Hola @ocampo_emilio, ¿vos decís que no fue la creación de las AFJP para tener un mercado de capitales internos como lo establecía el Consenso de Washington y la unificación de las 3 cajas nacionales, la de la Ciudad de Buenos Aires y la de las 9 provincias con más déficit lo que… https://t.co/IZV8use7gg
— Facundo Fernández Pastor (@facufp) August 28, 2024
Otro revés político para Milei en el senado
El debate significó una nueva división en la oposición dialoguista, entre radicales y con legisladores del PRO. Milei amenazó con vetarla.
Por Mara Pedrazzoli
8 de agosto de 2024
El peronismo y el radicalismo, junto a referentes provinciales, firmaron en el Senado el mismo dictamen para avalar el proyecto de reforma jubilatoria que obtuvo media sanción en Diputados en junio pasado. Exponen así al presidente Javier Milei a un potencial veto, pues objetaba el elevado costo fiscal de la reforma propuesta. El debate significó una nueva división en la oposición dialoguista, entre radicales y también con legisladores del PRO. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, habría sido apartada de la discusión por su propio partido.
Tras el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social del Senado este miércoles el peronismo y el radicalismo firmaron el mismo dictamen que reproduce lo aprobado en Diputados. En tanto que La Libertad Avanza y dos radicales en disidencia (Vischi, de Corrientes, y Zimmermann, de Chaco) rubricaron una versión que oficializa el decreto que se encuentra en vigencia. Este resultado tomó por sorpresa al oficialismo, que recibió en el mismo día un revés en Diputados al no conseguir quorum para sesionar por la decisión de los legisladores de Hacemos Coalición Federal, el bloque que comanda Miguel Pichetto.
Sobre la reforma jubilatoria impulsada por el bloque peronista se especulaba con la firma de distintos dictámenes o del proyecto original en disidencia en el Senado, pero una parte de la oposición dialoguista –que responde al titular del partido Martín Lousteau, y el senador Pablo Blanco- no aprobó la versión del oficialismo con cambios mayúsculos al proyecto aprobado en Diputados. La Libertad Avanza se oponía al pago del 8,1 por ciento retroactivo para jubilados, porque esto suponía un costo fiscal muy elevado (de 0,44 por ciento del PBI este año según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, OPC). En contrapartida ofrecían empezar a pagarlo desde la entrada en vigencia de la nueva ley. Otros puntos que el oficialismo rechaza son el nuevo piso jubilatorio y el plus por crecimiento económico.
Además del artículo que prevé cancelar en seis meses las deudas con las cajas previsionales de los 13 distritos que no transfirieron a Nación, lo cual es una suma millonaria. La oposición en Diputados logró que esta deuda no se pagase con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses sino con los impuestos de asignación específica, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA.
El proyecto de ley con media sanción de Diputados establece como fórmula de movilidad el aumento de los haberes en función del último dato de inflación (es decir con dos meses de rezago), en línea con la actualización vigente desde abril a raíz de un decreto presidencial. Pero además estipula un incremento del 8,1 por ciento retroactivo a modo de resarcimiento por la pérdida en el poder de compra acaecida en enero de este año luego de la suba del IPC del 20,6 por ciento: el Gobierno otorgó por decreto solo un aumento del 12,5 por ciento y había suspendido la vieja fórmula de movilidad jubilatoria.
El proyecto de ley además determina que en marzo de cada año deberá aplicarse un aumento del 50 por ciento entre la variación salarial (según Ripte) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico, y estipula que el haber mínimo tendrá como piso un monto equivalente al 1,09 del valor de la Canasta Básica Total medida por Indec. De esta forma, con datos actualizados al mes de junio, el pago de los haberes mínimos en agosto debería haber alcanzado los 308.011 pesos, casi 12.470 pesos más que el pago que se efectivizó la semana pasada. El haber mínimo actual es de 225.540 pesos, más un bono de 70.000, totalizando 295.540 pesos.
En detalle, el informe publicado por la OPC se estima que el impacto fiscal del nuevo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones ascendería el año próximo a entre 0,69 y 0,80 por ciento del PBI, según las variaciones de precios y salarios contempladas. Asimismo, de cumplirse el artículo que propone la cancelación de deudas con los cajas previsionales provinciales y los juicios particulares, el Estado podría perder el superávit primario. Esta suma asciende a 703.353 millones de pesos, lo que equivale a 0,13 por ciento del PBI.
Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/758644-otro-reves-politico-para-milei-en-el-senado
Voy a explicar resumidamente dónde está el negocio de @mercadopago en pagar asignaciones familiares:
— Facundo Fernández Pastor (@facufp) April 15, 2024
Es muy simple:
La @ansesgob liquida los beneficios el día 16 de cada mes y ese día transfiere el dinero a los bancos, y desde ahora, a esa plataforma. Pero los beneficios se…
El Congreso aprobó la última moratoria en febrero de 2023.. Imagen: Dafne Gentinetta
Si la Ley Bases se aprueba, los que no sumen los años de aporte cuando lleguen a la edad de jubilarse podrían solo acceder a la PUAM, equivalente al 80% de la mínima.
11 de abril de 2024
El proyecto de Ley Bases enviado al Congreso Nacional por el gobierno de Javier Milei propone derogar la última moratoria previsional aprobada por la ley 27.705 en febrero de 2023, por 2 años y prorrogable por otros 2 años.
El proyecto del Frente de Todos fue aprobado en ese momento por 134 votos a favor y 107 en contra y permitió que durante el año pasado se jubilaran 460.000 personas que no tenían los años de aportes necesarios para hacerlo.
La iniciativa ofreció un plan de pagos con dos componentes
1) A quienes ya tienen la edad para jubilarse (60 años las mujeres y 65 años los hombres), pero no cuentan con los aportes suficientes se les ofrece cancelar la deuda previsional en cuotas mensuales pudiendo saldar años anteriores a 2008 hasta 120 cuotas. Cada mes adeudado es equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible
2) A quienes se encuentran a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria, pero tienen deuda previsional y no van a alcanzar a tener los aportes para jubilarse, se les permite cancelar períodos pasados de aportes faltantes, los cuales no pueden ser posteriores a marzo de 2012. Cada período a cancelar también es equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible.
En la Anses remarcaron en ese momento que la moratoria iba a tener un costo fiscal bajo, se mencionaba que estaría en torno al 0,20 por ciento del PIB de 2023 y afirmaban incluso que ese gasto podría ser menor porque se iba a reducir la cantidad de personas que tramitan la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) destinada a aquellos que no están en condiciones de jubilarse, la cual otorga un monto equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima.
A su vez, estaba la posibilidad de que quienes se encontraban a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria y adeudaban aportes, pudieran ir cancelando períodos pasados, situación que sumaba una vía de recaudación adicional.
El costo fiscal no fue tan relevante como en otras moratorias porque el 95 por ciento de las personas en condiciones de jubilarse ya estaban jubiladas y eso es algo que se logró con las moratorias previas. De hecho, antes de la puesta en marcha de estos planes de pago, solo el 50 por ciento de las personas que estaban en condiciones de jubilarse podían hacerlo.
Pese a ello, el Fondo Monetario Internacional cuestionó la nueva moratoria. "Se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos", aseguró el organismo en marzo del año pasado. Lo que exigió básicamente es que el costo fiscal de 0,20 por ciento del PIB se compensara con otros recortes. Fue entonces cuando el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, se comprometió a avanzar con mayor ajuste del gasto, incluyendo una profundización de la política de recorte de subsidios a los servicios públicos a partir de la profundización de la segmentación por ingreso.
Ahora el gobierno de Milei propone directamente derogar la moratoria. Por lo tanto, si el Congreso aprueba la Ley Bases quienes no tengan los años de aportes necesarios solo podrán acceder a la PUAM a los 65 años, tanto varones como mujeres, para cobrar apenas el 80 por ciento del haber mínimo, independientemente de la cantidad de años que hayan aportado y siempre que puedan demostrar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.
En ese caso las más afectadas serán las mujeres porque la PUAM se puede tramitar a partir de los 65 años y las mujeres están en condiciones de jubilarse a partir de los 60 años. Por lo tanto, aún si no tienen ingresos deberán esperar 5 años para cobrar este beneficio no contributivo. No está claro que pasará con aquellas personas que tienen turno para realizar el trámite si la ley se aprueba antes de que lo concreten. Lo único que dice el proyecto de Ley Bases en su artículo 274 es “deróguese la ley 27.705”.
Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/728510-milei-busca-derogar-la-moratoria-previsional
El proyecto del gobierno de Javier Milei contempla el traspaso del FGS a la cartera que conduce Luis Caputo.
El proyecto de Ley Ómnibus, que fue enviado este miércoles por el presidente Javier Milei al Congreso, determina la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad al Tesoro Nacional con la intención de atender las cuestiones relacionadas con el manejo de la deuda pública. Semanas atrás, el FGS alcanzó los 76 mil millones de dólares.
En el Capitulo VII sobre Consolidación de deuda del Sector Público Nacional, la iniciativa sostiene la necesidad de consolidar en el Estado Nacional “las tenencias de títulos de deuda pública de titularidad de las entidades del Sector Público Nacional (…) y el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad creado por el Decreto No. 897/2007".
En el artículo 224, el proyecto libertario estipula que en 90 días -contados tras la sanción de la norma- “las personas jurídicas u organismos comprendidos en el artículo 221 podrán presentarse ante la Oficina Nacional de Presupuesto para manifestar la necesidad de mantener un crédito presupuestario por el equivalente de la deuda nominal a consolidarse de acuerdo con lo dispuesto en la presente”.
El planteo deberá justificarse y será elevado a Jefatura de Gabinete de Ministros para su resolución, el que tendrá 30 días para expedirse sobre el pedido. A los fines del manejo de la deuda, en el artículo 226 se dispone “la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 867/07 al Tesoro Nacional”, y se faculta al Poder Ejecutivo “a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto “.
El proyecto de Ley Ómnibus que envió Javier Milei al Congreso
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Acumula activos por U$S 76.000 millones, más del doble que hace cuatro años. Incógnitas sobre lo que el nuevo gobierno hará con él.
06/12/2023
Por: Marcelo Di Bari
@mdibari
La Anses informó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra ese organismo alcanzó una valuación de U$S 76 mil millones, cifra más alta desde su creación en 2008.
El valor de los títulos, acciones y otros activos de esa cartera supera en 117% el monto que tenían a fines de 2019, con el cambio de administración. También es más alto que los U$S 66 mil millones de 2015, al final del mandato de Cristina Kirchner.
El método de valuación despertó polémicas, ya que la conversión de los activos fue realizada al tipo de cambio oficial. “La normativa indica que la valuación del Fondo debe realizarse al tipo de cambio oficial mayorista. No obstante, se verifica el incremento también en los tipos de cambios financieros”, señalaron desde la Anses.
“Durante la actual gestión (2019-2023), el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) alcanzó el valor más alto de su historia. Además, se incrementó el financiamiento de proyectos productivos, se priorizó la inversión Pyme y se relanzaron los Créditos Anses para jubilados y pensionados, superando niveles récords que transformaron al FGS en el mayor otorgador de créditos personales del sistema con un recupero del 100 por ciento”, informó el organismo que en los últimos tres años dirigió María Fernanda Raverta. Con el cambio de gobierno, desde la semana que viene la Anses será dirigida por Osvaldo Giordano, hasta ahora ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba.
De acuerdo al informe que la Anses publicó en su página web, el dinero del FGS sirvió para sostener numerosos proyectos de infraestructura desarrollados por el Estado, tales como la financiación de centrales de generación de energía (entre ellas la finalización de Atucha II), planes de vivienda Procrear y otros de varias provincias, obras para provisión de agua potable de Aysa y el inconcluso soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
En materia de activos financieros, el FGS posee gran cantidad de títulos públicos que hasta junio de este año ocupaban el 69% de su cartera. Esto le valió críticas de la oposición, que acusa al gobierno de “financiarse con la plata de los jubilados”. Sin embargo, el Fondo también incluye acciones de gran cantidad de compañías privadas, como bancos, concesionarias de servicios públicos, productoras y distribuidoras de energía, siderúrgicas y hasta empresas de comunicación. Así se da la paradoja de que a través de ese camino, el gobierno posee el 9% de las acciones del Grupo Clarín, con el que está enemistado políticamente.
El Fondo fue creado en 2008, con el dinero que manejaban las AFJP en el sistema jubilatorio de capitalización individual. Al disolverse esas administradoras, el dinero pasó a integrar un fondo anticíclico para que el Estado apoyara proyectos que movilizaran la economía y sostuvieran la actividad, incluso en momentos de recesión.
En La Libertad Avanza miran con marcado interés el FGS porque creen que sus activos pueden servir de garantía a los inversores que acepten aportar dólares frescos a un fideicomiso para rescatar los pasivos remunerados del Banco Central y despejar el camino de cara a una pronta liberación del cepo cambiario. Esa receta era la que se mencionaba también para apurar la dolarización que Javier Milei había agitado durante su campaña electoral.
La alternativa está entre las carpetas con que Luis Caputo se apresta a desembarcar en el Ministerio de Economía, aunque no se sabe qué prioridad le otorgará “Toto” a esa idea.
Publicado en:
https://www.tiempoar.com.ar/economia/fgs-anses-valor-mas-alto-2008/
Escudo de goma contra la inflación
La asistencia del Gobierno a jubilados para hacer frente a la inflación se ve desbordada por la suba de precios. Hay 1,4 millones de personas que no alcanzan a compensar la trepada del IPC a pesar de los bonos, mientras que 1,2 millones no cobran adicionales y en el último año y medio perdieron 17 puntos de poder adquisitivo. Por qué es urgente cambiar la meta fiscal con el FMI.
Por David Cufré
13 de mayo de 2023
La aceleración inflacionaria cada vez más grave que padece la economía nacional es otra razón de peso para cambiar de manera urgente la meta fiscal del acuerdo con el FMI. Las políticas de compensación de ingresos del Gobierno para mantener a flote el poder adquisitivo de sectores populares resultan desbordadas con tanta inflación. La clave, obviamente, es detener esa dinámica del IPC, pero mientras tanto es esencial ampliar la asistencia a la ciudadanía y para ello se requiere de un aumento del gasto público.
Esta semana el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, anunciaron el incremento de jubilaciones, asignaciones y pensiones para junio, en función de la ley de movilidad. El alza será del 21 por ciento (20,92), contra una inflación que en este trimestre (abril-junio) se ubicará entre 5 y 6 puntos por arriba de ese nivel. Para compensarlo, el Gobierno mantendrá y ampliará los bonos que cobran aquellos que ganan el haber mínimo, con suplementos de 15 mil pesos en junio, 17 mil en julio y 20 mil en agosto. También habrá adicionales para quienes perciben hasta dos haberes mínimos, de manera decreciente hasta 5 mil pesos.
Esa estrategia tiene efectividad plena para neutralizar el alza del IPC solo en el primer grupo, los jubilados de la mínima, que son el 65 por ciento del total, unas 4,8 millones de personas. En su caso, contando el aumento de junio y los bonos, en el último año sus ingresos escalarán 130 por ciento, en tanto que el IPC quedaría levemente por debajo de esa cifra.
De ahí en más, la medida va perdiendo impacto entre quienes perciben hasta dos haberes mínimos, que son casi otro 20 por ciento de jubilados, 1,4 millones de personas. El 16 por ciento restante, 1,2 millones, no cobran ningún bono y su situación se ha ido agravando al mismo ritmo que trepa el índice de precios al consumidor.
Los casos
La jubilación mínima a partir de junio será de 70.983 pesos, a lo que se suman los bonos citados anteriormente. Pero aquellos que cobran más de dos haberes mínimos, es decir más de 142 mil pesos mensuales, seguirán sin asistencia del Estado y sufrirán una grave erosión de su poder adquisitivo. En 2022, este amplio sector de jubilados soportó una caída de ingresos de 11 puntos en términos reales. La inflación el año pasado fue del 94,8 por ciento, pero la movilidad previsional otorgó incrementos de solo el 72,5 por ciento.
En el primer semestre de este año, la situación sería incluso más grave. El aumento de jubilaciones por la movilidad fue del 17,04 por ciento en marzo, contra una inflación del 21,7 por ciento en el primer trimestre. Para el período abril-junio la recomposición de haberes anunciada esta semana es del 20,92 por ciento, en tanto que la inflación proyectada para el período era del 23,5 por ciento según la encuesta de expectativas de mercado del Banco Central. Este último número seguramente será corregido al alza porque las consultoras y especialistas habían estimado una inflación del 7,5 por ciento en abril, pero este viernes se conoció que fue casi un punto más alta, con 8,4 por ciento.
Por lo tanto, la distancia entre el aumento de la movilidad y la inflación se hace cada vez más amplia y la pérdida de poder adquisitivo para los jubilados que no cobran bonos es peor. En el primer semestre se ubicará en no menos de 5 puntos y podría llegar a 6 o 7 puntos si la inflación se mantiene en los niveles del mes pasado. Por lo tanto, en un año y medio estos jubilados perderán 17 o 18 puntos en sus haberes en términos reales.
En esta situación se encuentran, como se dijo más arriba, aquellos que ganarán más de 142 mil pesos mensuales desde junio, hasta la jubilación máxima fijada en 477.347 pesos desde ese mes. Como se observa, no son sectores privilegiados que puedan asimilar la caída de sus ingresos con facilidad.
Un poco menos sustancial es la pérdida de poder adquisitivo para los jubilados que cobran entre una y dos jubilaciones mínimas, ya que reciben un proporcional de los bonos de compensación, pero igualmente sus ingresos quedan por debajo de la inflación. Por ejemplo, aquellos que ganan solo 5 mil pesos más que la mínima, es decir 76 mil pesos mensuales, con el aumento de junio más el bono igualmente perderán frente al IPC, ya que en el semestre tendrán un aumento del 42,9 por ciento y la inflación apunta a superar el 50 por ciento.
Las fórmulas
La fórmula para los aumentos jubilatorios aprobada durante este gobierno, de todos modos, resulta mejor que la anterior, sancionada en el gobierno de Juntos por el Cambio. Con el sistema que se impuso cuando Mauricio Macri era presidente, los haberes previsionales hubieran aumentado 239,9 por ciento entre 2021 y el primer semestre de este año. En cambio, con la fórmula actual el incremento llegará a 272,8 por ciento.
La comparación fue realizada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). "Con la nueva ley, la jubilación mínima llegará a 70.983 pesos en junio. Con la ley anterior, la movilidad hubiese sumado 64.644 pesos, es decir, 6338 pesos menos", señala el estudio.
"Asimismo, la jubilación media alcanzará, con la nueva ley, 109.531 pesos en junio, y hubiese sumado 95.914 pesos con la anterior, es decir, una diferencia de 13.616 pesos", agrega.
Finalmente, el CEPA advierte que "en la serie acumulada de diferencias desde inicio de 2021 (aplicación de la nueva ley) a la fecha, los jubilados hubiesen recibido con la antigua ley 83.243 pesos menos en el caso de la jubilación mínima y 156.386 pesos menos en el caso de la jubilación media".
En la gestión de Macri, las jubilaciones perdieron 19,5 por ciento en forma generalizada y el PAMI dejó de entregar medicamentos gratis, como ocurría en la etapa anterior, con Cristina Fernández de Kirchner. La actual administración recuperó esta última política, y también el plan de inclusión con la nueva moratoria, pero no pudo evitar que un tercio de los jubilados siguieran perdiendo poder de compra y dos tercios apenas mejoraran contra la catástrofe de 2018 y 2019.
El debate
Hernán Letcher, al frente del CEPA, advierte que "con los niveles de inflación que tenemos, ningún esquema de compensación parece suficiente, que es lo mismo que les pasa a los trabajadores activos". "La limitación fiscal que impone el acuerdo con el FMI es parte del problema", agrega.
Para Miguel Fernández Pastor, experto en materia previsional y ex funcionario de la Anses, "el problema de los bonos es que tarde o temprano van a dar lugar a nuevos juicios como Badaro", en referencia al reclamo que hicieron miles de jubilados durante el gobierno de Néstor Kirchner cuando todavía no se había aprobado la ley de movilidad y la Corte Suprema ordenó compensar a quienes no habían recibido los aumentos por decreto. También destaca que al no quedar incorporados a los haberes, los adicionales están a tiro de decreto para el próximo gobierno.
Por su parte, Federico Bobrovsky, abogado previsionalista, entiende que "el sistema jubilatorio no está divorciado de lo que ocurre en la economía real, por eso es tan importante fortalecer las políticas productivas que generan empleo". "El achatamiento de la pirámide salarial le facilita la tarea a los sectores neoliberales que buscan ese esquema, con tasas de sustitución bajas para la mayoría y esquemas de aportes privatizados para unos pocos", concluye.
Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/548826-escudo-de-goma-contra-la-inflacion
Más de 800 mil personas podrán ahora acceder al derecho de una jubilación
Fueron 134 votos a favor y 107 en contra de JxC y libertarios. La norma implementa un plan de pagos de deuda previsional. En su mayoría los beneficiarios son mujeres. También se sancionó el programa de informatización y digitalización de las historias clínicas.
Por María Cafferata
1 de marzo de 2023
Tras tres meses de parálisis, la Cámara de Diputados se hizo finalmente del quórum para sesionar y convirtió en ley el plan de pagos de deuda previsional y el programa de informatización y digitalización de las historias clínicas. Fue en tiempo de descuento y con una mayoría justa --129, ni uno mas ni una menos-- que hizo transpirar a la bancada oficialista. En un debate caldeado, con cruces que llegaron hasta los palcos (y un pedido de expulsión que terminó a los gritos), el Frente de Todos logró sancionar la moratoria previsional con 134 votos a favor y 107 en contra gracias al acompañamiento del Interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda. Juntos por el Cambio, que bajó al recinto una vez habilitada la sesión, terminó unificando postura y, a diferencia de lo que sucedió en el Senado, todo el interbloque votó en contra. No fue, sin embargo, una postura cómoda para el radicalismo, que vio menguar sus filas al momento de la votación.
Llamadas contrarreloj y gritos: la previa de la sesión
Mensajitos ansiosos que se preguntaban por la ubicación exacta de diputados que venían retrasados, conversaciones apresuradas con autoridades provinciales que se demoraban en indicar a sus alfiles sobre si dar o no quórum, llamadas con funcionarios nacionales que, hasta último momento, todavía estaban intentando convencer a legisladores opositores: la previa de la sesión estuvo marcada por la incertidumbre respecto a si, luego de dos intentos fallidos, el Frente de Todos lograría conseguir o no el quórum. Recién a las 10.55, cuando el Alejandro "Topo" Rodríguez y Graciela Camaño entraron al recinto para sumarse a sus compañeres del socialismo --Mónica Fein y Enrique Estévez-- que la bancada oficialista pudo respirar con cierto alivio. "Les gusta hacernos sufrir", se quejó un diputado oficialista, minutos después. Finalmente, gracias al acompañamiento también de les cuatro diputades de izquierda y los cuatro de Provincias Unidas, el FdT logró llegar al número requerido para habilitar la sesión, 129 legisladores sentados en sus bancas, y consiguió cerrar las sesiones extraordinarias con dos leyes sancionadas.
Foto: Jorge Larrosa
Mientras tanto, tanto las calles como los pasillos del Congreso estaban repletos de militantes sindicales y sociales que venían impulsando la sanción de la moratoria. Antes de que comenzara el debate, incluso, el recinto se vio revuelto ante la presencia en los palcos de Carlos Ortega, lider del sindicato de trabajadores de la ANSES. La oposición puso el grito en el cielo, acusándolo de ser el responsable de cubrir las oficinas del organismo con afiches que los escrachaban por no haber dado quórum para aprobar la moratoria previsional. Hubo tantas protestas y pedidos de expulsión que, cuando el griterío parecía que se iba a desmadrar, Ortega terminó optando por abandonar el recinto.
La sanción de la moratoria previsional
"Este es un proyecto que busca que las cerca de 800 mil personas que han quedado por fuera de la posibilidad de acceder a una jubilación puedan hacerlo. Todos sabemos que en la Argentina hay un gravísimo problema de informalidad laboral, que hace que muchos ciudadanos que llegan a la edad de jubilarse no tengan los años de aportes", comenzó exponiendo Carlos Heller, quien, si bien admitió que la medida era "un parche", se adelantó a las críticas opositoras sosteniendo: "Mientras se resuelven los problemas de fondo los parches son mecanismos adecuados para que las personas no queden por fuera de la protección del Estado".
La ley, que fue aprobada con 134 votos a favor y 107 en contra, contempla un plan de pagos al que podrán acceder aquellas personas que cumplieron la edad jubilatoria pero no tienen los 30 años de aportes exigidos. Permite, además, que las personas a las que todavía le quedan 10 años para jubilarse puedan ir adelantando los períodos faltantes: "Además de solidario, recupera un espíritu eficiente", destacó la camporista Marisa Uceda. El proyecto había sido redactado por les senadores Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, por lo que desde un principio fue considerado como un "proyecto de La Cámpora". Esto explicó, por un lado, la presencia en los palcos de la titular de la Anses, Fernanda Raverta, pero también el hecho que Máximo Kirchner decidiera dar también un discurso por primera vez en mucho tiempo.
"Lo mejor que está pasando hoy es que 800 mil argentinos y argentinas van a poder pelear mejor el día a día", señaló el presidente del PJ bonaerense, que aprovechó también para referirse a los afiches de la Anses: "Si alguno se sintió mal es entendible. También es un poco de empatía. Si uno se siente mal por ver su cara en un cartel, imagínense como nos sentimos muchos de nosotros cuando gatillaron en la cabeza de la vicepresidenta", afirmó, entre los aplausos de sus compañeros de banca.
Si bien el titular de la bancada oficialista, Germán Martínez, aprovechó para agradecer a les diputades de la oposición que habían permitido la aprobación de la ley, más de un diputado oficialista le cuestionó a JxC su decisión de no habilitar el tratamiento de ninguna ley (ni siquiera las que acompañaban). "Quiero decirle a los paladines de la República que es profundamente antidemocrático no sentarse a trabajar y dejar que los trabajadores que necesitan una jubilación sean rehenes de los caprichos de JxC", sostuvo Gisela Marziotta.
JxC, mientras tanto, cuestionó el supuesto déficit que la medida generaría y, de paso, aprovechó para reivindicar la pensión universal que se sancionó durante el gobierno de Macri (que representa solo un 80 por ciento de la jubilación mínima). "Es innegable que con las moratorias hubo incremento en la cobertura previsional y eso es positivo. Pero trae dos problemas: el de la equidad contributiva y un enorme problema fiscal", señaló Alejandro Cacece (Evolución). El radicalismo, finalmente, terminó votando en contra del proyecto junto al PRO, pero no fue una posición cómoda para muchos. Más de uno, incluso, prefirió ausentarse al momento de la votación.
"Dejemos de emparchar y dejémosla con el plan de 'esperemos a que pase diciembre'. Discutamos hoy una reforma previsional sostenible y equitativa. Discutamos hoy la reforma laboral, que las PyMEs tienen miedo a tomar a personas formalmente por los juicios laborales", sostuvo, por otra parte, María Eugenia Vidal, en clave electoral. "Regalan jubilaciones", "buscan redistribuir la pobreza", "es un mecanismo electoral": fueron otras de las premisas sostenidas durante las más de cinco horas de debate.
En un momento, Rodrigo De Loredo se puso a contar que conocía a una ama de casa que vivía en un country de Córdoba que nunca había aportado y utilizaba su jubilación "para pagar sus clases de yoga". Fue Myriam Bregman la encargada en responderle: "Mi mamá trabajó desde los 9 años limpiando casas y cuidando chicos. ¿Alguien puede decir que no trabajó? ¿Que no aportó porque no quiso? Muy linda la anécdota de los countries pero hay otros que venimos de otros lugares".
Una vez que se votó y se sancionó la ley, desde los palcos y entre las bancas del FdT se entonó la marcha peronista. La macrista Silvia Lospennato se indignó y le reclamó a viva voz a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau: "Esto no es una cancha de fútbol así que le pido que reestablezca el orden", dijo sin éxito. En cambio, una exultante Raverta, dijo que "había una dificultad para estas personas que cumplían la edad de jubilarse, a nosotros nos gusta resolver problemas y en eso estamos".
Sanción informatización historias clínicas
Tras la sanción de la moratoria previsional, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que crea un “Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina”. La iniciativa, que pretende instaurar un Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas, fue aprobada por 227 votos a favor y 2 en contra. Solo los libertarios Javier Milei y Victoria Villaruel se opusieron a la sanción de la ley.
"Este programa tiene por objetivo final que todas las provincias, y que todos los subsistemas tengan accesibilidad segura y confiable de nuestra historia clínica, pero por sobre todo que cada uno de nosotros y nosotras podamos disponer de ella", destacó la socialista Mónica Fein, una de las principales impulsoras de la iniciativa.
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Proponen refuerzo de emergencia para los jubilados
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses bajó de 48 mil millones de dólares al final del gobierno de Cristina Kirchner a casi 40 mil millones cuando se fue Mauricio Macri. El actual gobierno logró recuperarlo y el FGS ahora se ubica por encima de los 51 mil millones. Sin embargo, la utilización de esta herramienta es motivo de debate.
Por David Cufré
18 de junio de 2022
“De qué sirve ahorrar para los futuros jubilados si los actuales no llegan a fin de mes”, planteó el ex diputado Juan Carlos Díaz Roig esta semana en la simulación de audiencia pública que se realizó en el Congreso. El encuentro, impulsado por la legisladora Gisela Marziotta, fue para reforzar el pedido de prórroga de la moratoria jubilatoria que vence el 23 de julio. La sesión contó con la participación de diputados, senadores, sindicalistas y referentes del sector previsional. Todos preocupados en afianzar la recuperación de derechos de los adultos mayores, recortados durante el gobierno de Juntos por el Cambio.
En esa línea, la bancada oficialista en el Senado logró también esta semana sacar dictamen a otro proyecto de ley elaborado por dos de sus integrantes, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, para un nuevo y amplio esquema de pago de deudas previsionales. La iniciativa será tratada el 30 de junio en busca de la media sanción. De prosperar y conseguir luego la aprobación en Diputados, será una solución para 742 mil personas que alcanzaron la edad jubilatoria pero no completaron los años de aportes, más otras 552 mil que estarán en la misma situación en los próximos años. Sin esta ley, no podrán jubilarse.
Tanto el proyecto de Marziotta, para extender la moratoria vigente, como el de Recalde y Fernández Sagasti, para generar una nueva más abarcativa, apuntan a ampliar la cobertura y rescatar a cientos de miles de trabajadores del engendro que creó el gobierno de Mauricio Macri para su vejez: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
“Es una ignominia”, la definió Miguel Fernández Pastor, experto previsional, porque le quita a los adultos mayores la posibilidad de cobrar una jubilación plena. La PUAM es para aquellas personas que no reúnen los 30 años de aportes. Equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima. Son 30.020 pesos en la actualidad, contra 37.525 del haber mínimo.
Para las mujeres, además, representa un aumento de cinco años para empezar a recibir ingresos, dado que la edad de retiro son 60, pero la edad para cobrar la PUAM se estira hasta los 65. La proyección de la Anses es que en la próxima década nueve de cada diez mujeres estarán en esa situación. Si se aprobaran las moratorias, en cambio, arrancarían a cobrar a los 60, con los descuentos correspondientes para completar aportes, pero una vez saldada la deuda recibirían como piso una jubilación mínima. Por otra parte, Fernández Pastor recordó que la PUAM no da derecho a pensión, no solo al cónyuge, “ni siquiera a los hijos discapacitados”.
37.525 no alcanza
“El Fondo de Garantía de Sustentabilidad creció en 9500 millones de dólares durante 2021. Por qué no utilizamos esa rentabilidad para subir la base de la jubilación mínima y anular la PUAM. Néstor Kirchner firmó diez decretos para subir la jubilación mínima y cuando tuvo una base relativamente importante empezó a aplicar la movilidad. Así fue como crecieron las jubilaciones. La profundización de esa política con Cristina permitió que en diciembre de 2015 la jubilación mínima fuera equivalente a 460 dólares. Hoy serían 60 mil pesos al dólar oficial”, señaló Díaz Roig en su exposición en el Congreso.
El gobierno de Alberto Fernández logró poner un piso a la caída que arrastraban los haberes jubilatorios desde la gestión de Macri. Lo hizo con la reforma de la ley de movilidad, para volver a una fórmula similar a la que regía en el gobierno de Cristina. Además, aplicó refuerzos circunstanciales al 80 por ciento de los jubilados –no solo los de la mínima- mediante bonos compensatorios frente a la alta inflación, y recuperó la distribución gratuita de medicamentos a los afiliados al PAMI.
Sin embargo, los 37.525 pesos de la jubilación mínima son claramente insuficientes. De allí la aparición de propuestas como la de Díaz Roig. El ex diputado remarcó el impacto positivo en el consumo que provocaría inyectar recursos en sectores de bajos ingresos, así como el hecho de que el 50 por ciento del presupuesto de la Anses proviene de la recaudación de impuestos. “Cuando un desocupado o un trabajador no registrado hacen sus compras también están aportando al sistema jubilatorio solidario y de reparto”, enfatizó.
Este último elemento constituye un argumento potente para defender la necesidad de una nueva moratoria previsional. Los diputados de Juntos por el Cambio no acompañaron el proyecto de Recalde y Fernández Sagasti. Guadalupe Taglieferri, en representación de la oposición, sostuvo no está bien que se jubilen “aquellos que nunca aportaron nada, porque no hace ni justo ni sostenible al sistema”.
Otro FGS
El FGS que dejó el gobierno de Cristina en 2015 es muy distinto al que existe en este momento. En el medio padeció la política económica neoliberal de Juntos por el Cambio. Eso limita las posibilidades de la actual administración, que lentamente intenta rescatar algunos de los principios de la gestión del Frente para la Victoria, aunque, ya sea por el contexto de crisis de la pandemia y la guerra, con su estela de restricciones fiscales, o por falta de decisión política, los avances son paso a paso.
En diciembre del 2015 el FGS tenía activos por el equivalente a 48.177 millones de dólares. Cuatro años después, al terminar el gobierno de Macri, la cifra se redujo a 39.866 millones. En diciembre de 2021 el monto había crecido hasta 51.143 millones y al término del primer trimestre de 2022, la recuperación llegó a 51.765 millones.
No obstante, la mayor diferencia con 2015 es la composición de la cartera. En aquel caso las inversiones en proyectos productivos y de infraestructura representaban el 12,9 por ciento del total. Cuando terminó Macri eran apenas el 3,7 por ciento. Hoy son el 3,3, y habían bajado a 2,1 en diciembre de 2020. El impulso a la economía real que proporcionaba el FGS se ha perdido y, como se señaló anteriormente, el rescate de esa política se está haciendo de forma paulatina.
En noviembre de 2020 se aprobó la ley de Defensa de los activos del FGS, que tuvo como uno de los objetivos prioritarios justamente aumentar con fuerza las inversiones productivas o en obras públicas. En los últimos meses la administración del fondo incrementó la compra de obligaciones negociables de empresas petroleras y energéticas, a fin de impulsar sus inversiones, por lo que es probable que en el próximo informe trimestral la participación en proyectos productivos crezca un poco más. Aun así, los números todavía están lejos de lo pautado cuando se sancionó aquella norma y mucho más de los niveles alcanzados en 2015.
En cambio, la participación del FGS en títulos públicos y obligaciones negociables pasó del 64,6 por ciento en 2015 al 73,1 por ciento actual. Eso comprime el margen de acción para avanzar con iniciativas como la de Díaz Roig, de utilizar parte de la rentabilidad del fondo para subir jubilaciones. El gobierno del Frente de Todos, pese a ello, deberá encontrar los caminos para mejorar la situación de los adultos mayores.
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Lo presento el presidente en un acto en Lomas de Zamora. Se busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de las abuelas y abuelos.
13/07/2021
El Gobierno otorgará un bono extraordinario de $5.000 en agosto próximo a unos 6 millones de jubilados y pensionados, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación.
El anuncio fue realizado esta tarde en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández en el Club Social y Deportivo Ituzaingó, de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.
Antes de que hable el jefe de Estado, la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, dijo que «un tiempito antes de saber cómo va a dar la inflación -el INDEC la informará este jueves-, el presidente de la Nación viene a compartir con ustedes una decisión, una decisión de gobierno, que es que todos los jubilados de hasta dos mínimas tengan un bono de $5.000 en agosto».
Dijo que «es una decisión de Gobierno de que ese bono les permita tener la certeza de tener una jubilación digna, pero además que nos permita decir claramente que cuando asumimos como gobierno, un jubilado de la mínima cobraba $14.000, y con este bono en agosto va a cobrar $28.000».
La inflación del primer semestre del año superará el 25%, según todas las proyecciones privadas.
Las jubilaciones tuvieron este año un alza del 21,2%: un 8,07% en el primer trimestre y el 12,1% en el segundo, lo cual arroja cuatro puntos menos que la inflación.
Si se suma la suba de los precios de julio, la inflación en 7 meses rondaría el 29%, con lo que superaría en casi 8 puntos al ajuste de jubilaciones y pensiones.
Con el bono de $5.000, quienes perciben la jubilación mínima de $23.065 cobrarán en agosto $28.065.
El bono será pagado a quienes tengan jubilaciones de hasta 2 haberes mínimos, unos $46.130, indicaron las fuentes.
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En la lista no hay magistrados "famosos" ni de Comodoro Py
Por Raúl Kollmann
A falta de 15 días hábiles para que se redondee el plazo de la intimación, 32 jueces y fiscales concretaron ya su jubilación y renunciaron a sus cargos. El total de los que recibieron la carta documento de Anses, el organismo que conduce Fernanda Raverta, fue de 220, pero como no todos fueron intimados el mismo día, se calcula que hasta el final del plazo todavía hay 15 días hábiles. En la nómina de los que se jubilaron no hay jueces ni fiscales "famosos", ni de Comodoro Py, pero hay 13 con más de 75 años, es decir que exceden la edad en que según la Constitución Nacional deben ser designados nuevamente. Como se señala en la intimación enviada por Anses, al final del plazo se dará de baja el trámite jubilatorio que iniciaron en su momento jueces y fiscales que no renunciaron al cargo. El objetivo es igualar a los integrantes de la franja superior del Poder Judicial con el conjunto de la población: el ciudadano común pone en marcha el trámite jubilatorio en el momento en que se jubila, no antes.
Jorge Alberto Primero Narváez, titular del juzgado 58 en lo Civil de la Capital Federal; el prestigioso magistrado Norberto Tavosnanska, a cargo del juzgado contravencional de CABA número 17; Salvador Arnal, integrante de una Cámara Penal de Mendoza; y Jorge Coussirat, integrante del Tribunal Penal Colegiado 2 de Mendoza son los cuatro jueces de la lista de jubilados posteriores a la carta documento de la Anses. La mayoría de los restantes 28 de la lista son secretarios y prosecretarios, incluyendo alguno del Tribunal Superior de Justicia de CABA y de Tucumán, Río Negro y Mendoza.
Ninguno de los "famosos" tomó hasta ahora una determinación. El nombre más rutilante de esta nómina es el de Elena Highton de Nolasco, integrante de la Suprema Corte, pero también están varios magistrados de la Casación como el visitador de la Casa Rosada en tiempos de Mauricio Macri, Gustavo Hornos; Eduardo Righi, Carlos Mahiques, Angela Ledesma, Liliana Catucci y Guillermo Yacobucci. También recibieron carta documento el procurador interino, Eduardo Casal, y la jueza María Romilda Servini. Otros magistrados conocidos como Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia, Ricardo Recondo, Gustavo Bruzzone, Héctor Magariños, los fiscales Carlos Stornelli y Raúl Plee están entre los que recibieron la intimación.
Como ya ha hecho saber la Anses, transcurridos los 30 días hábiles de la recepción de intimación, al juez o fiscal que no se jubile se le archivará el trámite, es decir que tendrá que iniciarlo cuando efectivamente deje su cargo. La carta documento no sólo se envió a integrantes del Poder Judicial sino también a otros 7 mil ciudadanos que completaron el trámite pero no se jubilaron. Se trata principalmente de personas que trabajan en el Estado y docentes, tanto del sector privado como del público, que dejaron su jubilación stand-by para seguir trabajando. El día que se jubilen, tendrán que iniciar el trámite como el resto de los ciudadanos.
Entre los 220 intimados hay 13 magistrados con más de 75 años, tres de los cuales pasaron incluso los 80. La Constitución Nacional indica que a los 75 el magistrado requiere de un nuevo nombramiento, de manera que esos magistrados violan los términos constitucionales manteniéndose en sus cargos sin el nuevo nombramiento. Algunos de ellos consiguieron amparos, como en su momento Carlos Fayt, quien falleció a los 92 siendo integrante de la Corte. En la misma situación están Highton de Nolasco o Servini.
El privilegio de hacer el trámite jubilatorio y no efectivizarlo fue una estrategia habitual en el Poder Judicial. Llegada la edad, el funcionario completaba los papeles y dejaba todo listo por si era acusado de alguna anomalía o en caso de ser forzado a renunciar. El resto de la sociedad antes tenía que esperar bastante entre el inicio del trámite y la concreción de la jubilación, en cambio ahora son algunos meses. Los magistrados tenían la ventaja de pasar de un estado al otro casi de forma automática: no mediaba tiempo entre dejar de cobrar sueldo y pasar a cobrar la jubilación, que por otra parte es del 82 por ciento y sin pagar ganancias. Los magistrados que recibieron la intimación, en promedio, no bajan de sueldos de 500 mil pesos mensuales.
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https://www.pagina12.com.ar/331365-despues-de-la-intimacion-de-la-anses-32-jueces-y-fiscales-ya
La intimación de la Anses a los jueces y fiscales que congelaron sus trámites jubilatorios es un primer paso de otros con el que se buscará activar el control interpoderes. Detalles.
(Foto: Dady Brieva Prensa)
Por Gimena Fuertes - @gimenafuertes
21 de febrero de 2021
La decisión de la Corte Suprema de condenar a Milagro Sala convalidó el accionar del Poder Judicial en la causa cuya investigación había sido criticada duramente por el presidente Alberto Fernández. El mandatario leyó el desafío y decidió mover una dama: Fernanda Raverta. Pero no será la única. El oficialismo retomará el viejo lema del republicanismo que supone el control interpoderes del Estado, y con “la ley en la mano” pasará a tener un rol activo en el control de irregularidades que el Poder Judicial da como naturalizadas.
Según pudo saber Tiempo Argentino, la decisión de terminar con la situación irregular de las jubilaciones de los jueces fue pensada y acordada por “la fórmula”. Alberto y Cristina Fernández hablaron a principios de semana y luego el presidente se encargó de supervisar la operativización de la medida, de la mano de Raverta, titular de la Anses. Una de las prácticas naturalizadas en el Poder Judicial es tener la jubilación otorgada, pero seguir trabajando. Muchos magistrados usan ese mecanismo para presentar la renuncia ante una amenaza de destitución y así evitar el juicio político. Raverta comenzó a enviar la semana pasada una resolución a jueces y fiscales con la jubilación ya otorgada para que presenten su renuncia en 30 días y dejen el cargo o caerán sus trámites. Ahora esa resolución deberá ser analizada por el Consejo de la Magistratura, a pedido de la oposición, que consideró la medida como una forma de presión a los magistrados.
La estrategia se resume en usar las reglas del sistema para arreglar el sistema. El objetivo es revisar desde el más puro liberalismo político las rémoras medievales que conserva el único poder de la democracia que no se plebiscita. En ese contexto, el viernes la excúpula de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quedaron procesados por espionaje ilegal durante la administración de Mauricio Macri, noticia que quedó enterrada por el escándalo que eyectó a Ginés González García de su cargo.
Pero la cuestión previsional no es la única situación irregular, ya que los jueces tienen acordado para sí mismos la excepción del Impuesto a las Ganancias. Aunque el enojo social con ese privilegio no se traduce en cuestionamiento mediático, el gobierno sabe que es uno de los puntos débiles del Poder Judicial por donde puede avanzar. La que puso el tema sobre la mesa fue la senadora María de los Ángeles Sacnun, quien esta semana pidió evaluar esa excepción tributaria tan especial. Desde la titularidad de la Cámara de Diputados aclararon que en el proyecto que presentó Sergio Massa para subir el piso a 150 mil pesos de ingresos para quienes paguen Ganancias, no está incluida la eliminación del pago de los jueces.
En diálogo con Tiempo, la senadora explicó que “no hay posición nueva. El pago de Ganancias tiene que ver con la igualdad ante la ley. Pero hay cosas peores que esa excepción tributaria, lo que pasó con el Ministerio Público es de una gravedad enorme. Carlos Stornelli y Eduardo Casal usaron la política criminal del Estado para perseguir opositores y hacer la vista gorda de delitos centrales del funcionamiento del Estado”. “El Poder Judicial tiene que ser totalmente independiente de las presiones de la política, y de todos los sectores, el económico también. Democratizar la Justicia es abonar la independencia y la perspectiva de género”, sostuvo la senadora.
Otro de los cambios que se están produciendo en las bases de la pirámide y que luego rebotan en la superficie tuvo que ver con la designación del Diego Molea como presidente del Consejo de la Magistratura. “Vamos a avanzar en poner orden y luz en que el Poder Judicial funcione como debe funcionar”, anticipó.
La diputada y consejera de la Magistratura, Vanesa Siley, compañera de militancia del camporista Molea, da cuenta de eso. “Desde el Consejo venimos haciendo desde el año pasado avances concretos, no solo en lograr paridad en los lugares institucionales sino en las respuestas que hay que dar desde la institución. Desde fines de 2019 en los concursos logramos que como mínimo haya una mujer en las ternas. Parece una pavada, pero no lo es porque en muchas no había mujeres. Además, para concursar hay que hacer de manera obligatoria cursos de género. En las entrevistas personales hay un paso fundamental, que son las preguntas y la evaluación en torno a la perspectiva de género de los candidatos, ya que eso después se nota en el contenido de sus sentencias, en los actos jurisdiccionales, en el trato y la atención a la víctima y para con los trabajadores judiciales”.
Una de las propuestas presentadas por Siley esta semana es la de elaborar un registro público de denuncias presentadas contra magistrados/as por situaciones de violencia de género, en cumplimiento con el acuerdo firmado con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU. “Ya que son funcionarios públicos, que su comportamiento sea público”, sintentizó Siley.
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Mario Negri rechazó la propuesta que trabaja oficialismo que consistente en un mix de índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%).
10/11/2020
Como de costumbre, la oposición no construye, destruye. No hay iniciativa oficialista que les caiga en gracia y prometen minar cualquier proyecto que provenga del gobierno. En este análisis se puede circunscribir el rechazo in limine que propone Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio a la nueva formula de movilidad jubilatoria que acordaron anoche legisladores del Frente de Todos.
Negri, cuestiona el sistema que estuvo vigente con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que la nueva fórmula «saca la inflación y pone la recaudación» como variable.
«Tiraron toneladas de piedras cuando Cambiemos incorporó la inflación al cálculo de la movilidad jubilatoria. Como era favorable a los jubilados, suspendieron la fórmula en diciembre», afirmó Negri en su cuenta de Twitter.
El jefe del interbloque de diputados de JXC hizo referencia de esta manera al sistema que impulsará el oficialismo en el Congreso para establecer la nueva fórmula, con un aumento semestral mediante una fórmula consistente en un mix de índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%).
«Ahora directamente sacan a la inflación y ponen la recaudación. ¡Ajustan con los jubilados!», enfatizó Negri en esa red social.
Ayer, funcionarios y legisladores oficialistas acordaron que impulsarán el sistema de ajuste de las jubilaciones que estuvo vigente en el Gobierno de Fernández de Kirchner, con un aumento semestral mediante una fórmula consistente en un mix de índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%).
La decisión fue adoptada en una reunión telemática que se realizó en el Ministerio de Economía entre los miembros del oficialismo que conforman la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional.
Al término de la reunión, se informó que la fórmula que se propone es «sustancialmente la misma a la sancionada en el año 2008 y que resultó en una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta el año 2015».
«Dicha fórmula tiene como antecedente directo la establecida por la Ley N° 26.417 que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017, y sus elementos constitutivos básicos, los salarios y la recaudación (en un 50% cada uno), han sido validados por los y las especialistas, nacionales e internacionales«, agregó un comunicado de los participantes.
Desde la oposición, también, el diputado de la UCR por San Luis, Alejandro Cacace, vicepresidente de la comisión de Previsión Social de la cámara baja, rechazó la propuesta del oficialismo y sostuvo que «se está abandonando la inflación y es negativo porque es preservar el poder adquisitivo de los haberes».
Cacace dijo además en declaraciones a Télam que «se introduce el concepto de la recaudación que hace a la formula pro cíclica» y advirtió que «se va a tardar más tiempo en ajustar las variables y recomponer los haberes».
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Recibí en Olivos a @FerRaverta, nueva directora ejecutiva de la @ansesgob. En el marco de la pandemia, el organismo tiene una función clave a la hora de brindar asistencia económica a los sectores más vulnerables. Confío en su capacidad para afrontar ese enorme trabajo. pic.twitter.com/4oLRQFAfBQ— Alberto Fernández (@alferdez) April 30, 2020
El Estado, mediante la participación accionaria q tiene en esas empresas vía FGS/ANSES, debe volver a participar de asambleas de accionistas, controlar la legitimidad y apego a la ley ellas y renombrar a los directores q x ley, tiene derecho a incorporar en sus directorios. https://t.co/KZnLcV4Di3— Walter D Valdez Lettieri (@WDVL4) March 30, 2020
Pedón Gastón, pero la historia nos ha mostrado q toda estrcutura de dirección se compone de funcionarios q, tras un tiempo en el ejercicio del poder, se tornan burócratas. Insisto, el reclamo y la denuncia son legítimos, pero tarde o temprano se tornan apenas testimoniales.— Walter D Valdez Lettieri (@WDVL4) March 30, 2020
