El Gobierno va a la Justicia para anular las concesiones del Acceso Norte y Oeste, por "Página 12" del 11-10-22

De acuerdo al convenio firmado en 2018, el peaje debería valer veinte veces más que en la actualidad.

"Hubo un negociado escandaloso con los peajes", dijo Katopodis.

Vialidad presentó una demanda para que se declare la nulidad de la renegociación con Autopistas del Sol y solicitó una cautelar hacerse cargo del Acceso Norte. 

11 de octubre de 2022 

El Gobierno nacional presentó una demanda en la Justicia mediante la cual reclamó que se declare la nulidad del Acuerdo Integral de Renegociación con Autopistas del Sol (AUSOL) de 2018, firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, y solicitó una medida cautelar para que el Estado se haga cargo de la administración del Acceso Norte. Asimismo, informó que en breve interpondrá la respectiva acción de lesividad que permita modificar el Acuerdo Integral de Renegociación celebrado con el Grupo Concesionario del Oeste S.A. (GCO). Ambas empresas están controladas por el holding español Abertis.

En lugar de directamente quitar por decisión presidencial la concesión de las autopistas a dichas empresas, el Gobierno optó por encarar una vía judicial que le otorgue, en su visión, mayor sustento institucional a la medida. Así, la cartera que encabeza Gabriel Katopodis informó que, por instrucción del Poder Ejecutivo, la oficina de Vialidad Nacional con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, interpuso una demanda ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal para declarar nulo el acuerdo de renegociación con Autopistas del Sol S.A (AUSOL).

La demanda recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal porteño 6 a cargo de Enrique Lavié Pico. La determinación inicial del magistrado será aceptar o rechazar la medida cautelar solicitada para impedir que Ausol y GCO sigan operando las concesiones. Los otros corredores del país ya están bajo manejo estatal, ya sea porque se trata de contratos que vencieron en el primer semestre del 2020 y no fueron renovados, o porque estaban bajo el sistema de los PPP que fueron cancelados a través de acuerdos con las empresas que habían sido adjudicatarias de esas obras.

Con el pedido de la medida cautelar, el Estado busca ejercer el control sobre los dos principales corredores viales mientras se defina la cuestión de fondo, que consiste en la evaluación judicial del acuerdo de renegociación de 2018, "que comprometía al Estado con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios", califica Obras Públicas.

"Hubo un negociado de los peajes que es escandaloso", dijo Katopodis. Es que la renovación del contrato con la española Abertis también salpicó de sospechas al ex presidente Macri, quien tuvo que evitar firmar la extensión del vínculo porque el grupo Socma había tenido participación accionaria en Ausol hasta 2017. Es decir que, según la mirada oficial, Macri otorgó grandes beneficios a los ex socios de su familia y lo hizo apenas luego de vender su participación. Por ahora, la Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito para los ex funcionarios Nicolás Dujovne, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel. 

La renegociación

En 2018, promediando la gestión de Mauricio Macri, las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el Gobierno acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) más de 813 millones de dólares, a partir de pagos de 540 millones a Ausol S.A. y otros 272 millones para GCO S.A. A cambio, las empresas bajarían su reclamo frente al Estado argentino ante el Ciadi. 

"Se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8 por ciento anual. Este interés era capitalizable si el Estado se retrasaba en el pago, y el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a un total de 1161 millones de dólares", detalla Obras Públicas. Sin embargo, como el pago de las cuotas anuales no se completó en los términos de los acuerdos, la suma comprometida en 2018 aumentó a unos 2 mil millones de dólares.

Para justificar la decisión de que el Estado se haga cargo del servicio, el Gobierno continúa explicando que en aquella renegociación "se estableció, además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas. Es decir, para cumplir con esas obligaciones, que comprendían afrontar el capital, los intereses o el impuesto a las ganancias, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario o usuaria. Además, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que el ordenamiento jurídico vigente así se lo prohibía, generando subas aún mucho mayores".

El Gobierno suma dos elementos adicionales establecidos en la renegociación de 2018. En primer lugar, las concesionarias reciben, en forma adicional a la tarifa de los peajes, un canon millonario por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos Accesos. Ese dinero no cuenta para cancelar la deuda asumida por el Estado. En segundo lugar, todas las obras ejecutadas actualmente en los Accesos no se financian con la tarifa sino con un fondo público.

Lesivos

Como paso previo a la presentación judicial el Gobierno emitió el Decreto N°633/2022, que declaró "lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste". 

Asimismo, la norma firmada por el Presidente, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro Katopodis, instruyó a Vialidad a "objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los actos". Según detalló Katopodis al presentar esa medida, en las estaciones "Debenedetti" y "Márquez", del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual 80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de 1830 pesos.

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Negociado de los peajes: "Los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia", por Sofía Caram (para "Página 12" del 22-07-20)

Mauricio Macri, cuando le tomó juramento a Javier Iguacel, procesado en la causa por su participación como director de Vialidad Nacional. 
Imagen: NA

Las definiciones del juez en el expediente

En la causa por las irregularidades en las concesiones de los peajes durante el gobierno de Macri, el juez Rodolfo Canicoba Corral considera acreditado que "existió un acuerdo de naturaleza clandestina" entre empresarios y funcionarios para favorecer a las empresas, en una de las cuales era accionista el Grupo Socma.

Por Sofía Caram

Mauricio Macri, cuando le tomó juramento a Javier Iguacel, procesado en la causa por su participación como director de Vialidad Nacional.

Dolarización de tarifas, condonación de multas y sanciones, un pago millonario sin justificación técnico-económica, afectación del interés general, negociaciones "espúreas", "complejo engranaje de maniobras delictivas". El combo de irrregularidades descriptas en el expediente que investiga las concesiones de los peajes (durante el gobierno de Mauricio Macri) para beneficiar a las empresas (vinculadas al Grupo Macri) no dejó ni un solo condimento afuera. 

Para el juez Rodolfo Canicoba Corral está acreditado en esta instancia del proceso que "existió un acuerdo previo de naturaleza clandestina" entre funcionarios y empresarios del ámbito privado para beneficiar a Autopistas del Sol S.A. --cuya accionista era la empresa del entonces presidente Mauricio Macri-- y al Grupo Concesionario del Oeste. Es decir, que la demanda ante el CIADI contra la Argentina que había presentado Abertis --la controlante de ambas compañías-- fue una gran puesta en escena para simular una negociación y lograr que el Estado les pague 499 millones de dólares sin ninguna justificación técnica. El Estado "terminó abonando sumas millonarias, que ni a través de un informe técnico especializado como tampoco de la parte resolutiva o fundamentos del Acuerdo surgen justificadas". En palabras de Canicoba Corral, el dinero fue entregado "bajo la supuesta presión de un trámite arbitral ante el CIADI que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable (por no haberse dado cumplimiento al agotamiento de la instancia de jurisdicción local) y cuyos montos resultaban excesivos".

La conclusión se desprende del fallo de 161 páginas en el que el magistrado procesó al ex director de Viialidad Nacional Javier Iguacel y al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. El escrito afirma que los funcionarios macristas "actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas", lo que "a su vez generó un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso".

Según la resolución, "existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes --públicas y privadas-- (...) que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso (tratativas para la renegociación del contrato) que tuvo como fin la firma de los Acuerdos de Renegociación Integral (...) los que resultaron contrario a las normativas vigentes y perjudicial para la arcas del Estado". 

"Engranaje de maniobras"

El fallo hace hincapié en varias oportunidades en que no puede soslayarse que uno de los accionistas de Ausol era, nada menos, que el entonces Presidente de la Nación. Para el juez se trató de "un complejo engranaje de maniobras (...) que a todas luces tuvo como única motivación, los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes (entre las que se encontraba la firma Sideco Americana S.A. en la que el presidente Mauricio Macri y sus familia tenía acciones", afirma. Por ese motivo, concluye que "los funcionarios no obraron en defensa de las arcas del Estado" y que dichas maniobras estuvieron "destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios".

El escrito destaca, además, que dentro del paquete de beneficios las empresas obtuvieron la dolarización de las tarifas y "no conformes con ello, las partes acordaron condonar la deuda de las multas y sanciones aplicadas a la empresa (por incumplimiento del contrato)". 

La venta de las acciones 

Como adelantó en su momento este diario, la venta de las acciones que Socma tenía en Ausol S.A. también está en la mira de los investigadores. El fallo describe cómo los papeles subieron sideralmente su cotización con la llegada de Macri a la Rosada: las acciones venían devaluadas porque supuestamente el contrato vencía al año siguiente, sin embargo "el 10 de diciembre del 2015, la acción de Ausol había trepado a pesos catorce con cincuenta ($14,50), evidentemente ya se perfilaba la eventual renegociación del contrato, en los términos que finalmente se acordaron", es decir, la prórroga de los pliegos por diez años más, sin licitación. "Esto permitió que la empresa Sideco vendiera sus acciones en Ausol a pesos setenta y cinco con cincuenta ($75,50) cada acción". La compradora fue Natal S.A., una Pyme sin experiencia en el rubro. Según la resolución judicial, "claramente, no podemos mantener estas cuestiones ajenas al resto de las negociaciones, ya que formaron parte de las ganancias que la renegociación generó para los empresarios. Con la salvedad que en este caso los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación". 

Laura Alonso

La investigación también apunta al rol de la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso, quien, con su accionar, dejó al descubierto el evidente el conflicto de intereses. Para el juez, "buscaron una solución casi burlesca que consistió en la presentación de una declaración jurada y que la firma del decreto" de renegociación del contrato de Ausol "sea firmado por la vicepresidenta, Gabriela Michetti en lugar del Presidente como ocurrió con el 607/17 de aprobación de Acuerdo de Renegociación del Acceso Oeste".

Funcionarios y empresarios

Para la Justicia, "cada uno de los imputados realizó, en el marco de las respectivas competencias funcionales que ostentaban, el aporte necesario para que la maniobra se desarrollara del modo planeado". 

En el caso de Iguacel, fue quien "acordó junto a los empresarios el inicio de trámite de Aprobación del Acuerdo". Mientras que Saravia Frías, "no solo fue quien confeccionó y rubricó los dictámenes que permitieron la Aprobación de los Acuerdos (...), refiriendo que resultaban jurídicamente viables, sino que también fue quien representó al Estado (...) ante el CIADI" y avaló el curso de ese expediente "pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida a las empresas o un test de razonabilidad económica y de conveniencia y oportunidad política de este acuerdo.

Embarrar la cancha

Tras haberse negado a declarar y recusar a Canicoba Corral, Iguacel y Saravia Frías se defendieron públicamente de las imputaciones y acusaron al juez de no haberles dado acceso al expediente y de supuestas vulneraciones al derecho a la defensa. En el mismo fallo en el que los procesó, el magistrado afirmó que todo se dio bajo "las normas procesales y garantías presonales" correspondientes. La recusación será resuelta este jueves por la Sala 2 de la Cámara Federal, cuyo titular es Martín Irurzun. Mientras tanto, este viernes está citado a declarar Guillermo Dietrich y el lunes será el turno de Nicolás Dujovne.

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Procesan y embargan a Saravia Frías e Iguacel, dos hombres de Macri y citan a Dietrich y Dujovne, por "Info135" del 20-07-20

20 julio, 2020 

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy sin prisión preventiva al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y al exministro de Energía Javier Iguacel por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en una causa que investiga la renegociación de concesiones de peajes en el gobierno de Mauricio Macri.

Además, en la misma resolución, el magistrado citó para el próximo viernes a declaración indagatoria al exministro de Transporte del macrismo Guillermo Dietrich y para el lunes al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, informaron a Télam fuentes judiciales. Ambos habían sido citados ya a indagatoria en el caso pero ahora el magistrado puso fecha para ese trámite que se hará por videoconferencia.

Canicoba resolvió procesar a Saravia Frías y a Iguacel, quien estaba al frente de Vialidad Nacioanl cuando habrían sucedido los hechos que se investigan, tras tomarles indagatoria la semana pasada y sin esperar a que concluya la ronda de imputados que deberán presentarse en la investigación. Los procesamientos fueron dispuestos con embargos de 500 millones de pesos. Ambos exfuncionarios se negaron a declarar durante el trámite y recusaron al magistrado.

En la causa se investigan presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste que habrían beneficiado a empresas que estuvieron vinculadas al expresidente Macri. Además, se investiga el pago a las empresas concesionarias de unos 500 millones de dólares como compensación por “inversiones no amortizadas”.

La cita a Dujovne y Dietrich. Para el juez, el rol del ex ministro de eocnomía quedó en la mira de los investigadores en la causa por las escandalosas concesiones de los peajes. Es porque se contrató a un consultor privado para que evaluara si los nuevos contratos de la Panamericana y el Acceso Oeste eran beneficiosos o no para el Estado, tarea que le correspondía al Ministerio de Hacienda. La numerosa documentación acumulada fue analizada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral.

En su momento, Hacienda, entonces a cargo de Dujovne, no firmó el dictamen necesario que avalara los requisitos de los futuros contratos, tal como indica la ley. En su lugar, Vialidad Nacional –bajo la dirección de Javier Iguacel– contrató a un consultor externo, quien elaboró un informe sobre la conveniencia o no para el Estado de las nuevas condiciones de concesión. Es decir, se delegó a un privado la tarea de velar por los intereses del Estado, rol que le correspondía en ese caso a la cartera que comandaba Dujovne. Por eso, la última medida de prueba ordenada por Canicoba Corral fue el pedido de información a Vialidad para determinar por qué se contrató a un privado para ese trabajo y cuáles fueron los honorarios que recibió a cambio.

En el caso de Dietrich, se le reconoció una deuda de 499 millones de dólares a las concesionarias por supuestas inversiones no realizadas por el Estado. El argumento para acceder al pago de la exhorbitante cifra fue que de esa manera la controlante de las firmas, la española Abertis, levantaría una demanda contra la Argentina que había iniciado ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial. La hipótesis es que los concesionarios, en connivencia con los funcionarios macristas, armaron esa denuncia ficticia para justificar el cobro de ese dinero.

Macri, de la mano de los imputados Iguacel y Dietrich permitió aumentos siderales de las tarifas de peajes lo que derivó en que Socma SA, vendiera sus acciones a mediados de 2017 a precio récord. La acción trepó de tres a 83 pesos, es decir, un 400 por ciento más. Quien se quedó con el siete por ciento vendido por el entonces Presidente fue una empresa llamada Natal SA, sin antecedentes en el rubro y que pagó 19,7 millones de dólares, cuando facturaba sólo unos dos millones de pesos anuales. La sospecha es que pudo haber sido una venta simulada.

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