Jorge Elbaum, periodista.
Frente, política y gobierno
Por Jorge Elbaum (*), especial para NOVA
La peste trastocó todo. No podemos saber a ciencia cierta qué hubiese pasado de no haberse presentado. Pero aquí estamos. Y en los últimos tres meses se escuchan voces empiezan a repetirse voces críticas en el patio interno del Frente. Algunas de esas voces pretenden sumar. Otras solo buscan construir su paraguas de protagonismo para la confesión de las próximas disputas electorales.
En el mientras tanto hay compañeros funcionarios que mastican su frustración en el mismo lapso que se juegan la vida en la ruleta del contagio, atravesados por fantasmas de respirador. Otros se empecinan en olvidar que el Frente no es un Frente creyendo que ganaron las elecciones con absoluta prescindencia de alianzas. Se suponen en soledad –a libre disponibilidad de su voluntad– sin advertir que el enemigo también juega sus piezas. Y que son muy poderosas. Estos últimos se cierran en una ceguera que los lleva a creerse el centro blindado de un proyecto del cual se asignan su representación.
Pues bien: esto es un Frente. Es decir, un conglomerado de visiones diferentes que se unieron para ganar las elecciones y modificar algunas (muchas o pocas, se verá) de las trayectorias impulsadas por el macrismo neoliberal.
Este Frente se expresa en un gobierno con funcionarios que efectivamente sí funcionan, otros que claramente no funcionan y otros que intentan pasar desapercibidos para que nadie sepa si funcionan o no.
Luego de un año de peste, de profusión de malas noticias impulsadas y machacadas por la trifecta mediática (Clarín, La Nación e Infobae) muchos compañeros se sienten agotados y frustrados. Muchos de ellos pierden de vista el escenario –las evidentes contradicciones de fondo– y empiezan a tirar piedras desde afuera, sobre el vidrio de la realidad política, como si fuesen consumidores engañados. Se olvidan de que en tiempos laberínticos se impone el debate interno y golpear la mesa sin abandonar el redil y apostrofar desde el exterior.
Quienes hacen política convencidos –y con lucidez básica– saben que no funciona el hecho de levantar el dedito quejoso de la frustración. Que estos son los momentos para contar como ayuda-memoria la recordada frase del “Negro” Carlos Carella: “Cuando uno pierde de vista al enemigo empieza a pelearse con el compañero”.
La lucha política no es una tarea para almas despechadas. Es una construcción consciente, militante y decidida. Quienes se sienten frustrados tiene que asumirse como parte del debate y no dedicarse a tirar piedras desde el exterior del vidrio cual si pertenecieran a selectos clubes de ofendidos.
La comprensión de las correlaciones de fuerza supone un punto de partida para emprender nuevos escalones de acumulación de poder. Nunca para cosificar y postular como inmodificable ese punto de partida.
Existen dos paraguas conceptuales que atraviesan la sociedad argentina. Uno, claramente, tiene prosapia neoliberal y se hace explícito en la conformación de los “cambiemitas”. Y es verdad que algunos de sus ademanes, menos explícitos y conscientes sobreviven en el entramado de muchos de los votantes del Frente de Todos. Este neoliberalismo tiene un carácter cultural y, como tal, se encuentra naturalizado. Ha sido introyectado desde la década del 70 del siglo pasado, ha sido difundido por el menemismo y ha ocupado el centro de la vida política hasta la llegada al gobierno de Néstor Kirchner.
Este neoliberalismo recóndito e implícito, sin embargo, continúa latiendo en las practicas sociales y políticas con mayor o menor fuerza, en forma transversal. Se expresa en un estilo de dirección y también en una lógica de funcionamiento: su evidencia más expresiva es que elude preguntarse sobre el poder: ¿Quiénes detentan los poderes fácticos? ¿Por qué? ¿Qué atributos requiere ese poder? ¿Quiénes son los desempoderados?
Si hay algo que caracteriza al neoliberalismo es su tradicional (e imperiosa) necesidad de sepultar y silenciar estas preguntas. El neoliberalismo pretende disolver la problemática del poder como disputa. No soporta que se ponga en evidencia que el enriquecimiento de algunos se hace a costa del empobrecimiento de otros. Esa imagen, claramente comunicable, es la que despierta el mayor resquemor de los sectores hegemónicos. La política, aunque suene axiomático subrayarlo, es lucha por el poder. Y el neoliberalismo se ha especializado en invisibilizar esta realidad.
No se puede superar el neoliberalismo enquistado sino se plantean nuevamente estos interrogantes. Es lo que la tradición Nacional, Popular y Revolucionaria (NPyR) hizo a lo largo de la historia de nuestro país: señalar el poder. Marcarlo. Ubicarlo en el espacio geográfico en el simbólico. Advertir su actuación describiendo a sus responsables prebendarios y criminales. Consignando su continuidad como colectivo beneficiario del desfalco sistémico del que una porción minúscula es privilegiada.
Tareas
El último cuatrienio macrista influyó fuertemente en el olvido de la pregunta básica. Muchos compañeros confundieron la herramienta electoral como un punto de llegada, cuando indudablemente es un punto de partida: el de la recomposición del poder propio y el del debilitamiento del poder del enemigo.
La política es una mezcla de coerción y consensos. De acuerdos y disputas. De luchas y empates. Nunca es –ni puede ser– el sinónimo de una continuidad equivalente. Los proyectos políticos enfrentados tienen, a grandes rasgos, concepciones dispares. Y no es posible enfrentar al neoliberalismo con sus armas.
La inercia conceptual favorece a quienes detentan los poderes fácticos, es decir el control de los mercados (financieros, productivos, laborales de comercialización y simbólicos, entre otros). Ese poder garantizar, entre otras prerrogativas, la comprar voluntades y la extorción basada en la descapitalización, el desabastecimiento, la inflación, la fuga de capitales y la evasión.
Frente a esta realidad, existen –seguramente entre muchos otros– algunos ejes que deberán ocupar un lugar central en la agenda del trienio que resta Estas dimensiones tienen la doble búsqueda de contribuir al empoderamiento popular y al mismo tiempo promover su reverso: la pérdida de capacidades operante de los grupos concentrados.
-El hambre, la indigencia, la pobreza: un gobierno en el que participa el PNyR debe encarar de forma prioritaria este flagelo generado por la precarización y la desocupación, consecuencias directas del neoliberalismo. La financiación es la derivación de capitales hacia el mundo improductivo y especulativo en el que no se ofrece trabajo. De ahí que el Estado tiene la obligación de llevar a cabo dos faenas simultaneas: por un lado, impedir, limitar y regular la financiación y por el otro crear mercados accesibles de alimentos y de bienes básicos para su población más vulnerable. Como bien señaló recientemente la diputada Fernanda Vallejos, es imprescindible desacoplar los precios de los alimentos de sus valores de exportación. Y eso puede hacerse en asociación con las cooperativas, los movimientos sociales, el apoyo a la economía social sin dejar de operar sobre las regulaciones a los intermediarios mercantiles y a los formadores de precios monopólicos.
Hay que poner la comida que producen los pequeños productores en los barrios populares, sin mediaciones y con el apoyo decidido de los gobiernos locales, provinciales y la orientación de la política federal. Solo se debe exportar aquello que es un excedente. La tarjeta alimentar tiene que utilizarse para que adquirir productos comercializados por los propios productores, con apoyo logístico del Estado, evitando que dichos recursos terminen en manos del oligopolio supermercadista. Si es necesario hay que movilizar la logística del ejército para trasladar dichos alimentos desde los productores hacia los barrios populares.
-El trabajo y el salario. El gobierno de los Fernández debe promover las lógicas laborales que el mercado financiarizado excluye. No hay posibilidades (en la medida que los poderes fácticos locales sigan empecinados en la fuga y la adecuación a los intereses de Estados Unidos) de incrementar de forma permanente la empleabilidad. Las inversiones nunca serán suficientes porque el mercado asiático ofrece condiciones laborales que Argentina no puede ni debe imitar.
El neoliberalismo presente en la idiosincrasia empresaria local, solo demanda desregulación, flexibilidad laboral y des-sindicalización, al tiempo que impone reiteradas caídas del poder adquisitivo del salario en nombre de la competitividad. El Estado debe avalar negociaciones paritarias en las que el salario le gane a la inflación sin que dicho incremento se traslade a los precios.
Eso exige un análisis pormenorizado de la cadena de valor de los productos y una vigilancia sistemática e inteligente de los procesos de logística y comercialización. Esto último incluye regular y desarmar el esquema monopólico de los grandes jugadores del sistema. Es posible que esta tarea no pueda ser efectivizada de un día para el otro. Pero es necesario asumir que el objetivo reclama la limitación progresiva del poder de fuego de quienes extorsionan al resto de la sociedad.
-El fortalecimiento del Estado en las áreas monopolizadas de la energía y las exportaciones, ya sea para regularlas o para estatizarlas. El neoliberalismo piensa el mundo como un lugar de apropiación único. Sin fronteras y con una divisa dineraria excluyente. En nuestro país esto se combina con la existencia de una economía bimonetaria que esos mismos grupos avalaron e impulsaron. Pero también se funda en un colonialismo mental. Como bien señaló el prominente intelectual argentino Diego Capusotto, los grupos dominantes “Se creen los dueños de un país que detestan”. Y piensas según las coordenadas de Miami: la fuga de capitales de esos sectores se produjo incluso cuando no existían procesos inflacionarios ni dolarización de la economía. Buscan obtener dólares porque sueñan vivir en un país que no es este.
Los sectores concentrados locales han incorporado los precios internacionales como “sus precios”. Aunque paguen insumos en pesos no dejan de pensar en dólares. La fuga de capitales no puede hacerse en pesos.
-Organización popular. Abundan los compañeros que confunden el gobierno con el poder. La gestión estatal maneja resortes importantes pero no controla las profunda estructuras materiales ni las simbólicas. Los grandes jugadores de las transnacionales, se encuentran articulados geopolíticamente con el mercado financiero y sus canales de pedagogización, las corporaciones mediáticas. La única forma de modificar la distribución del poder, a mediano y largo plazo, reside en la organización popular. Cuando los grupos concentrados olfatean un divorcio entre un gobierno popular y su fuente de autoridad (sobre todo sindicatos, los movimientos sociales y los partidos integrantes le Frente), se apresura a tironear de la cuerda para destrozar la experiencia.
El Frente de Todos tiene que contar con un espacio de articulación que permita defender en forma estratégica (sin restringir los debates internos) el horizonte de su programa soberanista. Sin esa estructura de defensa estratégica se corre el riesgo de dejar en soledad a un gobierno.
-La justicia. Existen dos instituciones estatales que atrasan. Que no se han renovado ni actualizado luego de la recuperación democrática: el poder judicial y los organismos de seguridad internos. Ambas mantienen una impronta ligada a la cultura oligárquica conservadora, legitimadora de un orden social autoritario. En el caso de los organismos de seguridad ese carácter se expresa en su desprecio racista hacia los sectores populares: les advierten, apenas ingresas a las fuerzas, la peligrosidad de los pobres y de los manifestantes populares. Su resultado es la cosificación de los sectores humildes y el etiquetamiento delincuencial, avalados por el paraguas de la tradición judicial que brinda cobertura a gran parte de sus acciones represivas.
La justicia debe reformarse porque una parte de ella continúa exponiendo el ADN dictatorial, que percibe toda transformación social como sinónimo de subversión de sus valores. La pretensión contra mayoritario del poder judicial se ampara en un falso principio de equilibrio. Se presenta a sí misma como un poder que impide el absolutismo de las mayorías por sobre las minorías. Sin embargo, la única minoría protegida, curiosamente, es la casta de los privilegiados. El resto de las minorías (segmentada de cualquier forma que se imagine) carece de los amparos que la familia judicial le concede al 5 por ciento de la sociedad.
El poder judicial tiene entre sus fundamentos prioritarios la tarea de constituirse en un muro limitante de la voluntad popular. Trabaja específicamente para frenar la democratización y para perseguir a sus referentes políticos. La reforma tiene que incluir el cuestionamiento de sus prerrogativas corporativas y la validación permanente de sus decisiones a través de mecanismos transparentes y periódicos. Los integrantes del poder judicial –sobre todos aquellos que son edulcorados y visitados por los CEOs del mundo empresario– deben saber que son empleados de la sociedad: no son una casa nobiliaria ajena a la conformación institucional que supone un Estado.
-Presos políticos. Su situación es una de las heridas más evidentes del último cuatrienio neoliberal “cambiemita”. Quienes exigimos el fin de las prisiones políticas defendemos a ciudadanos que han sido privados de sus derechos básicos. Han sido condenados por medios de comunicación y sus dictámenes han sido firmados por jueces e instrucción y tribunales manipulados por el macrismo o aterrorizados por los escarches de la Trifecta mediática, que conformaron un imaginario delictivo para condenar sin los más mínimos derechos a una defensa.
Todos los procesos han sido viciados por operadores judiciales con el único objetivo de romper el vínculo entre dirigentes y las mayorías populares, apuntando en forma directa o por elevación hacia Cristina Fernández de Kirchner.
-La comunicación y los medios es otra de las labores que debe plantearse con urgencia. Hay que salir de la creencia de que lo único que puede hacerse con el universo comunicacional es gestionarlo. Esa admisión solo contribuye a fortalecer el desequilibrio en manos de los grupos monopólicos y darle continuidad a su entramado. Se hace imprescindible la planificación estructural (de corto y largo alcance) tendiente a reconfigurar la matriz comunicacional. Esto exige desplegar metas, acciones y dispositivos a ser utilizados, en las diferentes áreas de impacto correspondientes al universo mediático, informativo y de tránsito de contenidos.
Se debe abandonar la permanente situación defensiva (y subsidiaria) de las operaciones llevadas a cabo por lógica neoliberal. Hay que construir una agenda propia con los problemas reales, cotidianos y domésticos de las mayorías populares, mientras en forma paralela se utilizan los cuadros políticos apropiados para dar el debate frente la Trifecta. Con este fin se debe contar con relevamientos comunicacionales correspondientes a los diferentes segmentos sociales (en la actualidad se ha normalizado la falacia ecológica que consiste en creer que las tematizaciones de la oposición son las únicas posibles).
Se deben priorizan las innovaciones tecnológicas (ejemplo, 5G) como oportunidad de desmonopolización comunicacional, orientada a la modificación estratégica de la matriz comunicacional de la sociedad, con claro sentido democratizador. Desgastar la articulación trasnacional de refuerzo neoliberal (tanto en sus aspectos financieros como tecnológicos) exige articular a los medios universitarios, sociales, comunitarios, alternativos y a las pequeñas y medianas de comunicación en un entramado que demande “paritarias comunicacionales”, federales, provinciales y locales. El Estado no puede seguir financiando monopolios. Tiene que distribuir su pauta en base a la ampliación y no concentración: a mayor publicidad privada (recaudada por las empresas) menor pauta pública.
-Reforma tributaria. En Argentina los pobres pagan más impuestos que los ricos. Y los más pudientes evaden y fugan sin que los humildes hagan lo propio. Ergo: el Estados tiene que recaudar en forma progresiva. El Estado cuenta con los mecanismos tecnológicos para cambiar el actual orden de cosas. Se requiere un nuevo pacto fiscal que ponga en el centro a los sectores más pudientes, a la fuga –que repite desde hace décadas– y a su concomitante elusión fiscal.
-Integración regional y la cooperación prioritaria con los gobiernos que tienen vocación soberana. Estados Unidos ha sido en el último siglo el gran enemigo de nuestro desarrollo productivo y quien más ha colaborado con las fuerzas retardatarias locales. Washington se opone a la Patria Grande porque su constitución implica un potencial enorme, capaz resistir los planteos del Departamento de Estado. El correlato de esta afirmación supone entablar lógicas multilaterales autónomas, sin esperar aquiescencias imperiales.
-Hay que perder el miedo. Pero perderlo no significa ser ingenuo ni voluntarista. Significa tener las ideas claras y acompañarlas con planificaciones estratégicas y tácticas meticulosas y coherentes. Sin orientación solo se administra lo creado por el neoliberalismo. Sin planificación se pelea contra fantasmas. Cuando se tiene claro el horizonte (y los posibles caminos alternativos) no existe tapa de ningún diario que pueda atemorizar a quien es consecuente con una lucha que ya acumula el tesón de varias generaciones.
(*) Periodista
Publicado en:
https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2021_1_25&id=94813&id_tiponota=3
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