Entre las medidas figura una amplia moratoria para las pymes que es celebrada por el sector.
Imagen: Guadalupe Lombardo
La ley podría aportar hasta 2,2 puntos del PIB de nueva recaudación fiscal
Con el paquete impositivo, el Gobierno busca cambiar el andamiaje de la gestión anterior, incentivar la producción y atender a los sectores sociales más castigados.
Por Javier Lewkowicz
A través de la presentación del proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva y otras medidas que corren en paralelo, el Gobierno está planteando en los hechos una reforma tributaria con la cual quiere encarar su gestión y plantarse frente a los acreedores externos y al FMI. Las principales nuevas fuentes de financiamiento son los derechos de exportación y el impuesto a la compra de dólares para atesoramiento, gastos en el exterior y pasajes. También se espera una marcha atrás con la reducción a cero de la alícuota del IVA para alimentos y el reemplazo por una devolución más acotada a través de la tarjeta de débito. Hay aumento de las alícuotas de Bienes Personales, tasa de estadística sobre las importaciones e impuestos internos a los autos. Queda en ciernes la situación de la movilidad jubilatoria, que podría reducir las erogaciones vía un achatamiento de la pirámide. Hay además cambios en el sistema de contribuciones a la seguridad social que podrían complicar a las pymes si no se plantea alguna movilidad de las escalas y del mínimo no imponible. En cuanto a otros recursos, hay una amplia moratoria para pymes, se deroga el impuesto sobre la renta financiera y plazos fijos en moneda nacional y se espera un aumento de los subsidios para contener tarifas. Una bala de plata es el espacio fiscal que podría abrir la renegociación de los vencimientos de la deuda externa.
Con el paquete tributario y otras medidas vinculadas, el Gobierno busca remover parte del andamiaje de la gestión anterior, encauzar los incentivos para impulsar la producción, sostener la situación de la franja más pobre de la sociedad y tener un plan fiscal que dé consistencia a la negociación de la deuda. El resultado global de las medidas de expansión y contracción fiscal no está claro, primero porque hay medidas todavía no definidas y en otras falta el debate y la aprobación del Congreso, pero además, el impacto en la recaudación y el gasto depende de cómo reaccione la economía en general y el consumo de determinados bienes y servicios. Sin embargo, hay estimaciones de un impacto positivo que van del 1 hasta el 2,2 por ciento del PIB.
Retenciones
En una primera instancia, el Gobierno derogó el tope nominal que puso la gestión anterior y volvió a la situación de septiembre de 2018 (30 por ciento para la soja; 12 por ciento para maíz, trigo, sorgo y girasol y 5 por ciento para economías regionales y productos industriales). El proyecto de ley establece la posibilidad de subir la alícuota hasta el 33 por ciento, que aplicarían para la soja, y el maíz y el trigo pasarían a un 15 por ciento. En cambio, las retenciones a las exportaciones de petróleo bajaron del 12 al 8 por ciento, para beneficiar a las empresas que producen en Vaca Muerta (aunque antes de la eliminación de los topes de la semana pasada, la retención se había licuado por efecto de la devaluación hasta el 5 por ciento). Podría incorporarse alguna segmentación de retenciones favorable a los productores más chicos. La Mesa de Enlace quiere que haya un mínimo no imponible para que las primeras toneladas vendidas no paguen retenciones y haya devolución de Ganancias. Se estima que el nuevo esquema de retenciones podría generar un impacto positivo de entre el 0,5 al 1 por ciento del PIB.
Impuesto al dólar
Se grava con un impuesto del 30 por ciento las compras de dólares para atesoramiento y se mantiene el límite de los 200 dólares mensuales. También opera el impuesto para la compra de pasajes para viajar al exterior y gastos de servicios que se brindan desde el exterior. Economistas calculan que el impuesto al turismo y a la compra de divisas podría representar alrededor de un 1 por ciento del PBI.
Devolución del IVA
El proyecto faculta a la AFIP a establecer un régimen de reintegros para contribuyentes y pequeños comercios. Habría un reintegro total del IVA para jubilados y titulares de AUH a través de las compras con tarjeta de débito y en cambio se repondrá el IVA a los alimentos que el gobierno anterior redujo a cero luego de las PASO. El riesgo es que los precios suban de un sacudón. Comercio Interior trabaja para que los reintegros del IVA se apliquen junto al reforzamiento de Precios Cuidados y la negociación con las empresas proveedoras de alimentos para que rebajen o sostengan precios y así evitar el impacto en el bolsillo que implicará reponer el IVA. Es un tema que está bajo negociación.
Bienes Personales
Se incrementan las alícuotas partiendo de 0,50 hasta 1,5 por ciento (ahora esos números van de 0,25 a 0,75 por ciento) y se otorga la facultad al Poder Ejecutivo de duplicar las mismas para los activos financieros en el exterior. Se calcula que esta modificación podría mejorar la recaudación en 0,25 puntos del PIB.
Contribuciones patronales
El proyecto de ley elimina el sistema de suba paulatina tanto de la alícuota de las cargas sociales como del mínimo no imponible que había definido el gobierno anterior en su reforma tributaria. Ahora, las contribuciones quedan establecidas en el 18 por ciento salvo para el sector de comercio y servicios, en donde se elevará a 20,4 por ciento si la facturación supera los 48 millones de pesos anuales. Este límite es curioso porque es copia del que está en el decreto 814 del 2001 y no tiene relación con la clasificación actual de facturación de las pymes, que en el caso de la pyme comercial es de 141 millones de pesos anuales. El límite de 48 millones sólo serviría para microempresas y para pymes del sector de servicios y del agro, aunque al ser un número fijo, rápidamente quedaría desactualizado. Por otro lado, se mantiene el mínimo no imponible de 7003 pesos pero en términos nominales, sin ajuste de inflación, al igual que el mínimo de 17 mil pesos para sectores protegidos (calzado y textil).
Renta financiera
Se deroga el impuesto que gravaba los rendimientos obtenidos en el país por parte de personas humanas a partir del período fiscal 2020. Los plazos fijos vuelven a estar exentos. Los bancos celebran la noticia y esperan un aumento de las colocaciones.
Tasa estadística
Es una imposición que corre sobre las importaciones y pasaría del 2,5 al 3 por ciento para bienes terminados provenientes de países que no forman parte del Mercosur. En mayo de este año, Macri había subido esta tasa del 0,5 al 2,5 por ciento. Quedan excluidas las importaciones temporarias.
Impuestos internos
El esquema vigente establece que sólo los vehículos de más de 1.832.000 de precio mayorista pagan una alícuota del 20 por ciento. La iniciativa contempla una alícuota del 20 por ciento siempre que el precio mayorista del vehículo supere los 1.300.000 pesos (unos 1.500.000 pesos en la vidriera) e introduce una nueva alícuota del 35 por ciento a partir del valor de 2,4 millones de salida de fábrica.
Moratoria pyme
Se otorga un extenso plan de pagos para cancelar deudas con el Fisco que se encontraban impagas con condonación de intereses en función del período adeudado y de multas. Podrá instrumentarse sobre deudas vencidas hasta noviembre 2019. Se ofrecen hasta 120 cuotas para su cancelación, siendo del 3 por ciento la tasa de interés mensual para el primer año y luego equivalente a la BADLAR para los bancos privados. “Es una buena moratoria porque condona intereses, que son una enorme mochila para las pymes, y también porque abarca a casi todas las obligaciones fiscales”, analiza Vicente Lourenzo, consultor pyme.
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