La decisión la tomó el fiscal Guillermo Marijuan
Es por el decreto que habilitó el ingreso de familiares de funcionarios al sinceramiento fiscal. Los acusan por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal Guillermo Marijuan le pidió al juez Ariel Lijo que los investigue.
El fiscal Guillermo Marijuan imputó al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña; y al ministro de Hacienda, Prat-Gay; por incluir mediante un decreto a familiares directos de funcionarios públicos en el blanqueo de capitales. La causa está en poder del juez Ariel Lijo.
El fiscal acusa a Macri, Peña y Prat-Gay -los tres funcionarios que firmaron el decreto de blanqueo- por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El decreto fue publicado en el Boletín oficial el miércoles 30 de noviembre.
La decisión de modificar a través de un decreto –cuatro meses después de haber promulgado su reglamentación– la ley de Sinceramiento Fiscal y habilitar el blanqueo de capitales de familiares de funcionarios fue duramente cuestionada por todo el arco opositor y por los propios aliados de Cambiemos, como la UCR y la Coalición Cívica.
Tras conocerse el decreto, los diputados del FpV y de Libres del Sur presentaron una denuncia penal “por abuso de autoridad” contra los firmantes del decreto, donde sostienen que “viola la voluntad expresa del legislador” y se abre la sospecha sobre la intención de favorecer a los funcionarios macristas y a sus familiares investigados por evasión mediante empresas offshore en paraísos fiscales. Pese a que la ley aprobada por el Parlamento lo prohibía expresamente, la nueva decisión de Macri favorece –entre otros– a Franco, su padre y la cabeza de la fortuna familiar del Presidente.
Al conocerse el decreto, las criticas no tardaron en llegar. El presidente de bloque del FpV, Héctor Recalde, había afirmado que la disposición firmada por Macri es “absolutamente inconstitucional” porque “va en contra del artículo 83 de la Ley de Blanqueo y viola la letra expresa de la ley. Un decreto no puede decir todo lo contrario a lo que dice la ley”.
"La maniobra utilizando un decreto simple es un ardid para eludir el control parlamentario de los actos impropios de un presidente de la Nación", había dicho la diputada Diana Conti (FpV).
Por su parte, desde el FR, Felipe Solá definió como “muy grave” el decreto presidencial que “viola el espíritu de la ley” y constituye “una amnistía a un delito”. Y agregó: “El niño mimado quiere que su ‘papi’ pueda blanquear, porque si no es injusto, esa es la verdad de la milanesa”.
La diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, había señalado que el decreto “nos dejó boquiabiertos a todos los legisladores que participamos de los debates, ya que se incluyó la prohibición por explícito pedido del diputado Solá, quien con toda razón sospechaba que el blanqueo podía abarcar a funcionarios de este o el anterior gobierno que hubieren evadido impuestos o fugado dinero mal habido”.
Los aliados del gobierno también criticaron la medida. Desde la UCR el diputado Mario Negri había criticado el decreto, igual que la titular de la Coalición Cívica porteña, Paula Oliveto. Hasta la vicepresidenta, Gabriela Michetti, tuvo que ensayar una curiosa justificación que remató con una confesión tácita de su desacuerdo: “No voy a decir lo que a mí me parece”, sostuvo.
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https://www.pagina12.com.ar/8534-imputado-por-el-blanqueo
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