Por Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Leonardo Eugenio
10 de octubre de 2025
Estallido en los Andes. Así se llamaba -y llama- un libro de Anahí Durand, ex ministra de la mujer y grupos vulnerables de Pedro Castillo, cuya presentación fue censurada en Perú en 2025. El libro cuenta las protestas de los jóvenes y sus padres que bajaron de la Sierra a manifestarse en diciembre de 2022 y fueron asesinados a balazos (con armas letales, cuyo uso está prohibido) por la policía peruana. No hay aún responsables. 1500 fueron heridos. 49 fueron asesinados. Nadie se expresa al respecto. El gobierno promulgó hace pocas semanas una ley de amnistía para militares condenados por delitos de lesa humanidad, contrariando al sistema interamericano. El actual congresista José Jerí, designado presidente interino, fue parte de los acuerdos para “blindar” a la presidenta Dina Boluarte de toda denuncia en repetidas oportunidades. Como ahora ya no les sirve Boluarte, la descartan. Pero el pacto de impunidad sigue enquistado en el Congreso.
Hace pocos días artistas de un grupo musical (Agua Marina) fueron baleados en el escenario desde una moto. Días antes, manifestantes fueron baleados por la policía con perdigones prohibidos. Lo que sucede en Perú se agrava a cada día. Hubo un paro de transportistas para protestar contra los “cupos”, que es la forma en que las mafias denominan el cobro de peajes. El crimen crece sin control. Médicos, tiendas, colegios, vendedores ambulantes, deben pagar “el cupo” si no quieren ser baleados.
El fujimorismo siempre fue aliado de Boluarte. Ambos instrumentaron la caída ilegal de único presidente legítimo que tiene Perú hasta el mes de mayo 2026: Pedro Castillo, primer presidente rural de la historia del hermano país. No podemos seguir tapando el sol con la mano. Un presidente mal vacado, un gobierno ilegitimo, que amenaza con abandonar el sistema interamericano, por la certeza de las condenas internacionales que se avecinan. Ahora descartan a Boluarte, porque ya no es útil. Pero no es sano para la democracia que la responsable de crímenes tan graves pueda retirarse en impunidad.
Human Rights Watch, en un informe de Julio de 2025, citado por este diario (en una nota valiosa de Carlos Noriega, corresponsal en Lima) señala que el congreso peruano “legisla a favor del crimen organizado”. Los últimos hechos de violencia en las calles demuestran que ese informe de una ONG de Derechos Humanos estaba en lo cierto. Pero no es responsabilidad solo del irregular gobierno de Boluarte, que llega luego de una sucesión inconstitucional, sino del congreso que la puso en ese lugar para que haga lo que vino haciendo: destruir el estado de derecho. Reprimir la protesta. Perseguir a la oposición. Censurar a la prensa crítica. Invadir la junta nacional de justicia y la junta nacional electoral. Y ahora pone al presidente del congreso, José Jerí, denunciado por violación sexual, a dirigir los destinos de la República.
Inhabilitar opositores, como hace el congreso actual, hasta ayer mismo aliado de Dina Boluarte, no parece el mejor camino para superar la actual crisis de representación política que vive el país. Mas bien, al contrario.
El ex primer ministro de Pedro Castillo, el abogado civilista Anibal Torres, sostuvo hace pocas horas “con lo que está haciendo el Congreso esta noche, se confirma que no se siguió el debido proceso en la ilegal y nula vacancia del presidente Pedro Castillo. Por lo tanto, debe ser repuesto inmediatamente en el cargo”. Lo que acaba de demostrar el Congreso peruano es que si quiere hacer una vacancia “conforme a Derecho”, respetando en serio las pautas y reglas, sí puede hacerlo. Nada se lo impide (salvo la falta de votos, como fue el caso en 2022). La vacancia de Dina Boluarte sí cumplió con el piso mínimo de votos para ser constitucional. Es una vacancia legal. Pero no así la irregular vacancia de Pedro Castillo, que la antecedió, y fue hecha sin respetar el piso mínimo de votos para ser una vacancia constitucional. A la caída irregular de Castillo, determinada por este mismo congreso integrado por José Jeri (que fue parte de aquella votación irregular) le siguieron 50 asesinatos y 1500 heridos que aun buscan justicia. No la encuentran en su país. Por eso una comunicadora peruana sostuvo hace pocas horas: “nuestra bandera sigue manchada con estos mafiosos pasándose la banda presidencial. Este congreso golpista y cómplice del crimen organizado debe irse. Dina asesino y siguió corrompiendo el país de la mano de los congresistas. Que haya caído Dina no es suficiente, todo este pacto de violencia e impunidad debe irse”.
El congreso peruano también va a elecciones en unos meses. Los congresistas deben regresar a sus pueblos, donde son abucheados. Las victimas reclaman “justicia”. Por eso ahora le sueltan la mano a Boluarte. Nada más. Pero lo que vino no es mejor. Es igual. ¿Ahora las vidas sí importan? ¿Antes no? ¿Qué paso durante dos largos años? No había elecciones cerca.
No se equivoca el presidente Pedro Castillo cuando sostiene desde la cárcel arbitraria que sufre en Barbadillo que: “la vacancia o renuncia de la usurpadora siempre ha sido una exigencia popular. En ese esfuerzo, los hijos del pueblo derramaron su sangre y perdieron la vida por orden de un gobierno de facto. Hoy, la hipocresía de los golpistas que llevaron a Dina Boluarte al poder, viendo que el final y la justicia terminarán por cercarlos, quieren borrar sus huellas del escenario de la dictadura. El fujicerronismo y al DBA, en su afán de buscar votos y garantizar el fraude electoral, exhiben su desesperación por aparecer, convenientemente, lo más lejos posible de la usurpadora. Hermanos y hermanos de todos los pueblos del Perú: no renunciaremos a seguir luchando. La movilización social es, históricamente, la fuente de la victoria para recuperar y restituir el gobierno del pueblo que se me encomendó. ¡Solo el pueblo salva al pueblo!” La caída de Dina Boluarte a medianoche se parece más a una especulación dominada por el cálculo político del Congreso y el doble discurso de quienes hasta hace muy pocas horas archivaban toda denuncia contra Dina Boluarte. No un paso adelante en términos de justicia o de defensa de las instituciones. Falta mucho.
Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/864750-peru-restituir-al-presidente-legitimo
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