La respuesta oficial al aumento de la desocupación por la crisis económica es la reducción a su mínima expresión de los programas que permitían sostener los puestos de trabajo. El Gobierno prioriza el ajuste fiscal comprometido con el FMI antes que destinar recursos a evitar despidos. El plan Repro, por el cual el Estado asume una porción de los salarios de las empresas en riesgo, atiende en la actualidad solo al 17 por ciento de los trabajadores cubiertos en 2016 y al 6 por ciento de los protegidos en la recesión de 2009. La asistencia pasó de 48.800 y 143.600 trabajadores, respectivamente, a nada más que 8300. El programa Empalme, cuyo objetivo es insertar a titulares de planes sociales en empleos formales, cuenta con menos de 5 mil beneficiarios, en tanto que el presupuesto ejecutado en políticas de formación profesional hasta principios de octubre equivalía a menos de dos tercios de lo invertido en 2015. “Las políticas laborales que se utilizan habitualmente para morigerar el impacto de la recesión presentan una incidencia y una cobertura prácticamente inexistentes”, explica el último documento del centro de Capacitación y estudios sobre trabajo y desarrollo (Cetyd), en un relevamiento conjunto con la Universidad de San Martín, en base a datos de la Secretaría de Trabajo y el Indec. El presidente Mauricio Macri podría llorar ante estas cifras como lo hizo en el Colón si le robara algún tiempo a sus vacaciones en Neuquén para analizarlas. El desinterés del Gobierno frente a la disparada del desempleo va de la mano de la preponderancia que ha adquirido Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad, con un despliegue en su caso sí desbordante de medidas para el disciplinamiento social, con la máxima de esta semana de autorizar ejecuciones sumarias a la policía, en un accionar que hasta Elisa Carrió calificó de fascista.
El desgobierno de Cambiemos provocará la caída del PIB en tres de sus cuatro años de mandato, a la vez que acumula records en contracción de producción fabril, consumo y construcción. El resultado de ello es otro hito en las estadísticas oficiales: por primera vez desde 2012, cuando empezaron los reportes del Ministerio de Trabajo sobre la evolución del empleo registrado, este año se produce una disminución neta de puestos formales. En efecto, hasta septiembre –último dato disponible– quedaron en la calle 123 mil trabajadores registrados. En otros momentos de crisis económica los más afectados en materia laboral eran los jóvenes y los trabajadores del sector informal, pero en esta etapa a ese universo se agregaron los jefes y jefas de familia insertados en el circuito del empleo en blanco. Es decir, básicamente trabajadores urbanos de clase media. Los datos de los últimos años muestran un contraste alarmante: en 2013 hubo un aumento de 403 mil empleos registrados, en 2015 fueron 269 mil y en 2017, 224 mil. Para tomar dimensión de lo que está ocurriendo conviene comparar las cifras actuales con otros dos años recesivos, como 2014 y 2016. En el primer caso, el empleo registrado anotó un alza de 114 mil posiciones, en tanto que en el segundo fueron 54 mil. Como se indicó más arriba, este año la ocupación formal ya cae en 123 mil. Sin embargo, esta cifra amenaza con ampliarse dramáticamente en el último trimestre, dado que la información que van anticipando los sondeos del Indec en industria, comercio y construcción evidencian un salto violento de la destrucción de puestos de trabajo. La industria, que venía cediendo entre 3000 y 4000 por mes, en septiembre perdió 9300, en tanto que en octubre la producción bajó 6,8 por ciento. Los indicadores de construcción y comercio reflejan la misma evolución.
La pesada herencia que dejará Macri, con una desocupación de dos dígitos después de once años de ubicarse por debajo del 10 por ciento, incluye factores estructurales que aumentan la preocupación. Uno de ellos es el desplazamiento de trabajadores que formaban parte de las empresas para convertirlos en personal contratado. Es decir, quedan afuera de la protección que provee la seguridad social y se transforman en factureros, autónomos o cuentapropistas. “Hay una situación estructural hacia la precariedad laboral en estos años. Tiene que ver con una instalación cada vez más importante de la tercerización. Personas que eran internas de las empresas y empiezan a trabajar como monotributista o a través de una microempresa con un solo empleador que conforman ellos mismos”, explica Diego Schleser, uno de los autores del informe del Cetyd-Unsam. “El empleo que más creció los últimos tres años es el no asalariado. Explica la mitad de los nuevos puestos creados. Al interior de ese fenómeno no solo aparece el cuentapropismo no calificado sino también técnicos y profesionales que fueron tercerizados”, detalla. Entre los primeros un ejemplo fácil de advertir son los trabajadores de aplicaciones como Uber, Glovo o Rappi, aunque numéricamente todavía no son importantes. Lo que sí es importante es cómo se va achicando la proporción de trabajadores registrados y crece la de monotributistas y personal independiente, llevando a ese terreno a quienes antes estaban plenamente incorporados al trabajo formal como profesionales y técnicos.
El objetivo primordial de ese movimiento por parte de las empresas es reducir costos en salarios y cargas sociales. Visto desde el interés del trabajador, la tendencia es a tener cada vez menos protección, peores ingresos y menor capacidad de defensa frente a la patronal por el debilitamiento de los colectivos sindicalizados. Con el empujón de la recesión, todo ello se tradujo este año en una reducción sustancial del poder adquisitivo de los salarios. “El salario medio real de los trabajadores en relación de dependencia del sector privado cayó un 10,8 por ciento en septiembre respecto del mismo mes de 2017”, indica el Cetyd-Unsam. Peor les fue a los trabajadores no registrados, con una merma del salario real del 14,2 por ciento.
“Si este proceso continúa la reforma laboral pierde relevancia como estrategia de sectores del capital. La reforma que piden las principales cámaras empresarias restringe derechos de los trabajadores registrados. Acá lo que estamos viendo es que vamos hacia un modelo sin recibo de sueldo. Lo que cae es la relación de dependencia. La orientación de este proceso de hecho es que cada vez hay más trabajadores independientes y menos formales. Es un modelo más similar al de la mayor parte de América latina”, resume Schleser.
El esquema de trabajadores a la intemperie ha sido una meta de Cambiemos desde un primer momento, que a fuerza de recesión y desprotección estatal se está consolidando en la Argentina que eligió a Macri con la promesa de pobreza cero.
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