El derecho a la defensa no parece ser para todos
Se trata de escuchas obtenidas de forma irregular, ya difundidas por los medios, pero a pedido de Bonadio decidieron no entregárselas al juez de Dolores.
Por Irina Hauser
El Consejo de la Magistratura le negó al juez Alejo Ramos Padilla el acceso a las escuchas telefónicas tomadas de conversaciones a personas que están detenidas en el penal de Ezeiza, en las que se basa parte del expediente que tramita en su contra. Son las que también invoca el fiscal Carlos Stornelli para justificar su quinto faltazo a prestar declaración indagatoria con el argumento de que la causa sobre espionaje ilegal que tramita el juez Ramos Padilla, pretende debilitar el expediente sobre las fotocopias de los cuadernos. El abogado del magistrado, que es su padre, el juez Juan Ramos Padilla, presentó un reclamo ante el organismo donde dice que “resulta irónico que se le niegue a mi defendido en el propio Consejo el acceso a la prueba para ejercer nada más ni nada menos que el debido derecho de defensa, cuando a diversos periodistas les resulta llamativamente más sencillo obtener tal material clasificado mediante la ley de inteligencia 25.520”.
Ramos Padilla fue denunciado ante el Consejo por el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, por haber ido a exponer al Congreso acerca de la causa de espionaje que comenzó en torno de la figura del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio y se extendió a una organización que ya tiene 15 imputados, entre ellos Stornelli, y decenas de otras personas investigadas, incluidos funcionarios de la administración de Cambiemos, como la ministra Patricia Bullrich. La segunda denuncia que fue agregada a aquella la hizo un abogado llamado Santiago Deluchi Levene, y agregaba las escuchas que habían sido difundidas dos domingos atrás por dos canales de televisión. Se trata de intervenciones telefónicas tomadas en el penal de Ezeiza ordenadas por el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una causa donde investigaba posibles conexiones de Mario Segovia, conocido como “el rey de la efedrina”. En uno de los pabellones escuchados están Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido, y Juan Pablo Schiavi. El primero hablaba con Carlos Zelkovicz y el segundo, con Eduardo Valdés. Como en una de ellas hay una referencia al juez de Dolores, terminó denunciado.
Las escuchas ya se conocían y de hecho las había usado Elisa Carrió para impulsar una denuncia que presentaron Paula Oliveto y Mariana Zuvic y que cayó en el juzgado de Bonadío. Las dirigentes de la Coalición Cívica ya hablaban de un complot con Stornelli y la causa de los cuadernos a través de la causa que tramita en Dolores. Las primeras llamadas interceptadas eran del 18 y 19 de enero de este año. Sin embargo, la extorsión que denunció el empresario Pedro Etchebest y que dio origen al expediente a cargo de Ramos Padilla, había ocurrido hacía rato: el 8 de enero, en Pinamar, tras una larga reunión entre Stornelli y D’Alessio. La difusión de audios dos domingos atrás fue utilizada por el fiscal Stornelli para reforzar la denuncia ante Bonadío y pedir las indagatorias de los presos y sus interlocutores, y alegar que por todo eso faltaba una vez más a la indagatoria. En el Consejo, el oficialismo y el Frente Renovador, aprovecharon el escenario para citar a Ramos Padilla a que presentara un descargo, mediante el artículo 11 del reglamento. No es lo mismo que el artículo 20, que es equivalente a una indagatoria, pero es una forma de ponerle presión.
La presentación de los Ramos Padilla dice que Bonadio remitió las escuchas al Consejo de la Magistratura en un oficio del 24 de mayo. Dos días después comenzó la difusión de audios en dos canales de televisión. Dos días más tarde el juez de Dolores fue citado por el Consejo. El 30 de mayo fue en persona al Consejo a ver de qué se trataba la denuncia en la que debería presentar un descargo, pidió acceder a la prueba en su contra y la respuesta fue que “por expreso pedido del Dr. Bonadio, no podrán serles exhibidas ni entregadas las escuchas telefónicas realizadas en la cárcel de Ezeiza y que se encuentran incorporadas en las actuaciones” del organismo. Al juez cuestionado le dieron 20 días para responder, y pidió en forma manuscrita que “se pusiera a su disposición la totalidad de la prueba para ejercer debidamente su defensa y se suspendan los plazos hasta tanto ello no ocurra”. En el escrito presentado por su defensa se señala también “la posible violación de la Constitución Nacional, Pactos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, las disposiciones del fallo Halabi (donde la Corte objetó una ley que permitía escuchas sin justificación), y la afectación de principios fundamentales del Estado de Derecho debido a la utilización de escuchas obtenidas de forma irregular con la complicidad de funcionarios públicos”.
“La gravísima irregularidad de lo ocurrido, lamentablemente, alcanza a este Consejo –dice la presentación– cuando priva a un magistrado de acceder a la prueba que sustenta su acusación y lo obliga a tomar un conocimiento parcial y sesgado de la misma por vía de los medios de prensa, donde el material supuestamente clasificado es continuamente filtrado (…) Debe recordarse que ya en un comunicado de fecha 28 de marzo del corriente el Colegio Público de Abogados de la CABA exhortó a los poderes públicos del Estado –en especial al Judicial– a poner un límite a este tipo de violaciones; en particular destacó su preocupación por ‘asombrosa naturalidad ante el delito que constituye la fuga para su emisión pública de conversaciones privadas, grabadas de manera legal o incluso ilegal, por parte de servicios de inteligencia ilegales o clandestinos´”.
Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio de Abogados, anunció ayer que las autoridades de la entidad habían logrado tener una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y le informaron que no paran de recibir denuncias de abogados ante el festival de escuchas y por el hecho de que son intervenidas las conversaciones privadas de personas que están presas incluso cuando hablan con sus abogados, lo que es ilegal. El supremo “coincidió con la preocupación y se comprometió a hacer lo posible”, relató Rizzo en Twitter.
Ramos Padilla, además de las pruebas, pidió la versión taquigráfica del debate mediante el cual se dispuso la apertura del expediente en su contra.
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