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lunes, 2 de febrero de 2015

Syriza enfrenta a Bruselas, por Roberto Montoya (para "Miradas al Sur" del 01-02-15)

Arriba: ¿Amanece una nueva Europa?


Grecia


El flamante gobierno heleno cumple su palabra y aprueba las primeras medidas antiausteridad antes de reunirse con los acreedores internacionales.



 La celeridad con la que se ha constituido el nuevo gobierno griego y con  la que se ha realizado el traspaso de poderes ha sorprendido a todos. Y la velocidad con la que el nuevo Ejecutivo presidido por Alexis Tsipras ha aprobado las principales medidas de emergencia prometidas durante su campaña electoral, han asombrado más aún.
En la noche del domingo 25 pasado, cuando aún se desconocía el resultado final de las elecciones generales griegas, decenas de politólogos especulaban en mesas redondas en radios y televisiones europeas sobre las posibles alianzas que Syriza podría establecer si se confirmaba su triunfo pero no alcanzaba la mayoría absoluta.
Pero muy pocos imaginaban que Tsipras tuviera todo tan planificado. En Europa se preveía que iban a ser unas negociaciones arduas y que eso añadiría aún más inestabilidad a Grecia e inquietaría a los mercados financieros. Numerosas personas temieron un corralito y sacaron 11.000 millones de euros de los bancos.
Pero no habían pasado ni veinticuatro horas desde que se conociera el recuento final –Syriza consiguió el 36,3% de los votos contra el 27,8% de Nueva Democracia– cuando Alexis Tsipras aparecía en público junto a Panos Kamenos, líder de ANEL (sigla de Griegos Independientes), partido conservador pero antiliberal, para anunciar el acuerdo alcanzado entre los dos partidos para formar gobierno.
¿Por qué elegir a ANEL como socio de gobierno y no a otro partido de izquierda?, se preguntaron muchos. La alianza no es casual. ANEL es un pequeño partido escindido de Nueva Democracia por su izquierda, por negarse a aceptar las recetas ultraliberales que la troika imponía al Gobierno de Samaras para otorgarle los rescates financieros.
ANEL y Syriza coincidieron durante años en la batalla contra las políticas de ajuste preconizadas por Nueva Democracia, sin mantener sin embargo una postura antieuropea ni a favor de la salida del euro, como sí proponían otras fuerzas de izquierda.
A pesar de que Syriza, un partido declaradamente de izquierda que ya en 2012 se quedó a las puertas de la victoria, tuviera más afinidad ideológica con otras organizaciones griegas, Tsipras valoró muy especialmente esa experiencia realizada con ANEL a la hora de elegir a su socio minoritario de gobierno.
Syriza consiguió 149 escaños, dos menos para tener mayoría absoluta, por lo que necesitará de ANEL, que consiguió 13 escaños, como socio legislativo estable para acometer reformas del calado que ha prometido.
Tsipras paga ese apoyo con una cartera ministerial, la de Defensa, que ocupará el propio Kamenos –pero controlado de cerca por un equipo de confianza de Tsipras– y otros cuatro cargos de menor relieve. El nuevo gobierno reduce de 21 a 10 los ministerios por austeridad y eficacia, pero tres de ellos serán superministerios con competencias en distintas áreas económicas y financieras. Al frente de ellos ha puesto a prestigiados expertos económicos de izquierda.
En el resto de Europa llamó mucho la atención que Tsipras no hubiera contado con ninguna mujer para su Ejecutivo y que sólo fichara a seis mujeres para distintos cargos del segundo escalón, pero en Grecia extrañó menos, ya que es uno de los países más machistas de la UE. En el Parlamento sólo hay 68 mujeres de un total de 300, 44 de ellas de Syriza, y también se ha propuesto una mujer para presidir la Cámara de Diputados.
Es de esperar que en la lucha por la igualdad de género el nuevo gobierno muestre también un cambio drástico con esa nefasta tradición nacional.
A pesar de las advertencias que Tsipras recibió del FMI y la UE antes e inmediatamente después de que se confirmara su triunfo, en cuanto a su obligación de “asumir los compromisos” económicos contraídos por gobiernos anteriores –que han endeudado al país en 321.000 millones de dólares–, el nuevo gobierno aprobó en su primera reunión del Consejo de Ministros un paquete de medidas de emergencia que ha irritado a sus acreedores y a los mercados pero que ha sido festejado por la población.
Cumpliendo a rajatablaba el Programa de Salónica de su campaña electoral, el gobierno ha aprobado el aumento de salario mínimo de 586 euros a 751; recupera el aguinaldo de Navidad para los jubilados con pensiones de menos de 700 euros; elimina el copago sanitario y da cobertura sanitaria a los tres millones de griegos que actualmente no la tienen. El gobierno ha aprobado igualmente recontratar a los 10.000 funcionarios públicos despedidos; restablecer la negociación sindical y los convenios colectivos y congelar la privatización de la electricidad y de puertos.
Syriza anula así varias de las medidas impuestas a gobiernos anteriores por la troika –UE, Banco Central Europeo y el FMI–; el Parlamento debe validar esas medidas, pero el gobierno cuenta con mayoría absoluta para ello.
La visita de los acreedores no se ha hecho esperar, y el jueves y viernes ya aterrizaban en Atenas representantes de Alemania y también del Parlamento Europeo. “No buscamos la confrontación, pero no aceptamos la sumisión”, advirtió Tsipras.
El nuevo gobierno griego no se amilana ante las presiones externas, e incluso en la primera reunión que mantuvo su canciller en Bruselas con sus homólogos de la UE, impidió que se votaran, tal como estaba previsto, nuevas sanciones contra Rusia por su intervención en Ucrania. Y otro gesto: tradicionalmente, el nuevo gobierno de Grecia recibe en primer lugar la visita del embajador de Estados Unidos, ahora, sin embargo, el primero ha sido el embajador ruso.
La UE está desconcertada ante el fenómeno Syriza y sus gobernantes sin corbata, y Mariano Rajoy es el más preocupado de todos por el estímulo que su victoria pueda suponer para organizaciones como Podemos, la fuerza política que podría terminar por disputarle el poder en noviembre próximo.
Los ataques políticos y mediáticos no dan tregua a los líderes de la nueva formación política española, y un día sí y el otro también hacen circular rumores y especulaciones de todo tipo sobre la vida personal y profesional de los jóvenes dirigentes de Podemos. “Es el todo vale”, dice su secretario general, Pablo Iglesias, “está claro que estamos en la diana de muchos y que la infamia y las agresiones irán en aumento a medida que se acerquen los procesos electorales de este año, contamos con ello”.

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domingo, 21 de diciembre de 2014

Cuba 1, Estados Unidos 0, por Roberto Montoya (para "Miradas al Sur" del 21-12-14)


Dignidad histórica

Obama reconoce que su país no pudo derrotar a la revolución tras 53 años de bloqueo.


 Han pasado 53 años desde que el presidente demócrata John F. Kennedy impusiera a Cuba un brutal bloqueo. Eran los tiempos más duros de la Guerra Fría. El bloqueo, comercial, financiero, político, militar, de acceso a medicamentos y tecnología, provocó pérdidas multimillonarias a la isla y sacrificios y dolor a sus 11 millones de habitantes. Ahora, en 2014, otro presidente, también demócrata, reconoce que Estados Unidos no ha conseguido su objetivo: derrotar la revolución cubana.
“En la actualidad, Cuba está gobernada por los hermanos Castro como en 1961”, dijo Barack Obama compungido.
El inédito reconocimiento sorprendió a todos, un presidente estadounidense reconociendo que el bloqueo que asfixió a la pequeña isla caribeña situada a sólo 90 millas de sus costas no había funcionado. Obama parecía compartir con los diez presidentes anteriores la culpa, la humillación por no haber logrado destruir el estado revolucionario cubano; pero nada de culpa sin embargo por la pesadilla que se hizo vivir a la población cubana durante más de cinco décadas.
Barack Obama no ofreció disculpas al pueblo cubano por las penurias que tuvo que vivir medio siglo por la decisión unilateral de su país. Obama no se comprometió a compensar económicamente las cuantiosas pérdidas provocadas a la economía cubana ni sintió necesario tampoco disculparse ante Naciones Unidas por desoír los constantes llamamientos hechos año tras año por la mayoría de sus países miembro para que levantara el bloqueo.
Obama se limitó a decir que “los cincuenta años transcurridos han mostrado que el aislamiento no funcionó” y que “es hora de un nuevo enfoque”.
Y ahora, a pasar página, a probar otra estrategia para intentar enderezar a Cuba, para conducirla en el buen camino de la libertad de mercado, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, el de la democracia del racismo y la expulsión de emigrantes; la democracia del espionaje masivo mundial y los bombardeos a lejanos países ricos en materias primas; la democracia de la tortura a los prisioneros, la que mantiene el campo de concentración de Guantánamo; la democracia de las cárceles secretas y los secuestros y vuelos clandestinos de la CIA trasladando prisioneros en aviones camuflados por todo el mundo, con más de 1.000 escalas en aeropuertos europeos con complicidad de sus gobiernos.
Obama anunció que había dado instrucciones a su secretario de Estado, John Kerry, para que de inmediato se inicien conversaciones con Cuba sobre temas de migración, lucha contra las drogas y contra el terrorismo, salud, deporte, cultura y otras áreas. Kerry se convertirá pronto en el primer secretario de Estado de Estados Unidos en pisar Cuba en más de 60 años.
The Washington Post recordaba que si Obama llegara a visitar Cuba sería el primer presidente estadounidense en hacerlo desde Calvin Coolidge en 1928.
Asimismo, Estados Unidos establecerá hasta doce tipos de visa diferentes para poder viajar a la isla desde territorio estadounidense; se eliminarán las licencias que necesitan ahora aquellas personas que quieren hacer remesas de dinero a sus familiares en Cuba; se autorizará a los estadounidenses que viajen a Cuba a importar productos de ese país por un importe no superior a 400 dólares, al tiempo que se autorizará la exportación de ciertos productos limitados desde Estados Unidos.
Pero Cuba comenzará realmente a notar que se afloja la soga que tiene puesta en el cuello si se cancelan algunas de las medidas más duras del bloqueo: si Estados Unidos deja de impedir que utilice el dólar para las transacciones comerciales internacionales, si cancela las sanciones a las empresas extranjeras que comercian con la isla, si permite que se utilicen tarjetas de crédito estadounidenses, si elimina la prohibición de que entren en Cuba artículos de cualquier tipo que contengan más de un 10% de componentes con patentes de Estados Unidos; si autoriza el acceso de la isla a los servidores de internet norteamericanos. Esas medidas ya de por sí supondrían un balón de oxígeno decisivo para la población cubana, aunque el bloqueo es mucho más que eso.
El plan adelantado por Obama prevé igualmente “revisar el estatus que designa a Cuba como un Estado que apoya al terrorismo”, vigente desde 1982.
Por su parte, el presidente cubano, Raúl Castro, valoró en su discurso en La Habana, paralelo al realizado por Barack Obama en Washington, el paso dado por éste y agradeció la mediación de Canadá y especialmente el papel jugado por el papa Francisco.
Pero Raúl Castro aclaró: “Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos a nuestro país debe cesar. Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en Ley, el presidente de Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas”.
Castro se adelantaba así a las declaraciones que poco después del acuerdo hicieron en contra del mismo distintos congresistas republicanos e incluso algunos demócratas, dispuestos a impedir una apertura hacia Cuba.
Jebb Bush, hermano menor de George W.Bush y posible candidato de su partido para las presidenciales de 2016, fue de los primeros en pronunciarse en contra. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, al igual que otros significativas figuras del Partido Republicano como el ex candidato presidencial John McCain, repudiaron también de inmediato las declaraciones de Obama y aseguraron que impedirán que el presidente desbloquee las relaciones con Cuba.
Los republicanos podrían boicotear ese proceso negando a Obama los recursos económicos necesarios para poder abrir la embajada en La Habana; rechazando el nombramiento del nuevo embajador estadounidense en la capital cubana, o votando en contra de cualquier otra legislación para desmontar el bloqueo.
Obama tendría que hacer malabares y concesiones en otros terrenos a los republicanos y a sectores del propio Partido Demócrata para poder sortear esas dificultades, y recurrir también a las órdenes ejecutivas  para sacar adelante la reforma migratoria u otras medidas en estos dos años de mandato que le restan.
El presidente estadounidense tiene oposición de parte de no pocos congresistas de su propio partido, pero cuenta con el respaldo de otros de peso como Hillary Clinton o Nancy Pelosi. La división en las filas demócratas añadirá más dolores de cabeza a Obama.
A pesar de las reservas del Gobierno y la población cubana sobre cómo y cuándo se concretará el desbloqueo a la isla, tienen razones para festejar. Cuba ha recuperado a los tres presos que permanecían en cárceles de Estados Unidos desde hace 16 años; ha recibido el apoyo unánime de los gobiernos progresistas latinoamericanos por haber alcanzado ese pacto histórico sin ceder un milímetro en su dignidad y soberanía, e inicia esta nueva etapa con bríos y esperanza.

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martes, 9 de diciembre de 2014

Falciani, el azote de los evasores fiscales, por Roberto Montoya (para "Miradas al Sur" del 07-12-14)


Nació en Montecarlo (Mónaco) en 1972, tiene nacionalidad francesa e italiana, y su trabajo de años como ingeniero de sistemas no le hubiera sacado posiblemente nunca del anonimato si no fuera porque un día dijo ¡Basta! y decidió arriesgar su trabajo, su estabilidad económica y personal y su propia libertad, con tal de quedarse tranquilo con su conciencia.
Desde 2008, Falciani se convirtió en el azote de los evasores fiscales, reveló las cuentas secretas en Suiza de más de 130.000 personas o empresas de los cinco continentes, incluidas muchas de Argentina.
Hervé Falciani se lo pensó mucho antes de tomar la más audaz decisión de su vida. Trabajaba desde el año 1997 en el departamento informático de la filial del poderoso banco HSBC en Mónaco, realizando una tarea bien remunerada aunque gris, rutinaria, pero las cosas habrían de cambiar, y mucho, cuando fue trasladado a la sucursal en Ginebra en 2006.
Se le encomendó la tarea de mejorar su base de datos y el sistema de seguridad digital. El HSBC, nacido en 1865 y que hizo su primera gran acumulación de capital gestionando las ganancias que reportaban las Guerras del Opio, tiene actualmente más de 10.000 oficinas en todo el mundo repartidas en 82 países de los cinco continentes, con cerca de 125 millones de clientes de sus servicios financieros, banca comercial, banca de inversión y mercados. Es el principal banco europeo y uno de los mayores del mundo.
Aunque su sede central se encuentra en Londres, la sucursal del HSBC en Ginebra nunca fue una filial más, estaba, y está, en el propio corazón del país que ha hecho del secreto bancario su principal seña de identidad.
Los superiores de Falciani lo habían recomendado muy especialmente para una labor muy delicada en Ginebra tras reconocer su gran capacidad profesional, pero nunca podían sospechar que el ejemplar empleado se convertiría en el “Enemigo Nº1” de esa gran banca mundial. El propio informático tampoco podía imaginar que pronto sería perseguido por la Justicia de varios países y que terminaría viviendo finalmente con guardaespaldas y en semiclandestinidad como el escritor italiano Roberto Saviano, el autor de Gomorra, por cuya cabeza la Camorra napolitana ofrece una verdadera fortuna.
“Antes de dar este paso lo hablé con mi familia, lo hablamos mucho juntos, sabía que podría tener graves consecuencias en mi vida personal, pero no podía dejar de hacerlo, estaba viendo cosas siniestras que afectaban a mucha gente, mientras tanta gente lo estaba pasando tan mal a causa de la crisis, no podía mirar para otro lado”, dice Falciani.
Durante su trabajo, Falciani tomó conciencia de que la banca para la que trabajaba era cómplice del fraude fiscal de sus clientes, grandes fortunas de todo el mundo, y decidió denunciarlo a las autoridades judiciales suizas. El informático ya había empezado para ese entonces a copiar y traspasar a su ordenador personal los archivos sobre los clientes del banco que defraudaban al fisco de sus respectivos países. “Mis primeros contactos fueron con las autoridades que regulan los mercados, y después con la justicia federal, que me dijo que me buscara un abogado”, explica el informático.
Falciani no se dio por vencido y utilizó una triquiñuela más propia del agente 007 que de un empleado bancario para hacer activar el sistema de alarma interno con el que cuenta la Asociación Suiza de Banqueros. Para ello viajó al Líbano y utilizando una identidad falsa se presentó en la filial local del HSBC en Beirut con una falsa oferta: aseguró a sus directivos que tenía un sistema para poder conocer la identidad de clientes de la banca suiza. El sistema en realidad no existía pero con ello logró hacer saltar las alarmas y que se abriera una investigación interna por espionaje, pera ésta no fue demasiado lejos.
Falciani decidió, entonces, en 2008, trasladarse a Francia dejando pistas sobre su paradero, por lo que Suiza reclamó su extradición. Es lo que el prófugo buscaba, que la Justicia francesa se viera obligada a investigarlo, momento que aprovechó para hacer su denuncia y aportar al juez su ordenador con todas las pruebas documentales. El juez tomó así conciencia de la gravedad del caso y del intento de Suiza por acallarlo.
El magistrado rechazó su extradición y pidió a Falciani  colaboración para desentrañar toda la documentación sobre el macro fraude fiscal, que representa el 2,5% del PIB de toda la zona euro, unos 300.000 millones de euros.
Mientras el HSBC denunciaba a su ex empleado por robo de “material sensible” y le acusaba de haberlo hecho por motivos económicos, el juez francés pasaba a la Justicia los datos de los más de 8.000 evasores fiscales franceses que aparecían en la lista y puso en aviso a las autoridades de otros países.
La Administración Obama fue una de las que primero fue informada del escándalo y el Senado de Estados Unidos acusó en un informe al HSBC no sólo de complicidad con miles de evasores fiscales, sino también por colaborar en el lavado de dinero procedente de carteles de la droga mexicanos y por prestarse a operaciones financieras con Irán eludiendo el embargo. El banco tuvo que hacer frente a una sanción de 1.400 millones de euros.
Pero Suiza no se resignaba a no poder capturar a Falciani y ante un viaje de éste a Madrid lanzó nuevamente su orden de captura y extradición. La Justicia española lo detuvo, tal como exigen los acuerdos internacionales, pero rápidamente lo dejó en libertad.
El informático se puso inmediatamente al servicio de la Justicia para ayudar a investigar a los 659 evasores fiscales españoles con cuentas en el HSBC. Entre ellos, el banquero más poderoso de España, Emilio Botín –recientemente fallecido– y su familia, que no habían declarado al fisco 900 millones de euros en una cuenta en el HSBC. Botín, que era presidente del Banco Santander –ahora lo es su hija– tuvo que pagar más de 200 millones de euros a Hacienda. Algunos de los personajes de la “trama Gürtel”, el caso más grave de corrupción del PP, tenían igualmente cuentas en el HSBC.
Hoy día, Falciani es un testigo protegido de la Justicia de Francia y colabora igualmente con las agencias tributarias de numerosos países. Junto con otros siete expertos trabaja en la elaboración de un programa, “una especie de radar que pueda detectar los movimientos ilegales de capitales entre países”, según sus propias palabras.
Cuando se le pide que identifique a algunos grandes defraudadores de un país determinado –la AFIP argentina lo ha pedido– Falciani se resiste. “No es mi labor revelar un nombre u otro, de eso deben encargase los responsables de las agencias tributarias y de la Justicia de los distintos países con los que colaboro”, dice. “En lo que yo puedo aportar, como también lo pueden hacer muchos otros expertos, es en crear sistemas que impidan todo este aceitado mecanismo actual de evasión fiscal y lavado de dinero. Si los gobiernos y los organismos internacionales lo quieren, se puede hacer; sólo hace falta voluntad política y destinar los medios necesarios para ello.”

Publicado en:
http://sur.infonews.com/nota/10108/falciani-el-azote-de-los-evasores-fiscales

jueves, 2 de agosto de 2012

Españoles en fuga, por Roberto Montoya (para “Miradas al Sur” del 29-07-12)



Miradas al Sur. Año 5. Edición número 219. Domingo 29 de julio de 2012

Por

Roberto Montoya. Desde Madrid

internacional@miradasalsur.com

El desempleo ya alcanza casi el 25% de la población activa, y al 52,2% en el caso de los menores de 25 años. Decenas de miles de jóvenes profesionales emigran al extranjero, siguiendo el camino de sus abuelos.

Cientos de miles de familias españolas recuerdan siempre cómo sus bisabuelos, abuelos o padres, se vieron obligados a emigrar en el pasado. Fueron más de tres millones los que emigraron de este país.
La mayoría de los que lo hicieron a fines del siglo XIX e inicios del XX fueron a la Argentina y otros países de América latina y el Caribe. La dictadura de Franco (1939-1975) añadió a aquellos emigrantes económicos una gran oleada de exilados políticos. En los años ’60 y principios de los ’70, cuando los militares asomaban sus orejas en aquella región, la mayoría de los emigrantes y exiliados españoles se dirigían a otros países europeos, a la Europa libre.
Una parte de aquellos emigrantes y exiliados volvió a España al finalizar la dictadura y al comenzar en los ’80 el “boom económico”. La emigración se frenó con la bonanza económica, la tendencia se invirtió y España atrajo a cientos de miles de inmigrantes de América latina, el Magreb y de los países del Este de Europa.
Nadie en la década de los ’90 o en los primeros años del siglo XXI hubiera creído que en 2012 se pudieran volver a dar vuelta las cosas, que emigraran de España más personas que las que ingresan como inmigrantes.
Pero sucedió. En el primer semestre de este año, 40.625 españoles emigraron al extranjero, un 44,2% más que en 2011. La mayoría de ellos son graduados universitarios y con idiomas, con o sin experiencia laboral, que no encuentran trabajo ni ven ningún futuro para ellos en España. Como preferencia se dirigen hacia países cercanos de la Europa rica, a Alemania, Austria, Suecia, Holanda, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suiza, pero muchos también solicitan visados para trabajar en EE.UU. o Canadá o en países de América latina, Argentina, Brasil y México en primer lugar.

Un futuro negro en España. “El Dorado” español se ha esfumado. Decenas de miles de inmigrantes latinoamericanos vuelven a sus países de origen tras perder sus trabajos en España y con ellos en muchos casos sus viviendas, entrampados con las “generosas” hipotecas que concedían los bancos durante la burbuja inmobiliaria.
Pero ni los expertos más optimistas se aventuran a pronosticar que pueda haber una recuperación en un plazo menor a cinco años.
Europa sigue dando tumbos sin encontrar la salida a su crisis y los “ajustazos” que se aplican, como hacen Rajoy en España, Monti en Italia o Samarás en Grecia, lejos de mejorar las cosas las empeoran. El FMI, después de haber sido uno de los que más presionaron a Rajoy para que hiciera duros ajustes, reconoce ahora que como consecuencia de éstos, la recesión será un -1,7% del PIB para este año y un -1,2% para 2013, una caída que duplica lo que ese mismo organismo pronosticó hace 11 días.
El anuncio de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), de que se adoptarían medidas para ayudar a España e Italia, sirvió a fines de esta semana de temporal bálsamo, que permitió la subida de las Bolsas y la bajada de la prima de riesgo-país española. Merkel y Hollande respaldaron a Draghi y aseguraron que harían “todo lo necesario” para defender la eurozona. Sin embargo, hasta los propios socios de Merkel en la coalición que gobierna Alemania, los socialcristianos de la CSU y los liberales del FDP, son partidarios de echar a países como Grecia del euro.
A la crisis que ya sufre la banca española y que motivó el pedido de Rajoy del primer rescate a la “troika” –el BCE, FMI y la UE– por 100.000 millones de euros, se ha sumado ahora la gran crisis de importantes regiones autónomas. Si la semana pasada fue Valencia la que lanzó al gobierno un SOS para poder pagar a sus acreedores y a sus funcionarios públicos, luego le siguió Murcia y posteriormente Cataluña, una de las regiones más ricas de España. El gobierno catalán, en manos de CiU, la derecha catalana, está a su vez inmerso en un gravísimo caso de corrupción, como Valencia, que está en manos del PP.
El FMI ya ha sugerido a Rajoy que esas regiones “pasen bajo control de la Administración central no bien se puedan hacer los cambios legales”, lo que supondría de hecho minar el propio Estatuto de Autonomía que se pactó en la Constitución de 1978 y por el cual estas regiones pasaron a tener cada vez más competencias.
El gobierno de Rajoy se encuentra desbordado por este nuevo frente, por lo que cada vez se ve como más probable que dé el paso de pedir a la “troika” un nuevo rescate, pero esta vez más grande, global. Según la agencia Reuters y el diario británico The Guardian podría ser de 300.000 millones de euros, lo que acarrearía que España fuera aún más que ahora un “protectorado” de la UE, el BCE y el FMI.
Añadiendo aún más inquietud a la situación, el poderoso grupo británico Barclays ha confirmado que retirará importantes capitales de sus sedes en Madrid y Lisboa, en previsión de un eventual colapso de España y Portugal y su salida del euro.
Tanto Rajoy como sus ministros de Economía y Hacienda, De Guindos y Montoro, respectivamente, se ven obligados diariamente a responder a este tipo de preguntas de los periodistas: “¿Habrá un nuevo rescate?”, “¿De qué importe será?”, “¿Qué vía se usará?”.
Ellos niegan rotundamente esa posibilidad, pero todos recuerdan que hasta el día de hoy también niegan que sea un rescate –le llaman “línea de crédito”– los 100.000 millones de euros que ya se le concedieron a España para recapitalizar su banca privada

Publicado en :

http://sur.infonews.com/notas/espanoles-en-fuga

martes, 24 de abril de 2012

LA GANANCIA A CUALQUIER PRECIO, por Roberto Montoya (para “Miradas al Sur” del 22-04-12)

Miradas al Sur. Año 5. Edición número 205. Domingo 22 de abril de 2012

Por

Roberto Montoya Desde Madrid

politica@miradasalsur.com

La reacción del gobierno español, los límites de las represalias comerciales anunciadas por Madrid y los oscuros antecedentes de Repsol. Claves para entender una conducta predatoria.

La agresiva respuesta –cargada de amenazas– que dio inicialmente el gobierno español y sus principales partidos –el PP y el Psoe– al anuncio de expropiación de la participación de Repsol en YPF, parece haberse aplacado, al menos temporalmente. De llenar durante días las portadas de todos los periódicos y las aperturas de informativos y programas de debates en radios y canales de televisión, el tema se ha ido replegando a páginas interiores como un tema menor.
A las primeras reacciones viscerales y exabruptos, tanto Repsol como el gobierno –que por momentos parecieran ser la misma cosa– parecieran haber decidido controlar su incontinencia oral para pasar a pensar fríamente en las acciones de respuesta a adoptar.
El viernes, tras la rueda de prensa semanal al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya de Santamaría anunció la primera, aunque de poco calado: el freno a las importaciones de biodiesel argentino, que suponían una factura de cerca de 750 millones de euros y que en realidad ya había sido decidida en 2010 por Zapatero tras la presión de los productores españoles de biodiesel. Si no se llegó a implementar hasta ahora fue porque salía más barato importarlo de la Argentina.
Y en cuanto a la Unión Europea, como gran defensora tradicional de las transnacionales europeas, ha anunciado la suspensión de alguna reunión prevista con empresarios argentinos y analiza la posibilidad de quitar a la Argentina ciertas rebajas arancelarias para la entrada de sus productos en Europa.
Las medidas son en realidad poco más que simbólicas, dado que la balanza comercial es totalmente desigual, la Argentina coloca en el mercado europeo un volumen infinitamente menor de productos a los que importa de Europa y el biodiesel que deje de vender a España lo puede absorber el mercado interno. En definitiva, la medida será negativa para la economía española.
Nada que ver con lo que puede representar para Repsol –que ya ha quitado YPF de su nombre– la pérdida de sus inversiones en la Argentina, que tantos beneficios le venía reportando desde hace años.
El gobierno de Rajoy tampoco ha logrado más que vagos gestos de solidaridad de parte de Estados Unidos y del G-20.

¿Habrá más represalias? Una pista para entender el por qué de tanto silencio puede encontrarse en lo editorializado el jueves pasado por el portavoz por excelencia de la City londinense y del mundillo empresarial y financiero europeo, el periódico Financial Times. Tras tildar en anteriores editoriales a la presidenta Cristina Fernández de “lunática populista”, dijo el jueves: “No está claro qué precio pagará la Argentina por las acciones pero, dado que un tribunal del Estado lo fijará, Repsol probablemente obtendrá un acuerdo injusto. En todo caso, no se pagará nada durante años. Mientras tanto, la pérdida de la mayoría de su producción de petróleo y gas es un duro golpe para la compañía.
“España ha lanzado fuego, pero su espacio para maniobrar es limitado. Aparte de hacer sentir vergüenza, tiene poco con qué golpear a la Argentina. Mientras, la acción multilateral podría no ser más efectiva, Buenos Aires tiene una historia de no hacer caso de la opinión internacional no deseada”.
Todos los analistas parecen coincidir en eso, que a pesar de su inmenso poderío, Brufau parece tener perdida su batalla para conseguir que la Agentina pague sus acciones al desorbitado precio que reclama.

El precedente de Bolivia. El conflicto actual no es el único de este tipo que ha tenido Repsol en América latina. El 1º de Mayo de 2006, el presidente Evo Morales anunciaba también la nacionalización de los hidrocarburos y, mientras lo hacía, tropas del Ejército ocupaban las decenas de plantas de petróleo y gas existentes en el país.
La medida, aunque ya había sido anunciada durante la campaña electoral de Morales, se precipitó a partir de enero de ese año. Cuando el gobierno boliviano anunció que registraría sus reservas de petróleo y gas en la Bolsa de Nueva York, Brufau anunció rápidamente una rebaja del 25% de las reservas petroleras y gasísticas de Repsol-YPF. ¿La razón? Que Brufau había declarado como propias reservas que en realidad pertenecían al Estado boliviano, lo que le supuso querellas por fraude en Estados Unidos.
Poco después, la aduana boliviana acusó también a la empresa de un delito de contrabando de 230.399 barriles de crudo, allanó su sede y detuvo a su presidente y a su gerente.
Un año antes, en junio de 2005. ya había habido otro incidente con Repsol, en el campo de Surubi, cuando unos campesinos que se encontraban pescando murieron abrasados por las llamas que provocó la explosión en un vertedero ilegal de Repsol.
En otra ocasión se descubrió una planta de gas suya no declarada. Después de llevar a cabo la nacionalización, Bolivia reclamó también al banco español BBVA y al Zürich, que devolvieran las acciones que tenían en la petrolera, y que constituían hasta ese momento parte de los fondos de pensiones privados que estas gestionaban y que pasaron a estar bajo control del Estado.
En aquel momento también el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero salió en una defensa a ultranza de Repsol-YPF, contando con el respaldo del PP y de prácticamente todos los medios de comunicación. Estos se ensañaron con Evo, con un trato despectivo hacia el indiecito y diarios como El País llegaron a editorializar que la medida sería “altamente perjudicial para el pueblo boliviano”.

¿Música conocida? Las amenazas que también hubo en aquel momento quedaron en la nada y Repsol-YPF, como otras nueve petroleras, terminaron por aceptar el nuevo rol que les asignó el gobierno boliviano, como socios minoritarios y bajo reglas muy distintas. Pocos años después ya Bolivia veía como las arcas del Estado se beneficiaban significativamente por el cambio de modelo, en el que el Estado pasó a detentar la mayoría de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (Ypfb).
En noviembre de 2008, Rafael Correa anunció por su parte la decisión de que Repsol-IPF se fuera de Ecuador. “Repsol se va del país porque nos ha hecho perder el tiempo, además de que ha bajado la producción y las inversiones, y no ha aceptado renegociar el contrato.” Correa advirtió en aquel momento, que “las compañías transnacionales deben entender que las condiciones no las van a poner ellos, las va a poner el país”.

Graves acusaciones. La presencia de la multinacional española en 14 países de América latina y el Caribe, seis europeos, cuatro asiáticos y ocho africanos, ha estado a menudo salpicada de graves escándalos y acusaciones por parte de representantes de comunidades indígenas y campesinas, de organismos ecologistas como Attac y Ecologistas en Acción, de defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional y de más de 200 ONG de distintos ámbitos y países.
El Tribunal Permanente de los Pueblos condenó en 2007 a Repsol por “violación de derechos humanos y atentado contra el planeta”. Entre los numerosos testimonios que se expusieron en su contra y confirmando el informe de A.I. “Un laboratorio de guerra, represión y violencia en Arauca”, de 2004, se denunció la connivencia de la empresa estadounidense Oxy –de la que Repsol es socia– con los paramilitares ultraderechistas colombianos para explotar con toda impunidad el petróleo en esa región colombiana. La Brigada XVIII de los paramilitares, a la que Estados Unidos habría aportado 90 millones de dólares dentro del Plan Colombia, para proteger a Oxy y el oleoducto del norte del país, aplastar cualquier intento de formar sindicatos a los trabajadores y para forzar el abandono de la tierra de la población local, es autora de numerosas masacres en la zona.
A Repsol se la ha llegado a acusar de blanquear dinero del narcotráfico y de poner como condición para invertir en muchos países que el gobierno de turno controlara –léase, reprima– cualquier tipo de conflictividad social.
No sólo importantes poblaciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y la misma población mapuche argentina tienen denuncias contra Repsol, sino que en el propio territorio español, en las islas Canarias, se ha lanzado la campaña ciudadana “Canarias dice no a Repsol”, ante el intento de la compañía por explotar petróleo a 20 millas de las costas de Fuerteventura y Lanzarote, en un área de 616.000 hectáreas, que pondría en peligro diez espacios naturales protegidos.
Esta es la compañía “ejemplar” y “víctima” por la que el gobierno de Rajoy, con el apoyo del Psoe y de prácticamente todos los grandes medios de comunicación españoles pretenden lanzar una cruzada nacional en su defensa.

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lunes, 16 de abril de 2012

España amenaza con represalias, pero conoce su inviabilidad, por Roberto Montoya (para “Miradas al Sur” del 15-04-12)


Miradas al Sur.Año 5. Edición número 204. Domingo 15 de abril de 2012

Por

Roberto Montoya Desde Madrid

politica@miradasalsur.com

La obligación del gobierno es defender, con todos los instrumentos a su alcance, los intereses generales de España”, dijo Soraya Sáenz de Santamaría. Ante las preguntas de los periodistas sobre las posibles represalias que podría adoptar España si el Ejecutivo de Cristina Kirchner concretara la nacionalización de un alto porcentaje de la participación de Repsol en la petrolera argentina, la vicepresidenta española añadió: “Las medidas no se anuncian, se adoptan”.
Por su parte, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Manuel García-Margallo, tras citar en su despacho al embajador argentino en Madrid, Carlos Antonio Bettini, aseguró que “cualquier agresión contra Repsol violando los principios de seguridad jurídica, será considerada como una agresión contra el gobierno español, que tomará las medidas que considere oportunas”.
Las espadas están en alto y España parece decidida a poner toda la carne en el asador en este diferendo que ya todos temen aquí que se transforme en un conflicto diplomático de primera magnitud entre los dos países.

Todos con Rajoy. El Partido Socialista Obrero Español (Psoe), tratando el tema, al igual que el Partido Popular y el rey Juan Carlos, como una verdadera “cuestión nacional” y no como el conflicto de una empresa en el exterior, se apresuró a dar su apoyo total al gobierno del presidente Mariano Rajoy. “Si el gobierno estima que en algo podemos ser útiles, sabe perfectamente que puede contar con nosotros”, declaró la portavoz de los socialistas españoles en el Congreso, Soraya Rodríguez.
Los periódicos también se han lanzado en tromba a cerrar filas con el gobierno y la dirección de Repsol como si se tratara de los preparativos de una guerra con Reino Unido para recuperar la soberanía sobre el peñón de Gibraltar.
El monárquico ABC titulaba el viernes pasado con grandes caracteres en su portada: “Kirchner amenaza a España” y su principal editorial, titulado “Asalto a Repsol”, se iniciaba así: “La presidenta Fernández ha decidido sustituir las reglas de conducta de un país serio y fiable, como la seguridad jurídica, por la de un Gobierno basado en prácticas populistas y reaccionarias”.
El País, recurriendo también al lenguaje belicista, titulaba ayer sábado en su portada: “España activa a la UE y a EE.UU. para defenderse de Argentina”, sosteniendo en su editorial: “Rajoy ha sacado su artillería pesada en defensa de Repsol en Argentina. Es razonable que el Gobierno defienda a las empresas privadas españolas en el extranjero”.
En España reina la confusión sobre qué hay de real sobre los “cuatro borradores” que supuestamente manejaría el Ejecutivo argentino para concretar su intervención en la empresa. Lo que está en juego es demasiado importante para España y el conflicto se agudiza precisamente en la semana más negra de la economía española desde que Rajoy llegó al poder.
La producción de YPF representa para Repsol más de la mitad de su producción total (472.000 barriles diarios) y de sus reservas. Los beneficios que obtiene esta multinacional en Argentina suponen más de un 30% (1.200 millones de euros) de sus beneficios brutos globales, lo que le ha permitido repartir durante años casi el 90% en dividendos, reinvirtiendo solo el 10%.
La compra en 1999 de buena parte de YPF por el grupo español le supuso a Repsol el inicio de su internacionalización, convirtiéndose así en poco tiempo en la octava productora del mundo y en la decimoquinta empresa energética.
De ahí la importancia que tiene para el grupo español el futuro de YPF.
Por ello, el gobierno de Rajoy buscó el apoyo de países aliados para ejercer presión sobre Argentina y tratar de impedir una hipotética nacionalización.
El viernes pasado hubo reuniones con EE.UU. a través del embajador en Madrid, Alan Solomont. También con la Cancillería mexicana, dado que México preside temporalmente el G-20, del que Argentina es miembro. Otro contacto se dio con la embajada colombiana; en este caso, por ser Colombia el anfitrión de la Cumbre de las Américas que se desarrolla este fin de semana en Cartagena de Indias; y, finalmente, también con la Unión Europea.
Iñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado de la Comisión Europea (CE) –órgano ejecutivo de la Unión Europea–, ha advertido a Argentina que “romper las reglas de juego tiene un coste”, asegurando que de decidir la nacionalización de YPF podría convertirse en “un apestado internacional”.
España y la UE saben, sin embargo, que las amenazas son más declamativas que reales.

Represalias, ¿Qué represalias? La inversión española en Argentina es de casi 29.000 millones de euros, mientras que la argentina en España es de sólo 67 millones. En el hipotético caso de que se concretara la nacionalización, el conflicto seguramente acabaría en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde su resolución podría demorar años.
Ni el Tratado de Lisboa, por el que se rige la UE, ni la Organización Mundial del Comercio (OMC) cuentan con instrumentos jurídicos que pudiera utilizar España a su favor.
El gobierno, al igual que el conjunto de las decenas de multinacionales de origen español presentes en Argentina, teme que la batalla por YPF no sea la única a librar a corto o medio plazo.
El nuevo embajador español en Buenos Aires, Román Oyarzun, que ha estado durante los últimos días pegado al presidente de Repsol, Antonio Brufau, en Argentina, mantuvo intensas reuniones en su residencia con empresarios españoles.
Telefónica, Endesa, Gas Natural Fenosa, Inditex (Zara), Mapfre, OHL, ACS, el Banco Santander y el BBVA son algunas de las principales grandes empresas españolas con fuertes intereses en Argentina, de donde obtienen una parte muy significativa de sus ingresos globales.
A pesar de las amenazas iniciales de represalias, tanto Repsol como el resto de empresarios y el gobierno español saben que Argentina, y América latina en general, son demasiado apetitosas como para mantener posturas inflexibles. En otras palabras: que es mejor recortar beneficios y aceptar las nuevas reglas de juego de los gobiernos progresistas que perderlos. De allí que, tal vez, podría preverse que Madrid intentará “reencauzar” por todos los medios las negociaciones.

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miércoles, 11 de abril de 2012

REPSOL-YPF : UNA "CUESTIÓN NACIONAL" PARA ESPAÑA, por Roberto Montoya (para "Miradas al Sur" del 08-04-12)



Miradas al Sur.Año 5. Edición número 203. Domingo 8 de abril de 2012
La pulseada que mantiene el Gobierno Nacional con la petrolera ibérica pone de relieve la unidad entre socialistas y conservadores. Los mimados del rey Juan Carlos.

España no defiende los intereses de sus multinacionales en el extranjero a través de su ejército, desatando guerras o fomentando golpes de Estado como EE.UU. para derrocar gobiernos y controlar los grifos del oro negro en cualquier recóndito lugar del planeta.
No. La defensa de las multinacionales españolas por el Gobierno de Madrid se lleva a cabo con otras armas: la presión política, diplomática, económica y mediática.
Dado que América latina y el Caribe conforman la región en la que las multinacionales de origen español han desembarcado desde fines de los años ’80 más masivamente y donde obtienen sus principales beneficios en el exterior, cualquiera de los obstáculos que experimentan con los gobiernos nacionales, cualquier medida que recorte sus pingües beneficios, ponen en guardia a España entera como país.
Esto sucede independientemente de que gobierne el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) o el Partido Popular (PP). No se puede olvidar que la ola de privatizaciones de las empresas públicas –que se convertirían en las multinacionales de la actualidad– se iniciaron durante mandatos del socialista Felipe González y se completaron durante el del derechista José María Aznar. No casualmente González es hoy el consejero de Gas Natural y Aznar asesor externo para Latinoamérica de la eléctrica Endesa.
“Repsol-YPF es una empresa estratégica, que tiene pozos de petróleo y gas en el exterior, y le puedo garantizar que seguirá siendo española”, declaraba en 2008 Miguel Sebastián, ministro de Industria y Comercio de Zapatero, cuando se temía la entrada en su capital de la petrolera rusa Lukoil.
“El gobierno de España defenderá los intereses de Repsol y de cualquier otra empresa española que esté operando en el resto del mundo”, dijo días atrás su sucesor, José Manuel Soria, en relación con el conflicto con la Argentina. El gobierno de Cristina Fernández tuvo que recordarle que YPF es una empresa argentina, aunque Repsol sea su socio mayoritario, con un 57%.

Los mimados del rey. Es paradójico que España, un país casi sin petróleo, reivindique con tanta vehemencia la nacionalidad de Repsol-YPF, cuando entre los accionistas principales de la petrolera están no sólo los grupos españoles CaixaBank (12,83%) y Sacyr (10,01%), sino también la mexicana Pemex (9,49%) y la británica Black Rock Investment Management (3,07%), y cuando en YPF comparte accionariado con el grupo argentino Petersen (25,46%).
Y es que Repsol, a pesar de ser la segunda gran empresa española con más presencia en paraísos fiscales, indudablemente repatría a España buena parte de sus ingresos, aporta con sus impuestos a las arcas de este país, mantiene miles de puestos de trabajo y tiene un gran peso en la economía. Su principal accionista, CaixaBank, líder en banca minorista en el mercado español, fue creado en 2011 por el poderoso Grupo La Caixa.
A pesar de que fue bajo el gobierno de Zapatero, y del tripartito regional del Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida, cuando se nombró a Antonio Brufau, de La Caixa, presidente de Repsol –sustituyendo a Alfonso Cortina, ligado al Bbva y nombrado durante el gobierno de Aznar–, no puede entenderse esa batalla interna exclusivamente en términos de pugna entre el Psoe y el PP.
Tanto La Caixa como el Bbva –este último terminó manteniendo sólo una presencia testimonial en Repsol, pero aún hoy con uno de sus hombres, Javier Echenique, en la dirección– son, por sobre todas las cosas, representantes de las poderosas burguesías catalana y vasca, respectivamente. Por el volumen de sus negocios y su protagonismo en la vida económica y financiera, son gigantes mimados por el poder.
CaixaBank acaba de protagonizar la fusión-absorción de Banca Cívica, con lo que se convertirá, de hecho, en la primera entidad española por activos del país –345.000 millones de euros– superando incluso al Banco Santander, Bbva y Unnim.

En los medios también. Esa defensa de las empresas insignia de España que hacen el gobierno y el mismísimo rey Juan Carlos se realiza también a través de los medios de comunicación, en cuyos capitales participan las multinacionales, o en los que al menos influyen en tanto que principales anunciantes. Es por ello que, en conflictos como el de Repsol-YPF y antes en otros –por ejemplo en Venezuela, Bolivia, Ecuador u otros países–, los periódicos de tirada nacional de claro corte conservador –como ABC, El Mundo, La Razón o La Gaceta– coinciden en su línea editorial con un diario como El País, que todavía rentabiliza su aureola de centroizquierda de otros tiempos.
No es casual. El 57,7% del capital de Prisa –el grupo editor de El País, que controla también revistas, radios, televisión y poderosas editoriales en España, EE.UU. y América latina, entre ellos Radio Continental de Argentina– está desde 2010 en manos de tiburones de Nueva York, el fondo de inversión Liberty Acquisition Holding, y recientemente ha entrado en la sociedad el empresario más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim.
La trama de intereses que están detrás de El País y sus alianzas con el Grupo Clarín explican que tantas veces saliera en defensa del holding que lidera Héctor Magnetto, que criticara duramente la nueva Ley de Medios argentina, que ni mencionara la existencia de la serie El Pacto o que haya dedicado ahora furibundos editoriales contra el gobierno argentino por su postura en el diferendo sobre YPF.
En medio de los mayores recortes sociales que ha conocido España en décadas, El País encontró, sin embargo, espacio en su portada del 2 de abril pasado para el editorial “Por el mal camino”, en el que sostenía: “Cristina Fernández degrada la economía argentina con sus amenazas veladas de nacionalizaciones”.
Sólo unos días antes, el 18 de marzo, titulaba otro editorial “El tango del expolio”, en el que denunciaba que “el Gobierno de Kirchner retira arbitrariamente permisos de explotación petrolera a Repsol”.
Son muchos los interesados –adento y afuera– en demonizar y deslegitimar al gobierno de Cristina Fernández y, para ellos, cualquier arma es buena.


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martes, 18 de octubre de 2011

5-O, primera protesta global, por Roberto Montoya (para “Miradas al Sur” del 16-10-11)

Arriba : Indignación transnacional. Miles de manifestantes coincidieron en las protestas de ayer. (AP)

Miradas al Sur. Año 4. Edición número 178. Domingo 16 de octubre de 2011

Por

Roberto Montoya, desde Madrid

internacional@miradasalsur.com

La revuelta trasnacional ya está aquí. Ayer se escuchó su grito de América a Asia y Oceanía, de Europa a África y Oriente Medio: ¡Basta ya! La revolución ética, la protesta de los indignados, la demanda de una democracia real, tomó cuerpo y se hizo sentir en todo el mundo.
A la convocatoria se sumaron un total de 951 ciudades de 82 países distintos. En algunos casos fueron sólo unas centenas de personas, en la mayoría, miles, decenas de miles y hasta centenares de miles en algunos países europeos. A causa de los distintos husos horarios, las primeras movilizaciones empezaron en Tokio, Sidney, Hong Kong.
Cuando la Argentina se desperezaba ayer sábado, ya había decenas de miles de personas en las calles de Berlín, de Lisboa, Amsterdam, de Roma –donde un grupo minoritario protagonizó algunos incidentes violentos al intentar incendiar el Ministerio de Defensa– y numerosas otras capitales y ciudades europeas. En la city londinense, Julian Assange, cara visible de Wikileaks, habría aparecido con una máscara de Anonymus, el conocido grupo de hackers.
En numerosos sitios de Europa, como en Estados Unidos, muchos de los manifestantes estaban acampados en plazas desde la noche anterior. En vísperas del 15-O los indignados de Occupy Wall Street lograron evitar que la policía los desalojara del neoyorquino Zuccotti Park –rebautizado Plaza de la Libertad– después de que más de 300.000 personas firmaran peticiones para detener el desalojo. Ayer fueron decenas de miles los que salieron a la calle en Nueva York, Washington y muchas otras ciudades de Estados Unidos.
En España, uno de los platos fuertes de la jornada, con concentraciones en 60 de sus ciudades y cientos de miles de personas protestando, seis marchas partieron por la mañana desde pueblos de la periferia y barrios de Madrid, para converger por la tarde en la mítica plaza de Cibeles, en pleno centro, e iniciar luego la manifestación que terminó, como no podía ser de otra manera, en la mítica Puerta del Sol, donde se originó todo este movimiento hace ayer exactamente cinco meses, el 15 de mayo, el 15-M.
¿Qué gritaban, qué coreaban, qué banderas enarbolaban personas de tantas nacionalidades, razas y edades diferentes en esta protesta global?
“¡Especuladores a la cárcel!”, “¡No somos mercancía en manos de políticos y banqueros!”, “¡No estamos llamando a la puerta, la estamos tirando!”, “Precarios del mundo, no tenemos nada que perder, excepto las cadenas!”, “Yo no voté a los mercados ni al FMI”, “Estoy buscando mis derechos, ¿alguien los ha visto?”
Los lemas, estribillos y pancartas que se vieron ayer en las cientos de manifestaciones que tuvieron lugar en todo el mundo, eran tan variadas como las personas que las portaban o gritaban, pero todas tenían algo en común: reflejaban el hartazgo de millones de personas frente a las injusticias de un sistema neoliberal donde los mercados financieros, el FMI, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, la gran banca, las grandes multinacionales, grandes especuladores y agencias de calificación de riesgo, condicionan a su antojo la vida de los ciudadanos de a pie. Con la complicidad, claro, de tantos de los gobiernos y dirigentes políticos de turno, que se arrodillan ante ellos.
“Los poderes establecidos actúan en beneficio de unos pocos, desoyendo la voluntad de la gran mayoría, sin importarles los costos humanos o ecológicos que tengamos que pagar. Hay que poner fin a esta intolerable situación.” Ése es uno de los pasajes del manifiesto que gracias a la fluidez de las redes sociales elaboraron conjuntamente para la jornada de ayer las distintas partes de esta gran red contestataria y potencialmente anticapitalista.
Una de las patas donde se trabajó en ese documento –traducido a 18 idiomas y accesible en http://15october.net– fue en Bruselas. Durante una semana convergieron en la capital de Bélgica y sede de la Unión Europea y de la Otan, cientos de indignados, que a pesar de sufrir la represión policial, llegaron tras marchar desde Madrid, Barcelona y Toulouse, en recorridos de hasta 1.200 kilómetros.
Es uno de los fenómenos de este movimiento. Sin medios, sin apoyos institucionales –todo lo contrario, hostigados por los poderes públicos– miles de jóvenes y no tan jóvenes vienen logrando movilizarse, traspasar las fronteras virtual y físicamente, para reunirse, para intercambiar experiencias, lanzar iniciativas comunes, de una forma que hasta ahora no han logrado ni siquiera las poderosas confederaciones sindicales, con tantos recursos a su alcance… pero tan domesticadas, tan burocratizadas.
La propia izquierda tradicional europea se ha visto desbordada y, de hecho, cuestionada por toda esta corriente alternativa, sin llegar a comprender cómo un movimiento asambleario como éste es capaz de limar y superar las rencillas internas para consensuar documentos y actividades colectivas, algo que ellos son incapaces de hacer. Tras el recelo inicial, muchos partidos han intentado capitalizar políticamente toda esta protesta, pero tanto el 15-M español como los distintos movimientos similares, son conscientes de que uno de sus capitales principales y diferenciadores es precisamente su independencia.
Supone por una parte una limitación –al menos por ahora– al no poder pesar de una manera más decisiva en el escenario político, sobre todo en situaciones preelectorales como la que se vive en España, pero por otro lado le permite solidificarse y extenderse.
A pesar de que el 15-M español, como otros movimientos similares en otros países, no ha nacido de la nada, sino que es la conjunción de luchas llevadas a cabo durante años por miles de activistas en frentes muy variados, a las que sólo en los últimos meses se han sumado muchísimas más personas, no deja de ser un fenómeno nuevo, que necesita su tiempo para madurar.
Desde que estalló en 2008 en Estados Unidos la actual crisis del sistema financiero capitalista, propagándose por todas las economías europeas enlazadas –con menores repercusiones en América latina y otras zonas del mundo– los gobiernos de esos países desarrollados han justificado los durísimos recortes a los derechos sociales y laborales que han impuesto, en la necesidad de “calmar a los mercados”.
Los mercados financieros, los grandes inversores internacionales, los grandes especuladores, se han convertido así cada vez más en los dueños de la situación. Entes que el ciudadano no ha elegido, han pasado de hecho a condicionar la política económica, laboral y social de gobiernos supuestamente soberanos.
La protesta del 15-O rechaza frontalmente esa lógica, que sólo ha traído desempleo y pobreza. Es un cuestionamiento al sistema económico, al sistema político, a los grandes sindicatos; se trata de otra forma de hacer política, de otra forma de participación ciudadana, de un rechazo del poder monopólico de los medios de comunicación, de otra Justicia, el germen de algo nuevo. De ahí que el fenómeno de los indignados se haya convertido para tantas personas en una esperanza de que sí es posible cambiar las cosas, de que otro mundo es posible.

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