Eduardo Anguita
El
nombramiento del juez federal Horacio Alfonso como subrogante del juzgado Civil
y Comercial número 1 de la
Capital pone una pausa sobre varias movidas confusas
alrededor de la vacancia de ese juzgado, que tiene entre sus expedientes la
famosa causa iniciada por el Grupo Clarín demandando la inconstitucionalidad
del artículo 161 de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual. Conviene recordarlo, ese artículo es
el que impone la adecuación de licencias con topes severos y pone un techo
estricto a la posibilidad de constituir posiciones dominantes o monopólicas en
los medios de comunicación. El juez Edmundo Carbone, que subrogaba ese juzgado,
había dictado una medida cautelar que permitía estirar los privilegios del
Grupo Clarín.
Los
artilugios de los abogados del grupo y la complicidad de Carbone pudieron,
aunque parezca mentira, obturar la determinación del Congreso de la Nación. Carbone se
jubiló y, por suerte, un fallo de la Corte Suprema puso fecha para el fin de esa
cautelar. De allí surgió la fecha del 7D. Pero la existencia de un mecanismo
volátil para ver quién quedaba al frente del juzgado, fuera por el nombramiento
de un juez titular o por otro subrogante, crearon una vez más un clima de
zozobra que se constituyó en uno de los temas claves de las últimas tres
semanas. Conviene acentuar cómo, muchas veces, las pequeñas hendijas pueden
permitir cambios o evitarlos. Este fue el caso, porque el juzgado Civil y
Comercial número 1 quedaba a cargo del titular del juzgado número 3 de ese
fuero, Raúl Torti, quien fue recusado por el Gobierno, ante las sospechas
fundadas de que podía seguir los pasos del jubilado Carbone. Torti rechazó la
recusación y, además, las trabas en el Consejo de la Magistratura –de
donde tenía que salir un candidato para ocupar ese juzgado con un juez titular–
indicaban que era preciso encontrar un juez subrogante que estuviera lejos de
las influencias del Grupo Clarín. Al juez subrogante debía colocarlo la Cámara Federal que
actúa como tribunal de alzada de ese juzgado. Entre los seis integrantes de ese
tribunal está Ricardo Recondo, quien además integra el Consejo de la Magistratura, y es
públicamente un magistrado opositor al Gobierno y cercano al Grupo Clarín. Esa
Cámara había pensado en el juez jubilado Raúl Tettamanti, quien también vivió
la impugnación del Gobierno. La
Cámara interesó a la
Corte sobre la conveniencia o no de nombrar a Tettamanti y el
máximo tribunal de Justicia contestó que ya se había pronunciado y que la Cámara tenía facultad para
nombrar a ese juez, más allá de que estuviera jubilado. El disgusto supino del
ministro de Justicia, Julio Alak, hizo que Tettamanti, sin sufrir ninguna
presión real, decidiera abstenerse por lo que llamó “violencia moral”.
Así las
cosas, las últimas tres semanas, y cuando el almanaque marcaba menos de dos
meses para el 7D, mostraron que los escenarios judiciales podían ser muchos y
muy diversos. Uno de ellos, el más delicado, es que algún magistrado llegara a
sentarse en el juzgado número 1 y decidiera lo más arbitrario: que el artículo
161 “es inconstitucional”. Esa eventualidad llevaría a una rápida apelación del
Ejecutivo, meses de trámites en la Cámara Federal y luego un pronunciamiento de la Corte. Es decir, un
2013, año electoral, con el Grupo Clarín haciendo una demostración de poder
fáctico por encima de una ley sancionada en 2009.
Algo
pasó que llevó a la
Cámara Federal a poner paños tibios y actuar con la cuota de
sensatez que reclama un momento como el actual. Así llegó la designación de
Horacio Alfonso, el titular del juzgado 1, a quedar al frente también del delicado
juzgado 2. La resolución fue tomada por el presidente de la Cámara, Martín Diego
Farrell, y los integrantes Santiago Kiernan, Ricardo Víctor Guarinoni, María
Susana Najurieta, y Graciela Medina. Quien no firmó fue Ricardo Recondo.
Escenarios posibles.
Lo lógico es que, con apenas 40 días para ver el expediente, Alfonso no tome ninguna decisión sobre la cuestión de fondo del reclamo de Clarín. Es decir, que no se expida sobre la constitucionalidad o no del pedido de Clarín y, en consecuencia, el 7 de diciembre entre en vigencia la decisión de la Corte en el sentido de que el Ejecutivo puede tomar ese día como el límite para la presentación voluntaria del grupo que tiene cerca de 300 licencias y debe quedarse con el 10 por ciento de ellas. Si el Grupo Clarín no presenta un plan voluntario de adecuación, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) tiene varios caminos administrativos para revertir esa situación ilegal en la que quedaría el Grupo Clarín. Uno es iniciar sumarios, caso por caso, para que el Estado recupere las licencias cuya titularidad perdería Clarín. Otra es llamar a concursos, una vez valuadas las licencias (como si fueran fondos de comercio) para buscar nuevos titulares. Y seguramente muchas otras vías o maneras de buscar nuevos titulares y así hacer efectiva la multiplicidad de voces. Los plazos para llevar a cabo esos procedimientos son los plazos propios de las tareas administrativas. Para nada los complejos plazos de la Justicia. Eso, desde ya, en caso de que Clarín no presente su propio plan. Clarín bien podría presentar un plan. Sin embargo, le restaría fuerza a su reclamo de inconstitucionalidad del artículo 161. Porque, vale la pena recordarlo, en algún momento del año próximo ese juzgado federal podrá –o deberá– expedirse sobre el “tema de fondo”. Y si Clarín se presenta a la autoridad para adecuarse está reconociendo implícitamente que desestima el reclamo judicial. En términos de Derecho podría hacerlo, en términos de fuerza para aspirar a doblar el brazo del Gobierno, no le sumaría puntos. Ahora bien, lo que también puede hacer el Grupo –y esto no es revelar ninguna estrategia que el Grupo no conozca– es tomar sumario por sumario o expediente por expediente para intentar demoras administrativas impugnando todas y cada una de las actuaciones, desde la ortografía hasta la valuación contable. Y además de demorarlo en las oficinas del Afsca, intentará judicializar absolutamente todo. La idea de ganar tiempo no es ajena al propio escenario de los directivos de Clarín respecto de que, algún día, sectores opositores puedan derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo dijo muy concretamente el martes pasado Marcelo Stubrin, quien acaba de asumir como miembro del radicalismo en el directorio del Afsca. En una entrevista en Radio del Plata, Stubrin dijo que su posición era que varios artículos de la actual ley debían ser derogados. Al ser preguntado sobre si se sentía más cerca del Gobierno o de Clarín, tras una pausa, Stubrin dijo que respondía al radicalismo, como si eso significara una equidistancia. Resulta curioso, pero es un dato de la realidad política, todo el arco opositor, desde los sectores supuestamente más de izquierda del Frente Amplio Progresista hasta el PRO, prefieren ponerse cerca de Clarín para intentar desgastar al kirchnerismo. Ningún sector busca diferenciarse con propuestas propias –en este y en otros terrenos–, sino que prefieren apostar a producirle daño al kirchnerismo en vez de buscar su propia identidad de cara a sectores de la sociedad que se sientan respaldados por los referentes de esas fuerzas políticas. No es fácil advertir si por esa vía suman fuerzas o lograrán resultados de cierta eficacia. Lo que sí es evidente es lo poco democrático y constructivo de esas estrategias, claramente acordadas entre referentes corporativos y dirigentes políticos.
Lo lógico es que, con apenas 40 días para ver el expediente, Alfonso no tome ninguna decisión sobre la cuestión de fondo del reclamo de Clarín. Es decir, que no se expida sobre la constitucionalidad o no del pedido de Clarín y, en consecuencia, el 7 de diciembre entre en vigencia la decisión de la Corte en el sentido de que el Ejecutivo puede tomar ese día como el límite para la presentación voluntaria del grupo que tiene cerca de 300 licencias y debe quedarse con el 10 por ciento de ellas. Si el Grupo Clarín no presenta un plan voluntario de adecuación, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) tiene varios caminos administrativos para revertir esa situación ilegal en la que quedaría el Grupo Clarín. Uno es iniciar sumarios, caso por caso, para que el Estado recupere las licencias cuya titularidad perdería Clarín. Otra es llamar a concursos, una vez valuadas las licencias (como si fueran fondos de comercio) para buscar nuevos titulares. Y seguramente muchas otras vías o maneras de buscar nuevos titulares y así hacer efectiva la multiplicidad de voces. Los plazos para llevar a cabo esos procedimientos son los plazos propios de las tareas administrativas. Para nada los complejos plazos de la Justicia. Eso, desde ya, en caso de que Clarín no presente su propio plan. Clarín bien podría presentar un plan. Sin embargo, le restaría fuerza a su reclamo de inconstitucionalidad del artículo 161. Porque, vale la pena recordarlo, en algún momento del año próximo ese juzgado federal podrá –o deberá– expedirse sobre el “tema de fondo”. Y si Clarín se presenta a la autoridad para adecuarse está reconociendo implícitamente que desestima el reclamo judicial. En términos de Derecho podría hacerlo, en términos de fuerza para aspirar a doblar el brazo del Gobierno, no le sumaría puntos. Ahora bien, lo que también puede hacer el Grupo –y esto no es revelar ninguna estrategia que el Grupo no conozca– es tomar sumario por sumario o expediente por expediente para intentar demoras administrativas impugnando todas y cada una de las actuaciones, desde la ortografía hasta la valuación contable. Y además de demorarlo en las oficinas del Afsca, intentará judicializar absolutamente todo. La idea de ganar tiempo no es ajena al propio escenario de los directivos de Clarín respecto de que, algún día, sectores opositores puedan derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo dijo muy concretamente el martes pasado Marcelo Stubrin, quien acaba de asumir como miembro del radicalismo en el directorio del Afsca. En una entrevista en Radio del Plata, Stubrin dijo que su posición era que varios artículos de la actual ley debían ser derogados. Al ser preguntado sobre si se sentía más cerca del Gobierno o de Clarín, tras una pausa, Stubrin dijo que respondía al radicalismo, como si eso significara una equidistancia. Resulta curioso, pero es un dato de la realidad política, todo el arco opositor, desde los sectores supuestamente más de izquierda del Frente Amplio Progresista hasta el PRO, prefieren ponerse cerca de Clarín para intentar desgastar al kirchnerismo. Ningún sector busca diferenciarse con propuestas propias –en este y en otros terrenos–, sino que prefieren apostar a producirle daño al kirchnerismo en vez de buscar su propia identidad de cara a sectores de la sociedad que se sientan respaldados por los referentes de esas fuerzas políticas. No es fácil advertir si por esa vía suman fuerzas o lograrán resultados de cierta eficacia. Lo que sí es evidente es lo poco democrático y constructivo de esas estrategias, claramente acordadas entre referentes corporativos y dirigentes políticos.
Es
posible que el kirchnerismo pueda argumentar que es víctima de una oposición
ciega. El problema radica en reflexionar con un poco de serenidad si un
escenario tan judicializado y tan polarizado puede resultar una suma cero para
la vida política nacional. Los espacios de diálogo, los espacios de debate
genuino, los espacios de negociación y de concertación parecen quedar fuera de
libreto. Es decir, buena parte de las herramientas de la política como cultura
de la diversidad, quedan afuera. Y, curiosamente, cuando el tema de fondo que
llevó a tener una nueva ley de medios era precisamente la de tener más voces en
el aire. Es decir, para que nos acostumbremos a escuchar más voces y confiar en
que el pueblo puede escuchar muchas campanas y formarse sus propias ideas. En
pocos meses se van a cumplir diez años de la asunción de Néstor Kirchner. No es
un mal ejercicio recordar la épica de la valentía y la determinación de Néstor
como presidente, al mismo tiempo que abría espacios de diálogo y de diversidad.
Para los que se resisten a entender la diversidad de los escenarios y la
claridad para no perder el rumbo en esa diversidad, deben recordar cuántas
veces Kirchner se apoyaba en personas o en grupos políticos o sociales con los
que tenía acuerdos solo circunstanciales. A medida que el proceso político y
económico avanzaba, tomaba las decisiones. Y algunos de esos referentes
políticos o sociales, sentían que eran desplazados. Algunos de ellos, quedaban
afuera. En ese curso diverso y contradictorio se fue construyendo una identidad
que todavía parece vital y potente. Esa identidad kirchnerista tiene un respiro
en una coyuntura complicada por adversarios experimentados y poderosos. Esos
adversarios sólo aspiran a mantener privilegios. La agenda pública de los
sectores populares es muchísimo más vasta, más compleja y requiere recortar no
sólo los privilegios de ese grupo sino avanzar en recortar otros privilegios y
sumar nuevos aliados y crear más espacios de diversidad y encuentro, desde ya
aceptando las diferencias de pensamiento y de defensa de intereses diversos.
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