Sin mayores novedades que no sean la ratificación de datos económicos ya conocidos, los avances entre organizaciones gremiales y sociales para convocar a un paro general, y los episodios del show de la pseudoefedrina con la guerra inter-servicios desatada hacia dentro del PRO, las últimas noticias partieron desde el frente conformado por un sector del poder judicial y la cadena privada de los medios de comunicación oficialistas. Es más recomendable observarlas como causalidad y no simple azar, porque al fin y al cabo el efecto que se busca es tapar el sol con la mano.
Andrés Ibarra, el ministro de Modernización (vaya con el término), confirmó que habrá nuevos despidos en el Estado, luego de que lo negara el de Interior, Rogelio Frigerio. Pero hoy echar gente sin dividir capacidades ni trayectorias se llama “optimizar”. Hablar en futuro quizá no sea lo más apropiado, porque ahora mismo hay unos 200 despedidos en el Ministerio de Educación y unos 800, algunos reincorporados, en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) que volvió a conducir el capataz Gerónimo “Momo” Venegas. La participación de los trabajadores en el PBI caerá unos tres puntos este año, junto con un descenso de casi el 8 por ciento en el poder de compra asalariado, según estimaciones de los institutos que auspician CGT y CTA. Todo esto sin contar que la inflación calculada sólo alcanza a los hogares donde el jefe de familia es un trabajador registrado, y que no llega al 35 por ciento del total. Los ganadores se limitan a las grandes compañías agroexportadoras, financieras y de alimentación, más algunos grupos industriales. A su turno, el ministro de Energía presentó la propuesta de aumento de los precios del gas que llevará a la audiencia pública el próximo viernes. En resumidas cuentas, rebajan lo que les pagan a las petroleras en boca de pozo y la tarifa residencial promedio –no la de industrias y comercios– se incrementará en un 200 por ciento, pero sin tope. Aun así, lo mágico es que plantean esa rebaja como si el tiro previo hubiera sido una simple torpeza y no lo obvio de que si pasaba, pasaba. En simultaneidad, y algo lejos de las conferencias de prensa frecuentes que se cansó de prometer, Macri aprovechó su visita a China para revalidar el abandono de otro compromiso de campaña. No se puede “sincerar” la economía y crecer al mismo tiempo, afirmó, y trasladó a la temporada que viene la probabilidad de que Argentina mejore. En rigor, habló de un proceso –vaya la palabra, nuevamente– que “llevará años”. El segundo semestre ya había pasado a mejor vida. De alguna parte que se desconoce sacó que el país viene estancado desde 2012, y adujo que su prioridad es resolver el trabajo de los argentinos mientras reconocía que durante su gestión ya se perdieron entre 70 y 100 mil puestos laborales. Y si no gusta “que vayan a buscar a David Copperfield a Las Vegas”, agregó.
Como el escenario económico no da muestras de recuperación y Macri remite al paradero del mago, la coalición judicial y mediática que es parte inescindible del poder político dio nuevas pruebas de una avanzada de doble vía: la distracción propiamente dicha, que centra el ataque en reducir casi todo aspecto al legado kirchnerista; y la determinación de mostrar que, cuánto más complicadas se pongan las cosas, más profundizarán sus arremetidas. La semana arrancó con el fallo de la Corte revocando, por unanimidad, la suspensión del tarifazo eléctrico en la provincia de Buenos Aires. En verdad, y como lo resumió inmejorablemente un título de Página/12, el fallo cortesano rebotó a los demandantes pero no a la demanda. Arguyó que quienes promovieron la medida no muestran estar en condiciones de representar a un sujeto colectivo más amplio, y devolvieron el trámite a primera instancia. De ese modo le dieron aire al Gobierno, lo cual fue reconocido en uno de los encabezados más impresionantes de la prensa oficialista. Titularon que Macri hizo los deberes y que entonces la Corte (le) cumplió, tras el tirón de orejas propinado por las desprolijidades en el tarifazo del gas. Semejante lectura habla, en primer lugar, de cuál es la fe republicana de los parlantes macristas acerca de la división de poderes. No se recuerda que alguna vez el periodismo adscripto al Gobierno haya blanqueado, con esa explicitud, la necesidad de que el oficialismo sea un tanto más atildado para consumar los intereses del bloque dominante. De lo contrario, los amigos de la Corte se verán obligados a pegar un coscorrón de tanto en tanto y eso no es bueno. A la par, el fallo revela lo apresurado de algunas visiones, excesivamente optimistas, cuando los supremos ordenaron que se convoque a audiencia pública para seguir adelante con el tarifazo gasífero. Por lo pronto –y como también lo recordó Mario Wainfeld en este diario– es inevitable cotejar la complacencia extrema que tuvo la Corte con las cautelares otorgadas al Grupo Clarín, durante el proceso de la ley de medios audiovisuales, y la severidad que le dispensó a un diputado justicialista, la Defensoría del Pueblo bonaerense y el Club 12 de Octubre, de Quilmes, que habían promovido la acción judicial. Dime cuánto poder tienes y te diré cuántas cautelares te concedo. Que de paso, y como asimismo resalta el colega, queda un mensaje para los organismos de defensa del consumidor, las pymes, las agrupaciones que las expresan, los clubes de barrio, las cooperativas, las empresas recuperadas, las organizaciones sociales: “Para pleitear o defender derechos constitucionales, en el espacio público, es forzoso amucharse, unirse, afinar los reclamos”. La Corte, con la única excepción de Elena Highton de Nolasco, tampoco se privó de un señalamiento que quienes tienen experiencia tribunalicia juzgan inédito. Los supremos directamente ofendieron a la jueza Martina Forns, que había suspendido los aumentos a nivel nacional y remitido el expediente al máximo tribunal. Por un divergencia interpretativa, la cuestionaron se diría que con fruición. Forns comete el pecado de pertenecer a la agrupación Justicia Legítima, que nuclea a jueces y abogados opuestos a las andanzas de sus pares conservadores.
Si de andares de la alianza política, mediática y judicial se trata, empero, nada se compara al texto publicado en Clarín y La Nación con las firmas de lo más rancio del pensamiento reaccionario. No faltó prácticamente nadie en el reclamo de que el juez federal Daniel Rafecas sea removido, por desestimar la bochornosa denuncia de Alberto Nisman sobre el acuerdo entre Argentina e Irán y el encubrimiento terrorista de Cristina. Varias de esas rúbricas figurarían con tranquilidad en una solicitada de apoyo a Videla. En todo caso, se sumaron algunos periodistas de lejanísimo pensamiento progre que hoy militan, hasta sobreactuadamente, en las huestes de la derecha corporativa. Y frente al brulote publicado sí que no hay duda posible sobre su carácter de inédito, porque sin prurito de naturaleza alguna exigen la remoción de Rafecas con una prosa y sentido de corte dictatorial pornográfico. Los firmantes callan sobre el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA, que está en curso sin la menor atención mediática y en el que, entre otros, comparecen funcionarios del menemato; el ex juez Juan José Galeano; el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, y el comisario Jorge Palacios, El Fino, de íntima relación con Macri. El récord de lo impactante, si cabe la figura, es que el fallo de Rafecas que desestimó la denuncia de Nisman fue ratificado por los camaristas de la Sala I. En otras palabras, no sólo se está ante el pedido de derrocamiento de un juez sino que ni siquiera se preocuparon por guardar formas que se ajusten a Derecho o que, al menos, amplíen el arco de involucrados para no dar vergüenza ajena. Cualquiera que se tome el trabajo de revisar los antecedentes de Rafecas se encontrará con un magistrado intachable, de notable estatura académica, que entre sus deslices principales incurrió en el de investigar delitos de lesa humanidad por la venta de Papel Prensa. A la corta o a la larga, eso no se perdona y la solicitada de los cruzados así lo expresa. La buena noticia es que el libelo, abundante en reiteraciones terminológicas y otros errores sintácticos (sería esperable que al menos se tomaran la dedicación de redactar bien), despertó una reacción inmediata desde varios organismos y personalidades democráticos. Son esos bienvenidos reflejos que casi nunca faltan en una sociedad de actores sociales intensos.
Está claro que cuestiones así no forman parte de las preocupaciones cotidianas de las mayorías. Es una batalla de los sectores intelectualmente más significativos. Pero todo aporta, cuando es asunto de oponerse y desenmascarar a quienes activan en la banda de quienes sí corroen a la llamada gente del común. Tienen en marcha una ofensiva de venganza, y no vale el lamento de que estaba anunciada.
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