Por Martín Granovsky
Los silencios también pueden ser estruendosos. Avanza la discusión pública sobre el debido proceso y el Estado de Derecho en casos de resonancia pero la Corte Suprema sigue callada. Calla en sus opiniones colectivas o individuales. En sus fallos. En sus acordadas. En sus resoluciones. Y hasta en los trascendidos que otras veces dejó correr. La extrema falta de definiciones cobra una dimensión institucional todavía mayor después de la revelación de Carlos Pagni en su programa Odisea Argentina. Callar, para la cúpula de uno de los tres poderes del Estado, también es una definición. La Argentina sigue en peligro.
Pagni cuestionó muchas veces en público, por TN o en sus columnas de La Nación, el revoleo de prisiones preventivas por parte de los jueces. También cuestionó la promiscuidad entre Justicia y servicios de inteligencia en tiempos de Carlos Menem, de Néstor y Cristina Kirchner y de Mauricio Macri.
La novedad del lunes último es que Pagni sumó un dato sobre el diario donde escribe. Dijo: “Los jueces de Comodoro Py empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y violatorio de las prisiones preventivas cuando el diario La Nación estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales que eran responsables de la impunidad del kirchnerismo”. Entonces, “varios magistrados pensaron que debían producir una noticia para desplazar esa tapa, y metieron preso a Ricardo Jaime”. Según Pagni, “la opinión pública y la prensa es lo que hizo que contrafóbicamente sobreactuaran los jueces con las prisiones preventivas”, como si fuera “una contracara de la impunidad que disfrutó su propio equipo cuando ellos estaban en el poder”.
Un rastreo en el archivo permite dar con la principal noticia de La Nación del domingo 3 de abril de 2016. Título: “Ricardo Jaime se convirtió en el primer detenido del kirchnerismo por corrupción”. Foto: Jaime con chaleco antibalas, escoltado por miembros de la Policía Federal. Comienzo de la nota, fechada en Córdoba: “Al grito de ‘ladrón’, ‘corrupto’ y ‘devolvé la que te robaste’, el ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime salió esposado y con un chaleco antibalas de la delegación de la Policía Federal de esta ciudad. Eran las 13.20 de ayer cuando subió a un móvil de Gendarmería y emprendió el viaje por tierra a la Capital Federal”. Agregaba la nota que el lunes 4 a primera hora Jaime prestaría declaración ante el juez Julián Ercolini en la causa por la compra de trenes usados a España y Portugal. Informaba que el viernes 1° de abril Ercolini había enviado un exhorto a Córdoba para que el juez Ricardo Bustos Fierro detuviera a Jaime y lo enviara a Buenos Aires. La Nación consigna al final declaraciones de Andrés Marutian (de paso, aunque no esté en la nota, defensor de Jaime tras haberlo sido del dictador Roberto Viola) en las que indica que Jaime ya tenía pasaje aéreo para viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presentarse a indagatoria el martes 5.
La teoría contrafóbica de Pagni es muy discutible. Si fuera cierto que hubo impunidad, lo contrario no es la violación del proceso legal sino, sencillamente, la administración de justicia. Más allá de las tapas. De La Nación o, si se diera el caso, de Página/12.
El tema de fondo es ése, el de violación del debido proceso en la Argentina. Incluso cuando afecta los derechos de una persona que, como Jaime, no aparece en los reclamos del propio kirchnerismo.
El actual interventor en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández, hizo una aproximación penal en Twitter: “Entendí bien? Pagni acusó a los dueños del diario LN de instigadores a cometer delitos contra la libertad personal en concurso ideal con el prevaricato”. Traducción: presunta complicidad entre los propietarios de La Nación y jueces para que alguno de éstos incurra en el (definición de “prevaricato” en el Diccionario de Ciencias Jurídicas de Víctor di Santo) “incumplimiento malicioso o por ignorancia inexcusable de las funciones públicas que se desempeñan”. Sería una “injusticia dolosa o culposa cometida por un juez o magistrado”.
Alejandro Rúa, el abogado que defendió a Cristina Fernández de Kirchner y a Héctor Timerman y ahora es el letrado de Amado Boudou, dijo en el programa radial “Lo peor ya pasó” que debe prestarse atención a un acuerdo de la Corte Suprema del 26 de diciembre pasado. Trató sobre el caso de Liliana Vázquez y Lucía Cecilia Rojas, condenadas por la Justicia misionera. Una llevaba 14 años de cárcel sin sentencia firme. La otra, 11. La Corte ordenó liberarlas.
Dijo el máximo tribunal: “Esta Corte Suprema considera oportuno recordar (...) que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le reprochan, hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme (...).”
El 26 de diciembre ya había terminado la Era Macri, tal vez la etapa no dictatorial más profusa desde 1983 en violaciones de las garantías individuales de los presos que fueron funcionarios y de los que jamás lo fueron pero sufren preventivas que son una condena de hecho.
Queda por ver en el futuro si la decisión del 26 de diciembre es una señal de cambio o un arranque fugaz. Hasta ahora, de señal no hay nada.
martin.granovsky@pagina12.com.ar
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