Los supremos salieron en busca de mejorar un poco su desteñida imagen pública
Por Luciana Bertoia
5 de febrero de 2022
La Corte terminó la semana con un propósito: intentar apaciguar las críticas después de que una nutrida manifestación reclamara la democratización del Poder Judicial en las puertas del Palacio de Justicia y de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusara a los supremos de dormir una de las causas más sensibles sobre el espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri. En esa línea, los integrantes del máximo tribunal anunciaron que convocarán a audiencias públicas para tratar una serie de temas que incluyen desde el uso del cannabis medicinal, el llamado derecho al olvido frente a los contenidos publicados en internet y la situación de las especies en extinción.
Los cuatro integrantes de la Corte se vieron las caras el jueves. Fue el primer acuerdo del año después de la feria de enero. Tres de los miembros del tribunal estuvieron presentes en el Palacio, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Juan Carlos Maqueda se conectó por Zoom. Hace unas semanas había estado internado después de sufrir una descompensación cardíaca. El encuentro sucedió tan solo dos días después de la movilización del 1 de febrero en la que los organizadores no solo reclamaron la renuncia de los cuatro cortesanos, sino que también dijeron que eran obstáculo para avanzar hacia la democratización del Poder Judicial.
De alguna manera, los supremos acusaron recibo. Algunos de ellos dijeron que estaban preocupados por la mala imagen que tiene la Corte Suprema y ellos, en particular. Esa preocupación ya la había exteriorizado Rosenkrantz mientras estaba al frente del máximo tribunal. No es una novedad que los supremos están pendientes de las encuestas que circulan sobre el rol del Poder Judicial. También, cuentan fuentes que caminan los tribunales que había una percepción de que la Corte debía bajarse del ring al que se subió con el Gobierno nacional al declarar la inconstitucionalidad de la composición actual del Consejo de la Magistratura.
Por eso se abocaron a trabajar en una agenda más amplia y con temas de interés social para intentar esquivar las escaramuzas políticas a la que tan proclives son los habitantes del cuarto piso. En los últimos días también, la vicepresidenta había dejado al descubierto cómo corrieron los supremos despavoridos para no intervenir en la causa de espionaje de los espías conocidos como Súper Mario Bros. Ese expediente tiene una particularidad que impide quedar bien con uno o con otro: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) espió a CFK, a exfuncionarios de su gobierno pero también a referentes de Juntos por el Cambio como Horacio Rodríguez Larreta o Diego Santilli. Es un terreno movedizo que evidentemente los supremos optaron por no transitar. Este viernes finalmente pusieron fecha para que se sortee a los camaristas federales a los que les cederán –con todo gusto– la posta (Ver aparte).
Por la forma en la que el tribunal comunicó su decisión, algunos entienden que no hubo un gran debate al interior de la Corte sino una determinación de dar alguna respuesta rápida a un momento de fuerte cuestionamiento del tribunal. A principios de la semana, el Centro de Estudios Legales (CELS) resaltó que la Corte actual limitó los procesos de apertura que se habían iniciado con la conformación anterior. Las audiencias públicas empezaron a hacerse después de 2007 y con el impulso del supremo Enrique Petracchi. Las hubo en temas tan diversos como la situación de las cárceles bonaerenses o en el caso de la Ley de Medios. Desde que se inició la pandemia esa práctica quedó en el olvido. Pero el proceso ya venía en declive. En 2019, solamente se llamó a audiencias públicas por dos temas.
Los casos
Por el momento, la Corte no especificó cuál será el cronograma de las audiencias públicas. Tampoco se conocieron con certeza cuáles serán los casos escogidos. Sí se sabe que las audiencias públicas versarán sobre estos asuntos:
El uso del cannabis medicinal. La Corte debe definir si es constitucional que la ley exija que una persona debe someterse a un programa estatal para acceder gratuitamente al aceite de cannabis. El tribunal tiene el caso de un niño que padece neurofibromatosis y que solo puede paliar sus dolores con el uso del aceite de cannabis. La Cámara Federal de Salta dejó sin efecto una autorización para que su familia pudiera practicar el autocultivo con fines medicinales y ordenó que se lo inscribiera en el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados para recibir el aceite. El tema llegó a la Corte. Si bien desde el tribunal aún no confirmaron que éste sea el caso, desde el año pasado ya está listo el dictamen del procurador fiscal Víctor Abramovich.
El (mal llamado) derecho al olvido. La Corte tendrá que volver a discutir qué deben hacer los buscadores de internet –como Google o Yahoo– cuando una persona denuncia que ciertos contenidos indexados afectan su honor. Este tema ya había estado en la agenda del tribunal años atrás cuando se realizaron las audiencias públicas en el caso de la modelo María Belén Rodríguez. Una curiosidad es que la Corte lo presente como “derecho al olvido” con el particular impacto que tiene una denominación así en un país comprometido con la memoria, la verdad y la justicia como es la Argentina. Hay autores que hablan del derecho de escribir la propia historia o a la autodeterminación informativa. En el tribunal se encuentra un caso resonante que podría ser el elegido por los supremos. Natalia Denegri viene reclamándole a Google que suprima de sus buscadores y de YouTube contenidos en los que protagonice agresiones físicas, cantos o de entrevistas sobre su vida íntima. Denegri fue una de las chicas que se hicieron conocidas cuando estalló el llamado caso Coppola, que tuvo un indudable interés público porque, entre otras cosas, derivó en la destitución como juez y en la posterior condena penal de Hernán Bernasconi. La Cámara Civil le dio la razón a Denegri, pero Google llevó el tema a la Corte.
Especies en extinción. La Corte analizará un caso que versa sobre la preservación del hábitat y la suspensión de la explotación productiva en la zona. Greenpeace presentó en 2019 un amparo por la situación de los yaguaretés en la zona del Gran Chaco. La organización sostiene que la industria ganadera está destruyendo a gran velocidad la casa de los últimos 20 ejemplares mientras la deforestación que trae aparejada afecta también a las familias originarias y campesinas. La demanda abarca a cuatro provincias (Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero) y al Estado nacional por la aplicación de la ley de bosques. Por la descripción que ofreció la Corte en el Centro de Información Judicial (CIJ), éste podría ser el caso a debatir.
Corredores inmobiliarios. La Corte analizará los conflictos entre los colegios de corredores y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria.
Las indefiniciones
La relación entre el gobierno y la Corte no pasa por su mejor momento. Eso quedó claro el 7 de diciembre pasado cuando el ministro de Justicia, Martín Soria, fue de visita por primera vez al Palacio de Justicia. Entre otras críticas, el funcionario les dijo a los supremos que usaban los fallos para incidir en el escenario político y que eso era posible porque se desconoce cuál es la agenda que siguen. Entre finales de 2018 y mitad de 2019, los supremos difundieron una agenda de fallos, pero la práctica quedó en desuso.
Hasta ahora no se sabe cuándo los jueces de la Corte se abocarán a temas álgidos como la demanda de la Ciudad por la coparticipación, a los recursos que hay presentados en la causa de Vialidad que tiene a CFK en juicio o a los recursos presentados por la defensa de Milagro Sala. También tienen incidentes de la causa que más preocupa a Mauricio Macri, la del Correo Argentino, y una mora importante en los casos de lesa humanidad que derivó en un duro pedido de informes de Naciones Unidas.
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