Gracias a la orden judicial que emitió el magistrado Jorge Zurueta, la Policía de Jujuy desplegó esta mañana una “cacería” de dirigentes sociales, políticos y gremiales que culminó con ocho detenidos. Zurita los imputó por atentado a la autoridad en base a su participación en la protesta que varias agrupaciones realizaron el pasado 4 de abril cuando el gobernador Gerardo Morales inauguraba el período de sesiones ordinarias de la Legislatura local y que fue reprimida. Entre los detenidos hay dirigentes de la Tupac Amaru, de ATE y del Movimiento Evita, agrupaciones que denunciaron “una cacería de brujas” en la provincia y que presentaron un habeas corpus para que fueran liberados. En una audiencia, el juez de Control Isidoro Cruz decide si lo concede o no.
Zurueta aceptó el pedido del fiscal Diego Cussel e imputó a Santiago Hamud, Erik Peralta, Carlos Mercado, Jairo Joel Velazquez, Carlos Albornoz, Bienvenido Mendez, Pedro Cachizumba, Juan Pousa Ciancia, Iván Mercado, Leonel Altamirano y José Zurita, dirigentes de la Tupac Amaru, ATE y otros sectores políticos, gremiales y sociales por el delito de atentado contra la autoridad agravado por poner manos sobre los efectivos y los mandó a detener.
La Policía los fue a buscar a sus casas y algunas de las detenciones se realizaron de manera violenta según denunciaron los familiares. A Méndez, por ejemplo, lo fueron a buscar a su domicilio. Cuando llegaron no tuvieron mejor idea que ingresar con sus armas desenfundadas y les apuntaron a los niños que allí se encontraban. Los detenidos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de la policía local.
Los abogados consideraron las detenciones como “absolutamente arbitrarias e ilegales” y por eso presentaron un habeas corpus colectivo correctivo y preventivo que ahora debe resolver el juez Cruz. En el habeas corpus, los abogados entendieron que la detención significa “un prejuzgamiento y una pérdida de libertad que en el peor de los casos jamás se haría efectiva" en referencia a que la suma de las penas máximas de los delitos que se les pretende atribuir a los dirigentes no supera los 3 años de prisión.
ATE y el Movimiento Evita denunciaron el hecho como “una cacería de brujas”. “Una vez más la provincia de Jujuy es epicentro de la persecución política y social que lleva a cabo el gobernador Morales con la complicidad de la Justicia local”, advirtió el Evita a través de un comunicado donde señalaron que el gobernador Morales “pretende amedrentar a quienes piensan diferente o se manifiestan contra sus políticas de ajuste y represión” a través de “la criminalización de la protesta social, la estigmatización a los movimientos populares y la judicialización de la política”.
Por otra parte, el diputado provincial y referente de la Tupac Amaru, Juan Manuel Esquivel, aseguró que su provincia "vive una situación de arbitrariedad judicial y de violencia institucional que no permiten el cumplimiento pleno de los derechos que nuestra Constitución garantiza”, dijo. Esquivel consideró además que en Jujuy “se deteriora aún más el estado de Derecho porque quienes se movilizaron el pasado 4 de abril para reclamar al gobierno que no ha cumplido una sola de las promesas que hizo en campaña y durante estos dos años de gestión fueron reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos. Les tiraron a la cara, a los brazos, a la espalda. Les imputan el delito de poner mano a la autoridad cuando los separaba una valla de casi dos metros de altura”, recordó. Por último, Esquivel, sentenció que la decisión de Zurueta “no es más que un nuevo intento de disciplinar a quienes se manifiestan en contra de las políticas de hambre y miseria que impone Morales”.
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