(Imagen: NA)
En medio de la pademia de coronavirus
Las familias fueron obligadas a subir a un micro con destino incierto, aunque se sospecha que los envió a la Ciudad de Buenos Aires. Tres organizaciones presentaron un habeas corpus por privación ilegal de la libertad.
Por Irina Hauser
El gobierno de Gerardo Morales decidió echar de la provincia de Jujuy y trasladar de manera compulsiva e intempestiva a 62 migrantes, entre ellos familias enteras con niñes, que habían llegado a la Argentina a mediados de marzo para radicarse aquí y que se encontraban, en su mayoría en La Quiaca. Algunas personas también se encontraban allí con intención de volver a sus países justo antes del cierre de fronteras. Estaban alojadas en un hotel y un comedor, todos en situación migratoria regular y habían cumplido con las medidas de aislamiento social y pasado por los controles de salud. Pero el miércoles a la mañana, en pleno contexto de pandemia del COVID-19, fueron obligadas a subir a un micro sin explicación alguna y con destino incierto. En teoría, llegarían a la Ciudad de Buenos Aires. Tres organizaciones (Andhes, Cels y Caref) presentaron un habeas corpus donde plantean que es una situación de privación ilegal de la libertad en la que además se expuso a las personas a trasladarse por las rutas, atravesar siete provincias y llegar al principal foco de la pandemia. “La orden es ilegal e irregular”, dice la presentación.
El martes por la noche este grupo, que incluye migrantes de Perú, Venezuela y Colombia, se enteró que sería trasladado, les gustara o no. La mayoría de las personas se encontraban alojadas en el Hotel La Frontera y el Comedor Mickey, en La Quiaca, y otros en San Salvador de Jujuy. No se les explicó ni por qué eran expulsadas de allí ni hacia donde las llevarían. Algunas están incluso dentro de un dispositivo de asistencia humanitaria que incluye el alojamiento y alimentación a cargo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), la Agencia Adventista de Desarrollo y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref). El miércoles temprano en la mañana fueron obligadas a abordar, las 62 un mismo ómnibus con 30 horas de viaje por delante donde no recibieron ni siquiera un kit de cuidado e higiene. En teoría llegan hoy cerca de las 14.30.
El habeas corpus pone de relieve que se trata de un traslado forzoso a una ciudad que es foco de contagio, sin alternativa ni condiciones de alojamiento ni acceso a alimentos en plena cuarentena y sin ninguna clase de garantías durante el viaje. El objetivo de la medida judicial era: “que la justicia analice esta situación, que constituye una amenaza concreta y real de privación de la libertad, y genere las medidas necesarias para conocer las razones del desplazamiento y que se orden, a través de un mecanismo que cuente con la participación de las autoridades nacionales y provinciales así como de las personas interesadas y sus representadas cuáles son las mejores medidas de protección de los derechos (…) y si la mejor medida es un traslado se aseguren entonces las condiciones y garantías mínimas y necesarias (…) para que puedan desplazarse sin ser retenidos, demorados o dejados” en algún “punto de control”, “que durante todo el trayecto se tomen todas las medidas de prevención manteniendo el distanciamiento entre las personas”, “impidiendo que viajen hacinadas” y que se les suministren “viandas y kits de higiene”, además de señalar el lugar de llegada, se les “garantice alojamiento y cobertura de las necesidades de alimentación”.
El juez federal Eduardo Hansen rechazó la presentación con el argumento de que ninguna de las personas afectadas es oriunda de Jujuy y que no tienen ánimo de vivir allí. Ahora las organizaciones trabajan en una apelación urgente.
El CELS señaló en un comunicado que además de afectar la libertad de circulación de los 60 migrantes se los obliga a “cumplir con una medida desaconsejada para el cuidado de la salud. Las políticas sanitarias vigentes en el país que restringen la circulación no implican ni avalan este tipo de medidas”.
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