Desde 1983, los argentinos fuimos construyendo y sellando un pacto democrático que, alrededor del respeto irrestricto del estado de derecho, nos permitiera la convivencia y la resolución pacífica de los naturales conflictos de una sociedad.
Ese acuerdo democrático, muchas veces implícito y en algunos casos explicitado, contenía el compromiso de dejar de lado la violencia política, respetar la legalidad (principio que se mantuvo aún en los procesos a los máximos responsables de la violación sistemática de derechos humanos), no judicializar la política, respetar la división de poderes y desterrar toda forma de persecución.
Con su más o con sus menos, puede decirse que todos los gobiernos que se sucedieron desde el 10 de diciembre del 83 en adelante, no alteraron estas reglas básicas. ¿Que hubo excepciones? Es cierto que las hubo. ¿Y que hubo excesos? Como el caso del 19 y 20 de diciembre de 2001, también es cierto. Pero toda vez que se produjeron esos desvíos, la sociedad y el sistema político reaccionaron para rechazarlos y condenarlos.
No llegamos al estado de una democracia superior porque quedaron materias pendientes, entre las que podemos mencionar: una mayor pluralidad informativa y una justicia desligada de los poderes dominantes. Pero lo que falta no inhabilita todo lo que ganamos en materia de ampliación de derechos y de ejercicio pleno de las libertades públicas. Hoy ese pacto democrático está en peligro. Sencillamente porque desde diciembre del 2015 se ha impuesto, en las relaciones de poder y de carácter institucional, la lógica de la extorsión mafiosa.
La articulación de intereses oscuros entre sectores judiciales, mediáticos y gubernamentales ha dado lugar a que el estado de derecho desaparezca como continente y contenido de las relaciones sociales e institucionales. Se quieren imponer falsos consensos a través de aprietes, intimidaciones y amenazas de vindictas públicas.
Voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir: cada vez que el gobierno tiene una necesidad electoral o de imponer (como ocurre en estos días) políticas que retrotraen a escenarios de expoliación y saqueo de las mayorías populares, aparece la Dra. Elisa Carrió amenazando al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, con un juicio político, que nunca termina de concretar, por actos de corrupción.
Esto dispara que el titular de la Corte, como ocurrió en los últimos días, mueva su alfil, el Dr. Martín Irurzun, que hoy maneja dos salas de la Cámara Federal, para que dicte una jurisprudencia contraria al principio de inocencia y el debido proceso. Algunos jueces inmediatamente se alinean por razones de afinidad ideológica o de intereses. Y otros, como fue el caso de Ariel Lijo, sencillamente porque también ceden a la extorsión.
Esta metodología mafiosa se extiende a todos los niveles. Y el Gobierno y sus socios, los grupos dominantes, creen haber encontrado la herramienta eficaz para modificar la estructura social de la Argentina.
No hay nada que degrade más a la democracia que dirigentes políticos, sociales, sindicales o jueces y fiscales con miedo al poder. Somos muchos los que no estamos dispuestos a deshacer el pacto democrático que tan trabajosamente alcanzamos porque sería volver a la “ley de la selva”.
* Diputado electo-Unidad Ciudadana.
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