Los 300 millones de pesos-dólares de 2001 son hoy unos 19 millones de dólares... pretenden terminar de pagar en 2033 cuando probablemente 300 millones sean el valor de una casa, un auto o una moto...
Curreo Argentino
El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, elevó una denuncia penal y abrió un expediente administrativo por el acuerdo del gobierno de Mauricio Macri con la empresa Correo Argentino, de Franco Macri, que implica la licuación de una deuda millonaria. Denunció “una eventual administración fraudulenta en perjuicio del Estado, posible tráfico de influencias y negociaciones incompatibles".
El fiscal jefe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, presentó una denuncia penal para que se investigue el acuerdo entre el Gobierno y Correo Argentino SA y en paralelo pidió un sumario administrativo por la firma de la propuesta. Explicó que "el sentido común indica que el Estado no debería cobrar esta deuda nominativa del 2001 hasta el año 2033".
Rodríguez informó que en su denuncia le solicitó al procurador del Tesoro Nacional, Juan Carlos Balbín, que "haga una auditoría de todo el proceso concursal" para saber "qué pasó del 2001 hasta hoy" y advirtió que podrían ser responsables también funcionarios de gobiernos anteriores.
En diálogo con radio La Red, el fiscal explicó que trasladó a la Justicia la presentación realizada por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, que impugnó el acuerdo entre el Gobierno y el Correo por considerarlo abusivo y ruinoso para el Estado.
La empresa Correo Argentino SA pertenece al Grupo Macri y consiguió la concesión del correo en 1997. Ya en septiembre de 2001 entró en convocatoria de acreedores, con una deuda total de 900 millones de pesos-dólares. De ese monto, el Estado era acreedor del 32,65 por ciento, correspondiente al pago del canon que la compañía dejó de abonar en el año 2000. Durante el kirchnerismo, la empresa de Franco Macri hizo distintas propuestas de pago que implicaban una quita del 94 por ciento, a pagar en 25 años y con un 1 por ciento de interés anual. El gobierno del FpV rechazó las ofertas hasta que, al asumir la presidencia Mauricio Macri, la postura cambió y se llegó a un rápido acuerdo.
“Mauricio Macri y Franco Macri son empresarios que han tenido vinculación con la obra pública y con el “Estado nacional desde hace mucho tiempo, entonces hay cosas que en algún punto se tocan”, explicó el fiscal sobre el posible tráfico de influencias involucrado en el acuerdo, que según la fiscal Boquín implica una quita de deuda del 98,87 por ciento y una propuesta de pago en cuotas hasta 2033 que representaría una condonación de más de 70 mil millones de pesos. Rodríguez trasladó la denuncia y calificó el hecho como “una eventual administración fraudulenta en perjuicio del Estado, posible tráfico de influencias y negociaciones incompatibles".
"Si uno es acreedor, no quisiera cobrar lo mismo que me debían en el 2001 después de tantos años", sostuvo el fiscal Rodríguez en referencia a los 296 millones de pesos que el Estado verificó como deuda en aquel entonces."Esto es un concurso de acreedores. La firma tiene una deuda que el Estado la verificó y el Estado tiene que tratar de cobrarla de la mejor manera posible", argumentó y agregó: "Cuanto más tiempo pasa, es más favorable para el concursado".
Además, Rodríguez precisó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas tiene una doble competencia: penal y administrativa, por lo que también le ordenó al Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, que "forme un sumario administrativo para que deslinde las responsabilidades disciplinarias, administrativas y patrimoniales de todos los funcionarios que intervinieron en el marco de este acuerdo". Esta segunda medida adoptada por el fiscal responde a la posibilidad de que el funcionario que firmó la propuesta “no tendría las facultades necesarias", en referencia al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Mocoroa.
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