9 junio, 2017
Ante la negativa por parte del Gobierno de presentar la documentación oficial solicitada en el caso Avianca, el Juez Torres dispuso el allanamiento sorpresivo de oficinas en Casa Rosada, la IGJ, Aerolíneas Argentinas y otros organismos oficiales en el marco de la causa iniciada por una denuncia de los diputados Tailhade y Cabandie en la que actualmente se encuentra imputados 12 funcionarios y empresarios incluyendo al mismísimo Presidente de la Nación.
La investigación que parte del juzgado de Torres se centra en siete hechos relacionados con el manejo de la aviación por parte del Estado y van desde la adquisición de una flota para Presidencia en la que intervinieron integrantes de MacAir, a la entrega de rutas aéreas, pasando por reparaciones innecesarias realizadas por MacAir a la flota actual de LADE y contrataciones directas realizadas desde Presidencia a aviones de la firma MacAir para traslados presidenciales, entre otros ilícitos, según publicó El Disenso.
El Fiscal Jorge Di Lello, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº1, hasta el momento lleva imputados en la causa al Presidente de la Nación Mauricio Macri, al titular de SIDECO -y padre del presidente- Franco Macri, al Secretario General de la Presidencia Fernando De Andreis, al Secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana, al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; al titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan Pedro Irigoin; al Director Nacional de Transporte Aéreo de la ANAC Hernán Gómez; al director general de Logística de la presidencia de la Nación, Carlos Cobas; al titular de Avianca, Germán Efromovich; al CEO de “Avian Líneas Aéreas”, Carlos Benjamín Colunga López y al titular de “Unidos Air S.A.” Diego Martín Colunga López.
El Juez Torres le había solicitado a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, el mismo pedido de información pública presentado en julio de 2016 por el diputado Tailhade, a fin de conocer el estado de la flota aérea presidencial. El informe original solicitado por el legislador a la Dirección General de Logística del Ministerio de Transporte de la Nación, fue contestado fuera de plazo y sin especificar respuesta alguna por parte de Carlos Cobas, director del organismo y persona que difícilmente pueda desconocer el tema, puesto que antes de ocupar su actual cargo se desempeñó como gerente en MacAir Jet.
Entre las medidas dispuestas por el Juez Torres se solicitó que:
– La Secretaría General de la Presidencia informe todos los viajes aéreos realizados por Macri y otros funcionarios que utilizaron aviones de la flota presidencial, desde el 10 de diciembre de 2015 a la actualidad. Si los viajes se hubieran realizado en empresas privadas, se debe informar cuál fue el costo de cada uno de ellos. Y también deberá aportar al expediente la licitación pública destinada a la contratación de un servicio de transporte aéreo interno para viajes protocolares e institucionales.
– La Oficina Anticorrupción entregue el informe relativo a la ausencia de conflicto de intereses entre las empresas de la familia Macri y Avian.
– La Sindicatura General de la Nación envíe el informe relativo a la ausencia de conflicto de intereses entre las firmas de los Macri y Avian.
– La Dirección de Asuntos Jurídicos de “Aerolíneas Argentinas” entregue el expediente con el dictamen jurídico del 22 de diciembre de 2016, donde se explica la imposibilidad de que una empresa -cuyo accionista mayoritario sea extranjero- sea propietaria de una empresa aérea que realice servicios de cabotaje.
– El presidente de “Aerolíneas Argentinas” aporte los acuerdos de Cooperación que se hubieren suscripto con la compañía “SOL Líneas Aéreas” y toda la información que hubiera al respecto, relativa a los alcances, vigencia e implicancias de tales contratos. Se investiga en la causa si el gobierno contribuyó a la quiebra de la firma Sol para dejar el camino allanado a Avian.
– El titular de la Administración Nacional de Aviación Civil, deberá enviar al juzgado varios expedientes de esa repartición para que sean analizados.
– El titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos entregue la documentación respecto a la asignación de espacios destinados a la construcción de la Terminal Presidencial y un hangar que brinde servicios de mantenimiento para el próximo avión presidencial. Y también que haga un informe sobre la asignación de espacios para hangares en la zona del Aeroparque Jorge Newbery.
– El presidente de “Aeropuertos Argentina 2000” entregue todas las constancias relativas a la cancelación de la deuda que las empresas “Macair Jet SA” y “Baires Fly SA” mantenían con la compañía por el canon correspondiente al alquiler de hangares en el Aeroparque Jorge Newbery o de espacios destinados a la guarda y reparación de sus aeronaves. También deberá informar si hubo modificaciones en los hangares.
– El presidente de Líneas Aéreas del Estado realice un listado de los aviones que integran su flota aérea y del cronograma de las tareas de mantenimiento efectuadas sobre ellos desde el año 2015 y hasta la actualidad. Se investiga si se usaron fondos destinados a reparaciones innecesarias de aviones de LADE que realizó la firma MacAir.
– La empresa “MacAir Transporte Aéreo SA” aporte todos los contratos y/o documentos que expliquen las tareas que cumple en el ámbito del Aeroparque Jorge Newbery.
– La Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación tiene que enviar al juzgado todos los informes que haya hecho, sobre los traslados aéreos oficiales efectuados por Macri y sus comitivas y el beneficio que sería tener un avión propio.
– El jefe de la Fuerza Aérea Argentina realice un informe pormenorizado de los aviones que integran la flota aérea presidencial, debiendo especificar el estado actual de conservación de cada una de ellos y si actualmente se encuentran operativos.
– La Dirección General de Logística de la Presidencia de la Nación envíe la totalidad de las actuaciones relativas a la decisión por la que se dispuso no usar el avión Tango 01 y en dejarlo en la Base Aérea del Palomar.
– La Coordinación General de Asuntos Presidenciales de la Presidencia de la Nación aporte toda la documentación relativa a las gestiones concretadas a los efectos de coordinar el vuelo ‘Buenos Aires – Cartagena – Buenos Aires’ para el traslado del señor Presidente de la Nación en el mes de septiembre del año 2016 a Colombia. Se investiga cómo se pagó ese vuelo.
Publicado en:
http://info135.com.ar/2017/06/09/otra-denuncia-por-el-caso-avianca-pone-a-macri-contra-las-cuerdas/
No hay comentarios:
Publicar un comentario