Remarcaciones "preventivas" se blanquearon en una reunión con el sector
Una pelea política por el alimento
Resaltaron los casos de Molinos Río y Mastellone, con subas de hasta 60 por ciento. El Gobierno vuelve atrás los incrementos.
Por Leandro Renou
22 de marzo de 2022
Imagen: Sandra Cartasso
Algo más de una hora duró la reunión que mantuvieron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con las grandes empresas de alimentos y dueños de supermercados. En el encuentro se expusieron las alzas especulativas de precios que adelantó Página I12 este domingo, y quedó plasmada así una de las batallas centrales que el Gobierno Nacional tendrá en el camino de intentar domar una inflación desbocada: una pulseada política con una parte del poder económico que, en un contexto de guerra y rebrote de precios, reaccionó acelerando tensiones en las góndolas. El primer dato: en el careo, se mostraron casos de alimentos con subas de 30 y hasta 60 por ciento en la previa al anuncio de medidas contra la inflación por parte del Presidente Alberto Fernández. Los empresarios adujeron "algún error en las listas" y el Gobierno les pidió volver atrás esos precios a nivel del 8 de marzo.
Cerca de las 10 de la mañana, se sentaron con los funcionarios el presidente de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja, directivos de algunas de las marcas líderes del sector y, en la otra esquina, los popes del supermercadismo nucleados en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). La primera postal de ese encuentro ya contextualiza lo compleja que será la pulseada para el Gobierno. Si bien participó Funes, las empresas Unilever, Procter and Gamble, Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza (AGD), Mastellone y Coca Cola, entre otras, mandaron a un evento que el Ejecutivo entendió como relevante, a segundas y terceras líneas. Eso quedó más en evidencia por la manera en la que jugaron los del sector retail. Pusieron en las sillas a 5 de los 6 ceos de los supermercados grandes, entre ellos Carrefour, Coto, Día, Súper Chango Más (ex Walmart) y La Anónima.
En la mesa, extensa, el Gobierno pidió colaboración en un contexto complejo y aclaró que todos aquellos que aumentaron sin justificación, deberán retrotraer los valores al 8 o 10 de marzo. Y que habrá 24 horas para revisar casos puntuales y descargos de las empresas. "Pudo haber un error, vamos a revisar las listas", gambeteó el enviado de Molinos Río de la Plata, la alimenticia de la familia Pérez Companc, ante una evidencia directa que le mostraron: subas previas a los anuncios de hasta 60 por ciento, sobre todo harinas. Lo propio ocurrió con la láctea Mastellone, en leches fluidas.
Allí intervino Funes, quien se mostró dispuesto a negociar y apoyar, pero citó sus excusas del caso. Se quejó de las advertencias de la aplicación de la Ley de Abastecimiento que el fin de semana hizo Kulfas en una entrevista con Futurock. Y también mencionó la existencia de subas en fletes y problemas en los puertos, que habrían pegado en los aumentos antes mencionados. Lo cierto es que los alimentos, según el IPC de febrero del INDEC, subieron 7,5 por ciento cuando la guerra en Ucrania aún no pegaba, tarifas congelas, aumento de naftas no aplicado y cero impacto de paritarias.
Algunas alimenticias, fuera de micrófono, admiten que no hay razones ciertas para las subas, más que los costos de reposición. Eso, en pocas palabras, quiere decir que "estamos tratando de recuperar lo que perdimos en la pandemia, vendiendo ahora que hay demanda". En la mesa con el Gobierno, se plasmó del lado oficial que los balances de las alimenticias, que volvieron a reportar ganancias, no cuentan con esos datos que se esgrimen como justificación de las alzas. "Todo lo que quieran, pero no hay márgen social para estos aumentos injustificados", disparó el secretario Feletti.
En este contexto, el Gobierno nada en aguas profundas con tiburones, complicado por dos factores: el primero, un gabinete económico que tiene matices respecto a cómo proceder en la relación de poder con el establishment. En segundo lugar, una disputa con jugadores que hace tiempo juegan con los precios. Un caso, el de Molinos Río: a mediados del 2018, el gobierno de Mauricio Macri le condonó a la empresa una deuda de 70 millones de dólares por gravámenes impagos a las exportaciones. Unos días después, un Macri jaqueado por la inflación y con el dólar disparado, convocó a alimenticias a Olivos para pedirles que no suban más los precios. Molinos sentó, en aquel entonces, al directivo Amancio Onetto, que se comprometió con el ex mandatario a frenar subas. Pero días antes, la firma ya había aumentado entre 15 y 20 por ciento. Hoy, la historia se repite. Y este caso es replicable, en mayor o menor medida, al resto de las compañías que remarcaron, entre ella AdeccoAgro, Coca Cola y Molino Cañuelas.
No es la primera vez que, en los últimos días y desde que muestra debilidades políticas internas, se le rebelan al Gobierno sectores del poder económico en pleno combate a la inflación. El caso previo fue la decisión del consorcio cárnico ABC de quitar de las góndolas los 7 cortes populares acordados. Cuando el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, amenazó con cerrarles las exportaciones, retrotrajeron la deciisón en cuestión de minutos. El otro frente de conflicto es el del agro: aún sin haberse tocado las retenciones al campo primario y sí a la agroindustria, la Mesa de Enlace les pidió una reunión a la mesa política de Juntos por el Cambio para subirse a un conflicto que no los tiene como actores afectados.
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https://www.pagina12.com.ar/409690-una-pelea-politica-por-el-alimento
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