La diputada Marcela Pagano denunció que unas 29 toneladas de carne 🥩 y embutidos compradas para la Quinta de Olivos habrían sido desviadas al emprendimiento Pancitos Caseros. Según la presentación, el negocio está vinculado a Analía Agudiez, responsable de la cocina de la residencia, hermana de María Belén Agudiez y pareja de Osvaldo Javier Sosa, intendente operativo de la Quinta.
Pagano también denunció que entre los proveedores de la Presidencia aparece un jubilado 👴🏻 de un barrio carenciado, sin vivienda ni patrimonio, a cuyo nombre se habrían facturado más de 600 millones de pesos. “¿Alguien cree que esa plata la cobró él?”, planteó la diputada, que sostuvo que habría sido utilizado como prestanombre en contrataciones vinculadas a Olivos.
Otra denuncia de Pagano apunta a una licitación por 700 millones de pesos para el mantenimiento de los espacios verdes de Olivos y la Casa Rosada. Fue adjudicada a La Mantovana y Grub, firmas vinculadas, según la presentación, a Franco Castelli. La diputada pidió investigar si Castelli es primo de María Belén Agudiez, entonces subsecretaria de Planificación General y funcionaria de confianza de Karina Milei.
En medio de las denuncias, el Gobierno formalizó la renuncia 🚪 de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General, dependiente de la Secretaría General que conduce Karina Milei y con funciones vinculadas a la Quinta de Olivos. El Gobierno no vinculó oficialmente su salida con las presentaciones judiciales. El manejo de la residencia será transferido a la Casa Militar.
La denuncia por el manejo de fondos y recursos de la Quinta de Olivos quedó en manos del juez Ariel Lijo. La presentación de Pagano pide investigar presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció una “creciente militarización 🪖 del Gobierno” tras el despido de 14 trabajadores civiles de la Quinta de Olivos, que realizaban tareas de jardinería, administración, limpieza, mozos y cocina, y su reemplazo por personal militar. “Es preocupante que puestos administrativos en áreas claves del gobierno comiencen a ser ocupados por militares”, advirtió.
El exjefe de Gabinete, el deslomado Manuel Adorni, finalmente presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita un escrito 📄 para responder las 20 preguntas pendientes sobre su patrimonio, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Atribuyó buena parte de sus ahorros a la venta de bitcoins por 591.544 dólares, que aseguró haber guardado durante años en efectivo. Su defensa sostuvo que el matrimonio decidió “vivir como si no los tuviera”. 🤔
Para respaldar las operaciones con criptomonedas, Adorni identificó ocho billeteras virtuales 🪙 y presentó un acta de escribano que certifica que posee sus claves privadas. Según su descargo, vendió los bitcoins en encuentros personales, recibió los dólares en efectivo y los compradores no quedaron identificados. El dinero no habría pasado por el sistema bancario y permaneció guardado en su domicilio.
El multipropietario Adorni también respondió por la vivienda que compró en el country Indio Cuá. Afirmó que pagó 120 mil dólares mediante un préstamo hipotecario y un crédito en efectivo. Sobre las refacciones, negó que hayan costado 245 mil dólares y presentó una pericia de parte que las valuó en alrededor de 175 mil dólares. 💰 La Fiscalía había incluido la propiedad y las obras entre los puntos que debía justificar.
En su descargo, el multipropietario Adorni 🏠 atribuyó a una “brecha residual” la diferencia de alrededor de 43 millones de pesos detectada entre los ingresos y gastos declarados por él y su esposa, Bettina Angeletti, y negó que constituya un incremento patrimonial injustificado. Ahora, Pollicita deberá evaluar si las explicaciones alcanzan, pedir nuevas medidas de prueba o avanzar con un llamado a indagatoria.
Publicado en:
INFOSIBERIA N° 2587
Martes 22 de septiembre de 2026
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