Lo revela un documento del Foro Agroindustrial de la Argentina que integran la SRA y la CRA
Reconocen que la eliminación del impuesto a las exportaciones incrementará el valor de la canasta básica y provocará un desfinanciamiento del Estado. Como paliativo, proponen una salida asistencialista con un “bono alimentario”.
Mientras los precios internacionales de la soja y el trigo marcaron el viernes pasado un nuevo récord, un estudio técnico sobre las retenciones indica entre sus conclusiones que “la eliminación de los Derechos de Exportación y las Restricciones a la Exportación tiene un efecto negativo sobre la situación de pobreza e indigencia, debido al incremento del costo de las Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total. Este efecto aumenta la línea de indigencia directamente, e indirectamente, la línea de pobreza.”
Lejos de tratarse de un trabajo elaborado por sectores afines al gobierno nacional de cara al debate que ya se instaló en el Congreso por el nivel de las retenciones, el estudio titulado “Evaluación de impactos económicos y sociales de políticas públicas en la cadena agroindustrial” fue realizado a instancias del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina. El organismo cuenta entre sus integrantes a la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Bolsa de Cereales, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentina, la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios y las principales cámaras empresariales vinculadas con la actividad agroindustrial.
A este documento, que demandó ocho meses de trabajo y fue distribuido en noviembre de 2007 entre las 37 organizaciones que conforman el foro. Luego se le agregó, a finales de 2009, un anexo (“Impactos económicos y sociales de la eliminación de los Derechos de Exportación y Restricciones a la Exportación en Argentina. Revisión de Estudios Recientes”), actualizando sus parámetros de análisis lo que de todos modos no alteró las consideraciones finales alcanzadas. Se trata de una evaluación técnica sobre el impacto que tendría –de concretarse– el reclamo de los sectores más poderosos del campo, al que adhirieron como bandera política, a fin de ganar nuevas voluntades de cara a las elecciones 2011, algunos de los principales referentes de la oposición. Sin embargo, a pesar de que existen documentos sobre el impacto, tanto el presidente de la SRA, Hugo Biolcati, como el titular de CRA, Mario Llambías, han evitado todo este tiempo referirse a los daños colaterales que el enriquecimiento del sector más poderoso del campo implicaría para el conjunto de la sociedad, en especial sobre los sectores más relegados y vulnerables, como así también para la economía nacional en su conjunto.
El documento de la SRA, CRA y otras cámaras empresariales explicita que la eliminación de las retenciones tendrá dos efectos inmediatos: por un lado, el aumento de los precios al consumidor, es decir el encarecimiento de los productos de la canasta básica alimentaria y, a partir de este fenómeno, el aumento de los niveles de pobreza e indigencia y, por el otro, el desfinanciamiento del Estado.
“Ante un aumento de los precios internacionales, el traslado a los precios internos significa, si todo lo demás permanece constante, que el salario real baja y que la pobreza y la indigencia aumentan”, indica el documento. Y especifica: “se concluye que el desmantelamiento de estas políticas (retenciones y restricciones cuantitativas a la exportación) elevaría el costo de la Canasta Básica de Alimentos en un rango que se ubica entre 9,6% y 14,5%”.
Como consecuencia directa del aumento de los precios de la Canasta Básica de Alimentos, destaca que “la incidencia promedio-país de la pobreza se incrementa entre un 6,5% y un 10,5%” al tiempo que “la incidencia promedio-país de la indigencia se incrementa entre un 15,5% y un 23,3%”. A la hora de analizar este impacto por regiones, destaca que, en las más afectadas, la pobreza podría aumentar, por ejemplo, hasta un 23,8% en Río Gallegos, 16% en el Gran Rosario y Mar del Plata, mientras que la indigencia se incrementaría un 161,2% en Ushuaia, 61,7% en Bahía Blanca y un 52,5% en Río Cuarto. El estudio indica además que el 37,4% del total de los “nuevos pobres” pertenecen a la provincia de Buenos Aires.
Frente a estos efectos no deseados, la SRA, CRA y sus socios también tienen sus particulares propuestas. El asistencialismo es la respuesta del documento al crecimiento de la pobreza y la indigencia. “Se prevén medidas compensatorias que disminuyan el impacto inicial sobre la pobreza provocado por el aumento de los precios al consumidor (…) un plan de bonos alimentarios permite compensar el aumento inicial de pobreza e indigencia. Dicho plan se ha cuantificado en 6000 millones de pesos anuales.”
La instrumentación de este bono alimentario, reconoce el documento, se suma al otro efecto no deseado de la eliminación de las retenciones: el desfinanciamiento del Estado. En este sentido, el estudio indica que “el impacto fiscal de la eliminación de las retenciones es uno de los obstáculos que se expone con más frecuencia, ya que comprometería la solvencia fiscal”. En su anexo de actualización de 2009, el documento reconoce que “la Nación pierde ingresos por 11,1 mil millones de pesos”.
Y, para responder a esto, propone “aumentar la recaudación de otros impuestos para mantener constante el superávit fiscal, lo que impacta en una mayor carga impositiva sobre el sector no-agroindustrial y sobre los consumidores”. También, para hacer frente al empobrecimiento de la población, derivado de la eliminación de las retenciones, impulsa la reducción o eliminación del IVA en las cadenas alimentarias.
El trabajo reconoce, sin embargo, que eso también “reduce los ingresos de los gobiernos nacional y provinciales –ya que es un impuesto coparticipable– que tendrán que hacer ajustes disminuyendo sus gastos y/o incrementando otros impuestos”.
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