No es fácil determinar si el programa económico transita a la deriva por simple impericia del Gobierno o si detrás de una crisis cada vez más peligrosa existe una intencionalidad oculta. Aquella expresión de Mauricio Macri que en su momento pareció pura ignorancia, cuando sostuvo que los patriotas sintieron angustia al declarar la independencia en 1816, empieza a resignificarse a la luz de los acontecimientos. No solo para pequeñas y medianas empresas de sectores sensibles, que han comprobado hace tiempo la impronta neocolonial de las autoridades, sino también entre grandes conglomerados fabriles. La duda se ha instalado en referentes de la burguesía “nacional”, que ven cómo el proyecto del cambio que ellos suponían que venía simplemente a disciplinar a la clase trabajadora, a limpiar de populismo el reparto de la torta nacional, de pronto los ubica en la mira de un tirador más grande. Se lo preguntan en Techint, en Aluar, en Ledesma y en las empresas de la patria contratista que se sorprenden con sus ejecutivos encarcelados mientras ven cómo las acciones de sus compañías se derriten en Wall Street. Se espantan al comprobar que fondos buitre están comprando esos papeles a precios de remate para volcarse sobre ellos en cuanto tengan oportunidad. Conocen como opera la Task Force Argentina, el grupo de tareas que litigó contra el país y demonizó a Cristina Fernández de Kirchner. Saben de los manejos de Paul Singer, a quien alentaban años atrás como un aliado circunstancial para desbancar el proyecto nacional y popular. Y saben que detrás de Singer estaban el aparato judicial y político estadounidense. ¿La crisis de 2018 viene a completar la extranjerización de la economía y eventualmente la dolarización que se frustraron con el kirchnerismo tras el estallido de 2001, en un proyecto dirigido desde Washington, o es solo que el mejor equipo de los últimos cincuenta años era el más inoperante en cincuenta años?
La política en comercio exterior, por ejemplo, aporta elementos para ambas hipótesis. Desde la racionalidad económica, resulta incomprensible que el Gobierno mantenga la apertura importadora cuando existe un faltante de dólares cada vez más asfixiante, a la vez que propicia el desplazamiento de producción nacional por productos extranjeros en medio de una recesión aguda. Yendo a los hechos, sectores empresarios aseguran que desde que se aprobó el acuerdo con el FMI se congeló la aprobación de medidas antidumping que actuaban como una de las pocas barreras de protección frente a mercaderías importadas. No solo eso, sino que se han implementado mecanismos burocráticos que dificultan aún más las posibilidades de defensa de las industrias nacionales. Para pedir la prórroga de un antidumping, explican en una de las cámaras fabriles, ahora hay que presentar toda la documentación por mesa de entrada del Ministerio de Producción. Cuando el expediente finalmente llega a la Comisión Nacional de Comercio Exterior, la empresa demandante debe regresar a esa cartera para abrir el sobre, notificarse que la denuncia fue recibida y recién entonces queda confirmado el pedido para iniciar el proceso de aprobación o desestimación. Son reglas nuevas dentro de un entramado kafkiano cuya única finalidad pareciera ser la demora interminable de los trámites mientras las importaciones siguen adelante.
Más notable aún es que el filtro para la aprobación se ha hecho más exigente. Fue resonante en la Unión Industrial Argentina el caso de Ledesma de pocas semanas atrás. La empresa que solía obtener el visto bueno de las autoridades para resguardar sus productos sin mayores dificultades recibió una negativa a la continuidad de un antidumping que bloqueaba el ingreso de papel estucado desde la Unión Europea. El papel estucado de ese origen es considerablemente más económico que el nacional. Se utiliza para folletería, revistas y en distintos eslabones de la industria gráfica. La respuesta que recibió la empresa de la familia Blaquier fue que su mecanismo de producción resulta obsoleto. La acusaron de ineficiente y le aconsejaron que encare un proceso de reconversión de sus plantas fabriles, en un trato que suelen recibir las pymes desde que gobierna Cambiemos, pero no una de las empresas que se suponía encolumnada con la fuerza gobernante. Ledesma estaba acostumbrada a la renovación casi automática del antidumping cada cinco años. El rechazo a la protección aduanera resulta un golpe difícil de asimilar en este segmento de su negocio.
Una situación similar se acaba de producir con Ferrum, que detenta el 95 por ciento del mercado de sanitarios. Desde hacía quince años tenía un antidumping contra productos de México y China, que también fue eliminado. La empresa pidió audiencia con el ministro de Producción, Dante Sica, para plantear el daño que esta decisión provocará en niveles de producción que ya venían en baja por la caída de la construcción. Más allá de si el Gobierno tenía razones o no para resguardar a la compañía o si las trabas a las importaciones estaban provocando perjuicios indebidos a los consumidores, la señal que decodifican industriales argentinos es que el proceso de liberalización importadora tiende a profundizarse en el momento más delicado. En la misma línea, Techint nunca quedó conforme con la protección que le terminaron asignando frente a la competencia china para la provisión de caños en las obras de gasoductos troncales en Córdoba, en otro caso testigo de la pulseada entre libre comercio o administración del comercio. El Gobierno nacional finalmente laudó en ese conflicto entre el holding y la provincia con la determinación de un caso de amenaza de daño, una de las categorías de limitación de importaciones más endebles.
“No hay una alianza de Cambiemos con segmentos concentrados del empresariado industrial tradicional. Su alianza es con los bancos y con sectores agropecuarios. El Gobierno permite que se erosionen los activos de empresas líderes, que quedan expuestas ante empresas extranjeras que pueden venir a comprarlas frente al agravamiento de la crisis. Está claro que su proyecto no es el desarrollo productivo ni la soberanía del país”, analiza un dirigente fabril, aunque reconoce que varias de esas empresas tampoco tienen un comportamiento que busque resguardar el interés nacional, sino la defensa de privilegios, las prácticas monopólicas y la cartelización.
En ese delicado equilibrio, los industriales extrañan al kirchnerismo, aunque los grandes empresarios jamás lo reconocerán en público por el peso de sus concepciones ideológicas, así como los jubilados que votaron al Gobierno que afectó sus ingresos lo siguen avalando, en tanto piden que metan presa a la presidenta que les permitió acceder al derecho al retiro por medio de la moratoria. Durante el kirchnersmo si un caso era gris, la decisión generalmente era a favor de conceder la protección arancelaria o paraarancelaria. Se utilizaban las herramientas más efectivas de resguardo para la producción local. Por ejemplo, el instrumento habitual era la imposición de márgenes de antidumping, con una carga arancelaria mayor, en lugar de márgenes de daño, que asigna una menor protección. Con el gobierno actual se invirtió el criterio, ahora lo más usual cuando otorga un antidumping es que sea con margen de daño. El oficialismo también ha bajado a su mínima expresión la fijación de valores criterio, con un piso de precio de importación, que es un instrumento avalado por la OMC. Por esa razón, el gobierno anterior era proactivo con las cámaras empresarias para la implementación de esa herramienta. Otra de las diferencias notables es que Cambiemos dejó de suministrar información detallada sobre los productos que ingresan al país desde mediados del año pasado, con lo cual a las empresas argentinas se les dificulta proyectar sus niveles de producción frente a las necesidades del mercado. Esa falta de transparencia esconde las dimensiones precisas de la avalancha importadora.
Una de las pocas justificaciones que dan en ámbitos empresarios al congelamiento de las medidas antidumping es que el Gobierno argumenta que está negociando acuerdos con China, entre ellos el canje de monedas (swap) por 4000 millones de dólares, que recién se aprobarían en noviembre. “Hasta noviembre nos dijeron que no se va a mover nada para no afectar los convenios con China”, sostienen en una de las cámaras. Más allá de esa cuestión, está claro que el proyecto de Cambiemos no es la producción nacional. Patria no, colonia sí, podría ser su lema.
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