saldo de un día, sino los movimientos bancarios a cada momento, incluso de los que encontramos que tenían lo suyo bien declarado en el momento de obtención de la información. Porque una práctica usual entre los oficiales de cuenta de un banco que administra una cuenta off-shore no declarada es armar otra cuenta en el exterior que sí declara al fisco. Entonces puede ser que haya una cuenta en blanco y otra no declarada en otra sucursal o en otro banco. El tipo que le armó la plataforma en la Argentina le dice “quedate tranquilo, porque si vos declarás la cuenta en blanco, no te van a investigar”. Esta es una mecánica normal y habitual de aquellos que ocultan cuentas en el exterior.
–¿Es esperable que mientras la Justicia investigue haya novedades por parte de los organismos regulatorios nacionales? –En Estados Unidos todo este tema se dirimió en el Senado, en la Cámara de Representantes, donde se generaron comisiones investigadoras. Por eso el día que presentamos la denuncia enviamos notas con parte de la documentación a los presidentes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en las cámaras de Diputados y Senadores, Roberto Feletti y Aníbal Fernández, para que tomen conocimiento de la maniobra y se pueda generar en el Congreso una comisión y un debate sobre este tema. También tiene la información el Banco Central, que ya pidió datos de las cuentas, y la Procelac.
–¿En qué medida puede tomarse este hallazgo como una referencia para investigar el resto de los activos de los argentinos en el exterior? Digamos, ¿es sólo el HSBC o suponen que todas las entidades bancarias operan de manera más o menos similar? –Esto es una mecánica utilizada en general por la banca off-shore. Nosotros accedimos a un botón de muestra. Ex directivos de la banca off-shore de distintos países nos han contado datos relativos a cuentas de argentinos, pero la realidad es que todavía no encontramos una mecánica en esta etapa que nos permita acceder con protocolos a esa información y pueda contarse como elemento probatorio en la Argentina.
–Algunos abogados plantean que las personas denunciadas ya no podrán entrar en el blanqueo. ¿Qué opina? –Eso es algo que tendrá que decidir la Justicia, a ver cómo interpreta la aplicación de la ley 26.860. De todos modos, vale aclarar que muchos contribuyentes vinieron a pedir su ingreso al blanqueo después del día 25 de noviembre a las 8.50 de la mañana, es decir, después de la presentación de la denuncia.
–Y en términos recaudatorios, ¿puede tener impacto en el corto plazo? –Creo que tanto en términos recaudatorios como de ingreso de divisas, está claro que muchos contribuyentes, luego de esta denuncia, han empezado a tomar nota. Estimábamos que lo harían con la repercusión que la noticia de la filtración tuvo en Europa, en particular en España, Italia y Francia. Pero se ve que en ese momento los asesores financieros decían que no iba a haber problemas en Argentina. Ahora sí creo que quienes tienen en otros lugares activos no declarados han empezado a prestar atención. Tal vez les convenga acercarse a declarar y hacer las rectificaciones correspondientes, antes de que haya una investigación que termine en una denuncia penal, o bien por ahí deciden traer de vuelta esas divisas al país.
–Este caso surgió de una filtración muy puntual, ¿por qué los empresarios con cuentas en otros bancos de otros países tendrían que comenzar a estar más alerta? –Porque esta causa es emblemática. La suerte que tenga en sede judicial es importante, pero el hecho más trascendente es que es la primera vez que tenemos resultados concretos y voluminosos en la obtención de datos relativos a evasión fiscal por ocultamiento de cuentas. Lo más positivo de esto es que nuestra administración tributaria logró un salto cualitativo de capacitación y conocimiento, porque ahora sabe cómo trabajan “mostrador hacia adentro” los bancos en la construcción de plataformas off-shore y de ocultamiento de los activos no declarados respecto de los cuales el Estado busca que paguen impuestos. Porque la única forma de sostener el concepto de igualdad tributaria es que, al igual que cuando un inspector va a hacer un procedimiento en la calle y exige tener los impuestos al día, aquellos que tiene grandes riquezas no declaradas también tienen que pagar impuestos, con el objetivo principal de que paguen más lo que más ganan. Yo creo que de esto están tomando nota todos aquellos contribuyentes que tienen activos ocultos.

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Histórico triunfo de Tabaré en las presidenciales de Uruguay, por INFOnews del 30-11-14

 

El oficialista se impuso con más del 53 por ciento de los votos, un número inédito para ese país. Afirmó que construirá un gobierno "sin ignorar a nadie". Asumirá la Presidencia por segunda vez.

Con una victoria inédita en la política uruguaya, y por más del 53 por ciento de los sufragios según los boca de urna, Tabaré Ramón Vázquez Rosas fue elegido presidente de su país por el Frente Amplio, ratificando un rumbo acorde al de casi toda América Latina.
Según la encuestadora Cifra, Vázquez ganó las elecciones frente Lacalle Pou por 12,5 puntos porcentuales de diferencia. Factum anunció que la victoria fue por 13,3 puntos porcentuales y Equipos por 12,1 puntos porcentuales.
Poco después de que se difundieran las cifras de las principales encuestadoras, el presidente electo, que asumirá por segunda vez, afirmó que prevé construir un gobierno de acuerdos ya que “no hay que pensar tanto en las próximas elecciones” sino que “hay que pensar más en las próximas generaciones”.
Además, Vázquez agregó: “No debo ni quiero trabajar solo” por lo que afirmó que construirá un gobierno “sin ignorar a nadie” aunque buscará que se “reflejen las mayorías porque esto es el alma de la democracia”. Asimismo aclaró “no es para que me guíen sino para que me acompañen”.

El líder del Frente Amplio sostuvo que "más allá de las divisas partidarias hoy ganó el Uruguay", aunque aclaró que "el Uruguay de hoy no es el mismo de 2005 ni 2010. Puede mejorar. Surgen nuevas demandas, nuevas posibilidades y nuevos desafíos. No se trata de perseguir quimeras sino de ver la realidad".
En este sentido Vázquez afirmó que hay asuntos que requieren de una solución "inmediata". "En la sociedad puede haber asimetrías pero no puede haber en los derechos de la gente y ante la vida. Ahí está la clave de la convivencia ciudadana", dijo y agregó: "Eso implica acuerdos de todos los sectores sobre los temas vertebrales de la agenda del país. La educación, la salud, vivienda, infraestructura, protección social, innovación, producción y medio ambiente, empleo decente".
En lo que fue su primer mensaje tras el comicio, el presidente electo pidió a sus partidarios que celebraran el “pronunciamiento soberano” que lo consagró, y prometió “más trabajo y sostenibilidad ambiental, más infraestructura y equipamiento para los uruguayos”.

El discurso de la victoria de Tabaré

“Festejemos este pronunciamiento soberano, este clima de paz”, exhortó Vázquez en su primer mensaje y luego de que su competidor, el nacionalista Luis Lacalle Pou, reconociera públicamente su derrota.
En una elección que estaba cantada por el amplio resultado que en las primarias ya había obtenido el candidato oficialista, los uruguayos desafiaron a la lluvia pero concurrieron a las urnas en menor cantidad que en aquella oportunidad, hace un mes.
Aproximadamente el 80 por ciento de los habilitados para sufragar ejerció su derecho y ratificó la historia conteporánea uruguaya, marcada por los gobiernos del Frente Amplio, el partido de centro izquierda que esperó largo tiempo hasta que logró quebrar la hegemonía del centro derecha de los partidos Blanco y Colorado.
En 2005 Tabaré fue electo Presidente y gobernó Uruguay durante cinco años, hasta que en 2010 José “Pepe”Mujica cambió  el panorama político de Sudamérica, con su estilo único, campechano y querible, que sin dudas quedará estampado en la historia de los mandatarios de la región.

“Festejemos este pronunciamiento soberano, este clima de paz”, exhortó Vázquez en su primer mensaje.

 

Hoy, con un enorme apoyo popular, Vázquez Rosas vuelve a la Primera Magistratura con un perfil más moderado (según algunos analistas, más conservador) que el de su antecesor, pero con una serie de gestos que lo ubican a la izquierda de los siempre conservadores dirigentes de la oposición oriental.
Antes de votar, Tabaré Vázquez se tomó unos minutos para responder a los periodistas que lo esperaban en la puerta de donde debía sufragar. En parte debido a las certezas que rodeaban el resultado, el todavía candidato consideró que “después de lo que se dio en octubre no se justificaba un balotaje".
Asimismo, adelantó que su gestión convocará “a un gran encuentro nacional para analizar temas económicos, políticos y sociales para entre todos diseñar el Uruguay del futuro".

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PÌKETTY: “Lo que sufre Argentina por el hegemonismo jurídico norteamericano es peor que la ausencia de justicia”, entrevista de Eduardo Febbro para "Página 12" DEL 30-11-14

ENTREVISTA EXCLUSIVA A THOMAS PIKETTY, EL ECONOMISTA QUE CONMOVIO AL MUNDO CON SU LIBRO SOBRE LA DESIGUALDAD

Es el “gurú mundial” del momento, pero su investigación demuele los mitos impuestos por los economistas tradicionales. Explica los alcances de la desigualdad a la que lleva el actual desarrollo y la necesidad de la regulación pública del capital para contrarrestarla. Punto por punto, desde su visión del fallo de Griesa para los fondos buitre hasta la inevitabilidad del conflicto para cambiar las cosas.

Por Eduardo Febbro

Página/12 En Francia

Desde París

El hombre afable y humano sentado en un sillón algo raído, rodeado de libros que apenas caben en el estrecho escritorio que ocupa en la Escuela de Economía de París, poco se parece al hombre de los afiches con los que el semanario Le Nouvel Observateur empapeló París: “Piketty, gurú mundial” dicen los carteles que promocionan el número de la revista consagrado al economista francés y a su libro. Thomas Piketty no tiene nada de gurú, sino una amabilidad comprometida y un humanismo que emana de sus gestos y su tono de voz. El Capital en el Siglo XXI, que esta semana publica Fondo de Cultura Económica, a pesar de sus más de 1000 páginas y de cierta complejidad técnica se ha convertido en un best seller mundial y en uno de esos libros que marcan un antes y un después en la historia de las ideas. La obra marcó la época al mismo tiempo que derrumbó algunos mitos que parecían eternos, tanto mitos marxistas como liberales. Durante una década y media, el economista francés de 43 años trabajó compilando los datos fiscales de una veintena de países desarrollados desde el siglo XVIII hasta hoy. De esa investigación sale una constante: el capital, sin la intervención reguladora de la potencia pública, solo genera desigualdad. Esta desproporción es mucho más visible a partir de los años ’80. El cuadro es devastador: en Estados Unidos, el 10 por ciento de las personas más ricas acapara el 45 por ciento de las ganancias. Esa constante, en mayor o menor medida, se expande en todos los países. El mérito, o sea el trabajo, perdió su valor frente a la “herencia” y los propietarios de bienes inmobiliarios reemplazaron a los terratenientes. La desigualdad es la marca del siglo.
Thomas Piketty recibió a Página/12 en su oficina de París y esta entrevista, donde expone los principios de un libro que revolucionó el pensamiento económico, inevitablemente empieza con una pregunta de actualidad argentina y mundial.
–La Argentina enfrenta hoy un antagonismo atravesado por la desigualdad que roza lo mafioso. Se trata de su enfrentamiento con los fondos buitre y el imperialismo judicial de Estados Unidos. –La Argentina sufre hoy la evolución reciente y caótica de la jurisprudencia norteamericana sobre la deuda pública argentina. Aquí hay una situación de hegemonismo jurídico norteamericano que es un problema en la Argentina y que puede ser un problema también para otros países. Esto es peor que la ausencia de justicia. En muchas partes del mundo asistimos a una suerte de privatización del derecho con fondos financieros e intereses financieros que construyen su propio derecho, sus propias cortes de arbitraje, sus propios tribunales. Con esto escapan completamente a la soberanía de los Estados. Es una realidad a la cual la Argentina se enfrenta de forma extrema. De alguna manera, todos estamos confrontados a lo que atraviesa la Argentina. Estamos frente a un fenómeno general de privatización del derecho, de captación del derecho, de construcción de espacios jurídicos aparte para proteger intereses privados, que es muy preocupante. La problemática que enfrenta hoy la Argentina sobrepasa en mucho su propio caso. Creo que necesitamos un mundo mucho más multipolar, un retorno a cierta soberanía nacional y popular, un mundo donde no siempre se acepten los dictados de Estados Unidos, donde se pueda proponer una visión del derecho y del desarrollo internacional que no sea la misma que en Estados Unidos.
–Usted comparte hoy un raro privilegio: junto al papa Francisco los medios liberales lo califican de nuevo apóstol del marxismo. –Yo no soy marxista. Formo parte de una generación que se hizo adulta con la caída el Muro de Berlín, en 1989. Nací demasiado tarde como para tener una tentación marxista en su variante soviética del comunismo. El éxito del libro muestra que hay un apetito de conocimientos en torno de estos temas que tocan el dinero, las ganancias, el patrimonio. Esos temas son demasiado importantes como para dejarlos en manos de un grupito de economistas, de técnicos o de expertos. Mi libro es una historia legible del dinero. Mi libro traza la historia de la distribución de las ganancias y del patrimonio a través de tres siglos y en más de 30 países.
–La síntesis de su trabajo monumental es clarísima: la posesión patrimonial, o sea la desigualdad, se impuso en todo el mundo. –Depende mucho del país, de la amplitud y de la época. No hay un solo mecanismo que pueda explicar todo esto. Hay fuerzas que van en todas las dimensiones. Esto quiere decir que existen varios futuros posibles y no una sola dinámica en el reparto de las riquezas. Hay fuerzas que a veces conducen a la reducción de las desigualdades, como por ejemplo la difusión del conocimiento o la educación, que van en ese sentido. Y también hay otras fuerzas que conducen al aumento de las desigualdades, en particular la tendencia a largo plazo que lleva a que los beneficios del capital están por encima de la tasa de crecimiento. Pero diría que todo depende de las instituciones, de las políticas que los países deciden aplicar.
–Usted demuestra otra ilusión errónea de Marx y prueba que los beneficios del capital pueden mantenerse por encima de la tasa de crecimiento. También cae otro relato: el del economista y premio Nobel de Economía Simón Kuznets. Marx pensaba que la desigualdad conduciría al colapso y Kuznets, que se reduce con el avance de las sociedades. –Marx decía “las desigualdades van a aumentar hasta la revolución final”, mientras que Kuznets escribía en los cincuenta que las desigualdades se reducen naturalmente en las sociedades industriales avanzadas. Ambos se equivocaron porque hay fuerzas que pueden ir en las dos direcciones y no sabemos cuál de ellas se impondrá. En este principio del siglo XXI hay un riesgo muy serio de que volvamos a las desigualdades del XIX. Esto ya es una realidad en algunos casos y en otros no. Es cierto, en la teoría de Marx había una salida económica al proceso. Había una contradicción entre el descenso de la tasa de beneficios que iba a conducir a una catástrofe final y al fin de este sistema. Puede que mis conclusiones sean todavía más pesimistas porque, desde un punto de vista estrictamente económico, no hay salida. El rendimiento del capital puede mantenerse a un nivel elevado, en particular porque siempre hay ganancias oriundas de la productividad, de las innovaciones tecnológicas, del crecimiento de la población. A pesar de una acumulación creciente del capital, el rendimiento se mantiene a un nivel superior a la tasa de crecimiento. En todo caso, sería un error pensar que una salida puramente económica –o sea el descenso de los beneficios– va a resolver esta contradicción. Mis conclusiones son pesimistas desde un punto de vista económico pero optimistas desde el punto de vista político. Hay soluciones políticas a este problema. La institución fiscal, social o educativa permite organizar ese proceso de acumulación del capital de una forma más igualitaria y por el bien común.
–Cómo romper entonces el ciclo claro de la desigualdad cuando queda demostrado en su trabajo la constante de este mal. –Mi conclusión principal consiste en que necesitamos instituciones públicas de transparencia democrática en torno de las ganancias y los patrimonios capaces de adaptar nuestras instituciones y nuestras políticas a la realidad. La propiedad privada, el capitalismo, las fuerzas del mercado deben estar al servicio de la democracia y del interés general. El capitalismo debe volverse el esclavo de la democracia y no lo contrario. Hay que utilizar las potencialidades del mercado para enmarcarlas severamente, radicalmente si es necesario, para ponerlas en la buena dirección. Es perfectamente posible.
–Usted cita a un personaje de Balzac cuya frase es aplicable al mundo de hoy: frente a las ganancias generadas por el capital, trabajar no tiene sentido. Es mejor casarse con una heredera. –Una buena parte de mis interrogaciones y de mis motivaciones en este trabajo de investigación provienen de la literatura, porque la literatura tiene una suerte de potencia para expresar las consecuencias del dinero y de las desigualdades en la vida y en los lazos sociales que es increíble. Con el lenguaje de las ciencias sociales nunca tendría esa potencia expresiva. Creo que esas diferentes formas de expresión son complementarias las unas con las otras. Es cierto que ese discurso de Balzac nos muestra a un joven ambicioso cuando estudia Derecho en París en 1820. Pero podría ser en París en este año, o en Buenos Aires en 2014, o en Nueva York o en México. Es una suerte de personaje eterno de joven ambicioso que quiere devorar la vida y a quien se le explica que, finalmente, los estudios, el trabajo, el mérito, no conducen a ninguna parte y que lo mejor es casarse con una señorita, que si bien no es muy encantadora, tiene un millón de francos de la época, unos 30 millones de euros de hoy. ¿Acaso el mundo de hoy es como el que describe Balzac? Es diferente, pero se acerca por algunos lados. La herencia en las sociedades occidentales de escaso crecimiento –y tal vez algún día para el conjunto del planeta– recupera un nivel que no teníamos en la posguerra, pero sí en el siglo XIX. Hoy tenemos lo que yo llamo en el libro “el retorno a la sociedad patrimonial”. No es exactamente el mundo de Balzac, pero sí es intermediario entre el mundo de Balzac y el mundo encantado de la meritocracia de los llamados “30 años gloriosos” de la posguerra, donde se creyó que se había llegado a un capitalismo sin capital, sin patrimonio. Pero eso, a largo plazo, no es posible. Eso fue únicamente una fase de reconstrucción, temporal, una fase donde la potencia pública supo inventar regulaciones. La caída del Muro de Berlín y el ingreso en esa nueva fase de confianza infinita en la autorregulación de los mercados contribuyó mucho a la re-patrimonialización de nuestras sociedades. Ese es el mundo que tenemos hoy frente a nosotros en este siglo XXI.
–Usted señala que en los últimos diez años, la capitalización bursátil mundial creció un 147 por ciento y el PIB mundial un 80. La desproporción es aplastante. Para usted, esa concentración del poder económico es incompatible con los valores de nuestras sociedades democráticas. –Cuando la desigualdad, en particular la desigualdad patrimonial, se torna extrema, esa desigualdad no es solamente inútil para el crecimiento sino que incluso puede perjudicarlo. Esa desigualdad se vuelve un freno a la movilidad, un factor de perpetuación de la desigualdad en el tiempo y, también, se convierte en una verdadera amenaza para nuestras instituciones democráticas. Una concentración importante del poder del dinero conduce a una concentración demasiado importante del poder de influencia en los medios, en la vida política. Cada parte del mundo tiene su propia historia con la desigualdad, sus propios interrogantes. A veces, las instituciones públicas, es decir, las reglas que limitan el poder del dinero privado en la vida política, las reglas que organizan la financiación pública de los partidos políticos, pueden limitar esa potencia del dinero. Pero no hay que ver esas reglas y esas instituciones como algo dado. No. Son instituciones frágiles que pueden ser puestas en tela de juicio. Tenemos que tomar muy en serio la cuestión de saber cómo se limita a través del Estado de derecho y de instituciones muy fuertes ese control del dinero.
–La desigualdad, el crecimiento patrimonial sin freno pone en peligro el zócalo de la democracia. ¿Por qué? ¿Rompe el contrato social, genera violencia institucional o social? –La desigualdad rompe el contrato social, rompe el principio de igualdad frente a la ley, de igualdad frente al sufragio universal. Cuando tenemos una desproporción extrema de los medios financieros tenemos también una desproporción extrema de los medios de influencia en la vida política. La desigualdad también rompe el lazo social y cívico por medio del cual se acepta que se pongan en común importantes recursos para financiar el bien público, la protección social, los servicios públicos. Si las clases medias, las clases populares, tienen la duradera impresión de que pagan más impuestos que los ricos, el consenso fiscal se rompe, o sea, el consenso que hace posible que todos acepten pagar una parte importante de los recursos producidos para financiar el acceso a la educación, a la salud, a las infraestructuras. Toda esa aceptación de la vida en común termina potencialmente en tela de juicio con la secesión a los más ricos. Si queremos una democracia real necesitamos instituciones sociales y políticas que enmarquen la propiedad privada, que limiten la acumulación entre algunas manos. Desconfío mucho de los discursos –a menudo muy hipócritas, que se escuchan en muchos países– sobre la idea abstracta de la igualdad. A veces se sirven de ellos para rechazar el impuesto progresivo, para justificar –en Francia y en otros países– que se invierta tres o cuatro veces más en los sectores educativos donde van los hijos de las elites antes que allí donde van los hijos de las clases populares. Y todo eso con una buena conciencia republicana. El principio abstracto de la igualdad es proclamado muy a menudo para justificar desigualdades perfectamente reales, extremas. Siempre hay que poner en tela de juicio ese principio, deconstruir esa proclamación. Esa es un poco la meta de mi libro.
–Otro mito que usted derrumba es que el crecimiento disminuye las desigualdades. Esa idea es la biblia de los liberales, quienes también ven en la globalización una panacea contra la desigualdad. –Ocurre que para que sea así hacen falta condiciones. Hubo fases históricas donde el crecimiento estaba compartido, era equilibrado, en especial durante las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial –en todo caso en los países europeos y en los Estados Unidos–. Aquí sí el crecimiento correspondía a cierto enriquecimiento general. Hay fases como la de los últimos 30 años en las cuales tenemos una parte desproporcionada del crecimiento que está acaparada por las ganancias más altas. Aquí, un crecimiento elevado no es sinónimo de un enriquecimiento general. Creo que debemos ir más lejos que el crecimiento, hay que acostumbrarse al hecho de que un crecimiento del 5 por ciento anual, como ocurrió en las décadas de la posguerra, no continuará eternamente. Hay que acostumbrarse a vivir con un crecimiento estructuralmente más lento, más limpio. Lo que hace falta, sobre todo, es más transparencia en la distribución social del crecimiento. Es absolutamente preciso contar con más información democrática y verificable sobre la forma en que los diferentes grupos sociales, los diferentes grupos de ganancias y de patrimonio se benefician o no con el crecimiento. No se puede hacer una hipótesis sobre el hecho de que la tasa de crecimiento maximiza siempre el ascenso social en todas partes. No es el caso.
–Usted señala que la fase actual del capitalismo transformó las relaciones sociales. Estas son ahora relaciones patrimoniales. –Las relaciones de propiedad pueden ser, desde un punto de vista social, extremadamente violentas porque ponen a ciertos grupos sociales en dependencia los unos de los otros. Cuando una parte de las ganancias generadas por el trabajo deben ser pagadas a quienes detentan el patrimonio, sea la casa donde se vive o el material necesario a una empresa, esto crea una tensión que, a menudo, es dejada de lado en los modelos económicos abstractos, en los cuales todo es armonioso y en el interés general. Las relaciones de propiedad son siempre complicadas, tanto más cuanto que el nivel global del patrimonio, la capitalización inmobiliaria, la capitalización bursátil, recupera niveles muy elevados en relación al nivel nacional. Y esas relaciones de propiedad son todavía más complicadas cuando esas relaciones de propiedad se expanden a nivel internacional. Siempre es complicado pagar el alquiler al propietario, pero cuando se trata de países que pagan intereses o dividendos a otro país es todavía peor. Organizar relaciones justas y democráticas para esas relaciones de propiedad en el caso de una comunidad política y democrática nacional ya es muy complicado. Con los actores internacionales es peor. Desde este punto de vista, es cierto que la situación de América latina en su conjunto en relación con Estados Unidos es el ejemplo número uno de una relación complicada de dominación económica. Hay flujos de capital, de intereses y de dividendos que salen de América latina para alimentar a los propietarios norteamericanos. Se trata de una situación que está lejos de ser el camino hacia la armonía y el enriquecimiento general descripto por los modelos económicos. Tanto en el pasado como hoy, ese ha sido el camino de un conflicto que gira en detrimento del desarrollo social y económico armonioso.
–Esa bella idea del capitalismo con rostro humano es un cuento de hadas. Estamos en un páramo de lobos en donde el ciclo humano se agotó. Pero usted persiste en un optimismo regenerador, como si hubiera aún muchas páginas de la historia por llenar de cosas buenas. –Sí, el ciclo se agotó. Luego, cada época inventa nuevas formas de capitalismo con rostro humano, a veces de forma totalmente hipócrita con un rostro en nada humano, otras de manera más convincente. Lo cierto es que la hoja blanca que se pregunta cómo sobrepasar el capitalismo, cómo organizarlo de otra manera en beneficio de todos, esa hoja aún está por escribirse. Sea cual fueren los fracasos pasados, hay que volver a empezar de nuevo. Creo que esa es la conclusión más importante de mi libro: las formas concretas de la democracia, de la propiedad, deben ser reescritas. Hay útiles de regulación de los que ya se pueden trazar los contornos con respecto a la transparencia, a las ganancias, al patrimonio, al impuesto progresivo a las ganancias. Pero también hay otras formas de reapropiación democrática y colectiva de la propiedad que están por escribirse. Después de la caída de Muro de Berlín se creyó en un momento que la única forma de organización de la vida económica era la sociedad de accionistas, con todo el poder otorgado a los accionistas. Hoy nos damos cuentas de que no es el caso, de que hay sectores enteros de las actividades humanas, la educación, la salud, los medios, donde la sociedad de accionistas es totalmente absurda. En los medios hay muchas discusiones para saber cómo tratar de organizar formas nuevas de gobernabilidad y financiación, más participativas. Esto vale también para el sector industrial, donde la participación de los empleados en las decisiones de las empresas es un hecho –por ejemplo en los consejos de administración de los grupos industriales de Alemania–. Eso no les impide fabricar autos buenos, al contrario. La participación de los empleados y el reparto del poder puede ser en muchos casos una garantía, no solo de un mejor reequilibrio social sino también de eficacia económica. Todas estas cuestiones deben ser abordadas con una mirada nueva para salir de la ideología del mercado que se apoderó del mundo después de la caída del Muro.
–Cierta prensa anglosajona lo trata a usted de “loco de los impuestos”, porque propone como nueva forma de equilibrio una amplia revolución fiscal mundial para restablecer la igualdad. –La meta de los impuestos es poder producir bienes públicos. El impuesto es interesante por lo que permite hacer. Si usted mira la situación en Europa, los países más ricos, los más competitivos, Dinamarca o Suecia, tienen una tasa impositiva obligatoria del 40 por ciento al 50 por ciento. A su vez, los países más pobres como Bulgaria o Rumania tienen una tasa impositiva del 20 por ciento. Si bastara con pagar pocos impuestos para ser ricos, Bulgaria o Rumania serían más ricos que Dinamarca o Suecia. Pero no es así como funciona. Tener impuestos elevados puede ser bueno para el desarrollo económico, siempre y cuando se utilicen esos altos impuestos para financiar los servicios públicos, las infraestructuras colectivas, la educación, la salud. Eso es lo que hacen los países de Europa del Norte. Es preciso que el mismo sistema impositivo, más allá de los gastos que financia, sea justo. Para que las clases medias y populares acepten un nivel impositivo elevado es necesario que los más favorecidos paguen tanto como ellos. Para que el impuesto sea justo debe ser progresivo, o sea, funcionar con una tasa que corresponda al porcentaje elevado de las ganancias y del patrimonio. Ese es un punto importante de mi libro: el Impuesto a las Ganancias es un gran invento del siglo XIX, pero en una sociedad cada vez más patrimonial se requiere igualmente un impuesto sobre el patrimonio. No hace falta esperar que exista un gobierno mundial para llegar a eso. Hay muchas cosas que pueden hacerse en el plano nacional y a veces se exagera con esa idea de que los gobiernos nacionales no pueden hacer nada dentro de la globalización. La mayoría de los países cuenta con un sistema impositivo sobre el patrimonio y el capital, pero son sistemas proporcionales y no progresivos que se aplican únicamente al patrimonio inmobiliario y no al financiero. Toda esta información suplementaria sobre las ganancias, el capital y sobre quién es dueño de qué, es también útil a favor de la democratización del capitalismo. El impuesto es más que el impuesto. Es también una forma de producir información y transparencia, las cuales pueden ser utilizadas como una base de la reapropiación democrática del capitalismo.
–Todas estas reformas requieren de un ingrediente que el liberalismo parlamentario aborrece: el conflicto. –El conflicto es necesario. Hay que terminar de negar la importancia del conflicto en la historia de la política, en la historia del impuesto, en la historia de las desigualdades. Toda la historia sobre las desigualdades del siglo XX que yo cuento es una historia violenta, es una historia donde hay conflictos, guerras, donde la revolución desempeña un papel. Tratemos de hacer mejor las cosas la próxima vez, y de la manera más pacífica posible, pero no neguemos el hecho de que hacen falta sanciones, hacen falta conflictos. En Europa, y en el mundo, uno de los problemas radica en que nos acostumbramos al libre intercambio y a la libre circulación de capitales a cambio de nada, a cambio de ninguna transmisión de información, de ninguna coordinación fiscal, de ningún impuesto mínimo sobre quienes más se benefician con la globalización, y esto no puede continuar eternamente. Toda la historia de la redistribución, del Estado providencia, del impuesto progresivo durante el siglo XX es una historia que pasa por fases de conflicto. No es una historia en la cual un amable socialismo electoral llega racionalmente al poder y todo ocurre con calma y espontaneidad. Es una historia mucho más trastornante y sería llamativo que el porvenir sea distinto.

efebbro@pagina12.com.ar

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-260940-2014-11-30.html

GOLPEAR DESDE LA PALABRA, por Dante Augusto Palma (extracto del libro de Palma “QUINTO PODER. EL OCASO DEL PERIODISMO”, pags.64 a 71)

Arriba: Diversas tapas del diario Clarín... como se ve, los medios están "controladísimos"...

“El despacho informativo es un recurso bélico tanto como la granada”
Karl Krauss

“[…] el triunfo de la ‘lógica Lanata’ implicaría, por sobre todo, una democracia cuya única legitimidad sea el control remoto y la restauración de una realidad creada por la palabra de unos periodistas que gritando ‘Hágase la corrupción’ quieren volver a ser Dios. […] esta disputa por volver a poseer un lenguaje capaz por sí mismo de crear independientemente de cualquier corroboración puede tener consecuencias insospechadas para la democracia. Tómese, por ejemplo, el caso de la destitución del Presidente Fernando Lugo en Paraguay, en una suerte de insólito juicio sumario allá por junio de 2012. En principio, el gran debate se instaló acerca de la nominación de este hecho, pues ¿Se puede hablar de un golpe de Estado? La respuesta a este interrogante supone incluir una serie de matices. En primer lugar, la definición tradicional de ‘golpe de estado’ tal como los hemos padecido en el sur del continente, por ejemplo, en la década del ’70, no parece capaz de explicar lo que sucedió en Paraguay: no hubo fuerzas armadas levantándose contra la democracia, ni enfrentamientos, ni guerrillas, ni, en principio, un plan sistemático de desestabilización continental orquestado por Estados Unidos. Por otra parte, lo ocurrido en Paraguay parece distinto de lo que acaeciera en Honduras cuando el ejército secuestró al Presidente Zelaya, o en Ecuador cuando una sublevación policial casi se carga la vida del Presidente Correa. Así, lo que pasó en Paraguay, alguien podría decir, pareciera ser nada más que una salida institucional a una crisis, y sin embargo plantearlo de ese modo sería de una ingenuidad casi cómplice. Pues si bien se puede afirmar que la instancia de juicio político es un mecanismo dispuesto por la Constitución paraguaya, que éste se haya realizado apenas una semana después del salvaje enfrentamiento de Curuguaty (el hecho que fue el detonante del juicio) y que se le otorgaran a Lugo sólo dos horas para ejercer su legítima defensa, resulta un episodio que no resiste el menor análisis. En este sentido, bien podría alegarse que las formas institucionales no se han respetado, y que ese juicio político está viciado.

[…]

Pero de lo que quisiera ocuparme específicamente es del rol que están jugando los medios en estos intentos, a veces exitosos, de desestabilización de gobiernos democráticos. Tanto usted como yo sabemos que no hay golpe que pueda justificarse sin el apoyo de los principales diarios, las radios y los canales de cada país y que esto se vio con mucha claridad incluso en aquellos golpes que se sucedieron ya en los años 70. Sin embargo, también es necesario aclarar que el poder de penetración y ubicuidad que éstos tienen, sumado al carácter cuasi monopólico que se manifiesta en todo el continente y por el cual algunos empresarios son capaces de extorsionar y doblegar al poder político de turno, merece un análisis más exhaustivo.

Voy a retomar algunos fragmentos de lo sucedido en los últimos tiempos como muestra. Cuando en uno de los cacerolazos del 2012 en Argentina, los manifestantes afirmaban ‘nos falta libertad’, ‘el gobierno avala a los delincuentes y son todos chorros’, ‘esto es peor que una dictadura’, ‘los K no respetan  la propiedad privada y dividen al país’, se está frente a un diagnóstico que justificaría cualquier acción contra un gobierno, independientemente del amplio apoyo en las urnas que hubiera tenido. De hecho, no es casual que de ese contexto surgiera, desde esos mismos manifestantes con brutal violencia, la agresión a periodistas identificados con programas de sesgo oficialista.

Ahora bien, esa terminología, esa inflación de las palabras, ese abuso, no es el producto de un micromundo marginal de caceroleros destituyentes. De hecho, no es otra cosa que la repetición de los mantras que venimos leyendo en los distintos editoriales de los periodistas del establishment en los últimos años. Insisto con esto:  si estos diagnósticos representaran cabalmente la realidad y no se basaran simplemente en una posición ideológica carente de pruebas, no sería descabellado plantearse la legitimidad de un gobierno pues, como todos sabemos, la legitimidad de origen (las urnas) no avala que una vez en el poder el gobernante haga lo que le de la gana.

Pero usted seguramente se preguntará que tiene que ver esto con Paraguay y con la performatividad (x) del lenguaje que venimos desarrollando. Y mi respuesta es que el vínculo me parece contundente. Para ello me voy a servir de una parte del texto del libelo acusatorio que presentaron los diputados paraguayos para destituir a Lugo. Allí se mencionan, en principio, cinco causales de la destitución: la realización de un mitin político en un cuartel; la presunta complicidad de Lugo con grupos sin tierra que ocupan la propiedad privada de los principales productores de soja; la firma de un tratado (Ushuaia II) por el cual se afectaría la soberanía energética de Paraguay; la ya mencionada matanza de Curuguaty; y, aunque usted no lo crea, la ola de inseguridad. Tras la enunciación y una brevísima explicación de cada una de estas causales, el texto afirma:

‘Fernando Lugo representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo que se encuentra llorando la pérdida de vidas inocentes debido a la criminal negligencia y desidia del actual Presidente de la República, quien desde que asumió la conducción del país gobernó promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad, atentando de modo permanente contra la Carta Magna, las instituciones republicanas y el Estado de derecho’.

Como usted nota, se trata de comentarios de un inmenso nivel de abstracción, hijos de controvertidas interpretaciones, pero si lo examina con detenimiento es casi lo mismo que se le adjudica al gobierno de CFK en Argentina o al resto de los gobiernos populares de la región. En el caso argentino, se dice que el gobierno promueve el odio porque utiliza la causa de los derechos humanos como venganza y no promoviendo la reconciliación; que persigue a los ricos por un odio de clase y se acerca a los pobres sólo con fines electorales; que no hay justicia; que como no se pueden comprar dólares para atesorar de manera irrestricta y se promueven leyes antimonopólicas, se viola la propiedad privada, y por último, que como se trata de un gobierno con rasgos autoritarios no hay división de poderes y se ataca así a los pilares de la República.

Pero lo más interesante es, retomando el libelo acusatorio, el apartado de la pruebas que avalarían semejantes acusaciones. Cito, una vez más, textual:

“todas las causales mencionadas más arriba son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas”

Leyó bien. Eso es todo. Ya está. No hacen falta pruebas. Una interpretación completamente sesgada aparece como neutral y apoyada en la ‘pública notoriedad’, es decir, en lo que todo el tiempo las principales usinas mediáticas imponen.  El juicio de los periodistas, en boca de los diputados, se transforma ya en razón suficiente y prueba. No hace falta preguntarle a la ciudadanía que gobierno desea porque el periodista de repente se transforma en médium y/o representante de ‘la gente’ lo cual no es otra cosa que el eufemismo por el cual se muestra que éste es el portavoz de los discursos dominantes, el que impone las categorías a través de las cuales se analizará el desempeño de un gobierno. Así notamos, una vez más, que los golpes comienzan instalándose a partir de una serie de discursos y un conjunto de categorías que acaban naturalizándose para materializarse en formas diversas y con distintos artilugios, algunos, incluso, con apariencia de legalidad. Es por todo esto que decimos que aunque siempre, en parte, fue así, hoy más que nunca la democracia se defiende en la calle, construyendo estructuras políticas capaces de, al menos, generar un equilibrio de fuerzas y, sobre todo, poniendo en tela de juicio las palabras a través de las cuales los discursos dominantes presentan lo que consideran real y lo que resulta, supuestamente, evidente. ¿Se entiende ahora hasta qué punto puede llegar una prensa que en el mero hecho del nombrar construya la realidad?”.

Extractado de Dante Augusto Palma:    QUINTO PODER.EL OCASO DEL PERIODISMO, Planeta, Buenos Aires, 2014 (Selección, pags. 64 a 71)

NOTA DEL EDITOR DE "MIRANDO HACIA ADENTRO": 

(X): Son performativos, según explica Palma, los enunciados “de los cuales no se puede predicar la verdad o la falsedad, pero cuya mera enunciación presupone una acción” y luego agrega “los performativos crean realidad”, son enunciados creadores de realidad (Quinto Poder, pag. 62)

Las dos visiones K de la política economía, por Julián Blejmar (para "INFOnews" del 30-11-14)

 Arriba: Krugman y Kicillof, dos economistas con K

Durante la semana, el Premio Nobel Paul Krugman y el ministro Axel Kicillof expusieron diferentes visiones sobre la política económica heterodoxa aplicada en nuestro país. La discusión por el Impuesto a las Ganancias remite también a dos visiones sobre el rol del Estado. Brasil y Argentina, con caminos diferentes.

 

 

El paro de tres horas desa­rrollado el jueves por los gremios del transporte en reclamo por una rebaja al Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría, se sumó a las demandas que, contra este mismo impuesto, realizaron los bancarios, un sector de los petroleros, los pilotos de Aerolíneas Argentinas, la CTA opositora y el gremio de Camioneros, que amenazó además con un paro de 24 o 48 horas si el Gobierno no modificaba este tributo.
Según consignó Miradas al Sur, en rigor, las críticas al impuesto provienen de prácticamente la totalidad del arco laboral, pero mientras que unos discuten su forma, otros cuestionan su fondo. Entre los primeros, se encuentran quienes plantean errores en su aplicación, pero no su imposición ni la necesidad por parte del Estado de seguir contando con estos recursos, provenientes de los trabajadores mejores pagos de la Argentina, es decir el 10% del total de toda la fuerza laboral. Aquí se encuentran las centrales sindicales alineadas con el gobierno, quienes plantean, en el caso de la CTA, una modificación en las alícuotas (las cuotas relativas a cada una de las distintas categorías) debido a la desactualización de las mismas a causa de la inflación y suba salarial, o la CGT, que reclamó puntualmente que el medio aguinaldo de diciembre quede exento de Ganancias.

Lo que suceda en Brasil afectará directamente en la Argentina, por lo que la comparación no podrá ser precisa. Pero permitirá posiblemente algún nivel de análisis.

En cambio, desde otros espacios sindicales, políticos y mediáticos enfrentados al Gobierno, se sostiene que se trata de un “impuesto al trabajo” y que “el salario no es ganancia”, una descripción que intenta rechazar su aplicación lisa y llana, ocultando incluso que se trata de un impuesto extendido en los países desarrollados, bajo el nombre de “Impuesto a los Ingresos”. Se trata, en muchos de estos casos, de un reclamo que tiene como telón de fondo la concepción de que el Estado debe tener la menor incidencia posible en la economía, tal como lo sostuvieron los gobiernos de la dictadura cívico militar (1976-1983) y de Carlos Menem y Fernando de la Rúa (1989-2001).
Una dirección opuesta, de hecho, a la que tiene la política económica del actual gobierno, que por medio del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rechazó la posibilidad de modificar este tributo, sosteniendo que “el Gobierno ha hecho el esfuerzo, pero todo no se puede y es necesario que lo comprendan los trabajadores”.
En efecto, en la medida que se profundizó la desaceleración económica y la caída en el nivel de empleo e ingresos, el Gobierno apeló a la continuidad de su política económica heterodoxa para incrementar la presencia del Estado en la economía. No es casualidad en este sentido que no se advierta una disminución en la presión impositiva, que de acuerdo a cifras del Indec y la AFIP fue del 29% sobre el PBI en 2013, es decir algo por debajo del promedio del 34,6% de la Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE, también conocida como “el club de los países ricos”) para ese mismo año.
A esta recaudación impositiva se sumaron los aportes de la Anses y el Banco Central, así como la emisión de bonos públicos del Tesoro por cerca de 20.000 millones de pesos, en un año donde, además, el Ejecutivo emitió diversos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que autorizaron en más de 200.000 millones de pesos de gasto por encima del Presupuesto.
Todo ello con el objetivo de fortalecer el gasto del Estado para revertir la desaceleración económica, provocada por diversas causas entre las que se cuentan la devaluación de enero –que redujo el poder adquisitivo de los salarios y encareció los insumos industriales–, el accionar del tándem conformado por la Justicia norteamericana y los fondos buitre contra nuestro país, y el complejo panorama externo, en donde los principales socios comerciales de la Argentina (Europa, China y Brasil) redujeron su crecimiento, produciéndose además una caída en los precios internacionales de las materias primas (la soja, el principal producto de exportación argentino descendió de su pico de 600 dólares la tonelada a menos de 400 en la actualidad). De hecho, de acuerdo con el Indec, la balanza comercial (diferencia entre ventas y compras al mundo) se redujo en un 14,5% en relación con el año pasado, aunque manteniendo su saldo positivo (6.151 millones de dólares). Puntualmente, en octubre descendió un 39,2% con respecto a igual mes del año anterior, y su superávit fue de sólo 361 millones de dólares.
Diferentes respuestas. La opción del Gobierno por mantener políticas heterodoxas de mayor gasto público (aunque por el momento sin endeudar al país con el exterior) tuvo en la semana una llamativa oposición. Se trató del Premio Nobel de Economía Paul Krugman, quien juntó a otro Premio Nobel, el también norteamericano Joseph Stiglitz, defendió ampliamente las políticas económicas implementadas por el gobierno durante los últimos años.
Invitado al Segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social en la Argentina, y poco antes de recibir un título de Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires, señaló que “Argentina tiene el problema del déficit, que es demasiado grande, y sería un país menos vulnerable si su política fiscal estuviera mejor controlada”. Incluso, señaló que “es bueno preocuparse por la justicia social, por la desigualdad, por el estado de los trabajadores, por el destino de los pobres. Pero debe hacerse de una manera muy realista. (…) El problema es que se mantuvo la heterodoxia durante demasiado tiempo. (…) A veces uno tiene que ser algo ortodoxo. (…) El país necesita reducir el nivel de gasto público y la emisión de dinero para controlar la inflación”.
La de Krugman significó en este sentido una voz inédita, porque al igual que gran parte de la oposición política económica y mediática reclama un ajuste, aunque a diferencia de la misma defendió durante los últimos años la fuerte presencia del Estado para lograr el crecimiento de la economía, el empleo, los ingresos, y la justicia social.
De alguna forma, fue el ministro de Economía Axel Kicillof quien le respondió a Krugman, durante una exposición en la 62ª Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) celebrada el pasado martes donde señaló que “aunque las políticas públicas heterodoxas no le gusten a los mercados, obliguen los bancos a prestarle a sector productivo porque no tiene esa vocación, o no les den rentabilidad, o digan que va a generar más incertidumbre, la economía no puede perder la estabilidad en términos de la capacidad de creación, generación y sostenibildad de empleo, aún en momentos de enorme adversidad de la economía internacional”. Kicillof planteó además que durante su presencia en la cumbre de los países más industrializados del mundo, el G20, muchos de los mandatarios y funcionarios allí presentes cuestionaban las recetas planteadas para salir de la crisis económica global producida hace cinco años, por lo que por primera vez se hablaba de estimular la demanda privada, remarcando que “Keynes dice que los Estados deben entrar en déficit fiscal para generar mayor oferta. El Estado tiene que ser el que movilice los recursos para que la actividad económica siga funcionando, que es lo mejor que puede pasar para el futuro”, agregando además que “el protagonismo de los Estados, que promueven inversiones y ponen a girar de nuevo la rueda del ahorro” era uno de los principales elementos que iba a sacar al mundo de la recesión, concluyendo para nuestro país que “si no está cubierto el frente interno, la inclusión social cubierta, no hay actividad económica”.
Tanto Krugman como Kicillof presentan argumentos consistentes, y es por ello que resulta interesante observar el comportamiento económico de otros países de la región que optaron por caminos más cercanos a la ortodoxia económica. Posiblemente, Brasil sea un caso paradigmático. Esta semana, la presidenta Dilma Rousseff confirmó su giro conservador y nombró como ministro de Economía a Joaquim Levy, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional y directivo del banco Bradesco, lo cual fue festejado por los mercados brasileros, cuya Bolsa de San Pablo subió cinco puntos.
En rigor, lo que suceda en Brasil afectará directamente en la Argentina, por lo que la comparación no podrá ser precisa. Pero permitirá posiblemente algún nivel de análisis.

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http://www.infonews.com/2014/11/30/economia-174714-las-dos-visiones-k-de-la-politica-economia.php

Randazzo reclamó un “claro y contundente respaldo a Néstor y a Cristina”, por INFOnews del 30-11-14

El ministro del Interior y Transporte además cuestionó los discursos de algunos oradores durante la cumbre del PJ Bonaerense, en La Plata. 

 

 

Tras la cumbre del PJ Bonaerense en La Plata, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, cuestionó duramente los discursos vertidos y en los que hubo escasas referencias a Néstor y a Cristina Fernández de Kirchner.
“Un acto que se dice peronista sin un claro y contundente respaldo a Nestor y Cristina es un acto vacío de contenido”, sostuvo en ese sentido el precandidato a la presidencia por el Frente para la Victoria.
Con estas declaraciones a Infocielo, Randazzo hizo referencia implícita a Daniel Scioli y Fernando Espinoza, los principales oradores del acto celebrado hoy en el Pasaje Dardo Rocha, de La Plata. Ambos dirigentes omitieron referencias hacia Néstor Kirchner y esgrimieron una tibia defensa del gobierno de Cristina Fernández.

Randazzo: “Este es el Gobierno más peronista de los últimos 50 años"

“Este es el Gobierno más peronista de los últimos 50 años. Y requiere de un peronismo comprometido en defensa de lo que se ha logrado en los últimos diez años, para no volver atrás nunca más”, insistió el funcionario nacional, que no estuvo presente en el acto.
“Ya hemos vivido con enorme dolor para todos los argentinos etapas que en nombre del peronismo se han tomado decisiones en contra de la mayoría del Pueblo”, recordó Randazzo, en referencia al menemismo. Además sostuvo que “la etapa que viene requiere de un peronismo que sea claro y contundente en la defensa de lo que se ha logrado con mucho sacrificio, y que le ha costado a Cristina tantos ataques”.
“Lo que no le van a perdonar es haber enmancipado a la política de los sectores económicos y mediáticos que han condicionado a todos los gobiernos hasta 2003”, concluyó el Ministro del Interior y Transporte.

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http://www.infonews.com/2014/11/29/politica-174690-randazzo-reclamo-un-claro-y-contundente-respaldo-a-nestor-y-a-cristina.php 

INFORMACIÓN RELACIONADA:

Un intendente rompió filas en la reunión del PJ bonaerense

Seguridad: "A las estadísticas hay que tomarlas con pinzas", entrevista de Eduardo Anguita a León Arslanian (para "Miradas al Sur" del 30-11-14)

Entrevista de Miradas al Sur a León Arslanian. “Desde el año 2008 hay un fuerte deslizamiento de los carteles de la droga", aseguró.

El doctor León Carlos Arslanian es una de las figuras clave dentro del tema seguridad. Referencia imprescindible para debatir sobre esta álgida cuestión. Sobre todo, luego de escuchar en estos días un informe del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en el que se decía que bajó el índice de algunos delitos importantes. Sin embargo, algunas voces pretenden restarle valor a esos dichos porque las estadísticas sobre los delitos más graves no se miden mes a mes.
“El tema estadístico hay que tomarlo con pinzas. Se discontinuó el suministro de información a partir de 2008 de modo que no pudimos tener la referencia de lo que estaba sucediendo hasta diciembre de 2007 –dice Arslanián–. Uno mide cuando se trata de evaluar la evolución del delito a través de índices que suministran registros oficiales. Pero son necesarias algunas condiciones, para empezar, tomar series, períodos más o menos prolongados, que marquen las tendencias hacia dónde van y que permita un análisis cuantitativo y cualitativo. No basta con saber que el delito baja si yo no se cuál es ese delito ni en qué modalidad. En segundo lugar, es necesario saber cómo está compilada la información para otorgarle el grado de confiabilidad que ella tiene”.
–Esa discontinuidad se produjo justo cuando terminó su gestión. ¿Por qué se discontinuó el trabajo estadístico que hacían ustedes en el ministerio?
–Hay un grave error: suponer que cualquier incremento que se registre, que se dé a publicidad, genera un cierto grado de conmoción o produce una alerta social exagerada. No dar esta información impide que, cuando hay una gestión buena, se la pueda ponderar o sacar provecho político de ello. No debería haber reparos en decir o en mostrar los índices y poder poner en valor políticas que estemos experimentando.

"El problema que se le plantea hoy a la Argentina, desde el año 2008 aproximadamente, es un fuerte deslizamiento de los carteles de la droga".

–Es una coincidencia que el valor de estas estadísticas arranca con el decreto de emergencia en seguridad del gobernador Scioli, que para muchos fue un decreto para evitar un debate en la legislatura bonaerense: cómo deben organizarse otras agencias de seguridad o policías locales. Lo que sí hubo fue una determinación de sacar más efectivos a la calle, preparar brevemente a algunos efectivos nuevos e incorporar a policías que estaban fuera de servicio. ¿Cuál es su opinión al respecto?
–Tomamos, en su momento, una decisión acerca de cómo utilizar los recursos humanos policiales con un elevado grado de racionalidad, tratando de que quienes cumplen funciones administrativas quedasen reducidas a su máxima expresión. Potenciamos mucho la presencia del personal policial en la calle. Si se hubiese sostenido esa línea y ese criterio de utilización de los recursos policiales yo creo que no habría necesidad de volver sobre lo mismo. La política que auspiciamos nosotros y que construimos en la provincia tuvo dos notas características, la multiagencialidad y la multiactoralidad. Nosotros tuvimos una mirada que no fue la del policiamiento de la seguridad. Reconstruimos una policía dándole el mayor grado de eficacia posible y dotándola de instrumentos, de logística. Y trabajamos mucho sobre las causas de la violencia haciendo prevención social del delito más que una actitud reactiva. La prevención social nos llevó a investigar, a diagnosticar y a saber a qué obedecía el fenómeno de la violencia que luego se criminalizaba. Hicimos trabajos en villas, en lugares carenciados, investigaciones de campo, encuestas de victimización y urbanizamos donde pudimos hacerlo, atendimos los fenómenos críticos de la salud pública, nos ocupamos de los jóvenes que estaban sin escolaridad, tratamos de resignificar el sentido de la escuela y la recuperación de la educación de los docentes. Si nosotros miramos las estadísticas del crimen, en particular de los homicidios, nos vamos a llevar una sorpresa, en la que lejos de ser producidos en ocasión de robo resulta que tienen que ver con conflictos personales, problemas de género y relaciones familiares. Entonces de lo que se trata es de tener un plan holístico muy comprensivo que se haga cargo de las causas que generan el delito y que opere con la totalidad de los instrumentos del Estado. Ésta es la multiagencialidad. Por su parte, la multiactoralidad significa que nosotros le dimos y le seguimos concediendo una importancia superlativa al ciudadano como tal en un proceso de reconocimiento de derechos y de legitimación de su intervención en esferas públicas, permitiéndoles ser gestores de sus propios conflictos en el sentido de poder ser interlocutores legítimos de las autoridades a la hora de diseñar políticas: la opinión de la comunidad organizada para atender fenómenos críticos y bajar la cuota de violencia en la sociedad es esencial para nosotros.
–Usted fue un académico durante muchos años y en la actualidad sigue trabajando en materia de derecho penal con una actividad que organizó hace ya varios años...
–Sí, hace ya tres años estoy en el post-grado en Políticas Públicas de Seguridad. Logramos que estas ideas pudieran ser impartidas a efectivos de fuerzas de seguridad, pero también a los gestores civiles de la seguridad. Yo propicié en su momento, y logré junto al CELS, generar el acuerdo para la seguridad democrática.
–Fue en diciembre de 2009, una foto extraordinaria que la democracia tendrá entre sus imágenes más preciadas...
–Allí nosotros plasmamos el ideario fundamental que comienza por el gobierno civil de la conducción de las fuerzas policiales, recuperando entonces para la democracia esta función esencial que es la de tratar las estrategias fundamentales en materia de seguridad a través de la organización de las fuerzas armadas, de fuerzas policiales democráticas. Esas mismas ideas son las que tratamos de impartir en el post-grado que estamos llevando adelante.
–¿Está pensando diseños de políticas de seguridad para el próximo período?
–Lo que estamos haciendo, junto a Marta Arriola, es trabajar en estas cosas, en el post-grado y en distintas manifestaciones, donde podamos. Que Julián Domínguez haya decidido aspirar a una función política importante y haya mostrado un elevadísimo grado de interés en la temática de la seguridad es suficiente, dado nuestra afinidad política, como para que le prestemos colaboración o encontremos en ese ámbito la posibilidad de seguir desarrollando nuestras ideas. En ese sentido, tenemos el esbozo, y algo más que eso, de un plan nacional de seguridad porque de lo que se trata aquí es terminar con una segmentación inexplicable en la materia en la Argentina. Creemos que la Argentina después de 1994, de la reforma de la Constitución y la suscripción en particular del Pacto de San José de Costa Rica, responde internacionalmente frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones que se puedan producir en cualquier Estado federal respondiendo al Gobierno Nacional.
–Parece inevitable hablar de narcotráfico, de lo que pasa en Santa Fe, en Córdoba, donde hubo delitos y la justicia federal detectó casos de altos jefes policiales y, también, la inquietud que siempre impera en la sociedad respecto de si en estos momentos el narcotráfico es simplemente un fenómeno de consumo creciente o es un fenómeno de creciente participación en materia de delito.
–El problema que se le plantea hoy a la Argentina, desde el año 2008 aproximadamente, es un fuerte deslizamiento de los carteles de la droga, perseguidos con mayor o menor eficacia, mejor dicho con alguna eficacia en algunos distritos.
–“Con alguna eficacia.” ¿Quiere decir que en algunos distritos percibe que no se hicieron las cosas bien?
–Hay distritos en los que el desmantelamiento o el debilitamiento profundo contra los carteles de la droga, como en Colombia y, en menor medida, en México, tuvieron como resultado una fuerte dispersión de los componentes, de los miembros de esos carteles y una irrupción en la Argentina y en algún otro país de América latina. Los fenómenos que estamos viendo en Rosario, de muertes recientes, son básicamente entre miembros que se disputan el territorio. Y dan cuenta de que el problema tiene otros ribetes de seriedad: la instalación de un cartel significa muchas cosas. La primera de ellas es un incremento de la incorporación de jóvenes fuera de todo control social que viven en un estado de marginalidad a la actividad delictiva de los carteles. Hay estudios muy interesantes, como el que hizo Bergman, en distintas cárceles, quién es la clientela carcelaria...
–¿Bergman?
–Marcelo Bergman, un criminólogo que trabaja para la Universidad de Tres de Febrero. Ese examen advierte que la clientela carcelaria está constituida por personas muy jóvenes, entre 18 y 34 años, todos ellos provenientes de hogares o ámbitos de mucha marginalidad. Casi todos ellos son peones o alfiles de entramados mafiosos o de organizaciones ilícitas que son los que utilizan esa mano de obra para poder operar.
–Siguiendo esta lógica, parecería que estas personas tienen una gran tranquilidad para eludir la actividad política o logran algún tipo de convivencia con los actores del poder, es decir, las fiscalías, los jueces...
–Ahí esta el problema y el error de esa estrategia con que se vino encarando esto. En realidad, lo que se hizo fue tratar de ver a la persona que delinque y la estadística. Y se dejó de mirar el fenómeno global de los mercados ilegales, que es donde hay que operar. Durante nuestra gestión, uno de los problemas más graves, aparte del secuestro extorsivo, era el robo de los cables de cobre que eran los que llevaban energía eléctrica o telefonía. Se robaban en localidades del conurbano al favor que da lugares desolados para poder operar, y una organización buena es cortar el cable y llevárselo. Las empresas proveedoras de servicio amenazaban con dejar de tratarlo porque no podían reponer y los daños iban creciendo. Entonces empezamos a trabajar nosotros, no poniendo un policía en cada poste de tendido en las vías ferroviarias, sino estudiando cuál era el mercado, para quiénes trabajaban, dónde se reducía, quién hacía el aprovechamiento económico. Cuando advertimos que habían montado un negocio que tendía a la exportación de ese material logramos, con el ministro de Economía, que se prohibiese la exportación del cobre. Con la prohibición logramos desarticular la actividad de esa mafia y terminar con el robo de los cables.
–Cuando uno dice Rosario puede pensar una ciudad compleja como Córdoba o la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano, pero con un puerto. Se dice, y mucho, “que el problema es que llevan la droga al puerto y tienen una cantidad de socios, ciertos comisarios que tienen que ver con sus vínculos con esos socios”.
–Es cierto, esto está a la vista. La circunstancia de convivencia policial en los delitos de extrema gravedad está a la vista particularmente en Rosario, donde hay una gran cantidad de policías envueltos en el problema del tráfico. El problema policial es que las organizaciones los cooptan, los asocian o el personal policial termina apropiándose del negocio, según la cantidad y potencia que tengan, y explotándolo para sí. Esto ocurrió en México con los Zeta, originados en la conformación de un grupo especial de fuerzas militares, policías para luchar contra el tema del tráfico de drogas. Terminó en que, conociendo el negocio e involucrándose de esa manera en el tema quienes habían ido para combatirlo, se lo apropiaron y lo terminaron por explotar.
–Hace poco, en Formosa, efectivos del Ejército hicieron un operativo de entrenamiento. En ese momento, tuve un diálogo reservado con un alto jefe de Gendarmería: “Nosotros necesitamos hacer mucho seguimiento e inteligencia criminal por vía de los teléfonos. Tenemos el sistema para pinchar teléfonos comunes, sin embargo, para los teléfonos satelitales, los que tienen la tecnología adecuada son los de la DEA y, en este momento, la cooperación entre la DEA y las autoridades de seguridad no esta funcionando”. ¿Esto es algo que se puede resolver con los recursos nacionales?
–No, cuando se trata de un delito transnacional, se demanda la cooperación internacional o interjuridiccional y está bien que la Argentina opere con una agencia norteamericana, francesa, alemana o italiana. La presencia de esas fuerzas en la Argentina tiene que ver con la preocupación que esos países tienen acerca del ingreso de sustancias a un territorio exportador.
–El plan que usted menciona, ¿está en proceso de elaboración, en algún momento podremos ver un adelanto?
–No depende esto tanto de nosotros, sino de quines tomen decisiones. Nosotros trabajamos de un modo consensuado, con conversaciones previas, intercambio de información permanente. La decisión final es suya. Nosotros trabajamos desde nuestra perspectiva, con una mirada que es la que venimos desarrollando todos los años y que suponemos útil para quien fuere.

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SUPREMA CON FRITAS, por Mario Wainfeld (para "Página 12" del 30-11-14)

La Corte incompleta, carencia que la oposición busca prolongar. El análisis de Lorenzetti: tres son suficientes. La trayectoria de la Corte, cuando tenía siete miembros. El peso de los que no están. Defensas corporativas y furia con colegas legítimos. Bonadio y Oyarbide: vidas paralelas. Y diez jueces sin techo.

Por Mario Wainfeld

Los tres mosqueteros fueron cuatro, avatares de una novela publicada en entregas. Los cuatro jueces que integrarán la Corte Suprema desde el 1º de enero serán, en lo funcional, tres. Tal es la tesis que el presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, propaga entre quienes recibe en su despacho, despojado y oscuro. Son él mismo (claro), Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Carlos Fayt –explica– padece razonables, crecientes achaques de salud. Se costea con cuentagotas a Tribunales, una vez por semana como mucho. Dosifica los encuentros sociales para no toparse con virus o bacterias que podrían afectarlo.
Como, por ley, la Corte tiene cinco miembros, se requieren tres para hacer mayoría. Lorenzetti no se atribula: aduce que los tres de fierro son los que armaron la doctrina de la mayoría en los más importantes fallos del Tribunal. Eugenio Raúl Zaffaroni supo acompañar, reconoce o minimiza, injustamente. Cuenta que Fayt, desde hace tiempo, participa en el diez por ciento de las deliberaciones.
El presidente sabe regalar a sus invitados dos libros. Uno es un autorretrato generoso titulado El arte de hacer Justicia, ejem. El otro, mucho peor editado, es Corte Suprema de Justicia de la Nación. Resumen de casos relevantes año 2009-2013 (sic). Escoge una lista, atendible e incompleta, de sentencias importantes. Sintetiza los hechos, las resoluciones y cómo se votó. El metamensaje es que hay una mayoría sintomática, que se mantiene a pesar de las lamentables pérdidas de los jueces Enrique Petracchi y Carmen Argibay y de la renuncia de Zaffaroni. Una reseña empírica del blog Saber Derecho de Gustavo Arballo confirma la idea, en general, aunque bien leída atribuye un rol más significativo a Zaffaroni.

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Nada es igual, todo es menor: La trayectoria jurídica y sistémica de esta Corte ha sido, seguramente, la mejor durante esta etapa democrática. Lorenzetti asevera, con razón, que sintonizó con las mejores políticas de derechos humanos y de ampliación de ciudadanía del Ejecutivo que la formó y nunca obstruyó su funcionamiento. El titular de la Corte insiste en que ésta debe ser (y ha sido) garante de la gobernabilidad democrática. De nuevo, es un planteo válido.
Pero, a diferencia de lo que el hombre propagó en cónclaves empresarios, es preocupante y riesgoso que sólo la conformen cuatro jueces. Los valorables desempeños promedio (salpicados por altibajos, decisiones erradas o contradicciones eventuales) se obtuvieron con la participación de siete supremos. Lorenzetti siempre se jactó de ser un armador de consensos internos, un promotor de debates, de circulación de proyectos y de intercambios cara a cara. Tales méritos corren el riesgo de ser impracticables tras el achicamiento que conlleva la pérdida de dos especialistas en Derecho Penal y una merma en la variedad ideológica. Argibay, Petracchi y Zaffaroni representan líneas diferentes de pensamiento, lo que enriquecía a un órgano colectivo.
Conseguir mayoría (filo unanimidad) no será sencillo. El propio Lorenzetti reconoce en la intimidad que sus tres compañeros de gestión han tenido variados problemas de salud.

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La conjura necia: La oposición parlamentaria promete no avalar ningún nuevo nombramiento hasta que amanezca quien suceda a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es una necedad que pone en riesgo el buen andar (y ojalá no ocurra, el propio quórum) del Tribunal.
Lorenzetti rehúsa decir algo sobre el tema, como hicieron tres de sus compañeros. Recuerda que cuando comenzó a funcionar la Corte parida por la decisión del presidente Néstor Kirchner el número legal de miembros era de nueve, lo que imponía mayoría de cinco. “Eramos siete. La dificultad ya existió”, alega. Pero, como su memoria es fiel, añade algo que contradice su parsimonia: les tomó largo tiempo expedirse respecto del infausto “corralito”. Era uno de los dos (sólo dos) compromisos que les pidió Kirchner antes de proponer sus pliegos. El otro, que también se honró, era sancionar la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida.
Cuando se haga efectiva la dimisión de Zaffaroni, la Presidenta deberá decidir si propone a alguien para cubrir la vacante, es su deber legal. Cristina Kirchner no es afecta a ventilar sus decisiones, menos de antemano. Entre funcionarios de primer nivel cunde la hipótesis de que mandará un pliego para que los senadores de la opo se hagan cargo. Es imperativo nominar a un(a) protagonista de alto nivel y buena reputación, en consonancia con los que se fueron y los que siguen. Nadie puede interpelar seriamente a una mayoría calificada sin cumplir con esos requisitos. A partir de ahí, serían sus adversarios los que cargarían con la mochila de resentir el andar de la Corte. La responsabilidad institucional no es una moneda muy cotizada en la cultura política doméstica, pero ése sería un caso extremo.
El agravamiento de la recurrente lentitud de las decisiones debe darse por hecho. Consecuencias peores dependen de circunstancias no deseables ni inexorables, pero sí factibles y previsibles.

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Reputaciones: La Corte consiguió buena reputación, merecida. Es una valoración extendida, filo unánime. No se ponen en tela de juicio la honestidad y competencia técnica de sus miembros. En paliques íntimos Lorenzetti subraya la diferencia con la Corte anterior, resabida. Y agrega a los famosos jueces federales, los de la servilleta manuscrita por el entonces ministro Carlos Corach. Esa tipología no impide que participe, de modo sutil, de la defensa corporativa que arropa a Claudio Bonadio.
La narrativa dominante eleva a ese magistrado al rango de paladín de la república. La contracara absoluta de Norberto Oyarbide. La realidad es diferente, sus vidas son paralelas y homólogas. Fueron horneados en la misma camada, construyeron un poder propio nocivo. Su relación con los sucesivos gobiernos, en más de veinte años de recorrido, reconoce fluctuaciones y regularidades. Son, en tendencia, pro cíclicos en materia política: surfean con el buen momento y se enconan cuando olfatean la salida. Todos los gobiernos han mantenido con ellos relaciones intermitentes, al vaivén del trato que reciben: el kirchnerismo no excepcionó la regla.
Hay patrones comunes en la praxis de los viejos federales. Arman causas rimbombantes (con o sin pruebas sólidas), generan medidas espectaculares (allanamientos o hasta arrestos). Con el doble rol de jueces y fiscales manejan el expediente a su antojo, el control remoto es la Cámara. Las revocaciones son habituales, pero tardías. Acumulan en sus cajones causas contra funcionarios o dirigentes de fuste. Las blanden o guardan según sus propias premisas, entre las cuales predomina el afán de supervivencia.
Al cronista se le escapan las grandes diferencias entre Oyarbide y Bonadio, ambos le parecen figuras cuestionables. Las denuncias contra éste en el Consejo de la Magistratura no se urdieron ayer, se acumularon año tras año, tanto que algunas prescribieron o están al borde.
Una de las virtudes (no la única) del Código de Procedimiento Penal que posiblemente será aprobado en Diputados en los próximos días es dividir virtuosamente las potestades de jueces y fiscales federales. Cuando empiece a aplicarse, no mañana ni el año que viene, el poder disfuncional de los jueces federales se mitigará, en buena hora.

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El gremio: El liderazgo de Lorenzetti entre los togados trasciende su rol en la Corte. Llegar a presidente y ser reelecto fue una pequeña hazaña, para un hombre proveniente de provincias y sin experiencia judicial. Un panegírico arrebatado del libro El arte... lo describe como “el muchacho de Rafaela que hizo una prestigiosa carrera judicial (y) creció junto a la Justicia Argentina”. Ese punto de partida quizá lo llevó a sobreactuar la defensa corporativa de los magistrados. Hay motivos políticos menos hipotéticos. Su Señoría es un formidable secretario general de su gremio. Mientras Hugo Moyano o el Pollo Sobrero claman por eximir de Ganancias a los sueldos de sus muchachos que ganan 15 o 20.000 pesos al mes, los jueces están exentos de ese impuesto. El origen es una lamentable decisión de otro tribunal menos prestigioso, que se sostiene y se defiende sin meter bulla.
En la década ganada para la Corte, los ingresos de los jueces han llegado a niveles muy altos, aun asumiendo que todo cargo público debe tener una retribución digna y hasta alta. No es sencillo conseguir información estricta sobre esos datos sensibles, pero puede estimarse que un camarista con veinte años de antigüedad cobra alrededor de 80.000 pesos mensuales, libre de impuestos. La antigüedad adiciona un 0,5 por ciento al sueldo básico. Varios pueden llegar a 100.000, según variables personales. Las jubilaciones son acordes, no son las de “privilegio” ya abolidas (se requieren edad, antigüedad y aportes), pero sí un régimen especial muy hospitalario.
El sesgo corporativo se expande: tiñe fallos del tribunal muy poco dado a castigar a los poderes empresarios. Una decisión reciente que sacraliza una exención temporaria de impuestos a La Nación es un ejemplo. No resuelve el fondo, pero valida una medida cautelar que lleva cosa de diez años, un disparate por donde se lo mire. La aquiescencia con operaciones de tribunales corpo friendly es una deuda que no abate el cuantioso haber de la Corte, pero lo reduce.

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Algunos más iguales que otros: Lorenzetti es un interlocutor amable y seductor, que alza poco la voz y sonríe bastante. “Trato por igual a todos”, comenta, en referencia a sus colegas, jueces de menor rango. Pero la agenda y su rostro lo desmienten cuando se trata de los adherentes a Justicia Legítima (JL). El Supremo se encoleriza en particular con la presidenta de dicha Asociación Civil, la camarista María Laura Garrigós de Rébori. Usa el vocativo Malala con el que todos la conocen, pero abomina de ella. El sentimiento es mutuo. Otros integrantes de JL protestan porque los relega en el trato y en ciertas prestaciones que la Corte suministra a juzgados o cámaras.
Lorenzetti concuerda con la prensa hegemónica en ampliar la nómina real de JL. “Acusa”, a menudo sin asidero, de ser parte de ella a jueces o juezas que lo incordian. Es una pena porque JL podría formar parte de un demorado debate en el Poder Judicial. Los jueces hablan en un dialecto inasible para ciudadanos de a pie y no discuten en público. Flaco favor le hacen a la democracia. Lorenzetti comunica más que sus precursores, interactúa con los periodistas. El Centro de Información Judicial (CIJ), portal de su autoría, es un avance en materia de comunicación, aunque lo afea la propensión al autobombo. Para ser congruente con esa lógica, el cortesano supremo debería fomentar la discusión pública interna en vez de encolerizarse con quienes no le rinden pleitesía.

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Feria en ciernes: La camarista laboral Gabriela Vázquez es la flamante presidenta del Consejo de la Magistratura. Es de carrera, ajena a JL, pero se la identifica como un reproche severo, una mácula. Recibió a Gabi Vázquez a regañadientes y rezongó de lo lindo porque ésta cambió al funcionario que maneja la caja del Consejo. Una obviedad en cualquier organismo, poner en ese lugar a alguien de confianza propia.
Cuando llega diciembre, los cortesanos comienzan a preparar sus valijas. Se avecina la feria, sagrada. No es momento para sentencias disruptivas del máximo tribunal y en enero habrá sólo una guardia. Los cuarenta y cinco días de vacaciones son otra franquicia, menos grave que la canonjía impositiva, más vale.
A partir de enero, el Ejecutivo puede mover ficha. Enviar un pliego o más de uno, con el riesgo de rechazo. O un proyecto de ley que aumente el número de miembros de la Corte, algo accesible con las mayorías habituales del Congreso. Tiene esas barajas en la mano, en medio de una baza difícil. Está por verse si las juega, cómo y cuándo.

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