Luis Barrionuevo y Hugo Moyano festejaron el cumple del
diario con un paro deslucido, pese al apoyo de ADEPA. Cuál es el partido
alemán que coopta políticos locales para llevarse puesta la Ley de
Medios en 2015.
Con el paro del jueves 28, día del cumpleaños 69 del diario
Clarín, la Argentina perdió 1000 millones de dólares de su PBI, según la
consultora Orlando Ferreres y Asociados. Fue una fiesta cara, pero
menos onerosa que la del 10 de abril, cuando el cálculo económico
negativo rondó los 2000 millones de la moneda estadounidense. La
discusión sobre el porcentaje de adhesión real a la medida, elevadísimo
para Luis Barrionuevo y Hugo Moyano y mínimo para el ministro Carlos
Tomada, es un asunto secundario. La verdad es que la última huelga hizo
la mitad de daño, o quizá un poco menos, que la de hace cuatro
meses. Comparado con el perjuicio cotidiano que genera el pool sojero
que liquida su cosecha en cuentagotas, es casi nada.
Volviendo al paro, las razones de la merma, siempre hablando de la
Capital Federal y el Gran Buenos Aires, se pueden atribuir a cuestiones
de logística: esta vez, los trenes no funcionaron pero sí lo hicieron
los colectivos y casi todo el subte. En el resto del país, la protesta
del sindicalismo opositor fue de irregular a irrelevante, según la
provincia que se mire. Tampoco hay que olvidar que, para vastos sectores
de la sociedad argentina, sus convocantes principales, Barrionuevo y
Moyano, tienen peor imagen que la inflación, la inseguridad o el piso
del Impuesto a las Ganancias. El esfuerzo que pusieron los diarios que
ya sabemos en erigirlos como líderes obreros sin intencionalidad
corporativa o como expresión genuina de sus bases no rindió demasiados
frutos.
Si estos sindicalistas no estuvieran tan cegados
por su antikirchnerismo podrían leer que la derecha empresaria está
diseñando su regreso para cuando el actual oficialismo deje de ser un
estorbo.
La izquierda maximalista, en cambio, avanzó en su grado de
referencialidad. Es la relativa ganadora de una jornada deslucida para
el movimiento sindical opositor, pero que tuvo en los folklóricos
piquetazos y cortes de puentes la garantía de un siempre excitante raid
mediático para el clasismo.
Las expresiones gremiales del PTS, el PO y aledaños, una vez más
corrieron de la foto a Barrionuevo y Moyano y sus acuerdos cupulares. No
es para menos: mezclado con las proclamas redentoras típicas, marcharon
por los suspendidos y echados de Lear y otras fábricas de la zona norte
del Conurbano cuyas patronales comenzaron un ajuste preventivo contra
los trabajadores y contra el gobierno kirchnerista, aunque esto no entre
en el análisis habitual de sus dirigentes.
En medio de tanto relato difuso de la burocracia opositora, y aún
envuelto en su artificio de consignas pertinaces, las corrientes de
izquierda lograron encabezar un reclamo concreto, una insatisfacción
real de trabajadores que no quieren perder su trabajo ni resignar el
bienestar que produjo la última década en sus condiciones de vida.
Al menos este sector, que es tan antikirchnerista como las patronales
agrupadas en el Grupo de los Seis y el Foro de la Convergencia
Empresarial que conspiran contra la política económica del gobierno,
mencionó en sus proclamas a algunos –no a todos– de los verdaderos
dueños del poder y del dinero. Es llamativo, de todos modos, que
terminen confluyendo con Barrionuevo y Moyano en un paro, habiendo
convalidado en la práctica que la agitación y la propaganda del mismo
corriera por cuenta y militancia de los medios de comunicación de esas
mismas patronales monopólicas que dicen enfrentar.
Lo cierto es que el gran parate que soñaban resultó un enorme bostezo
en medio de la semana política. Pero sería peligroso no tomar en cuenta
que la coincidencia táctica entre sectores patronales y sindicales
–burocráticos y clasistas– va en alza, aunque no logren en lo inmediato
su objetivo de aislar al gobierno de las expectativas sociales
mayoritarias. Enardecer las calles y generar pesimismo económico son los
dos extremos de una misma mecha.
El frustrante resultado gremial también se explica por la rústica
caracterización que el universo sindical opositor hace de los gobiernos
kirchneristas. Habrá malestar, del mismo modo que hay inflación e
inseguridad, pero en el balance de la última década todavía pesan más
los derechos restituidos que los tropiezos. La situación económica será
delicada y el Impuesto a las Ganancias un tributo irritante, sin duda,
pero Argentina acaba de alcanzar esta semana la cobertura previsional
total de sus adultos mayores gracias a la ley de moratoria, único país
en América Latina en alcanzar la meta. El kirchnerismo sigue
garantizando un piso que cualquiera de sus críticos, por historia o por
ideología, no podría garantizar ni de lejos. Y no sólo eso: en su lidia
con los sectores más concentrados de la riqueza, logró visibilizar para
el grueso de la ciudadanía la apetencia desmedida de grupos empresarios y
la necesidad de un Estado que equilibre las relaciones desiguales entre
los sectores de la producción, el trabajo y el consumo.
Si hay algo que el neoliberalismo detesta, eso se llama kirchnerismo,
porque es lo único que le impide retornar como nueva hegemonía. Es la
fuerza de los hechos contra las promesas ideales del mercado. A ese
gobierno, que las patronales quieren desbancar, le hicieron paro los
sindicalistas que, cuando el neoliberalismo gobernaba, no tenían
afiliados, ni salarios, ni paritarias. Por eso, también, en su versión
sciolista, el paro fue triste.
Si estos sindicalistas no estuvieran tan cegados por su
antikirchnerismo podrían leer que la derecha empresaria está diseñando
su regreso para cuando el actual oficialismo deje de ser un estorbo. Que
no lo duden: van primero por el kirchnerismo, después por el Estado y,
con él, por las conquistas de los trabajadores en todos estos años.
Pero no ven o no quieren ver, sino podrían detectar el accionar
sibilino en el país de la Fundación Friedrich Naumann. Se trata de "una
organización política no gubernamental, dedicada a la revaloración del
Liberalismo como filosofía por medio del fomento de la Democracia, la
Economía de Mercado, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos y
Civiles.
La labor de la Fundación se basa en la formación democrática de
ciudadanos responsables, la asesoría política de líderes, el diálogo
político internacional y la colaboración con sus contrapartes para el
desarrollo y el impulso de estrategias que generen propuestas liberales
para el desarrollo de los países en los que trabajamos, que hagan
énfasis en la importancia de una sociedad informada y participativa, y
que promuevan el valor de la libertad, las virtudes de la democracia
liberal y el respeto a los derechos individuales y a las instituciones
de la Democracia y el Estado de Derecho.
La Fundación es ideológicamente afín, pero independiente en su
actuar, del Partido Demócrata Libre (Freie Demokratische Partei - FDP
por sus siglas en alemán)." Traducido, un think tank liberal que copta
líderes locales para que ayuden a despojar al Estado de su influencia en
la economía y restaurar un mercado, oligopólico y monopólico, sin
controles molestos o "distorsivos".
Esta fundación, en conjunto con ADEPA, la cámara patronal que agrupa a
los dueños de los diarios conservadores del país, realizó el martes 26
en Buenos Aires un encuentro de legisladores, ex funcionarios,
dirigentes políticos y representantes de diversas instituciones para
discutir "los temas que deben configurar la agenda en la materia a
partir del próximo año".
Lo que sigue es el programa político del Partido Demócrata
Libre de Alemania y los diarios Clarín y La Nación, que controlan ADEPA:
* "Una regulación en base a pautas objetivas de la publicidad oficial".
* "La sanción de una ley de acceso a la información pública".
* "La regulación del funcionamiento de los medios públicos para evitar su uso político".
* "Una reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para eliminar sus contradicciones y anacronismos".
* "La preservación de la libertad de expresión en eventuales regulaciones en el campo de Internet".
* "La revisión del programa Fútbol para Todos".
Como se ve, la Naumann y ADEPA ya tienen un plan para cargarse la Ley
de Medios, en defensa de la libertad de los monopolios y en detrimento
del derecho democrático a la comunicación.
El primero en exponer durante la reunión, realizada en el Auditorio
de la Prensa Argentina, fue el representante de la Naumann, Jörg
Dehnert, quien destacó que "sin libertad de expresión no hay
democracia".
Faltó que dijera que, tal como prescribe el Pacto de San José de
Costa Rica, con monopolios tampoco hay libertad de expresión, ni
democracia informativa ni pluralismo comunicacional. Pero Dehnert no
atiende esos progresos: es un restaurador liberal, no un defensor de
derechos.
Luego habló, en castellano, Daniel Dessein, vicepresidente primero de
ADEPA, y dijo que "la salida de escena de protagonistas de la ofensiva
gubernamental contra los medios (como Guillermo Moreno), la relativa
apertura y moderación de algunos funcionarios, la desatención parcial
del frente mediático para concentrarse en el económico y el impulso de
medidas beneficiosas para el sector plasman una disminución de la
intensidad de los ataques oficiales a la prensa". Entiéndase como
"ataques a la prensa" la acción desmonopolizadora del kirchnerismo en la
materia y la aplicación de la LSCA, constitucionalmente avalada. Lo de
Dessein es interesante. Permite asomarse a la mirada corporativa sobre
el estado de una política que tuvo otros impulsos hasta no hace mucho.
Siguió Dessein, bajo la atenta mirada del alemán: "Subsisten, sin
embargo, el mantenimiento de un gigantesco aparato comunicacional
dedicado a deslegitimar a ciertos medios y periodistas, el uso
discriminatorio de la pauta, la aplicación arbitraria de leyes contra
ciertos medios y un discurso oficial que sigue colocando a buena parte
del periodismo como artífice de conspiraciones destituyentes".
Este párrafo merece relectura. Es lo que dicen los periodistas y
voceros de los grupos monopólicos, pero es la voz de ADEPA, que convenia
con el partido alemán liberal, financista de la Fundación Naumann. Por
último, el vice de la cámara patronal de prensa, planteó: "El 2015
aparece como terreno fértil para retomar las asignaturas pendientes." Es
obvio: la valla entre su sueño restaurador y la realidad, no es otro
que el gobierno de Cristina Kirchner.
¿Quiénes estaban en la reunión, además de Denhert y Dessein? ¿A qué
políticos y líderes la fundación liberal coptó para sus propósitos? Al
radical macrista Jorge Enríquez, miembro del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A Ricardo López Murphy,
presidente de la Fundación Cívico Republicana. A la dirigente del PRO
Gabriela Michetti, que citó informes del Freedom House para alertar
sobre "el deterioro de la libertad de expresión en la Argentina durante
los últimos diez años", precisamente, en los que se derogó nada menos
que la Ley de Radiodifusión de la dictadura cívico-militar. A la radical
Silvana Giudici, que resumió los objetivos de ADEPA: "Reforma de la Ley
de Medios, del sistema de medios públicos y protección de la libertad
de expresión en eventuales regulaciones de internet".
Al GEN, Gerardo Milman, integrante del directorio de la AFSCA, quien
cobrando sueldo en un organismo creado por la LSCA afirmó –sin renunciar
a cobrarlo– que "la Ley de Medios es vieja y presenta
incompatibilidades que obstaculizan su aplicación porque la ley está
pensada para un mercado que no existe". Y a la bullrichista Patricia
Bullrich Luro Pueyrredón, hoy en el macrismo –mañana no se sabe–, quien
sostuvo que "el proyecto de reducción de IVA para medios gráficos apunta
a fundir al diario La Nación", en una parábola militante como mínimo
incongruente con su pasado en la Juventud Peronista, aunque
indudablemente en paz con el linaje de su apellido familiar completo.
¿Los sindicalistas que le quisieron hacer un paro al gobierno con la
cooperación en la agitación y propaganda de los diarios de ADEPA en
serio creen que una vez que debiliten al kirchnerismo estos diarios los
van a ayudar a defender los derechos de los trabajadores? Es como
interpretar la realidad en alemán. El problema no es que una huelga sea
política. Lo que hay que preguntarse es a qué tipo de políticas responde
la huelga. En este caso, todo indica que a la necesidad de un frente
empresario –Foro de la Convergencia, Grupo de los Seis, ADEPA– que
propone que el Estado renuncie a su papel inclusivo y vuelva a ser
neoliberal. Como en los '90, donde los salarios eran más bajos, un
trabajador de cada cuatro estaba desocupado, la jubilación era privada y
para pocos y la mitad de la población estaba bajo la línea de pobreza.
Conviene no olvidarlo nunca.
Otra vez, Magnetto amenaza con la cárcel
Parece que al abogado pelirrojo del Grupo Clarín SA le levantaron las
sanciones internas después del flojo, flojísimo papel que hizo durante
las audiencias públicas en la Corte por la LSCA. Al fin de cuentas,
Héctor Magnetto demostró tener corazón y Damián Fabio Cassino volvió una
noche, al menos, a firmar cartas documento como su abogado corporativo.
En este caso, firmó seis contra las autoridades de la AFSCA; entre
ellas, una en especial contra Martín Sabbatella, titular del organismo
que debe adecuar al grupo a la ley. ¿Qué dice? Lo amenaza con
denunciarlo penalmente por "incumplimiento de funcionario público" y
"abuso de autoridad". ¿La razón? Le pide que "cese de aplicar le ley
discriminando al Grupo y favoreciendo a sus competidores", "trate el
plan de adecuación de Telefe y Prisa, que llevan una demora inexcusable
de 20 meses", "fiscalice la ejecución y exija el efectivo cumplimiento
de los planes de adecuación de otros grupos a las fechas pendientes de
cumplimiento" y "cese de amenazar con una improcedente adecuación de
oficio".
Si no fuera el mismo abogado que pasó a la fama por balbucear ante
Ricardo Lorenzetti una insólita defensa del monopolio comunicacional
como garante de la libertad de expresión –tal como piden los alemanes de
la Naumann–, uno podría confundirse por el tono bravo, imperativo de la
epístola prelegal. Pero no, se trata de Cassino y de su jefe queriendo
ordenarle a un funcionario cuándo se adecúa a la competencia, en qué
tiempos y de qué modos, bajo intimación de meterlos presos a todos, como
si se tratara de los propietarios de la LSCA, de la AFSCA, del Código
Penal, del Poder Judicial y de las prisiones argentinas, a las que
llenarían de periodistas, funcionarios y dirigentes que no le rinden
pleitesía, si este fuera otro país donde no gobernaran las mayorías que
creen que la comunicación es un derecho humano y los monopolios
conspiran contra las democracias
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