06 Octubre 2022
La jueza reasumió la investigación dos años después de haberla delegado. Sector del kirchnerismo en alerta.
Por Mariano Martín
mmartin@ambito.com.ar
Tras más de dos años, y cuando la investigación se encaminaba a develar la red de contactos del operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, la jueza federal María Eugenia Capuchetti le quitó al fiscal Franco Picardi el comando de la causa por la denominada “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri. Lo hizo sin dar mayores explicaciones y pocos días antes del atentado que sufrió Cristina de Kirchner, por lo que la decisión pasó inadvertida hasta ahora. El expediente tiene como principal imputado al expresidente Mauricio Macri junto a varios de los exintegrantes de su equipo como Marcos Peña (jefe de Gabinete), Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Jorge Triaca (Trabajo) así como el actual jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahíques.
La determinación de la magistrada, que también tiene a su cargo el expediente por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, responde a la prerrogativa de cualquier magistrado que así como puede delegar la instrucción de un sumario en el fiscal de turno, también tiene potestades para reasumir su manejo en cualquier momento sin necesidad de fundamentarlo. Al fiscal, que recibió con malestar la novedad mientras esperaba el resultado de pericias que había ordenado, le refirió apenas que podía hacerlo porque tenía menos trabajo. Los denunciantes también tomaron con sorpresa la decisión y dijeron temer que la magistrada intentará archivar la causa.
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Picardi fue designado por la jueza Capuchetti para llevar adelante la investigación en agosto de 2020, tres meses después de la denuncia que le dio inicio en base a declaraciones de la camarista de Casación Ana María Figueroa sobre un intento de presión en su contra por parte de un “alto funcionario” de Macri en el arranque de aquella gestión. En sede judicial la funcionaria declaró que fue Mahíques. En marzo el fiscal había ordenado peritar las llamadas de Rodríguez Simón en momentos en que el gobierno de Cambiemos hostigaba a la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó para forzar su renuncia. El funcionario sospecha que aquella maniobra contó con aval de los más encumbrados estamentos del Poder Judicial.
Desde el arranque la causa sumó magistrados y funcionarios judiciales que se declararon víctimas de los aprietes de la “mesa judicial” macrista: a Figueroa y Gils Carbó se sumaron como denunciantes Martina Forns, Marcela Pérez Pardo, Eduardo Farah , Alejo Ramos Padilla, Eduardo Freiler y los jueces de trabajo Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, Luis Raffaghelli, Mirta González Burbridge, Diana Cañal, Dora Eva Temis y Néstor Rodríguez Brunengo. La denuncia fue presentada por un grupo de legisladores del Frente de Todos entre los que se encuentran los diputados Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y el exlegislador y actual ministro de Justicia, Martín Soria.
Entre los imputados figuran, junto a Macri, Rodríguez Simón, Peña y varios exministros, otros exfuncionarios señalados como conspicuos integrantes de la “mesa judicial”: José María Torello, Esteban Conte Grand, Pablo Clusellas, Bernardo Saravia Frías, Pablo Tonelli y el exjefe de la AFI Gustavo Arribas, así como Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, el dirigente radical Ernesto Sanz, el exsenador Federico Pinedo, la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, el expresidente de Boca Daniel Angelici y el abogado Guillermo Lipera.
Entre los denunciantes anidan las peores sospechas por la decisión de la jueza: “hay una tendencia peligrosa en las investigaciones de Capuchetti hacia la opacidad, la falta de transparencia. Lo vemos en la causa del intento de asesinato de Cristina; la falta de comunicación sobre la causa es absoluta”, advirtió Tailhade en diálogo con este diario. “En este caso, al sigilo con el que obró para sacarle la causa al fiscal, a lo subrepticio de la situación, se le suma la inexistencia de fundamentación, de razones, para reasumir la investigación. En términos técnicos es un acto nulo. Pero bajo otra mirada es un acto que preanuncia el cierre de la causa. No veo otras posibilidades. Capuchetti se dirige a cerrar la causa más grave en cuanto a violaciones al estado de derecho y lo va a hacer sin dar demasiadas explicaciones”, añadió el diputado.
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