Kilmar Abrego García se reúne brevemente con el senador estadounidense Chris Van Hollen en El Salvador el 17 de abril de 2025. [Photo: Chris Van Hollen]
Una nueva demanda alega que Kilmar Abrego García, residente de Maryland de 29 años, fue torturado en la megaprisión CECOT en El Salvador después de ser deportado ilegalmente por la administración Trump en violación de una orden judicial federal emitida en 2019. El tribunal había prohibido su remoción sobre la base de que enfrentaba amenazas de muerte por parte de pandillas criminales en su país natal, tras negarse a unirse a ellas.
Después de meses de obstrucción, Abrego García fue devuelto abruptamente a Estados Unidos el 6 de junio tras una creciente ola de oposición pública a la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Trump.
CECOT, siglas de “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, es una prisión de máxima seguridad que se describe con mayor precisión como un campo de concentración. Está dirigida por el presidente autoritario de El Salvador, Nayib Bukele, un estrecho aliado de Trump. De los más de 250 hombres deportados allí por el gobierno de EE. UU. en marzo pasado, la gran mayoría nunca ha sido condenada por ningún delito y fueron expulsados forzosamente luego de que Trump invocara fraudulentamente la Ley de Enemigos Extranjeros.
La megaprisión conocida como Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, 5 de marzo de 2023. [AP Photo/Salvador Melendez]
Según la demanda, al llegar a El Salvador, le dijeron a Abrego García: “Bienvenido a CECOT. Quien entra aquí no sale”. Luego fue obligado a desnudarse, se le entregó ropa de prisión y fue objeto de abuso físico, incluyendo patadas en las piernas con botas y golpes en la cabeza y los brazos para que se cambiara más rápido. Después de raparle la cabeza, fue arrastrado a su celda mientras los guardias lo golpeaban con porras de madera. Al día siguiente, presentaba moretones y hematomas visibles por todo el cuerpo.
La demanda también alega que Abrego García fue obligado a arrodillarse de 9 de la noche a 6 de la mañana, recibiendo golpes por parte de los guardias si colapsaba de agotamiento. Esta práctica, combinada con luces encendidas las 24 horas, le causó una severa privación del sueño. Entre otras denuncias figuran inanición deliberada —perdió 30 libras (13,6 kilogramos) en solo dos semanas—, falta de acceso a servicios sanitarios y amenazas de los funcionarios penitenciarios con trasladarlo a celdas con pandilleros que, según ellos, lo “destrozarían”.
Detenidos venezolanos, CECOT [Photo: El Salvador Presidential Press Office]
Si las acusaciones son ciertas —como sugieren múltiples organizaciones de derechos humanos— estos abusos constituirían violaciones flagrantes de la Octava Enmienda de la Constitución de EE. UU., que prohíbe los “castigos crueles e inusuales”. De hecho, Human Rights Watch y la ACLU han documentado que las torturas y los tratos inhumanos en CECOT parecen formar parte de un sistema rutinario, no de incidentes aislados, lo cual refuerza preocupaciones confiables de que las denuncias de Abrego García reflejan una barbarie institucionalizada.
El trato recibido en CECOT recuerda a las cámaras de tortura de Guantánamo —ampliadas rápidamente bajo Trump— y Abu Ghraib, donde los detenidos fueron sometidos a métodos similares y retenidos ilegalmente por el ejército estadounidense. La diferencia clave es que hoy las víctimas son personas provenientes del propio Estados Unidos.
Si la mentira fascista de Trump de que los inmigrantes son un “ejército invasor” fuera cierta —lo cual no lo es—, su tratamiento de los mismos constituiría un crimen de guerra bajo el derecho internacional.
Los Convenios de Ginebra prohíben explícitamente la “violencia contra la vida y la persona, en particular el asesinato de todo tipo, mutilaciones, tratos crueles y torturas” de combatientes capturados. También prohíben “atentados contra la dignidad personal, en particular tratos humillantes y degradantes”.
Tanto el gobierno de Bukele en El Salvador como la administración Trump desafiaron una orden judicial federal que prohibía la deportación de Kilmar Abrego García y luego obstaculizaron su regreso a Estados Unidos. La demanda señala que altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional —incluyendo a la fiscal general Pam Bondi, la secretaria del DHS Kristi Noem, la cuenta oficial del DHS en X (antes Twitter), entre otros— desobedecieron abiertamente los fallos tanto del tribunal federal de distrito como de la Corte Suprema de EE. UU. Esta negativa coordinada a cumplir con las órdenes judiciales demuestra el desprecio abierto de la administración Trump por el estado de derecho y su impulso autoritario para implementar deportaciones masivas.
Esta obstrucción fue impulsada en gran parte por el temor a que las condiciones dentro de CECOT se dieran a conocer al público. En un intento de controlar los daños, tanto Trump como Bukele afirmaron falsamente que Abrego García estaba “bien” en El Salvador. El gobierno de Bukele incluso publicó un video mostrando a Abrego García después de ser trasladado de CECOT a otro centro, la prisión Centro Industrial. Según documentos judiciales, Abrego García y otros cuatro detenidos fueron reubicados temporalmente en otra sección de CECOT donde se les fotografió con colchones y alimentos mejorados —una evidente maniobra propagandística destinada a encubrir las torturas y tratos inhumanos que habían sufrido.
Aunque Abrego García ha sido devuelto a Estados Unidos, la administración Trump continúa intentando deportarlo, basándose en la acusación infundada y calumniosa de que tiene vínculos con la pandilla MS-13. Hasta la fecha, el gobierno no ha presentado ninguna prueba que respalde esta acusación, incluso después de que un juez federal ordenara que lo hiciera.
Abrego García nunca ha sido condenado por ningún delito y cumplía con todas las citas de control con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta su deportación ilegal. La difamación infundada es parte de la campaña más amplia de la administración Trump para criminalizar a los inmigrantes y justificar deportaciones masivas a través de mentiras y la creación de un clima de terror.
La demanda de Abrego García sostiene que su deportación es ilegal bajo la Convención contra la Tortura (CAT), implementada en la legislación de EE. UU. a través de la Ley de Reforma y Reestructuración de Asuntos Exteriores de 1998. Esta ley prohíbe al gobierno deportar a cualquier persona a un país donde probablemente será torturada, ya sea directamente por el gobierno o con su consentimiento tácito. Esta protección legal se suma a la orden judicial federal de 2019 que ya había prohibido su remoción. En el caso de Abrego García, el criterio legal no es hipotético: fue, de hecho, torturado en el mismo país al que la administración Trump intenta devolverlo.
Trump pretende utilizar campos de concentración como CECOT y la Instalación de Entrenamiento y Transición Dade-Collier en Florida —a la que ha apodado “Alcatraz del Caimán”— no solo contra inmigrantes, sino como un aparato permanente de represión dirigido contra residentes y ciudadanos de Estados Unidos. La descripción de estas instalaciones como “campos de concentración” no es una exageración retórica, sino una definición científica precisa. Están diseñadas para detener a grandes cantidades de personas sin el debido proceso, mediante métodos de terror, violencia y deshumanización.
Ward Sakeik, la ciudadana estadounidense y reciente graduada universitaria de Texas, recientemente liberada, describió sus cinco meses de encarcelamiento en tres centros de detención de ICE, exponiendo las condiciones inhumanas del sistema migratorio estadounidense. Relató que las instalaciones estaban “extremadamente sucias, con polvo por todas partes”, y que las mujeres “se enfermaban constantemente porque todo estaba lleno de polvo”. Algunas instalaciones se mantenían heladas, mientras que otras estaban infestadas de insectos. Sakeik relató ser transportada “como ganado” y arrojada en pequeñas jaulas abarrotadas de mujeres, con un solo inodoro, desprovistas de dignidad y derechos humanos básicos.
La última ley fiscal y de gastos, llamada irónicamente “Gran y Hermosa Ley”, firmada por Trump el 4 de julio, asigna 45.000 millones de dólares para la expansión de una red nacional de campos de concentración de ICE dentro de Estados Unidos. En la ceremonia de inauguración de la instalación de Florida, que desde entonces se ha inundado, Trump dejó claro que no solo apunta contra inmigrantes, sino también contra ciudadanos. “También tenemos mucha gente mala que ha estado aquí desde hace mucho tiempo”, declaró. “No son nuevos en nuestro país, son viejos en nuestro país. Muchos de ellos nacieron en nuestro país. Que se larguen de aquí también”.
(Artículo originalmente publicado en inglés el 6 de julio de 2025)
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