Las distintas soledades de Ramos Padilla y Stornelli
POR HORACIO VERBITSKY
Como era de prever, un delegado del embajador Edward Prado respondió al juez federal Alejo Ramos Padilla que el espía Marcelo Sebastián D’Alessio “nunca ha tenido relación con ninguna agencia de los Estados Unidos, ni ha participado de actividad o programa alguno que involucre al gobierno de los Estados Unidos”.
Es la contestación de manual ante el desliz de cualquier agente caído en desgracia y sólo implica que no hay forma de suscitar la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia (que el artículo 117 de la Constitución le asegura en forma exclusiva cuando están involucrados representantes de una nación extranjera). Esto explica también cómo la superpotencia puede reclutar personal de las características bufonescas de D’Alessio: es muy simple negarlo. Mientras Ramos Padilla exponía sobre la causa en el Congreso, Prado recibía en la embajada a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich; al fiscal a cargo de la Procuración General, Eduardo Casal; al encargado de terrorismo del Ministerio Público Juan Manuel Olima (que en la portada anterior del Cohete lució con orgullo una gorra de la DEA) y al encargado por la Corte Suprema de las escuchas telefónicas legales, Juan Rodríguez Ponte, “para compartir experiencias sobre el combate contra el crimen transnacional y el terrorismo”.
Gente espontánea
El Poder Ejecutivo decidió promover el juicio político de Ramos Padilla. Esto mide la hondura de la estocada recibida por la investigación. Podrá abrir la investigación en el Consejo de la Magistratura, designar un instructor y guardar la causa a la espera de que algún miembro del consolidado bloque opositor se vaya de viaje, para necesitar 8 en vez de 9 votos, que no los tiene. Cuesta imaginar a Miguel Pichetto o Graciela Camaño alineándose con Juan B. Mahiques y Pablo Tonelli para sancionar al juez que expuso la putrefacción del fuero federal. Por no hablar de los radicales. Esta vez el desmarque le toca a Juan Pablo Más Vélez.
Mientras, la causa sigue en disputa entre el titular del juzgado federal de Dolores y el serpentario de Comodoro Py, donde hizo punta en reclamarla Julián Ercolini, el esposo de María Julia Kenny, la ex secretaria del ministro Germán Garavano y actual encargada de prensa del fiscal interino a cargo de la Procuración General de la Nación, Eduardo Casal. Corrido de la relación con la Corte Suprema (donde apenas es el damo de compañía del jefe de gabinete Marcos Peña Braun, quien esta semana visitó a los supremos para hablar de plata, pero según juran todos, no de causas en trámite), Garavano se ha refugiado en el Ministerio Público, donde su palabra sí es escuchada.
Ercolini es el juez que liberó de reproche a los titulares del Grupo Clarín y del diario La Nación por el apoderamiento de Papel Prensa, lo cual le asegura una cobertura favorable vitalicia.
Casal recibió todos los elementos acopiados por Ramos Padilla y acordó con el fiscal Carlos Stornelli que el denunciado haría una “presentación espontánea”. Chas chas en la cola. Ramos Padilla volvió a llamar a indagatoria a Stornelli para el miércoles 20, luego de su faltazo inicial. Stornelli anuncia a quien quiera escucharlo que no concurrirá.
También podría reclamar la causa, pero hasta ahora no parece interesado en hacerlo, el juez federal Luis Rodríguez, quien ya procesó a D’Alessio y ahora citó a indagatoria al fiscal provincial de Mercedes Juan Ignacio Bidone, quien colaboró con D’Alessio en tareas de Inteligencia ilegal. Esa relación es añeja, se remonta al tiempo del triple crimen de General Rodríguez. Bidone se presentó a confesar que hacía intercambio ilegal de información con D’Alessio ante la fiscal Alejandra Mangano, la esposa del fisgón Rodríguez Ponte. La familia judicial es más que una metáfora.
En uno de sus viajes con Etchebest, D’Alessio contó que Bidone le debía 840.000 pesos. Dijo que le había conseguido una mesa de dinero a Bidone para que depositara plata negra proveniente de una empresa de personal temporario, competidora de Manpower. Añadió que uno de sus cheques fue rechazado y que además compartían un negocio con el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco. Consistía en pasarle a Bidone la nómina de presos en condiciones de hacer salidas transitorias, que podían ser contratados por una paga ínfima por aquella empresa. D’Alessio cobraría mil pesos por cabeza y los compartiría con Burzaco, dijo. Por si alguien se interesa en verificarlo, la empresa es Handlung Group, presidida por Sergio Alejandro Selles. Tiene sede en Alicia Moreau de Justo 1960, 2° Piso, y presta servicios tan diversos como:
Búsqueda y selección de personal eventual o temporal.
Seguridad a personas y establecimientos. Escolta y protección, monitoreo por medios electrónicos y cualquier otro permitido.
Seguridad a transportes. Transporte, custodia y protección de cualquier objeto de traslado lícito, a excepción del transporte de caudales.
Seguridad en lugares públicos. Vigilancia y protección de personas y bienes en espectáculos públicos, locales bailables y otros eventos o reuniones análogas.
Seguridad Civil. Obtención de evidencias en cuestiones civiles o para incriminar o desincriminar a una persona siempre que exista una persecución penal en el ámbito de la justicia por la comisión de un delito y tales servicios sean contratados en virtud del interés legítimo en el proceso penal.
Capacitaciones. Selección, capacitación, organización y dictado de cursos, asesoramiento en seguridad y custodia de personas o bienes en cualquier entidad u organización permanente o transitoria de empresas y/o capitales.
Seguridad Integral. Auditoría, planeamiento, diseño, implementación y control de sistemas de seguridad y custodias integrales en organizaciones.
Asistencia Aérea. Para traslado de ejecutivos y relevamientos aerofotográficos.
Protección Vip. Destinada a dignatarios, funcionarios públicos del más alto nivel, diplomáticos, personalidades, empresarios o cualquier persona que necesite protección. Acciones preventivas con antelación suficiente a su manifestación, capacidad de observación, detección y disuasión.
Seguridad Electrónica. Destinado para anunciar y anticiparse a un problema que requiera que los elementos de seguridad actúen de manera preventiva. Una de las herramientas que provee la tecnología para una óptima gestión de la seguridad.
Monitoreo satelital a través de cámaras y drones I Sensores IOT. Control visual de entornos cerrados y abiertos. Seguimiento satelital para garantizar la continuidad y seguridad de los procesos. Sensores autónomos.
Transporte marítimo y aéreo. Gestiones nacionales e internacionales al alcance del cliente, permitiendo el pleno desarrollo en su actividad. Desde nuestros depósitos brindamos también paquetes cerrados que incluyen los servicios de estiba (carga o descarga de buques), acopio de mercaderías, fraccionado de productos a granel y transporte carretero o ferroviario desde origen, en caso de exportación; o a destino, en caso de importación. De esta forma nuestros clientes reciben un servicio integral que definimos “puerta cliente a buque” o viceversa “buque a puerta cliente” con procesos industriales intermedios tales como fraccionamiento, clasificación, zarandeo, limpiezas, etc., sumado al transporte terrestre.
Además tiene una sede en Miami, Selles no está inscripto como empleador y presentó un escrito en la causa contra Lázaro Báez, que Clarín bautizó como Ruta del Dinero K. Entre sus clientes figuran grandes empresas internacionales, como Walmart, Easy, Jumbo, Falabella, Quilmes o Carrefour. Es seguro que la embajada también respondería que no tiene relación alguna con Selles.
Los clientes del amigo de D’Alessio. Desde changarines hasta drones.
Desde que recibió el 28 de enero la denuncia de Pedro Etchebest, Ramos Padilla desplegó una actividad jurisdiccional de vértigo, que le permitió adquirir un caudaloso paquete probatorio antes de que Stornelli y sus apoyos políticos en el gobierno nacional y en la corporación judicial pudieran articular una defensa efectiva. La contundencia de los elementos colectados y la crisis del gobierno fallido del Presidente Maurizio Macrì demoraron la adopción de un temperamento definido. Recién el viernes 15 decidieron promover el juicio político, más para mostrar actividad que con probabilidades de éxito. Ese mismo día, desde la Corte Suprema llamaron a Ramos Padilla, para concretar los tres contratos y un vehículo que el juez había solicitado. Ante una consulta para esta nota, desde la Corte dijeron que la solicitud será concedida. En cambio, el Consejo de la Magistratura no respondió aún al pedido de hardware y software que permitan acceder a la documentación secuestrada, en papel y en soporte magnético.
En soledad
La soledad del juez es patética: el Servicio Penitenciario Federal le respondió que no tenía combustible para trasladar a Dolores a un detenido que debía declarar. La asociación ilícita que integraba el incontinente verbal procesado por extorsión y por realizar operaciones ilegales de Inteligencia no hubiera podido funcionar sin la aquiescencia del gobierno nacional, de la Cámara Federal, de la Cámara de Casación Federal y de la propia Corte Suprema, que avalaron las tropelías de Stornelli y el doctor Glock. De esas mismas instancias depende que pueda desmantelarse.
Pero no sólo de ellas. Tanto el oficialismo como el Peornismo Conversable se negaron a apoyar la citación a Ramos Padilla para que expusiera sobre sus hallazgos ante la comisión bicameral de supervisión de los organismos de Inteligencia. Entre los procesados están dos inorgánicos de la AFI, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, quienes según D’Alessio le encomendaron investigar a Pedro Etchebest. Por ese desinterés, Ramos Padilla fue convocado a la Comisión de Libertad de Expresión, que preside el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau. El impacto fue tan fuerte y la crisis interna de Cambiemos es tan profunda, que el senador radical Juan Carlos Marino lo invitó para esta semana a la Comisión Bicameral de Control de los organismos de Inteligencia, que preside. Y no sólo a Ramos Padilla. También al amigo presidencial Gustavo Arribas. No puede descartarse que la presión oficial lo obligue a cancelar la cita.
Mientras, Stornelli raja los tamangos en los pasillos judiciales buscando un pecho fraterno. Pero le cuesta encontrarlo. Quienes lo apañaron en el zenit, como Martín Irurzun y Ricardo Lorenzetti, le escapan en el nadir. El apestado comienza a sentir la indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, a presentir que no puede esperar una ayuda, ni una mano, ni un favor. Lo escuchan, pero sólo responden con monosílabos. No quieren arrojarlo a los lobos, pero preferirían que se corriera solo. La solidaridad llega al punto en que los avances de Ramos Padilla afecten al resto. Primero la corporación, después el fuero y por último los hombres, es la consigna, quasi peronista. ¿Quién la hubiera previsto en el correcto radical Irurzun?
Cuentos de la oficina
El análisis provisorio de la documentación que por pedido del juez realizó la Comisión Bonaerense de la Memoria, presidida por el Premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, menciona una comunicación via WhatsApp de D’Alessio, posterior a la publicación de la denuncia de Etchebest, en la que dice: “Estoy destrozado. Me tendieron una trampa” y “me di cuenta tarde que este tipo era socio de Ricardo Bogoliuk, el hombre que me contrató para hacer la supuesta investigación. Perdí toda la credibilidad en tres días”. Después también perdió la libertad y hoy nadie quiere reconocer que dormía en la misma cama con él. El mismo virus infecta a Macrì, Stornelli y D’Alessio, sólo varían el periodo de incubación y las defensas de cada uno.
No es que se dio cuenta. Lo supo desde siempre. Etchebest compartió una oficina en Puerto Madero con Bogoliuk y con el ahora también procesado Degastaldi, aunque su explicación sobre las razones y acerca de qué hacía cada uno allí son de aquellas que oscurecen, tan vagas que no soportan tres preguntas. D’Alessio estaba en otro piso del mismo edificio y así se conocieron. En sus extensas conversaciones, ambos hacen referencia a un conflicto con “Aníbal” y “Ricardo”, en el que Etchebest habría apoyado a D’Alessio, quien dice que tuvo que traer tres millones de dólares de los Estados Unidos y promete vengarse. No se referían a Aníbal Fernández ni a Ricardo Echegaray, contra quienes D’Alessio operó en otras causas.
Bogoliuk y Degastaldi son dos ex comisarios de la policía bonaerense reclutados por la AFI que, tal como la embajada con D’Alessio, si los ha visto no se acuerda. “La AFI no tiene inorgánicos”, llegó a responder. Degastaldi fue discípulo del ex obispo castrense Victorio Bonamín, quien lo moldeó en su ideología reaccionaria.
Degastaldi, en los diarios de Bonamín.
Bogoliuk, en cambio, es considerado un profesional apto, que acompañó a Marcelo Fabián Saín en la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, luego de que Carlos Arslanian lo separara de la Bonaerense por la clase de razones que todos conocen pero nadie puede probar y que dan lugar a largos recursos administrativos y judiciales.
Es ostensible que esta historia salió a luz por una lucha interna entre bandos de los servicios de informaciones, lo cual lejos de descalificarla incrementa su interés. En la serie negra, con que la literatura y el cine pintaron la putrefacción del capitalismo en auge, no había ángeles. Tampoco los hay en su decadencia, en un punto remoto de la periferia del sistema.
Con membrete
Entre los materiales secuestrados en la casa de D’Alessio había dos informes con membrete de la embajada de los Estados Unidos y uno del órgano encargado de la cooperación internacional en el Ministerio de Defensa de Israel, “que contienen información pormenorizada de las personas blanco de las operaciones del imputado D’Alessio. Datos personales, fotografías tomadas mediante acciones en el campo, antecedentes penales, así como también el resultado del análisis de las interceptaciones telefónicas”, según el resumen de la CPM que Ramos Padilla llevó al Congreso. Entre las fojas 27 y 40 (más de una quinta parte del informe) se presenta una operación de Inteligencia sobre empresas de Irán y Venezuela, en la línea del gobierno de Donald Trump. Parte de la operación tuvo lugar en el Uruguay sobre empresas que según D’Alessio constituirían una embajada paralela de la nación persa.
El 28 de diciembre de 2018, D’Alessio le escribe a Stornelli que “si Macrì o María Eugenia llega(n) a comprar el cemento o diesel que ofrecen con cobertura de empresas rusas, nos quitan el acuerdo del FMI. Te vas a ganar más que un premio. Mucho más!!”.
También se comunica con Stornelli respecto del directivo uruguayo de la petrolera venezolana, Gonzalo Brusa Doval, a quien se jacta de haber puesto en pánico, para entregarlo ya quebrado al operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Santoro, y al propio Stornelli. “Si es lo que imagino, además del informe que tengo que armar para Maine y enviarlo por valija diplomática, está el factor argentino que seguro le vas a sacar mucho provecho”. Y agrega: “Mauro está al tanto vía Mario M, q hoy regresa”. Sólo es posible conjeturar quién es Mauro, pero Mario M. es Mario Montoto, a quien D’Alessio le contó la operatoria como un triunfo para Macrì, que no se llama Mauro sino Maurizio.
Esto explica el nerviosismo con que el traficante de parafernalia bélica y de Inteligencia salió de su habitual mutismo para exponerse ante uno de los operadores del grupo en la televisión.
Las comunicaciones de Montoto con D’Alessio y con Stornelli dan cuenta de una trama internacional muy densa. El 26 de enero, D’Alessio le informa a Montoto que resultó “perfecta la extracción de los 4 objetivos de la embajada”, le anuncia que volverá por 48 horas a Venezuela y le manda bendiciones para el “Sumo Pontifice si podés verlo”. En sus charlas con Etchebest, D’Alessio dijo que Montoto había sido uno de los recaudadores que consiguió el dinero requerido para levantar la quiebra del banco del Vaticano, de modo que Jorge Bergoglio fuera electo Papa. Pero aquí no se está floreando con un incauto; el diálogo es con el propio Montoto.
La enigmática frase final (“Si. Le voy a devolver a la mamá”) es un mexicanismo por lo apreté muy duro. Se refiere a un caso de 2016 en el que un grupo narco secuestró a un ingeniero en Totolapan. El pueblo respondió capturando a familiares de los secuestradores y la esposa del ingeniero dijo: “Así como me lo devuelva, le devuelvo a su mamá”.
Al día siguiente le informa a Montoto de la operación con el ex gerente de PDVSA, que será “un espaldarazo para Macrì” y le dice que quiere que sea el primero en saberlo. Montoto lo felicita. Cuando el fiscal le pide la cámara oculta para enchastrar al abogado José María Ubeira (quien fue defensor de Stornelli en una causa por los barrabravas de Boca), D’Alessio le responde que lo hará porque “Mario un día me dijo que te aprecia y eso para mí es más que una instrucción”. Stornelli no se contiene:
—Es mi hermano— dice.
Montoto, que preside la Cámara de Comercio Argentino Israelí, también es íntimo del doctor Glock, el mismo que en 2003 ordenó encarcelar a su antiguo jefe, al que llamaban Pepe cuando él era Pascualito.
Pesos pesado
Stornelli le envía a D’Alessio una nota publicada por el defensor de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi en la que afirma que las declaraciones de los arrepentidos “fueron producidas por fuera de todos los extremos normativos que regulan el instituto. La prisión preventiva, de modo irregular y arbitrario, habría sido utilizada como elemento extorsivo para producir esas declaraciones. Esto fue confirmado incluso por defensas que denunciaron la utilización de la extorsión como método de ‘confesión’. Muchos ‘arrepentidos’ se arrepienten de ‘arrepentirse’ e incluso han formulado certificaciones ante escribanos dando cuenta que sus declaraciones fueron producto de un accionar ilícito tanto del Juzgado como del Ministerio Público Fiscal. Las declaraciones no fueron grabadas debidamente, por lo que no pueden ser corroboradas. Es más, el propio fiscal reconoció ante la prensa haber modificado las declaraciones, ocultando o no incluyendo información que se habría brindado en las audiencias”.
Rusconi concluye que “algunos de los funcionarios judiciales o del ministerio público que han posibilitado, impulsado, ejecutado, ideado, instigado y ordenado estos dislates violatorios de los derechos humanos más elementales, van a tener que explicar las razones por las cuales han hecho tanto daño al Estado de Derecho de nuestro país, a la convicción republicana de la sociedad y al cuerpo y las almas de aquellos que han recibido castigo penal injustamente”.
Stornelli interpreta que estaban planificando una operación en su contra, pero agrega que “tenemos una vacuna. La sota mostró los pies”.
La vacuna es la cámara oculta, no sólo contra Ubeira sino también contra Javier Landaburu. Según D’Alessio, Stornelli “le quería hacer un daño, en virtud de que tenía la voluntad de efectuar una presentación ante escribano público señalando que Stornelli había coaccionado y agredido verbalmente a Enrique Wagner y Paolo Rocca” en su despacho de la fiscalía.
El cuchillo se acerca al hueso: Rocca es el empresario más poderoso de la Argentina (y no sólo de la Argentina) y su constructora es uno de los objetivos del gobierno de Estados Unidos. Como dijo el embajador Prado ante el Senado de su país: en la Argentina trabajaría con abogados y jueces argentinos para enfrentar la corrupción, lo cual aumentará “las oportunidades para las empresas estadounidenses”. No sólo Rocca es una ciudadela asediada (con causas por corrupción abiertas en la Argentina, Italia, Estados Unidos y Brasil). Ése es el problema de las empresas globales cuando se topan con una megapotencia. Landaburu comparte el estudio con Ricardo Rosental, Alejandro Carrió, César Mayer y Santiago Feder. En la causa de las encuadernaciones son los defensores del primo presidencial Angelo Calcaterra y de su gerente Sánchez Caballero. Antes, defendieron a Maurizio Macrì cuando fue procesado por las escuchas ilegales y el espionaje como intendente de Buenos Aires.
Es un choque de pesos pesado. A Stornelli, Ubeira no lo preocupa. A Landaburu le teme.
Otro de los pedidos de Stornelli a D’Alessio fue conocer todo sobre el piloto peruano de United Airlines Jorge Christian Castañón. En cinco días, D’Alessio le informa que no es piloto de United sino de una subsidiaria low cost de cabotaje, de modo que si viene a la Argentina no lo hace por su trabajo sino como bagayero. Le dice que lo constató con el Org Chart, es decir el organigrama de la compañía. Así como las actividades de Etchebest en Estados Unidos, la nómina de empleados en las aerolíneas estadounidenses no está al alcance de cualquiera, menos de un espía argento.
El Gran Bonete
Un jefe de la DEA en retiro dijo para esta nota que esa organización identifica y registra ante el país huésped a todos sus funcionarios, por lo que no cree que D’Alessio fuera, como decía, director regional de la DEA. Además no viven en los barrios cerrados, afirma. Esto coincide con el aporte de un oficial de la policía argentina, quien agregó que tampoco el FBI emplea personal inorgánico. Igual que los de la DEA, sus agentes tienen estado policial y, en principio son visibles, salvo acciones encubiertas, pero siempre bajo contralor judicial, al que tarde o temprano deben dar a conocer su pertenencia institucional. La embajada siempre entrega al país huésped la lista de los agentes en operaciones de cada una de estas fuerzas. Se conocen sus nombres, dónde viven en los Estados Unidos, cómo están integradas sus familias.
—¿Si no es de la DEA ni del FBI, pero tiene fácil acceso a los registros secretos de Estados Unidos, a qué fuerza está afiliado D’Alessio?— es la pregunta.
—A la CIA, que sí trabaja con inorgánicos, que tienen prohibido revelar su pertenencia incluso a familiares y amigos. Además la sección inorgánicos de la CIA está en Maine. La CIA interviene principalmente en casos políticos que afectan la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y eso es, formalmente, una abierta intervención en política interna de la Argentina.
Allí no se llaman inorgánicos, sino core collectors, y forman parte del National Clandestine Service (NCS) de la CIA.
Espejismos
La cuestión del narcotráfico ha sido un pretexto histórico para el espionaje político y el control social, desde que Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas hace casi medio siglo.
Durante la investigación para su libro Smoke and Mirrors: The War on Drugs and the Politics of Failure (Back Bay Books, 1997, podría traducirse por Espejismos. La guerra a la droga y la política del fracaso), el periodista Dan Baum consiguió entrevistar al principal consejero de Nixon en la adopción de esa política, John Ehrlichman.
Condenado por su participación en el espionaje a la sede del Partido Demócrata en el edificio Watergate, Ehrlichman le dijo en forma muy directa que los enemigos de Nixon eran “la izquierda que se oponía a la guerra [en Vietnam] y los negros [que luchaban por sus derechos civiles]. Sabíamos que no podíamos ilegalizar la oposición a la guerra o el ser negro, pero los quebraríamos si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y luego las criminalizáramos. Eso nos permitiría interrumpir sus reuniones y vilipendiarlos día tras día en los noticieros de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que lo sabíamos”. Suena familiar.
En la Argentina esa política fue importada por el ministro de Bienestar Social José López Rega. El embajador de Estados Unidos, Robert Hill, firmó un convenio con López para la represión del tráfico de drogas, cobertura que se comenzaba a utilizar por entonces para las operaciones políticas encubiertas. López Rega reveló ante la prensa lo que debería haber guardado en reserva: que el combate contra las drogas formaba parte de un plan político, de lucha contra la subversión.
Hill y López Rega.
Cuatro décadas después, D’Alessio y sus socios, Rodrigo y Gustavo Manuel González, ambos citados ahora a indagatoria por Ramos Padilla, intervinieron en la operación para implicar al ex ministro Aníbal Fernández con la droga durante la campaña electoral de 2015, mientras el efector publicitario de D’Alessio instalaba desde Clarín la existencia de una cuenta fantasma de Máximo Kirchner y Nilda Garré y el fiscal Natalio A. Nisman, financiado por los fondos buitre y la derecha israelí, asociaba al kirchnerismo con Ahmadinejad, via Chávez.
El fiscal general de San Isidro, Julio Novo, renunció en 2015 cuando se aprobó someterlo a juicio político debido a las investigaciones del tenaz fiscal Luis Angelini, quien denunció que su superior había hecho todo lo posible para impedir que esclareciera el doble crimen de Unicenter (lo cual también conduciría a resolver el triple de General Rodríguez). Cuando trascendió que agotados los recursos provinciales, Angelini podría llevar el caso a los tribunales federales, Bidone se presentó a sondearlo. A la Procuradora María Falbo le acuciaba saber que pasaría con su protegido Novo, y con ella misma. Novo está procesado, pero en libertad.
El primer fiscal de la causa Unicenter, Diego Grau, sindicó como autores a Víctor Hugo Ovejero Olmedo, Jorge Daniel Moreyra y Mario Martín López Magallanes. Ovejero propuso como defensor al abogado Gustavo Manuel Gonzalez, y Moreyra y López Magallanes a Rodrigo González. El fiscal Grau los rechazó porque ambos “mantenían con sus asistidos una relación que excedía el marco profesional según dan cuenta las transcripciones de las intervenciones telefónicas”. Cuando Angelini solicitó el allanamiento del estudio de los González, ellos se enteraron, pero el allanamiento no fue aceptado por el juez Esteban Rossignoli. Melisa Fernanda Rey (que era la secretaria privada de Novo, pero viajaba con él al exterior) mantuvo “reiteradas comunicaciones telefónicas” con el número del abogado Gustavo Manuel González pero también con el teléfono de la madre del abogado. López Magallanes “se encuentra ligado al triple crimen de General Rodríguez en tanto dueño de la firma Unifarma SA –su abogado es Rodrigo González– e Ibar Esteban Pérez Corradi –cuyo abogado es Carlos A. Broitman– se encuentra prófugo con pedido de captura”, agrega el fiscal federal Fernando Domínguez, que culminó la investigación de Angelini.
Rodrigo González
Junto con los González participó en toda la operación Marcelito D’Alessio, quien luego intervino en la negociación para la entrega de Pérez Corradi y de Marcelo Mallo, esta vez en sociedad con la ministra Bullrich. En ambos casos se trataba de que justificaran las afirmaciones de Elisa Carrió, que incluso prestó su casa para que Jorge Lanata entrevistara a un buchón: “La efedrina es Aníbal y Kirchner”. Pero no sucedió. Pérez Corradi sólo mencionó como fuente a Sforza, uno de los muertos en General Rodríguez, y el peritaje descartó que en el triple crimen se hubiera utilizado el arma de Mallo, quien además estaba enfrentado con Aníbal.
Lo que se hereda no se roba
Entre los consultores cunde la impresión de que el nexo de D’Alessio con la embajada de Estados Unidos es hereditario. La consultora D’Alessio Irol, ahora asociada con Sergio Berensztein, retiene desde hace décadas el mercado de las grandes empresas, en especial las estadounidenses, al estilo del Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires. Sólo ellos tienen acceso para encuestar a los empresarios que asisten a los coloquios de IDEA. Sus preguntas siguen con fidelidad la agenda del Consenso de Washington. También tienen a su disposición la base de datos de Google.
Eduardo Luis D’Alessio. De tal palo.
Viejos periodistas económicos señalan que Eduardo D’Alessio hizo carrera como jefe de prensa de la Bolsa de Valores en los ’90, cuando el Citibank y el Manufacturers Hannover organizaban las UTE para las privatizaciones, que se anunciaban en el New York Times. Añaden que ya en tiempo de la Primera Alianza, estaba en contacto con Patricia Bullrich, una relación esencial para Marcelito, a quien de chico llamaban Tian. La madre, en cambio, Nora Israelson, es hija de dos dirigentes del Partido Comunista: su apoderado, Carlos Israelson, quien fue defensor de presos políticos, y la odontóloga Paulina Flax. La abuela materna, que crió a Marcelo, estaba preocupada porque el padre procuraba inclinarlo hacia la UCeDe.
No le salió el buen comunista que ella hubiera deseado.
Publicado en:
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