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lunes, 3 de octubre de 2016

PARA ARANGUREN, LEGALIDAD ATENUADA, por Miguel Julio Rodríguez Villafañe (para "Página 12" del 30-09-16)


Arriba: El Ministro Shell, don Juan José Aranguren

 Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe *

En el amparo colectivo que presenté en la Justicia Federal de Córdoba, en representación de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), por la ilegal determinación de las tarifas de gas para dicho sector, desarrollé diversos argumentos en contra de la validez del proceso llevado a cabo para ello. En uno de los aspectos esenciales en los que fundé la solicitud, referí que el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, fue presidente de la Cámara de la Industria del Petróleo. También era propietario de acciones de la petrolera “Royal Dutch Shell”, de Holanda, desde diciembre de 2008, que declara que las tuvo hasta hace poco. A su vez, durante 37 años trabajó en Shell Argentina y por 12 años, fue su CEO. actividad esta última que desempeñó hasta junio de 2015.

La Ley 25.188 de Ética Pública dispone que los funcionarios públicos deberán “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”, (art. 15). A su vez, el artículo 17 de la norma, dice sobre los sujetos comprendidos por dicha referencia, que los actos que llevaran adelante en violación de lo dispuesto “serán nulos de nulidad absoluta”.

Indudablemente, el ministro está comprendido en las incompatibilidades que marca la ley, porque el tema del gas tiene directa relación con la temática respecto de las empresas en la que se ha desempeñado hasta mediado del año 2015 y, además, tenía participación societaria con acciones. En consecuencia, las disposiciones adoptadas por Aranguren, tanto en lo que hace al aumento de tarifas del gas como las de las audiencias públicas son nulas de nulidad absoluta, como lo son las derivadas de ellas por venir de un origen envenenado legalmente.

Al planteo que realizara en el amparo colectivo, el Poder Ejecutivo Nacional compareció en la causa y dijo que las limitaciones de la Ley de Etica Pública deben ser analizadas “desde el punto de vista del interés colectivo, en cuanto establecen límites para que el Estado pueda sumar a sus filas a profesionales que pudieran encontrarse altamente calificados en ciertos sectores o industrias”. Y se agregó que “la estricta prohibición que devendría de una inteligencia cerradamente literal del artículo 15 de la Ley 25.188 no acarrearía solamente la exclusión previa de potenciales funcionarios idóneos, sino también la imposibilidad de que el Estado pueda contar con los mejores especialistas en cada área –con el consiguiente perjuicio para el interés general–, toda vez que cuando esas personas provinieren de la actividad privada difícilmente podrían escapar a la inhibición inflexible de la Ley de Etica Pública”.

Se dice además, en la inaceptable argumentación del PEN, que “lógico es suponer que, por la especialización que requieren los cargos de alta responsabilidad, en más de una ocasión el Poder Ejecutivo Nacional seleccionará personas que se hayan destacado en el ámbito privado, máxime en ciertos sectores en los que la oferta de profesionales altamente especializados y en condiciones de asumir determinadas posiciones de jerarquía, no es abundante”. Por último, en el escrito el gobierno le dice al juez que “la interpretación que se efectúe no debe ser irrazonable ni entorpecer o desnaturalizar la labor del funcionario (…); de hacerse lugar a la exigencia de la actora nos encontraríamos ante una irrazonable aplicación de las disposiciones de la Ley y una limitación que obstaría a la eficiencia de la función pública”.

El escrito defensivo del PEN es muy preocupante. De él se desprende que según la visión del gobierno, no hay que aplicar la Ley demasiado estrictamente, porque de esa forma no podríamos contar con los más capaces de la actividad privada, a los que hay que darles ciertas licencias en materia legal, para que dicha casta de expertos de la actividad privada puedan ayudar con eficiencia al Estado. Inaceptable e ilegal la postura. Pero lo más grave surge del hecho incontrastable que, según los dichos del jefe de gabinete ante el Senado esta semana, hay que disculpar lo que ha pasado con las tarifas porque “fue un aprendizaje”. O sea, el gobierno pretende que se acepte una legalidad atenuada para quienes se los suma al Estado como expertos, para que aprendan con nosotros, aún a costa de todo el pueblo.

* Abogado constitucionalista y apoderado de Apyme.

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-310645-2016-09-30.html

“Todo lo decidido por Aranguren es nulo”, por "Página 12" del 03-10-16

MIGUEL RODRIGUEZ VILLAFAñE, AUTOR DEL PEDIDO DE AMPARO QUE LOGRO FRENAR EL TARIFAZO A LAS PYMES

Rodríguez Villafañe, abogado de Apyme, sostiene que lograron el amparo porque dieron con “la cuestión legal de fondo”: el carácter confiscatorio del tarifazo y las incompatibilidades del ministro de Energía para ejercer el cargo, según se desprende de la Ley de Etica Pública.

 Por Marta Platía

Desde Córdoba

Cuando se siente acorralado por la letra de la ley, de la Constitución, el Gobierno se defiende cuestionando a los jueces o relativizando las leyes. Tachándolas de “demasiado estrictas”, como sucedió la semana pasada con el amparo contra el tarifazo del gas presentado por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, Apyme. “Desde que el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja –el juez federal N° 3 de Córdoba– nos hizo lugar a la medida cautelar, en la que pedimos que se retrotraigan las tarifas al 31 de marzo, no ha parado de recibir ataques”, le dijo a este diario Miguel Rodríguez Villafañe, abogado y él mismo ex juez, autor de ese amparo. “Ni siquiera se lo cuestiona por lo que resolvió; sino que atacan a su propia persona. A su apellido. Este magistrado, a quien el tema le cayó por sorteo y que hoy tiene casi 50 años, tenía sólo 9 cuando su familia tuvo que exiliarse para que los militares no los mataran. Era un chico. Ahora, además de que tuvo que sufrir la pérdida de su abuelo y su padre (dos reconocidos abogados en Córdoba), le endilgan si es sobrino, primo o cuñado de personas que nada tienen que ver con su presente como juez federal, y menos aún con sus decisiones.”

–¿Por qué considera que lo hacen de este modo?

–Hay todo un sector de la prensa que está encolumnada con el poder de turno. Eso es así desde siempre. Yo creo que a nadie le resultó ajeno que nuestro pedido de amparo no sólo está bien fundado por lo impagable y hasta por lo confiscatorio del tarifazo. Del daño que se le provoca a cualquier empresa que para pagar el gas, tal vez, terminen despidiendo gente o cerrando la fuente de trabajo. Creo que dimos, con Apyme, en el corazón de la cuestión legal de fondo: el ministro de Energía, Juan José Aranguren, no puede bajo ningún punto de vista resolver sobre temas vinculados al petróleo o al gas. La Ley 25.188 de Etica Pública lo señala en sus artículos 15, 16 y 17. Él ha sido parte de una empresa petrolera, tenía acciones, y la ley marca que debió haber estado alejado de esas empresas y de la toma de decisiones en el área hasta por lo menos tres años antes de asumir en el ministerio. Todos acá ya lo sabemos: no sólo fue gerente (CEO) de la Shell hasta pocos meses antes de ser investido ministro, sino que conservó acciones hasta hace pocos días en que, ante el escándalo, tuvo que venderlas. Aunque todavía no está claro a quién se las vendió o si las vendió… Tenemos que creer que sí porque se dijo desde Presidencia, pero no tenemos documentación que lo acredite. Y, en vista de todo esto, si están hablando de transparencia, debieron haberlo exhibido.

–En los últimos días, cuando el Gobierno apeló la medida cautelar presentada por ustedes ante Vaca Narvaja, les contestó sobre este punto, el de la supuesta incompatibilidad de Aranguren para estar en el cargo. ¿Qué contestaron?

–Mire, por lo menos fue irrisorio. Ellos argumentaron que esa ley, la de Etica Pública es demasiado estricta… Así como lo oye. Según ellos “desde el punto de vista del interés colectivo, en cuanto establecen límites para que el Estado pueda sumar a sus filas a profesionales que pudieran encontrarse altamente calificados en ciertos sectores o industrias”. Ello dicen, palabras más o menos, que “la interpretación literal del artículo 15 imposibilitaría al Estado contar con los mejores especialistas en cada área, ya que esas personas vienen de la actividad privada”. Es increíble. Pretenden que los jueces interpreten las leyes de acuerdo a sus intereses. Y si a eso le suma que estos señores tan especialistas del ámbito privado han admitido que están haciendo experiencias de “ensayo y error” en sus políticas, no sé de qué idoneidad hablan. El Gobierno hasta comete la torpeza de decirle al juez lo que debe hacer. Le dicen que “la interpretación que se efectúe no debe ser irrazonable ni entorpecer o desnaturalizar la labor del funcionario”. Un desastre jurídico: acá, con esto, tenemos que hay ley, ética, para el común de la gente y otra, antojadiza, para la casta de los CEO.

–En plural, Aranguren no es el único…

–¡Claro que no! Aranguren es sólo uno de los que conciernen a este tema. El signo de este Gobierno es el de los gerentes, los CEO empresariales. Pero en el caso del gas, que es el que nos ocupa, además tenemos que el actual presidente del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), entidad que también está demandada en el amparo que presentamos, es un señor David José Tezanos González. Este hombre, hasta el día antes de asumir, era nada menos que el presidente del Directorio de Metrogas S.A. ¡Fíjese el desatino! Un día estaba de un lado del mostrador pidiendo aumentos, reajustes para cobrar más caro el gas; y al día siguiente estaba del otro lado, como autoridad que determina el precio del gas... En cualquier país de los del Primer Mundo que tanto admiran muchos de estos CEO esto no se permitiría. Aquí, hasta pretenden que el juez mire para otro lado y les interprete según su conveniencia una ley, que está perfectamente clara. Que el juez no sea tan “estricto”. Y si el juez, quien todavía ni siquiera se ha pronunciado sobre esa cuestión, porque lo que hizo hasta ahora sólo fue hacer lugar a la medida cautelar atento a los fundamentos que le expusimos, si ese juez no les garantiza esa flexibilidad, esa certeza de interpretación ajustada a sus intereses, entonces es blanco de ataques: se le cuestiona el apellido, la historia familiar, su nombramiento como magistrado, algo inaceptable legalmente. Y todo en un país donde, sabemos, hay jueces surgidos de las servilletas de los bares… Jueces como (Claudio) Bonadio a los que no se los cuestiona cuando sus decisiones son favorables a los intereses del Gobierno.

–¿Por qué cree que se da semejante virulencia?

–Porque con Eduardo Fernández, el presidente de Apyme, hemos dado en el centro del asunto legal. Y a eso lo digo yo, que soy quien presentó el amparo, porque el juez federal no ha resuelto todavía sobre esto ni opinado de ninguna manera en este sentido. Le repito, nosotros hemos dado en el corazón jurídico del tema: ante los tarifazos tenemos un ministro de Energía que incumple todos los requisitos para serlo al menos en cuanto a petróleo y gas se refiere. Aranguren vulnera la ley 25.188, y ellos (en el Gobierno) lo saben: todas sus resoluciones en el tema petróleo, en el tema gas, están viciadas de nulidad absoluta. Todas desde que asumió hasta ahora. Mire, ni siquiera es una nulidad relativa. Todo lo que ha firmado y decidido en el tarifazo, las audiencias públicas a destiempo y sin información para los ciudadanos, sesgadas; todo podría ser considerado nulo de nulidad absoluta. Ellos lo saben. Es lo que se conoce como el principio jurídico del “árbol envenenado”. Así que a esa verdad, a esa certeza jurídica, contestan con el antiguo, muy antiguo, axioma de atacar al mensajero. Para este Gobierno de CEO, no hay mejor defensa que un buen ataque.

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310822-2016-10-03.html

domingo, 2 de octubre de 2016

AL CEREBRO MENOS PLATA, por "Página 12" del 02-10-16

RECORTAN FONDOS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA


Investigadores de renombre advirtieron que el Presupuesto 2017 “asesta un duro golpe al corazón de la ciencia”. Fija una baja de 200 millones de dólares para el sector.

A la ciencia y la tecnología también le llegó la hora del ajuste. A contramano de lo prometido por Macri durante la campaña, el presupuesto para el año que viene prevé un recorte en el sector de alrededor de 200 millones de dólares, lo que retrotrae la participación de la ciencia en el PBI al nivel de hace cinco años. El Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA), integrado por investigadores de renombre de todas las disciplinas, denunció que el ajuste “asesta un duro golpe al corazón de la ciencia argentina y pone en riesgo los logros de la última década”. La preocupación ya llegó al Congreso, donde diputados y senadores del PJ-FpV buscarán torcerle el brazo al Gobierno esta semana, en la que el presupuesto seguirá en discusión. En diálogo con Página/12, el ministro Lino Barañao, nombrado por Cristina Kirchner y refrendado por Macri, admitió que “la preocupación es lógica”, aunque se mostró confiado en “revertir la situación”.

“Los números muestran que el presidente Macri no sólo se encamina a incumplir la promesa electoral de llevar la inversión en ciencia y tecnología al 1,5 por ciento del PBI sino que, peor aún, propone reducir significativamente la participación del sector en el presupuesto nacional”, advirtió CyTA, grupo que integran, entre otros, el biólogo (premio Konex 2013) Alberto Kornblihtt, el ex decano de Exactas Jorge Aliaga, la directora del Conicet Dora Barrancos, el ex presidente del Conicet Roberto Salvarezza, el diputado del Parlasur y ex directivo de Flacso Daniel Filmus y el matemático Adrián Paenza.

“La preocupación es lógica, los números son elocuentes”, reconoció Barañao, aunque justificó que “muchos ministerios afrontan la misma situación”, dentro de lo que describió como “un panorama difícil”. El ministro, que aseguró durante la transición haber aceptado la continuidad para garantizar la inversión en el sector, explicó además que dos préstamos del BID por 150 y 120 millones de dólares se concretaron con fecha posterior a la redacción del proyecto. Dijo apostar, también, a que el Congreso pueda introducir modificaciones.

En ese sentido, aunque en otros términos, se expresó el biólogo Alberto Kornblihtt, quien pidió “a los diputados y senadores que garantizaron leyes a Cambiemos en nombre de la gobernabilidad” que, a la hora de votar, “no sean cómplices del ajuste”. El senador por Santa Fe Omar Perotti y la diputada Daniela Castro (FpV) son los titulares de la comisiones de Ciencia y Tecnología de ambas Cámaras. Juntos firmaron una declaración en la que critican “la abrupta caída de los recursos presupuestarios” en el área.
El ajuste en números

El presupuesto para el sector –si se analiza al Ministerio de Ciencia, al Conicet y a la Conae como un todo– retrocedió a los niveles de inversión de previos al 2011, luego de varios años de crecimiento. Según un informe elaborado por el profesor Fernando Stefani, vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias del Conicet, la inversión en el área pasó del 0,8 por ciento del PBI durante los años de gestión kirchnerista al 0,59 por ciento para el año próximo, su “mínimo histórico”.

Si se pone el foco únicamente el ministerio, el presupuesto 2017 “plantea una reducción aún mayor, llevándolo a un nivel mínimo sin precedentes”, que contrasta, según el informe, con el aumento de un 70 por ciento entre 2013 y 2014. Los recortes se dieron también en Fabricaciones Militares, el INTI y el INTA, donde podría haber despidos.

“El modelo de Cambiemos no apuesta a la innovación con tecnología en la industria nacional. Hasta ahora, todas las señales van en sentido contrario: más primarización de la economía, donde la ciencia es poco más que decorativa”, sostuvo Salvarezza. Lo que completa el panorama, afirmó, es la caída de los salarios y el freno a la expansión del Conicet, que “producirá la quinta fuga de cerebros en la argentina”. “La comunidad científica se debe hacer oír”, afirmó.

Informe: Matias Ferrari.

PUBLICADO EN:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ajedrez/35-310789-2016-10-02.html

EL USO POLITICO DE LA POBREZA, por Alfredo Zaiat (para "Página 12" del 02-10-16)

 Imagen: Carolina Camps.

MÁS PERO NO TANTOS

DATOS QUE REVELAN LA UTILIZACION POLITICA DEL INDEC DE MACRI PARA DEFINIR UNA SOBREESTIMACION DE LA CANTIDAD DE POBRES
La política económica hundió en la pobreza por ingresos a muchos en apenas diez meses, pero el 32,2 por ciento de la población es una exageración que responde a la estrategia de mostrar una eventual caída en el próximo año, cuando hay una elección que marcará la suerte del macrismo.

 Por Alfredo Zaiat


La nueva canasta básica para definir el umbral de pobreza del Indec de Macri es de 11.321 pesos para un hogar tipo de abril pasado, monto que sube a 12.489 pesos en agosto. La encuesta de la UCA que infla la cantidad de pobres calcula una canasta de 7877 pesos para ese mismo mes. La del Indec es 44 por ciento más elevada. Es superior también en un 14 por ciento respecto a la cesta de agosto elaborada con el Índice Barrial de Precios coordinado por el economista Isaac Rudnik, que en estos años siempre anotaba valores superiores a cualquier otra estimación. Esta base de información de diverso origen es esencial para comprender la sobreestimación plus del índice de pobreza decidida por la conducción macrista del Indec, comparada con indicadores que ya lo sobreestimaba. La controvertida metodología de un indicador que de por sí es bastante limitado para evaluar la situación social (línea de pobreza por ingresos) distorsiona la realidad anterior y actual, continuando así con la debilidad de la producción de estadísticas públicas, aunque esta vez con el apoyo del FMI y de profesionales muy críticos del Indec kirchnerista y que ahora no se animan o no quieren observar las manipulaciones del Indec macrista. Son los mismos que hablaban de diálogo y respeto a las instituciones y que ahora con ese mismo espíritu democrático censuran a aquellos que cuestionan el Indec de Macri. Vale reiterar para esos grupos de Síndrome CCLD (Capacidad de Comprensión Lectora Diferente), que se manifiesta en síntomas que impiden incorporar contextos y diversidad de opiniones, que la cuestión de la calidad de las estadísticas públicas no fue ignorada en escritos publicados en esta columna.

Que Argentina tenga uno de los niveles de pobreza más elevados de América latina, según la última medición que entusiasma a los fanáticos de cuánto más pobres mejor, no resiste el mínimo análisis riguroso de las condiciones sociales y materiales de la población en la región. El 32,2 por ciento de personas pobres que publicó el Indec está por encima del promedio latinoamericano (28,2, según la Cepal), casi igual a la pobreza de Bolivia (32,7) y sólo por debajo de la de México (41,2) y Paraguay (42,3). Ninguna correlación de variables sociales, económicas y laborales, como índices de violencia social, de acceso a servicios básicos, a la educación, a los alimentos y al esparcimiento, como así también la cobertura laboral (sindicatos y paritarias), previsional (universalización de jubilaciones) y social (AUH), permiten ubicar a la Argentina en una posición socioeconómica tan vulnerable. Los índices de Desarrollo Humano del PNUD y de las condiciones de vida de la población y en especial de los niños de Unicef ubican a la Argentina en lugares de privilegio a nivel regional, que desmienten el actual cuadro de pobreza dibujado por el Indec. Como la producción estadística surge de la metodología para elaborarla, la elegida por el Indec macrista tiene un inocultable sesgo político alejada de criterios técnicos básicos y de sentido común analítico en términos relativos.
Bajo la alfombra

El macrismo como representante de las elites locales tiene la pretensión de reescribir la historia reciente pasada para construir su propio relato épico. Para ello la manipulación de las estadísticas es una de las principales armas. El manejo del Indec por el kirchnerismo ha facilitado esa tarea, pero eso no debería inhibir el señalamiento de las incongruencias y falacias que el macrismo y su numerosa agencia de voceros va repitiendo tras ese objetivo político. Aseguran que el aumento del PIB no fue tan importante en el ciclo del kirchnerismo, que no se creó empleo y no hubo crecimiento desde hace cuatro años, que la tasa de desocupación era más elevada, que no hubo industrialización, y así siguen con cada uno de las principales variables económicas. Ninguna de esas afirmaciones se puede respaldar con cifras e incluso ni con información oficial de este gobierno, pero en el mar de confusiones alimentado por los grandes medios en el marco de una intensa disputa política poco importan los datos.

La cadena nacional pública y privada del macrismo se tiene que poner de acuerdo para no tropezar con sus propias palabras. Si el kirchnerismo promovió que la población viviera por encima de sus posibilidades, en un estado de consumo masivo artificial por nivel de ingresos y tarifas subsidiadas, ahora el kirchnersimo no puede ser también responsable de la existencia de tantos pobres. Es una línea argumental inconsistente que violenta el sentido común.

La estrategia oficial ha sido la de intentar convencer a la sociedad de la existencia de una crisis cuando no la había, con el desvarío de que la economía iba rumbo a un 2001, como discurrió el jefe de gabinete Marcos Peña, o que culminaría en desbordes similares a los de 1989, como ilustró a sus interlocutores en Buenos Aires el jefe de la misión del FMI, Alejandro Werner, y bien se sabe que los diagnósticos de los miembros del Fondo son infalibles. La política económica del kirchnerismo no estaba recibiendo muchos elogios en estos meses de restauración conservadora, y Werner le regaló uno contundente al criticarla con dureza. Uno de los grandes misterios de estos años es cómo logra mantener legitimidad política y mediática Fracasos Múltiples Internacionales [FMI].

Para completar ese cuadro de estadísticas estrujadas por el oficialismo, aparecieron las cifras de pobreza. La verdad macrista asegura que no hubo mejoras de las condiciones sociales en los últimos doce años y que la situación es como la del peor país latinoamericano. Dice que todo era una mentira y ahora aparece la verdad oculta. Es casi el único argumento que esgrimen los funcionarios para enfrentar críticas fundadas al proceso sociolaboral regresivo precipitado por la actual política económica.

Cada proyecto político tiene legitimidad de origen para edificar su propio relato. No hay puros en el manejo de las cifras. Hubo utilización política antes y la hay ahora con los números que ofrecen diferentes fotos de la evolución de variables económicas, laborales y sociales. La diferencia en estos momentos es que el oficialismo cuenta con la estrecha colaboración de la corporación mediática para avanzar en el objetivo de enterrar el ciclo político que denominan despectivamente populista, misión con la que se presenta Mauricio Macri en el escenario internacional y local. También hace su aporte en ese sentido una red homogénea de economistas conservadores y otra dispersa que se define de izquierda, coincidiendo ambas en denostar la experiencia kirchnerista apelando también al manejo caprichoso de las estadísticas.

No hay que ser muy perspicaz para descubrir cuál es la estrategia política-comunicacional del macrismo con el último informe del Indec: fijar un tasa de pobreza exageradamente sobreestimada, apostando a una desaceleración de la inflación por la recesión con paritarias igual o unos puntos por encima del alza de precios, lo que les permitiría mostrar índices de pobreza retrocediendo justo antes de las elecciones de octubre próximo. Esta es la jugada político-electoral cazabobos a la que está subordinada la manipulación de los indicadores del Indec. Es una apuesta que no necesariamente saldrá bien, pero es una jugada política al fin. El 32,2 por ciento es la foto que muestra Macri, dice que ese número es la verdad y brinda una insólita sentencia de que “este es el punto de partida desde el cual acepto ser evaluado”. De ese modo oculta bajo la alfombra el ejército de pobres por ingresos que ha sumado desde el inicio de su gobierno.

Deterioro social

No había 5 por ciento de pobres como ahora no hay 32 por ciento. Una y otra cifra es una distorsión estadística a partir de muy cuestionables criterios metodológicos para la elaboración de índices. El sociólogo Daniel Schteingart, uno de los tantos cientistas sociales que ha sido crítico de la producción estadística del Indec durante el kirchnerismo, explica que la nueva medición del Indec se basa en otra canasta de consumo, bastante más exigente en lo monetario (50 kilogramos de comida ahora, 45 antes; 57 artículos contra 50 antes). El especialista Diego Born estimó que esa diferencia resulta una canasta 20 a 30 por ciento más cara que la anterior, y por tanto implica una incidencia de 9 puntos más de pobres. Es decir, con la vieja canasta, la pobreza se hubiera ubicado en el 23 por ciento, porcentaje similar al elaborado por estudios alternativos en tiempos del anterior Indec. Si no se tiene en cuenta ese cambio de canastas se estaría comparando peras con manzanas. Schteingart indica que con la nueva canasta, en 2006 la pobreza no hubiera sido del 26 por ciento, sino del 35 por ciento aproximadamente. Y la de la UCA daría 44 por ciento en lugar de 34. “El Indec debiera mostrar también cuánto habría sido la pobreza si se hubiese mantenido la metodología de antes, para así ‘empalmar’ la serie vieja con la nueva”, aconseja.

Antes había más pobres que los informados por el Indec hasta el 2013. Después siguió habiendo pobres pese a que se discontinúo la provisión de datos. Ahora hay más pobres que al final del anterior gobierno. Estas descripciones analíticas tienen la dificultad de traducirse en números por el vacío estadístico generado por la crisis del Indec a partir del 2007. De todos, se puede hacer algunas inferencias sencillas acerca de cuál era y cuál es el cuadro social. Antes había pobres, pero también había una política para mejorar las condiciones materiales de esa población, objetivo que a veces se alcanzaba y otras no. En cambio ahora sólo hay marketing electoral de pobreza cero, aumento de la marginación social por el shock inflacionario y el mayor desempleo y escasa y poco efectivas iniciativas para mejorar la situación de los pobres. No es una diferencia menor, y eludirla en el análisis cualitativo del cuadro de pobreza forma parte de la táctica de diferentes satélites de propaganda del macrismo.

El Indec no publicó números referidos ni al primer trimestre de este año ni al último de 2015, lo que no permite cuantificar con rigurosidad el impacto de las políticas macristas en la población vulnerable a la pobreza. Puede haber aproximaciones numéricas. Sin embargo es indudable que el panorama social ha empeorado sustancialmente respecto al existente a comienzos de diciembre pasado. El sociólogo Artemio López explicó que la AUH aumentó apenas 30 por ciento, ingresos que en su totalidad se destina al gasto en alimentos. Indicó a la vez que este rubro subió en promedio 55 por ciento. Con un ajuste del principal instrumento de abordaje sobre la pobreza por ingresos (AUH) de casi la mitad de la evolución de precios de alimentos, con caída de la actividad económica y pérdida de trabajos, el resultado no puede ser otro que el incremento de la pobreza durante los primeros diez meses del gobierno de Macri.

azaiat@pagina12.com.ar

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-310786-2016-10-02.html

EDUCACION CERO, por Nora Veiras (para "Página 12" del 02-10-16)



En Educación, como en otras áreas del Gobierno, es notorio el contraste entre lo que se hace y lo que se declama. No se compraron los 5 millones de libros previstos para distribución gratuita, la entrega de computadoras está casi paralizada, solo se usó el 19,16 por ciento de lo pautado para Infraestructura y apenas el 30 para Formación docente.

Imagen: Télam.

LAS AREAS DESTINADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE SON LAS MAS POSTERGADAS POR EL GOBIERNO

Macri hace escuela con el ajuste


Los datos de la propia administración PRO dan cuenta de que la educación no es una prioridad. Los programas de atención a los sectores más vulnerables y la mejora de la enseñanza tuvieron en lo que va del año un bajísimo nivel de ejecución.

 Por Nora Veiras


“La solución a la pobreza pasa por la generación de puestos de trabajo de calidad. Todos sabemos que eso no se logra mágicamente, se alcanza con la educación, algo central”, dijo el presidente Mauricio Macri la semana pasada al entregar el galardón “Maestros Argentinos”, un día después de anunciar un índice de pobreza del 32,4 por ciento. La realidad muestra que la prioridad discursiva del líder de Cambiemos no se refleja en la ejecución del presupuesto educativo. El año pasado se habían incorporado 150 mil jóvenes adultos a la educación formal y 29 mil se habían alfabetizado, en este primer semestre ninguno. En el nivel universitario las casi 20 mil becas destinadas a estudiantes de bajos recursos no se pagaron durante los primeros seis meses del año. Los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda de la Nación dan cuenta de que las áreas destinadas a mejorar las condiciones de aprendizaje son las más postergadas. Al 30 de septiembre, se usó apenas el 10,94 por ciento de los fondos previstos para el programa de Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica; el 19,16 por ciento de lo pautado para Infraestructura y Equipamiento; el 31,35 por ciento en Acciones Compensatorias y el 30,94 por ciento en Formación Docente. La fórmula del recorte combina inoperancia con ajuste en proporciones equivalentes. En los últimos tres meses del año, los tiempos del Estado tornan imposible hacer lo que no se hizo en nueve.

La información surge del Sitio del Ciudadano de la Secretaría de Hacienda de la Nación que releva mes a mes la eficiencia de cada dependencia del Ejecutivo y del informe de ejecución física financiera trimestral de la misma cartera. Educación tiene un promedio de ejecución presupuestaria del 63,98 por ciento. La media logra elevarse por el cumplimiento de lo pautado para el pago de salarios: el Fondo de Incentivo Docente se ejecutó en un 83,55 por ciento y el presupuesto de las universidades en el 69,52. El compromiso en la liquidación de haberes limita el margen de maniobra para el recorte o la dilación en el cumplimiento de lo pautado. En cambio, en todo lo que tiene que ver con políticas compensatorias y mejoramiento de las condiciones de educabilidad se hace evidente la discrecionalidad de la concepción de política educativa.

Del dicho al hecho

“Se necesita que cada uno de los niveles educativos logre sus objetivos, es decir que se invierta en capacitación docente, en herramientas tecnológicas o de didáctica, o lo que haga falta, porque la verdad es que todos los chicos pueden aprender”, suele repetir el ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich. Como en otras áreas de gobierno, en Educación es notorio el contraste entre lo que se hace y lo que se declama. Hace diez días, el secretario de Gestión Educativa, Max Gulmanelli, posteó en Facebook: “Feliz Día de las Bibliotecas Populares. Los libros son fuente de inspiración. Nos hacen pensar y sentir.” Es el mismo funcionario que a principios de agosto declaró: “Visitando establecimientos de todo el país, notamos que se han repartido muchos libros, pero se ha leído poco de ese material.” Consecuencia: para 2016 se había previsto distribuir 5 millones de ejemplares pero no se compraron libros. Informaron además que se decidió no comprar más literatura para las escuelas secundarias.

En el informe periódico sobre “Presupuesto en educación: ajuste y subejecución”, el Instituto Marina Vilte de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), advirtió a principios de septiembre que “la redefinición de políticas” se está dando a través del desmantelamiento de los equipos técnicos, de los despidos masivos y del cierre de importantes planes y programas que se encontraban en ejecución: como por ejemplo, el Plan de Finalización de Estudios Secundarios (Plan Fines), y el Plan Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), así como también la discontinuidad de las obras de infraestructura escolar y de la compra y distribución gratuita de millones de libros a todas las escuelas del país”.

En el análisis basado en los datos oficiales se advirtió que “también se observa una virtual paralización del Plan Conectar Igualdad, por el cual se distribuían netbooks a estudiantes secundarios de todo el territorio nacional”. Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación y miembro de la conducción de Ctera, explicó a Página/12 que “el gobierno anterior repartió cinco millones de netbooks, había universalizado la distribución. Este año sólo había que repartir a 600 mil estudiantes de primer año. Se entregaron 100 mil que eran el remanente del año anterior, es decir que 500 mil chicos de primer año se quedaron sin computadora. Si esto sigue, el año próximo serán los de primero y segundo año los que no tengan este recurso tecnológico”.

El programa Conectar-Igualdad que se articuló en forma conjunta entre la Anses y Educación es uno de los que se están “redefiniendo” en la cartera de Bullrich. Funcionarios del área se reunieron con empresas informáticas multinacionales para pedirles que financien la instalación de polos tecnológicos en dos ciudades por provincia con el objetivo de que los alumnos tengan allí los recursos para utilizar. La idea sufrió un primer revés porque las empresas estadounidenses no pueden financiar en forma directa inversiones públicas. El sondeo muestra que la universalización de los recursos tecnológicos para los estudiantes no figura entre las prioridades de política pública de Cambiemos.

La subejecución presupuestaria en las áreas que el Ministerio de Educación puede desarrollar acciones compensatorias y pedagógicas se da en un contexto de disminución de hecho de los recursos del sector. El informe elaborado por la Ctera destacó que “agrava la situación que el Presupuesto 2016 estuvo elaborado con una pauta inflacionaria esperada del 21 por ciento. En el actual marco macroeconómico, donde la inflación estimada para todo el año llega al 42 por ciento –de acuerdo a expresiones del mismo ministro de Hacienda y Finanzas–, el monto previsto para el sector educativo debería incrementarse en términos nominales en esa magnitud para mantener el valor real de las distintas acciones en materia de políticas educativas (formación docente, infraestructura escolar, becas) y poder cumplir con las metas de la Ley de Educación Nacional”.

“En la ciudad tuvieron la misma forma de operar, van subejecutanto el presupuesto y lo van reduciendo año a año. En ocho años, lo bajaron del 30 al 20 por ciento”, dijo López.

Las planillas del Ministerio de Finanzas son elocuentes sobre la línea de conducta que define los hechos más allá del discurso.

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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310788-2016-10-02.html

Una superproducción para una selfie, por "Página 12" del 01-10-16

 EL PRESIDENTE LES HABLO DIEZ MINUTOS A 1872 INTENDENTES DE TODO EL PAIS


En Tecnópolis Mauricio Macri convocó a los jefes comunales para pedirles “menos enfrentamiento y más consenso”. Acudieron los oficilialistas y los peronistas agrupados en los grupos Fénix y Esmeralda. Los kirchneristas no aceptaron el convite.

Un cuarto de hora duró el contacto ayer entre el Presidente y los intendentes en Tecnópolis, selfie incluida. Durante el encuentro anunciado en la previa como “histórico”, Macri les habló por el lapso de diez minutos reloj, que ocupó en insistir con la muletilla del “diálogo” y en pedirles “menos enfrentamiento y más consensos”. Antes, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, se encargó de enunciar la promesa de “una mayor descentralización de los recursos para los municipios”, el único punto que dejó algo conformes a los intendentes peronistas, mayoría entre los casi dos mil presentes. En balance, para ellos, dejó sabor a poco: “El Presidente consiguió lo que quería: una selfie con los intendentes. Nosotros no: fuimos a escuchar anuncios sobre políticas públicas y no escuchamos nada”, indicó a Página/12 el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, integrante del grupo Fénix, que acudió en pleno, al igual que el grupo “Esmeralda”. Las ausencias, notorias, las protagonizaron los intendentes referenciados con la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Podemos ser parte del diálogo, de una foto importante, pero necesitamos soluciones concretas para nuestras ciudades y familias”, apuntó la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, en diálogo con AM750 y se ocupó de dejar en claro que la “foto” fue un gesto que esperan sea retribuído. “Si el diálogo es una mera dilatación de las soluciones, no sirve”, definió, y pidió al Gobierno “invertir en Salud, Educación y Seguridad”. En sintonía, el jefe comunal de San Martín, Gabriel Katopodis (grupo “Esmeralda”) opinó que “después de nueve meses, que sólo nos escuchen no alcanza”.

Pese al malestar posterior, los “Fénix” coincidieron en destacar la “gestualidad positiva” de la invitación. El Gobierno, por su parte, anotó su presencia y la del grueso de los intendentes peronistas, incluídos Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Fernando Gray (Esteban Echeverría) del menos crítico “Esmeralda”, como un logro político. Casa Rosada difundió la selfie con ese espíritu y la acompañó con el número exacto de intendentes en Teconópolis: 1872 sobre un total de 2300 invitados.

Tras el discurso y la foto, los peronistas optaron por irse. Los únicos que permanecieron firmes hasta el final del encuentro fueron los radicales José Corral (Santa Fe) y Ramón Mestre (Córdoba), que compartieron con Frigerio una conferencia de prensa dos horas después de la partida del Presidente. “Nosotros planteamos que el federalismo llegue a los municipios, no sólo a las provincias”, dijo Mestre, quien mantiene un enfrentamiento por recursos con el gobernador Juan Schiaretti. Estuvieron también los macristas Martiniano Molina (Quilmes), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Jorge Macri (Vicente López).

El Presidente habló, en total, diez minutos. “Lo que hace la verdadera diferencia es la capacidad de inversión que tiene cada uno de sus gobiernos”, dijo en el único tramo de su discurso en el que no repitió los slogans de campaña y que los intendentes siguieron con atención y hasta aplaudieron. La frase sonó a promesa sobre un reparto de fondos para obras más equitativo entre los municipios, lo que subrayó más tarde: “Acá hay un gobierno que quiere trabajar codo a codo con cada gobernador e intendente, sin importar los colores políticos”, dijo. Más sintético, Frigerio concretó la idea en el discurso inaugural: “Es necesaria una mayor descentralización de los recursos para los municipios”, dijo.

El presidente también habló de “pobreza cero”, y pidió a los intendentes “caminar juntos” para alcanzar esa “meta” de su Gobierno. Magario le contestó después con el millón y medio de pobres que generó Cambiemos en apenas nueve meses, “producto de las políticas de este Gobierno”. “Los datos sobre la pobreza son más graves ahora que en diciembre”, recordó Sujarchuk, quien describió que la situación en el conurbano es “crítica y compleja”.

La amplitud de los que respondieron a la convocatoria resaltó las ausencias. Faltaron Jorge Capitanich (Resistencia), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Patricio Mussi (Berazategui), entre otros dirigentes cercanos a CFK. “Cada uno tendrá sus razones”, dijo otro intendente sobre los faltazos, “pero en el caso del Coqui, ¿para qué iba a atravesar toda la Argentina para oír un discurso de 10 minutos?”.

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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310720-2016-10-01.html

"OCUPA DE FACTO LA PRESIDENCIA DE BRASIL", por "Página 12" del 01-10-16


"Absoluto rechazo" del FpV a la visita de Temer


La bancada conducida por Héctor Recalde recordó que el presidente de Brasil, quien el próximo lunes se reunirá con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, "ocupa de facto" el cargo del que Dilma Rousseff fue "desplazada mediante un golpe institucional" tras ser "elegida legítimamente por el voto popular".

Michel "Temer busca obtener entre otras cosas, el apoyo regional del presidente Macri" cuyo gobierno estimó que "avaló mediante un comunicado de la Cancillería el golpe institucional, bajo el pretexto de respetar el proceso institucional verificado en el hermano país", señaló el bloque del Frente para la Victori a a través de un comunicado.

El texto manifiesta el "absoluto rechazo" del kirchnerismo a la visita de Temer y subraya que Rousseff "sufrió la revancha política de sectores concentrados que se opusieron y combatieron los 13 años de transformaciones económicas y sociales que ella lideró junto a Lula Da Silva".


"La destitución fue contra las políticas de inclusión social de millones de brasileros que fueron rescatados de la pobreza; contra la consolidación del Mercosur, ahora amenazado por intromisiones externas; y contra la ilusión de la unidad latinoamericana cuyo puntapié inicial dieron contra viento y marea Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales , Lula Da silva y Rafael Correa", indicaron los diputados.



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http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-310744-2016-10-01.html