La oficina anticorrupción debería crearse por ley y sin dependencia del Poder Ejecutivo
Por José Massoni
La corrupción es un gran problema para los gobiernos democráticos de cualquier latitud. Por los costos que implica para la sociedad y porque las usinas ideológicas del imperio, desde el fracaso del Consenso de Washington, instalaron la idea fuerza, sentido común, o subjetividad colectiva, de que todos los males de sus políticas provenían de la corrupción de los funcionarios públicos provenientes de la política; que por ende había que reducirlos a su mínima expresión o lo que es igual, reducir el Estado a tareas represivas y dejar que el mercado gobernase. Múltiples muestras de ello pudimos recoger en la primera Oficina Anticorrupción (La corrupción en la Argentina y el mundo, 2011, Editorial Del Puerto).
La experiencia documentada de aquella Oficina demuestra que el gran problema no es la corrupción de delincuenciales bolsillos de traidores a su función pública, sino la de los grandes jugadores en el mundo de las empresas transnacionales (abundantes datos en Manual para argentinos, 2011, Editorial Dunken).
Por comenzar, el capitalismo financiarizado ha llegado al máximo de inmoralidad destructiva en el mundo entero. Ya ni siquiera –mediante explotación inicua— produce primordialmente bienes, sólo hace papeles (o asientos contables) las 24 horas de los 365 días al año, a la velocidad de la luz, usando una trama de cuevas fiscales de opacidad total, donde esconden lo que por segunda vez roban a los trabajadores de todas las categorías en todo el mundo. No es ocioso saber que de la cantidad no concebible de dinero escamoteado a los pueblos en esos reductos, el 3% corresponde a sobornos, el 27% a narcotráfico y compraventa ilegal de armas y el 70% a elusiones y maniobras de las grandes corporaciones internacionales (Las Islas del Tesoro, Nicholas Saxson, Editorial FCE). Ahí se ve la construcción mediática mencionada antes: son los capitalistas, no los funcionarios, el problema mayúsculo.
Pero la realidad política de hoy impone al Frente Patriótico ocuparse de la corrupción en nuestros funcionarios, porque se instaló profundamente en la ciudadanía que ese es el punto que desprestigia a la política. Ha sido otro de los tantos éxitos del bombardeo mediático y la coautoría de un Poder Judicial corporativo, pro establishment en general y también delincuente en los casos que interesan directamente a la banda de cuello blanco que tenemos en el gobierno.
Por ello postulamos –en líneas generales— que se formule una decisión política fuerte, sin transigencias, creíble para la ciudadanía, de que habrá amplia prevención de la corrupción y que no existirá contemplación alguna para nadie, del gobierno actual ni del nacional y popular que se instale a partir de diciembre. La confianza debe ser generada por un compromiso político solemne, público, de que se creará un sustituto de la Oficina Anticorrupción actual que funcionará autónomamente, sin dependencia alguna del Poder Ejecutivo, con poder federal efectivo de actuación en lo preventivo y lo punitivo, sobre los tres poderes clásicos y el ministerio público, con legitimación para actuar como parte en los procesos penales que deberá promover. Su creación debe ser por ley y su rendición de cuentas anuales deberá hacerla al Congreso. Como es obvio, deberá haber cambios en el Poder Judicial, que ya desde el 2000 se dedicó a frustrar todas las investigaciones contra el poder real y desde 2015, recargado, se lanzó al ataque de todo cuanto tuviera color democrático, popular, estatal, nacional. Cuanto menos el Consejo de la Magistratura debería ser elegido por voto popular. Ello es posible resolverlo por ley y así lo sancionó el Congreso por iniciativa –mejorable— de CFK; y si bien la CSJN la declaró inconstitucional en una impúdica demostración de corporativismo, Zaffaroni en su voto minoritario dio una clase de derecho constitucional demostrando que a sus colegas podría no gustarles la ley, pero que no era inconstitucional (caso Rizzo).
Como es obvio, estas son preocupaciones, vertidas como proposiciones muy generales, en el marco político concreto que se ha abierto con el Frente Patriótico y sus peculiaridades coyunturales. A mediano plazo es imprescindible dictar una nueva Constitución Nacional. La actual atrasa, y mucho. Si se compaginara con la de hace 70 años, volteada por un bando militar, con los logros de la Convención de 1994 en materia de derechos humanos, resultaría insoportable para quienes dominan el escenario ideológico y a quienes todavía les creen.
José Massoni fue Primer director de la oficina Anticorrupción
Publicado en:
https://www.elcohetealaluna.com/el-frente-patriotico-y-la-corrupcion/
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