Hugo Biolcati calificó de “éxito extraordinario y una demostración de poder” al lockout campero culminado la semana pasada, pero también confirmó que no seguirá adelante. “Es necesario cumplir con los plazos fijados, pero eso no significa terminar la lucha”, remató el presidente de la Sociedad Rural. ¿Una evaluación fantasiosa cuyos destinatarios no serían otros que la propia dirigencia patronal agropecuaria? ¿Un movimiento dentro de una estrategia mayor: “limar” al gobierno nacional para asegurar que el piso histórico de la tributación inmobiliaria del sector rural se convierta en techo absoluto? ¿La sustitución de la denominada “oposición” por la reconstruida Mesa de Enlace?
Contestar estas preguntas supone rehacer el móvil tablero de la política nacional en un momento sumamente dinámico. A saber, no sólo el gobierno se lanzó a un keynesiano plan de construcción de viviendas populares, con el objeto obvio de dinamizar el nivel de consumo de los sectores de menores ingresos y tonificar la demanda solvente del mercado interno, sino que al hacerlo tan a contrapelo de la tendencia global subrayó su propio camino político para enfrentar la crisis del capitalismo; camino al que se debe añadir el otro dato relevante: el bombazo electoral que supondrá –si el efecto demostración tiene tiempo de operar– en los comicios de medio tiempo del año ’13.
Eso no es todo. La presencia presidencial en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, con motivo de Malvinas, hizo saber a la comunidad internacional sobre la seriedad del reclamo, que no se le escapa a nadie políticamente relevante, recalcando la oportunidad del momento elegido: acentuación de la crisis británica y tembladeral político europeo. Es decir, el momento de máxima debilidad relativa de un Reino Unido, que festejó con pompa y circunstancia el 60 aniversario del arribo de Isabel II al trono, con el nivel de desocupación más elevado en su población activa desde la II Guerra Mundial. Este trípode (lockout agropecuario, plan de construcción de viviendas, reclamo para la negociación directa con el gobierno británico) revela una pulseada por imponer los temas de la agenda pública. Por tanto, la evaluación de la dinámica campera adquiere un valor diferencial: si el paro hubiera fracasado por completo, la posibilidad de rehacerlo a futuro inmediato estaría gravemente dañada y el lugar de Biolcati en la Mesa de Enlace quedaría en entredicho.
Entonces, la pregunta inicial sobre la evaluación del paro campero recupera importancia analítica. Biolcati, en la asamblea de Diamante, 50 kilómetros al sur de Paraná, llamó a “un camino de reflexión y análisis” con el gobierno nacional. Clara respuesta a las declaraciones del ministro de Agricultura de la Nación. Es que Norberto Yauhar se había negado a dialogar con la Mesa de Enlace y les había contraofertado recibirlos por separado. Es decir, desconoció que representaran un bloque de intereses unificados. La del ministro no es una apuesta pequeña, sobre todo porque en julio los productores reales recibirán –en la provincia de Buenos Aires– las papeletas con el revalúo fiscal. Alfredo De Ángeli dijo en un programa de radio que se “estaba perfilando algo parecido a la 125”. Y Biolcati llegó a afirmar que el proyecto del revalúo inmobiliario bonaerense era “peor que las retenciones móviles”. Para el diputado provincial del Frente para la Victoria Guido Lorenzino, el 62% del total de partidas inmobiliarias no sufrirá cambios de valuación. Si así terminara siendo, cada dueño de tierra sabrá a qué atenerse: Yauhar espera en consecuencia el desemblocamiento entre propietarios de distinto peso específico; mientras Biolcati calcula que no se producirá. Pero lo cierto es que ambos saben que la disputa, en caso de materializarse, sería en agosto o septiembre, cuando el efecto demostración del tributo abandone la esfera del “relato mediático” para aterrizar en el espinoso territorio de la experiencia directa.
Dicho en criollo: la Mesa de Enlace estuvo haciendo precalentamiento, repasó los mecanismos de organización territorial para el enfrentamiento, midió la temperatura ambiente, y sobre todo verificó qué piensan los dirigentes patronales del medio de la pirámide sobre la política del gobierno nacional. Con esta información fresca definirá su próxima jugada, entonces llegará el momento de una evaluación con ganadores y perdedores. Mientras tanto, si bien es cierto que la movilización campera no mostró demasiada garra, también lo es que nadie juega en un entrenamiento como en una final de campeonato. Conviene no equivocarse: Biolcati aspira a construir ese rango de tensión política, y el gobierno apuesta a evitarlo. Entonces, la pregunta por la “evaluación fantasiosa” se corre en dirección al motivo del enfrentamiento entre los terratenientes y el gobierno K: el techo de la tributación del sector, el límite parlamentariamente “tolerado” para el impuesto inmobiliario rural.
En teoría pura todos quieren pagar lo menos posible. Pero si para lograrlo es preciso invertir tiempo y esfuerzo en enfrentar las políticas públicas cortando la ruta, la cuenta se complejiza. La pasión política opositora –a juzgar por los golpeadores de cacerolas en Libertador y Coronel Díaz– no logra despegar. Los argumentos exhibidos por algunos manifestantes –incluido el rango de violencia directa contra la prensa “oficialista”– están más cerca del bochorno que de electrizar a la sociedad argentina. Y si algo exhibieron las asambleas rurales fue un tono más informativo –salpicado de virulencia discursiva de las direcciones– que de firmeza opositora. La nacionalización de la protesta obtuvo rechazos varios, sociedades rurales que decidieron no plegarse. Los productores de San Andrés de Giles y de la provincia de Chaco cuestionaron la medida y lo mismo hizo la Sociedad Rural de Catamarca. Francisco Sotomayor, su presidente, aseguró que no adhirió a la convocatoria de la Mesa de Enlace, a la que cuestionó por “generalizar” la protesta.
Un partido resulta particularmente sensible a esa coloratura política: la UCR. De su comportamiento se puede inferir, al menos, que una cosa es no votar el revalúo inmobiliario y no indisponerse con los grandes propietarios de tierras bonaerenses –después de todo de sus faltriqueras salen los dinerillos para la campaña electoral, al menos en parte– y otra militar para extender el enfrentamiento. En 2008, el radicalismo y Elisa Carrió fogonearon el clima furibundamente anti K. Hoy, el silencio es la norma.
En este punto la pregunta final contiene la clave del problema: ¿la Mesa de Enlace intenta volver a convertirse en dirección política de la “oposición”? La respuesta es sí, lo intenta. Para que tal cosa suceda es preciso reproducir el 2008, lo que no pareciera demasiado sencillo. Sobre todo, porque la situación internacional con su secuela de miseria evidente fija un límite muy preciso. Y si bien la libertad de suicidarse forma parte del conjunto de libertades implícitas de las sociedades organizadas, los dispositivos para ponerla en marcha (pensemos en el Berlín de Adolf Hitler en 1945) no se corresponden con la realidad argentina, salvo en las triviales lecturas de Alfredo De Angeli. Algo le quita el sueño a la Mesa de Enlace: el oficialismo para conservar su poder en diputados debe renovar una veintena de bancas en el 2013; nadie ignora que lo hará, por tanto temen que si volviera a crecer, sumados sus aliados, llegaría a disponer de la mayoría especial requerida para convocar a una reforma constitucional. Y esa es la última ratio de Hugo Biolcati, y de la derecha antidiluviana argentina.
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