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viernes, 27 de agosto de 2021

Auditor de AGN se desdijo en juicio "Vialidad" de su primera declaración y desmintió haber revisado las obras de Báez en Santa Cruz, por Sofía Caram (para "Ámbito" del 25-08-21)

 


Lázaro Báez y Alejandro Nieva. 



25 Agosto 2021

Testigo clave en el juicio contra Cristina de Kirchner dejó perpleja a la acusación. El auditor por la UCR Alejandro Nieva contradijo sus propios dichos "espontáneos" en la instrucción y no replicó ni una sola de sus declaraciones televisivas sobre las supuestas maniobras para direccionar licitaciones a favor de Lázaro Báez. "No recuerdo", dijo cuando le preguntaron por irregularidades.


Por Sofía Caram

La expectativa era muy alta. Sus declaraciones en los medios de comunicación y ante el fiscal en la etapa de instrucción habían apuntado directo al corazón del gobierno de Cristina de Kirchner por el reparto de la obra pública en Santa Cruz. Había hablado de discrecionalidad, de beneficios a Lázaro Báez y de pagos irregulares. Sin embargo, la fiscalía se vio completamente desconcertada al ver que el testigo que podía aportar elementos sustanciales para sostener la acusación de pronto había perdido la memoria. Se trata de Alejandro Nieva, nada menos que uno de los integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), quien no solo no ratificó ni uno solo de sus dichos del año 2016 sobre supuestos sobreprecios, sino que negó haber auditado específicamente las obras de esa provincia patagónica. “No recuerdo”, fue la respuesta a cada pregunta específica. En medio del desconcierto, tras tan solo una hora de declaración, Nieva se retiró del edificio de Comodoro Py dejando a la acusación con las manos vacías.


“Auditor General de la Nación. Jujeño. Radical”, así se define en su perfil de Twitter @jandronieva. Íntimo amigo del gobernador Gerardo Morales -según él mismo reseña en uno de sus tuits- Nieva había aportado su testimonio a esta causa el 9 de agosto de 2016 bajo una modalidad que en su momento puso a las defensas en alerta. Se había presentado en forma espontanea ante el fiscal de instrucción Ignacio Mahiques y en una breve declaración había hablado de sobreprecios en la obra pública y se había ocupado de mencionar específicamente a Lázaro Báez y a Cristina de Kirchner. Durante aquel testimonio ninguna de las partes pudieron estar presentes y la fiscalía no hizo una sola pregunta. “Las obras licitadas se adjudicaban por valores en promedio de 25% superior a lo presupuestado originalmente”, había afirmado en aquella oportunidad. Sin embargo, cuando fue consultado este martes bajo juramento de decir verdad y ante el Tribunal Oral, habló de generalidades del funcionamiento de la AGN y dijo no recordar cuando se le consultó especialmente por las obras de Santa Cruz: “No recuerdo que se haya hecho una auditoría sobre un distrito particular. Hacemos 200 auditorías por mes”, dijo Nieva al ser consultado por el fiscal de juicio Diego Luciani.


Complicados en la causa peajes. Nicolás Dujovne, Guillermos Dietrich, Bernardo Saravia Frías y Javier Iguacel. 

Informate más

Causa peajes: ¿quiénes son los ex funcionarios de Macri en la mira de la Justicia?

Corría el año 2016 y el gobierno de Mauricio Macri estaba en su apogeo. En ese contexto Nieva había asegurado que “se observó discrecionalidad” en el reparto de partidas presupuestarias y que se envió el “13% (del presupuesto de obras) a Santa Cruz cuando tenía el 1% de la población del país”. Sin embargo, cuando ahora la fiscalía consultó por supuestas “transferencias discresionales” y sobre “¿qué provincias recibieron más recursos entre 2004 y 2015?, el auditor se desdijo de sus propios dichos de hace cinco años: “Tengo un concepto pero por noticias periodísticas. No fue analizado por la AGN “como un objeto específico”, lanzó.


También, ante Mahiques, Nieva había afirmado que hubo “una decisión política de beneficiar a determinados grupos, como es el caso de Lázaro Báez (...) Se le pagaban fortunas por obras que no tenían utilidad”. Pero consultado este martes por la defensa de Carlos de Kirchner, Nieva dijo conocer al empresario patagónico sólo por los medios de comunicación y no pudo dar un solo detalle de auditorías a obras de Austral Construcciones.


En aquella oportunidad la declaración “espontánea” de Nieva había buscado involucrar directamente a la actual vicepresidenta en las supuestas maniobras: “Las recomendaciones de la AGN eran enviadas al Congreso y al Poder Ejecutivo”, había dicho. Por lo que evaluó que Cristina de Kirchner no podía desconocerlas. Sin ni una sola pregunta del fiscal de instrucción, Nieva había agregado que “faltaban las rendiciones de cuentas” y que “era un ambiente que facilitaba una gran corrupción”.


Incluso, un mes antes de aquella intempestiva declaración en Comodoro Py, Alejandro Nieva había dado una entrevista a La Nación en la que había asegurado que “Cristina Kirchner no podía desconocer nuestros informes de sobreprecios en la obra pública” y que había “discrecionalidad para elegir a qué empresarios se dirigían las obras, como Lázaro Báez”


Pero lo cierto es que nada de esto se replicó en la audiencia de este martes. Nieva no sostuvo ni uno solo de sus dichos en los medios de comunicación y hasta contradijo abiertamente sus propias declaraciones ante la Justicia.


“¿Conoce a Lázaro Báez?” “No. Solo por los medios de comunicación”. “¿Qué injerencia tiene la AGN en la evaluación del presupuesto?” “No hemos hechos advertencia sobre los presupuestos. Sí, evaluamos la ejecución presupuestaria”. Luego, interrogado por auditorías de obras de vialidad entre 2004 a 2015, dijo: “Recuerdo que había una muy importante que había sido solicitada por el Senado de la Nación” y no dio más detalles. “¿Recuerda una auditoría sobre procesos licitatorios?” “Recuerdo algunas “emblemáticas”, dijo y se limitó a señalar que “todo está en los informes. “¿Recuerda alguna auditoría sobre el distrito de Santa Cruz?” “No. No recuerdo”.


Ante la visible perplejidad de la acusación, el Tribunal dio por finalizada la declaración.



Publicado en:

https://www.ambito.com/politica/vialidad-nacional/auditor-agn-se-desdijo-juicio-vialidad-su-primera-declaracion-y-desmintio-haber-revisado-las-obras-baez-santa-cruz-n5260219

viernes, 12 de junio de 2020

Cambiemos impulsa a Pichetto para la Auditoría General de la Nación, por "Portal de Noticias" del 10-06-20


Los diputados opositores se lo plantearon a Sergio Massa. Es para el cargo que dejó vacante Jesús Rodríguez. Se tratará en la próxima reunión parlamentaria.

10/06/2020

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio propuso hoy al ex candidato a vicepresidente Miguel Pichetto para integrar el cuerpo de la Auditoría General de la Nación (AGN), en el cargo que dejó vacante Jesús Rodríguez, actual titular del organismo.

En una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, los líderes de los bloques que integran la principal bancada opositora presentaron formalmente la propuesta de Pichetto como auditor para completar el mandato del radical.



Al encuentro asistieron, acompañados por Pichetto, el jefe del interbloque y de la bancada radical, Mario Negri, sus pares del PRO, Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y el diputado del PRO Álvaro González.

Según se acordó, el nombramiento del ex jefe del bloque de senadores del PJ y ex compañero de fórmula de Mauricio Macri se pondrá a consideración en la próxima sesión de la Cámara baja.

Con la aprobación del cuerpo, Pichetto pasará a desempeñarse en la AGN por cuatro años para cumplir el mandato que dejó sin terminar Rodríguez, al ser designado a principios de este año como titular de la Auditoría.

La designación será en representación de la Cámara de Diputados, por lo que deberá ser sometida a votación, y al ser un cargo que corresponde a la oposición no puede ser vetado por el oficialismo, que podría abstenerse según deslizaron fuentes parlamentarias a NA.

La relación de Pichetto con buena parte del peronismo quedó sentida luego de su decisión de acompañar a Mauricio Macri en la candidatura a su reelección y se sumó al malestar que la figura del ex senador ya generaba en el kirchnerismo puro, debido a sus diferencias con Cristina Kirchner.

Publicado en:
https://portaldenoticias.com.ar/2020/06/10/cambiemos-impulsa-a-pichetto-para-la-auditoria-general-de-la-nacion/

viernes, 8 de noviembre de 2019

Obligan a Laura Alonso a entregar información sobre su desempeño en la Oficina Anticorrupción, por Vanesa Petrillo (para "Minuto Uno" del 07-11-19)


Laura Alosno, titular de la Oficina Anticurrupción 

07 de noviembre de 2019 

La información había sido negada con distintas excusas y planteos dilatorios. Ahora la Cámara Contencioso Federal intimó a la OA para que así suceda.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la intimación a la Oficina Anticorrupción (OA) que preside Laura Alonso a entregar a la Auditoría General de la Nación (AGN) información sobre el organismo que fue negada con distintas excusas y planteos dilatorios.

La Sala III de la Cámara confirmó la decisión del juez Enrique Lavié Pico que hizo lugar a un pedido de la AGN que entre sus facultades está la de auditar la labor realizada por la Oficina Anticorrupción, las denuncias que presenta, entre otras funciones de contralor.

El tribunal sostuvo que si bien la OA adujo que la información requerida podría encontrarse alcanzada por el deber de reserva, “tampoco acreditó tal circunstancia y, aún en ese supuesto, no hubiese resultado óbice a acceder a lo solicitado”.

El juez ya había dicho en su fallo de septiembre pasado que la negativa a facilitar la información por parte de la Oficina Anticorrupción ha impedido a la Auditoría General de la Nación (AGN) el pleno ejercicio de sus facultades de contralor, asignadas de manera expresa en la Constitución. La auditoría en cuestión había sido ordenada además por el Congreso de la Nación.

La AGN pidió auditar el listado de manuales de procedimientos o de guías de trabajo en uso, y la “labor realizada desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de abril de 2018, el listado de denuncias presentadas ante la justicia, de las recibidas por el Organismo y el estado actual de las mismas”.

La OA en su momento pidió precisiones al responder que lleva adelante unas cuatro mil actuaciones. La Justicia citó la ley 27.275, de acceso a la información pública, y le remarcó a la OA los principios a favor de la difusión de la información pública.

Para la Justicia el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos sobre las actividades de la Administración, y sobre los datos o documentos que ésta posee “constituye una exigencia elemental del Estado democrático de Derecho y un derecho humano fundamental”.

La OA había apelado el fallo de primera instancia, y ahora la Cámara rechazó la apelación. “Toda vez que la parte demandada no ha logrado enervar -mediante las argumentaciones intentadas- la existencia de excepción alguna que impidiera en el caso el acceso a la información solicitada por la Auditoría General de la Nación, ni que hubiese cumplido en forma adecuada y completa con el requerimiento efectuado por ésta, corresponde rechazar la apelación y confirmar la sentencia de primera instancia”, sostuvo la Cámara.

Los camaristas Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernandez impusieron los gastos del juicio a la parte demandada, es decir a la OA.

Publicado en:
https://www.minutouno.com/notas/5064324-obligan-laura-alonso-entregar-informacion-su-desempeno-la-oficina-anticorrupcion

La justicia condenó a la Oficina Anticorrupción a proporcionar información respecto a denuncias e investigaciones realizadas, por Ramiro Velez (para "Palabras del Derecho" del 07-11-19)


Es en el marco de un pedido de información por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN), que requería se informen las denuncias realizadas y recibidas así como los trámites que dio a las mismas entre los años 2016 y 2018.

por Ramiro Vélez  
07-11-2019 

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso, que deberá proveer la información requerida por la Auditoría General de la Nación, en cuanto a el listado de denuncias presentadas ante la justicia por esa oficina, así como el listado de denuncias recibidas y su estado actual desde el 1° de enero de 2016 hasta el 30 de abril de 2018.

Además, le ordenó que la Oficina Anticorrupción deberá proporcionar el listado de manuales de procedimientos o de guías de trabajo en uso, detallando el tema y el contenido respectivo, que tampoco había sido informada al órgano dependiente del Congreso Nacional.

Los integrantes de la Sala III, Jorge Esteban Argento, Sergio Gustavo Fernández y Carlos Manuel Grecco, vienen a confirmar lo resuelto en primera instancia por el Juez Enrique Lavié Pico, quien había condenado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Oficina Anticorrupción a proporcionar dicha información en el plazo de 15 días.

Por su parte, la Oficina Anticorrupción había esgrimido que la demora en proporcionar la información se debía a necesitaban obtener mayor información respecto a la investigación de la AGN, ya que querían tomar conocimiento del objeto de la consulta para responderlo adecuadamente, circunstancias que –para el juez de primera instancia y los camaristas- no resultaban atendibles.

Tampoco hicieron lugar a los planteos de la OA respecto a que la información requerida se encontraba alcanzada por el deber de reserva, ya que el propio personal de la AGN se encuentra obligado a guardar reserva de la información.

Por último, los Camaristas resaltaron que la denegación de dicha información a un órgano encargado del control externo del sector público nacional, importa una obstrucción a sus tareas y una restricción a la manda que la Constitución Nacional le reconoce a la AGN, respecto al examen de legalidad y gestión de los organismos públicos.



Accedé al fallo de Cámara.

Accedé al fallo de primera instancia.


Publicado en:
http://palabrasdelderecho.com.ar/articulo.php?id=905

domingo, 20 de octubre de 2019

Tras su absolución, Echegaray demandará a Prat-Gay, por "Página 12" del 18-10-19


Echegaray recordó que no puso asumir en la AGN por la causa que le inició Prat-Gay. 
Imagen: Noticias Argentinas

El ex titular de la AFIP denunció una "persecución política"


El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue absuelto hoy por el Tribunal 4 en una causa que le iniciara Alfonso Prat-Gay. El ex ministro de Hacienda de Cambiemos lo había querellado por instigador de falso testimonio, violación de secreto y abuso de autoridad, y había pedido doce años de prisión.


Junto a Echegaray fueron absueltos dos ex funcionarios del ente recaudador, Pedro Roveda y Horacio Curien. La fiscal Dafne Palopoli había pedido una condena de dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación para Echegaray tres años y medio para Curien por falso testimonio, y la absolución de Roveda.



El origen de la causa se remonta a 2014, cuando Echegaray denunció a Prat-Gay en la Justicia Penal. Según el ex ministro, el responsable de la AFIP utilizó información fiscal confidencial. Prat- Gay fue acusado de integrar una asociación ilícita que había evadido impuestos a través de una cuenta bancaria en Suiza de la familia de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat. La causa la llevó el juez Claudio Bonadio, quien procesó a Roveda y Curien por falso testimonio.

Echegaray hizo referencia entonces a una cuenta en el HSBC Private Bank de Suiza, propiedad de la empresaria, luego de que un ex empleado de dicha entidad revelara un enorme listado de supuestos evasores, que no habrían declarado en sus respectivos países los bienes en el exterior.

Prat Gay negó tener vinculación con los directivos del HSBC y afirmó haber sido apoderado de la ex dueña de Loma Negra, quien le concedió un poder limitado de administración para actuar en su nombre ante el HSBC Private Bank de Suiza.

Los fundamentos del fallo de los jueces Guillermo Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado se conocerán el 8 de noviembre. “Terminó un parte del proceso de persecución política en mi contra”, dijo Echegaray a la salida del tribunal. “La persecución en este caso fue por parte del sistema financiero offshore encabezado por el ex ministro de Economía de Mauricio Macri”, añadió el ex funcionario, quien también fue acusado de encubrir al empresario Lázaro Báez en una causa por evasión.

Remarcó que “los 68 millones de dólares detectados (de Fortabat) no pudieron ser validados como declarados en Ginebra (Suiza)” y adelantó que presentará una demanda por daños y perjuicios contra Prat-Gay.


“Cuando hay pruebas, como la pericia que se hizo en este juicio, queda acreditado que todo fue un armado. Se pudo demostrar que los fondos denunciados (un total de más de 4000 millones de dólares de distintos titulares) nunca estuvieron declarados en AFIP”, expresó.

El ex funcionario kirchnerista recordó además que iba a ser el titular de la Auditoría General de la Nación a partir de diciembre de 2015 y que no pudo asumir por esta causa. “Lograron su objetivo político”, apuntó.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/226079-tras-su-absolucion-echegaray-demandara-a-prat-gay

lunes, 23 de septiembre de 2019

Los expedientes públicos de los 4 años de Macri corren riesgo de desaparecer, por Ari Lijalad (para "El Destape" del 22-09-19)


La situación, según los documentos y expertos que consultó El Destape, es grave

Los expedientes públicos de los 4 años de gobierno de Mauricio Macri corren riesgo de desaparecer, según se desprende de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), información oficial a partir de una respuesta de acceso a la información y de testimonios que recogió El Destape. La razón es la siguiente: cuando Macri llegó a la presidencia trasladó a la Nación el sistema de expediente digital que utilizaba como Jefe de Gobierno porteño. Ese sistema, llamado Gestión Documental Electrónica (GDE) y que es por donde pasa toda la información del Estado, está plagado de fallas. No cuenta con back up ni plan ante desastres, no funciona la mayor parte del día, no garantiza confidencialidad ni existe control sobre quienes lo usan, menos de la mitad de las personas que lo utilizan fue capacitada, no está claro de quién es la licencia y, para colmo, el Gobierno no dejó que se auditara de forma completa. Como es modelo Macri, también hay un negocio, con un proveedor único sobre el que hay sospechas de conexión con el funcionario a cargo de implementar el GDE.

La situación, según los documentos y expertos que consultó El Destape, es grave. Macri y su histórico gerente desde los años empresariales Andrés Ibarra, puesto a cargo del primero Ministerio y hoy Secretaría de Modernización, implementaron el sistema GDE con el mismo criterio que todas sus políticas: apurados, sin control ni transparencia y sin planificación para que se sostenga en el tiempo. Esto pone en riesgo la memoria del Estado en estos 4 años y abre una incógnita: ¿es impericia o Macri quiere tener la oportunidad de borrar sus actos?

La gravedad de la situación tiene además otra complejidad. Este proceso de hacer digitales los expedientes públicos no tiene vuelta atrás. La buena idea del digitalizar expedientes se hizo mal, pero ya no se puede volver al papel. La cuestión es cómo garantizar que los expedientes que ya existen permanezcan en el tiempo y que la próxima administración que encabezará Alberto Fernández pueda continuar la gestión del Estado sin ataduras y con la información de estos 4 años de Macri disponible. Algo que, al día de hoy, parece más que dudoso.

Sin back up

El GDE es la continuación a nivel nacional del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) que Macri instauró en la ciudad de Buenos Aires. Lo implementaron de golpe en todo el Gobierno Nacional, desde los Ministerios a una larga lista de organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, empresas del estado o con su participación. Todos tienen, por ende, los mismos problemas que acarrea el sistema GDE, y se trata de lugares clave. Entre ellos, la AFIP, la ANSES, las Administraciones de Puertos, de Aviación Civil, de Laboratorios, de Materiales Controlados, de Seguridad Vial, la Autoridad Regulatoria Nuclear, el Banco Central, la Casa de la Moneda, la Comisión Nacional de Valores, el Correo Oficial, la Dirección Nacional de Vialidad, el Servicio Penitenciario Federal, la Dirección de Fabricaciones Militares, el Ente Nacional de Comunicaciónes, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gendarmería, el INDEC, el INTI, el INTA, la Lotería Nacional, el fondo Nación Fideicomiso, la Oficina Anticorrupción, el Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos y su par de Seguridad de Presas, la Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura, la Procuración del Tesoro, la Sindicatura General de la Nación, las Supertintendencias de Riesgos de Trabajo, Seguros y Servicios de Salud, la Unidad de Información Financiera, e incluso la Unidad Ejecutora del Soterramiento del Sarmiento. Estos, y más, vulnerables a las falencias del GDE.

Una de las principales dudas respecto al sistema GDE gira en torno a su preservación y si tiene back up. Las razones de esta preocupación son sencillas: es más fácil eliminar sigilosamente documentos digitales que en papel. El ejemplo es Iron Mountain, cuando incendiaron un depósito de papeles para eliminar documentación vinculada a lavado de dinero, caso que le costó la vida a 10 personas entre bomberos y personal de defensa civil y donde el propio Macri tenía papeles de sus empresas familiares. En un archivo electrónico, la eliminación puede ser más limpia e incluso desde fuera de los espacios físicos donde está guardada esa información. Y es clave: es la memoria del Estado de los años de Macri.

La auditoría de la AGN, a la que accedió El Destape, advierte que el GDE “no cuenta con un Plan de Recuperación de Desastres formalizado y debidamente comunicado” y que esto “implica un riesgo crítico y de alto impacto”. Le sugiere al Gobierno elaborar un Plan “que permita reestablecer los servicios informáticos de modo ordenado y en el menor lapso posible en caso de presentarse un evento crítico”. Si se inunda, o incendia, o alguien deliberadamente destroza los servidores donde está la información, no hay plan para recuperarla.

Tampoco hay back up, una copia de seguridad de la información. El informe de la AGN advierte que el Gobierno “no ha implementado políticas y procedimientos formales de pruebas periódicas de restauración de los backups de las bases de datos y documentos digitales del sistema GDE y su respectiva documentación de resultados obtenidos. La carencia de esta práctica pone en riesgo la disponibilidad de la información del sistema GDE en el Sector Público Nacional”. El Destape habló con diversas fuentes que utilizan el sistema y confirmaron la inexistencia de back up.

Agujeros en el techo

El informe de la AGN advierte que los Centros de Procesamiento de Datos donde están los servidores del sistema GDE, es decir, donde se guarda la información, “no cumplen con algunas de las condiciones necesarias para resguardar la seguridad física y lógica de los servidores y sus datos, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio del sistema GDE para el Sector Público Nacional”. Los archivos del Estado sin protección.

En el que funciona en ARSAT, los equipos están sin jaulas de protección, “condición necesaria para garantizar la seguridad física”. Además, “no posee cámaras de video con control de movimiento instaladas de forma dedicada al equipamiento que brinda servicios al sistema GDE (se utilizan las genéricas que tiene instalada AR-SAT en cada sala), solución que sería deseable dado que estos entornos no cuentan con la protección física arriba mencionada”.

En el sitio de almacenamiento alternativo, textual, “las paredes del sitio son de durlock”, la puerta de acceso antipánico no es la requerida y, pese a que está en un piso alto de un edificio, no se hizo la certificación del peso, “situación que requiere estimar el peso máximo de la infraestructura tecnológica alojada o posible de alojar en función de la capacidad máxima que ofrece el sitio. En base a ese cálculo se debe realizar un estudio para asegurar que la estructura del edificio tiene la capacidad suficiente para soportar ese peso”. Faltan también matafuegos, no llenan las planillas de ingreso de proveedores (o sea, no se sabe quien entra), hay placas del techo sueltas, aires acondicionados sin rejilla deflectora que provocan polvo en los servidores y paredes de durlock rotas.

Anda mal

Además de los riesgos de que se pierda toda la información, el GDE anda mal. Muy mal. La AGN destacó que “sólo el 23% de los usuarios muestreados consideran que las funcionalidades que ofrece el sistema para dar soporte a su operatoria diaria cubren totalmente sus necesidades”. Para peor, “un 97% de los usuarios encuestados manifestaron que la indisponibilidad del GDE es frecuente o muy frecuente y que en horarios centrales acusa bajo desempeño”. Respecto a esto, aclara (como en otros puntos de la auditoría), que “se encontró restringida para ejecutar procedimientos que pudieran determinar el origen del problema”, es decir, que no los dejaron controlar como corresponde.

“De los procedimientos de auditoria ejecutados se desprende que la indisponibilidad del sistema es muy frecuente y que aun cuando se encuentre disponible, en la franja horaria más crítica (10.30 a 16.30), la performance se degrada considerablemente en los organismos relevados, generando demoras o pérdida de tareas en curso ante el time-out propio del sistema”, dice el informe de la AGN. En conclusión, funciona mal en el horario laboral. Y no existe una alternativa para que la administración pública siga funcionando mientras el GDE se traba.

Todo esto tiene consecuencias, que en algunos casos llevan a la parálisis. Dice la AGN: “La continua inestabilidad del sistema también conduce a que los cargos jerárquicos se vean imposibilitados de firmar documentos y actos administrativos de manera oportuna. Dependiendo del organismo, algunos casos son críticos, como el pago de medicamentos, salarios, u otras cuestiones que adquieren carácter de urgente”.

Desde el Gobierno, ante la consulta de El Destape, informaron que al 14 de julio pasado se generaron 137.308.906 documentos y 13.991.488 expedientes. También detallaron que tiene 312.356 usuarios, de los cuales fueron capacitados 118.325, menos de la mitad. Esto, según la respuesta oficial.

Despelote y negocios

“No se prevé la eliminación de documentos en GDE”. Esta fue la respuesta del Gobierno ante 10 preguntas de El Destape referidas a cuanto tiempo se guardarán los expedientes digitales, si existe un criterio para eliminarlos, si existen alertas frente a eliminación de documentos, etc.

Sin embargo, no existen planes para que esos archivos duren en el tiempo. Y, para peor, desde el punto de vista de la archivística, la guarda de todo es la imposibilidad de encontrar nada. Los usuarios de GDE a menudo tienen que llevar libretas o planillas externas para encontrar documentos, o tenerlos impresos, ya que el sistema guarda todo pero encuentra poco.

Tampoco está claro de quién es el sistema, algo fundamental para el futuro Gobierno. El 10 de marzo de 2016 se firmó un convenio entre la Nación y CABA donde esta cedió “el uso del sistema y su código fuente de manera gratuita, irrevocable, no-exclusiva, perpetua y transferible”. Pero ese sistema fue desarollado por una empresa, Everis, que es quien tiene la exclusividad de su mantenimiento.

Ante el pedido de acceso a información pública que realizó El Destape, el Gobierno contestó que la propietaria del software es la Secretaría de Gobierno de Modernización, que la licencia no es libre y que el registro de propiedad intelectual del GDE aún está en trámite.

La parte del león en esto se la lleva Everis, la empresa que provee el mantenimiento del sistema GDE. En octubre de 2017, Everis se quedó con ese concurso con una oferta de 95.775.000 pesos. El presupuesto eran 96 millones, apenas 225.000 pesos por encima de la oferta de Everis, que fue la única que se presentó. Parece a medida.

 Según el portal Compr.ar, que centraliza la información de los proveedores del Estado, la situación de Everis es “Desactualizado por documentos vencidos”. Everis tiene otros contratos con el Estado, con la Secretaría de Modernización, con la Administración de Bienes del Estado y con el Ministerio de Producción y Trabajo, este último por 32 millones de pesos.

Respecto al GDE, una de las críticas del informe de la AGN son los los riesgos que implica la tercerización en un solo proveedor. Además de los vaivenes propios de cualquier empresa (quiebra, cambios comerciales, cambio de prioridades, etc.) advirtieron sobre la “pérdida del control y comprensión de los alcances del servicio contratado por parte del cliente (Secretaría de Gobierno de Modernización) a lo largo del tiempo”.

Oscuro

El Gobierno no dejó que la AGN hiciera la auditoría a fondo. Por ejemplo, no permitieron entrevistas con el personal técnico de la Secretaría de Modernización. “Ello obstaculizó y prolongó la ejecución de la auditoría, que debió recurrir a procedimientos alternativos para obtener evidencia sustituta, que no en todos los casos pudo obtenerse”, afirmaron desde la AGN.

El Gobierno hizo que no se pudiera verificar si el sistema GDE tiene la arquitectura tecnológica para garantizar su funcionamiento y si está garantizada la confidencialidad de los usuarios y empresas que lo utilizan, entre otras cuestiones. Como el sistema no permite un usuario auditor o externo, “no fue posible completar la totalidad de las pruebas sustantivas orientadas a la identificación de fallas, funcionalidades que no responden a lo esperado, problemas de rendimiento, entre otras validaciones técnicas oportunamente planificadas”. La AGN se tuvo que limitar a pedir información a la Secretaría manejada por Ibarra, ladero histórico de Macri, y conformarse con eso. Y, aún así, encontró de todo.

“La obligatoriedad del uso del sistema GDE -dice el informe de la AGN- resulta en un obstáculo y en un empeoramiento relativo respecto de la tecnología anterior al GDE, en la que los expedientes en papel podían ser solicitados y revisados íntegramente por los auditores externos responsables de controlar a los organismos del Sector Público Nacional”.

“La información que cada organismo usuario genera a través del sistema debe ser considerada información privilegiada o confidencial, ya que podría ser utilizada inapropiadamente por un tercero”, advirtió también la AGN al encontrar que no hay firmados convenios de confidencialidad entre la Secretaría de Modernización y los organismos que usan GDE.

Lo que si se logró ver es que: no hay control sobre los quienes ingresan al sistema y si quien ingresa está autorizado a ver información reservada o no así como no hay alertas sobre cambios que se hagan en los documentos y expedientes.

Publicado en:
https://www.eldestapeweb.com/nota/los-expedientes-publicos-de-los-4-anos-de-macri-corren-riesgo-de-desaparecer-201992219170/amp?__twitter_impression=true

sábado, 17 de agosto de 2019

AGN: Un análisis lapidario del Fondo de Garantía, por Irina Hauser (para "Página 12" del 17-08-19)

La Auditoría General de la Nación sobre el sistema jubilatorio

El informe señala a Luis Caputo y a Luis María Blaquier por incompatibilidades y dice que se beneficiaron empresas como Arcor, Cablevisión y el fondo Axis Ahorro Plus.

Por Irina Hauser

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó esta semana y por unanimidad un informe lapidario sobre el manejo que se hizo durante 2016 del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que debe funcionar como un colchón o reaseguro del sistema jubilatorio. El análisis advierte sobre existencia de posibles incompatibilidades del ex secretario de Finanzas, Luis Caputo --quien casualmente reapareció esta semana para decir que en Argentina manda el FMI— y del empresario Luis María Blaquier, ambos integrantes del órgano directivo del FGS y a la vez vinculados con empresas y fondos de inversión que intervinieron en diversas operaciones que podrían haber perjudicado al Estado. Entre las firmas beneficiarias aparecen Cablevisión, Arcor, Pampa Energía y un grupo de fondos como Axis Ahorro Plus. Algunos aspectos de estos planteos ya habían sido judicializados, con denuncias incluso contra el titular de la Anses, Emilio Basabilvaso.

El FGS se compone de acciones de empresas, dinero, plazos fijos y títulos públicos y realiza inversiones. Funciona como un resguardo del sistema previsional. Fue creado en 2007 con el objetivo de atenuar el impacto financiero que pudieran tener las variables económicas sobre el régimen jubilatorio y a modo de fondo de reserva. Inicialmente se nutrió de recursos de las AFJP. Estaba pensado para una inversión apropiada de excedentes del régimen previsional y atender a la vez a sus posibles insuficiencias. Una modificación de 2016 habilitó la posibilidad de que se utilizaran los recursos del FGS para cumplir con los acuerdos del Programa Nacional de Reparación Histórica, por el cual se ofrecía un ajuste limitada a los jubilados y pensionados a cambio de que desistieran de los juicios contra el Estado. Lo que revela el informe de la AGN –que está integrado por siete auditores de las principales fuerzas políticas, aunque lo encabeza el opositor peronista Oscar Lamberto— es que desde tiempo antes de la llegada de Mauricio Macri al gobierno, hubo quienes integraban empresas y fondos de inversión que habrían preparado el terreno con antelación para hacer negocios con el FGS. Aunque dejaran las firmas a las que pertenecían para pasar al Estado, habrían generado las condiciones para determinadas operaciones que luego ellos mismos se encargaron de instrumentar como funcionarios públicos.

Algunos de los casos analizados habían sido denunciados también por el fiscal Gabriel De Vedia, quien estuvo al frente de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES) y fue desplazado durante la gestión del actual procurador interino, Eduardo Casal. Todos los integrantes del colegio de auditores firmaron el informe. Ellos son: Lamberto, Alejandro Nieva, Juan Ignacio Forlón, Jesús Rodríguez, María Graciela de la Rosa, Javier Fernández y Gabriel Mihura Estrada.

Uno de los puntos analizados indica que el FGS podía comprar, y lo hacía, Lebacs (Letras del Banco Central). La ventaja es que tratándose de la ANSES no pagaba comisiones. El problema fue que la compra se hizo a través de operación tercerizada por medio de la cual se pagaron comisiones a fondos de inversión, en los que el FGS tenía participación. Pero el pago era innecesario. Esos fondos son Axis Ahorro Plus, Gainvest Renta Fija, Megainver Renta Fija y Superfondo Equilibrado. “Dicha decisión de inversión no sólo genera comisiones que podrían haberse evitado al invertir en forma directa con el Banco Central de la República Argentina sino que, además, restringe la liquidez otorgada por los FCI (fondos comunes de inversión)”, dice la Auditoría. A todo eso se suman detalles tales como que Caputo había sido director y presidente de Axis hasta diciembre de 2015, y luego se sumó al gobierno de Macri. Tiempo antes de dejar Axis había motorizados gestiones junto con Carlos Planas ante la Comisión Nacional de Valores que allanarían el camino a las operaciones con el FGS. Planas quedó luego en el fondo de inversión.

Como secretario de Finanzas, Caputo integró el comité ejecutivo del FGS. Es decir, tenía poder de decisión allí. La AGN dice que sobre su permanencia en Axis al menos hasta septiembre de 2015, “no se ha obtenido ninguna comunicación” que “aclare” esa “circunstancia”, que podría implicar un “conflicto de intereses incumpliendo los artículos 13 y 15” de la Ley de Etica Pública y un choque con los “Principios de Seguridad y Rentabilidad de las Inversiones con Activos del FGS”.

Otro aspecto está relacionado con el canje de acciones y la compra de obligaciones negociables (que son valores de renta fija emitidos por empresas privadas que les sirven para obtener fondos para sus actividades; funcionan como una fuente de financiación a través del mercado de capitales). El FGS acepta la adquisición de obligaciones negociables emitidas por Pampa Energía (del empresario Marcelo Mindlin) en la época de su fusión con Petrobrás. El argumento se basaba en la supuesta conveniencia de aceptar una oferta en efectivo porque era importante aumentar la participación en Pampa, la necesidad de liquidez, que en el corto plazo iba a ser clave –decían—para afrontar el Programa de Reparación histórica. La compra fue por cerca de 15 millones dólares, a diez años, con rendimiento nominal anual del 7.625 por ciento, según señaló en su momento De Vedia. La sospecha del fiscal era que se quiso beneficiar a empresarios allegados al gobierno, como Mindlin, con claros intereses en el sector energético, y Joseph Lewis, controlante de una firma accionista vinculada a Pampa. La AGN señala: “a la fecha no se utilizado el FGS para el pago de dicho programa. Por otro lado, no se tomó conocimiento de la existencia de un cálculo de flujo de fondos del FGS, que justifique la necesidad de liquidez, ni de un orden de prioridad de realización de activos que avale la decisión de disminuir la tenencia de acciones”.

El último de los puntos clave del informe se refiera la compra de obligaciones negociables de Cablevisión S.A y de Arcor S.A.I.C que compromete a quien fue en los comienzos del gobierno de Macri, subdirector ejecutivo del FGS, el empresario Luis María Blaquier pero que, a la vez, advierte la AGN “desempeñó cargos directivos en ambas empresas hasta diciembre de 2015”. Renunció, de hecho, para “cumplir funciones en el FGS”. “No se ha obtenido evidencia acerca de una comunicación en la cual se aclare dicha circunstancia que se interpretaría como un conflicto de intereses”, señalan los auditores, igual que en el caso de Caputo. Sería un posible incumplimiento a la Ley de Etica Púbica y una violación a los Principios de Seguridad y Rentabilidad de las Inversiones con Activos del FGS.

El caso de Blaquier es el que más avanzado está en tribunales, en una causa a cargo del fiscal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello. De Vedia planteaba, además, que al valor de las obligaciones suscriptas por 22 millones de dólares (en junio de 2016) era desfavorable para el Estado y que la operación se había empezado acordar antes de que Blaquier saliera de los directorios de las empresas en cuestión. Es decir, que habría actuado de ambos lados del mostrador, el patrón que se repite en tantos actos de gobierno. 

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/212830-un-analisis-lapidario-del-fondo-de-garantia

jueves, 13 de junio de 2019

Laura Alonso no controla al actual Gobierno, y ahora la demandan a ella por no dejarse controlar, por "Info135" del 13-06-19


13 junio, 2019 

La Auditoria General de la Nación (AGN) denunció a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), la militante ultramacrista Laura Alonso, por haberse negado sistemáticamente a lo largo de los últimos 9 meses, y de esa manera no facilitar la información requerida por el organismo auditor para realizar sus controles.

De esta manera, Alonso pasó a protagonizar un virtual estado de rebeldía, en el marco de su bochornosa reacción en cuanto a no permitir las auditorías. La funcionaria, que ya reconoció que no encabeza denuncias contra los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, condicionó la entrega de la información que le requiere la AGN, lo que llevó a los auditores a intimarla y a llevar ahora el caso a la Justicia.

Todo empezó en abril pasado cuando la Auditoría le avisó a la titular de la OA que “de no recibirse o no permitirse acceso a la información en un plazo no menor (sic) a diez días corridos, la AGN procederá a iniciar una acción judicial en ejercicio de las competencias constitucionales y legales”.

La advertencia estaba firmada por los siete auditores generales de la Auditoria, incluso por los oficialistas Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva.

La nota fue remitida también a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación, donde diputados opositores ya venían reclamando la presencia de Alonso por sus declaraciones públicas contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia y su confesión pública de desentenderse de las querellas contra el Gobierno nacional.

En Diputados hay al menos dos proyectos de resolución para citar a la titular de la OA, uno encabezado por Rodolfo Tailhade y otro por Raúl Pérez, del FpV-PJ, el massismo, el Movimiento Evita y Red por Argentina.

En uno de esos escritos, los legisladores afirman que “Alonso está seriamente cuestionada por actos de corrupción, deliberadamente omite presentarse formalmente en las investigaciones penales que involucran al gobierno y es muy distinta su actitud frente a causas que afectan a funcionarios de administraciones anteriores”.

En abril, Alonso desafió a la AGN en declaraciones al diario La Nación: “Nosotros no tenemos ningún problema en que se nos audite, todo lo contrario. Así lo dejamos establecido en las sucesivas comunicaciones que mantuvimos por escrito con la AGN. Lo que no estamos autorizados a entregar es la información sobre las denuncias presentadas por la OA ante la Justicia y el estado actual de esas denuncias. Se trata información que afecta a terceras personas y solo puedo entregarla si hay una orden judicial, y este no es el caso”.

“Motiva esta presentación la conducta reticente de la Oficina Anticorrupción para brindar en tiempo y forma la información que se le solicitara de manera reiterada”, sostuvo la AGN en la presentación judicial.

El recurso fue presentado por el área de legales de la AGN, y fue decidido por el Consejo de Auditores tras determinar que se habían incumplidos todos los plazos establecidos, y que no había más margen para continuar con las advertencias a Alonso.

En la presentación, se detalla que la conducta de la Oficina Anticorrupción a la hora de ser auditada es “reticente”, y que “de ninguna manera” ha cumplido con “la entrega de toda la información que le fuera requerida”, advirtiendo que sólo se ha hecho entrega de pocos puntos sobre el total solicitado.

Publicado en:
https://info135.com.ar/2019/06/13/laura-alonso-no-controla-al-actual-gobierno-y-ahora-la-demandan-a-ella-por-no-dejarse-controlar/

miércoles, 1 de mayo de 2019

El último y vergonzoso bochorno de Laura Alonso: no permite que la auditen y se declaró en rebeldía, por "Info135" del 01-05-19


1 mayo, 2019 

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, pasó a protagonizar un virtual estado de rebeldía, en el marco de su bochornosa reacción en cuanto a no permitir que la Auditoría General de la Nación (AGN) lleve adelante una inspección en el organismo que ella dirige.

La funcionaria, que ya reconoció que no encabeza denuncias contra los funcionarios del actual gobierno, condicionó la entrega de la información que le requería la AGN, situación que llevó a los auditores a intimarla y a advertirle que podrían llevar el caso a la Justicia.

“De no recibirse o no permitirse acceso a la información en un plazo no menor (sic) a diez días corridos, la AGN procederá a iniciar una acción judicial en ejercicio de las competencias constitucionales y legales”, fue el ultimátum que suscribieron los siete auditores generales, incluidos los oficialistas Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva. La nota fue remitida a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso.

A pesar del ultimátum, y lejos de acatar el pedido de auditoría, Alonso encima se envalentonó y de una manera casi amenazante, les advirtió a los auditores que, en caso de judicializar la situación, ellos “saldrían perdiendo”.

La disputa entre los dos organismos viene desde junio de 2018, cuando la AGN notificó a la OA que por primera vez se iba a realizar una auditoría del ente dirigido por Laura Alonso. Ahí comenzó un ida y vuelta de notas sobre qué documentación era necesaria.

Finalmente, la Oficina Anticorrupción le remitió a la Auditoria documentación referida al marco normativo, la estructura organizacional y los reglamentos inernos del organismo. Pero no le envió la información sensible sobre las denuncias en trámite en la OA, lo que desató una nueva polémica.

Al considerar la información parcial e insuficiente, desde la AGN intimaron a que se le envíe la información que se le había requerido originalmente para iniciar el trabajo de auditoría, con una nueva negativa de Alonso, que en los discursos habla de transparencia y lucha contra la corrupción, pero en los hechos, hace exactamente lo contrario.

Para los auditores estaba claro que la OA se resiste a ser auditada. Por eso mismo, la reacción de los auditores fue unánime: por nota intimaron a Alonso a que cumpla con los requerimientos de la AGN porque, de lo contrario, la demandarían ante la Justicia. Alonso replicó que esa intimación era improcedente.

“Esto es de una gravedad institucional inaceptable”, advirtió la titular de la OA, quien insistió en que no entregará información sensible sin previa orden judicial. Desde la AGN, en tanto, se explicó que la auditoría en cuestión no pretende indagar en la gestión política de la OA: “Es el mismo tipo de auditorías que realizamos en otros organismos públicos, pero allí no encontramos este nivel de resistencia”, advirtieron.

Publicado en:
https://info135.com.ar/2019/05/01/el-ultimo-y-vergonzoso-bochorno-de-laura-alonso-no-permite-que-la-auditen-y-se-declaro-en-rebeldia/

martes, 30 de abril de 2019

Laura Alonso no quiere que la AGN realice una auditoría en la Oficina Anticorupción, por "Portal de Noticias" del 30-04-19


La funcionaria se niega a entregar al organismo información sobre las causas en las que es querellante. Le dieron 10 días para que acceda o se judicializará la situación

30/04/2019

Un grave enfrentamiento se desató entre la Oficina Anticorrupción (OA), que preside Laura Alonso y la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de que Alonso se negara a entregarle información a ese organismo. El conflicto llevó a los auditores a intimar a Alonso y a advertirle que podrían llevar el caso a la Justicia.

«De no recibirse o no permitirse acceso a la información en un plazo de diez días corridos, la AGN procederá a iniciar una acción judicial en ejercicio de las competencias constitucionales y legales», fue el ultimátum que suscribieron los siete auditores generales, incluidos los oficialistas Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva y con la firma del presidente de la AGN, Oscar Lamberto (PJ), la nota fue remitida a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso.

Alonso, la polémica funcionaria del macrismo, sostiene que no está autorizada a entregar información sobre las denuncias presentadas por el organismo que dirige ni el estado en que se encuentran en los tribunales, a menos que se lo pida una orden judicial.

Obviamente, el trasfondo del conflicto está basado en las insólitas declaraciones que hizo en un canal de televisión, en las que aseguró que su oficina no se presenta como querellante en las causas que involucran a funcionarios de gobierno «para no ser parcial», argumento que no se sostiene a si mismo.

Es que, precisamente, la Oficina Anticorrupción fue creada para seguir de cerca las actividades de los funcionarios de gobierno y denunciarlos en aquellos casos en los que violen reglamentos o leyes relacionados con los cargos que ocupan, incluido el propio presidente de la nación.

Publicado en:
https://portaldenoticias.com.ar/2019/04/30/laura-alonso-no-quiere-que-la-agn-realice-una-auditoria-en-la-oficina-anticorupcion/amp/?__twitter_impression=true

domingo, 19 de febrero de 2017

La pregunta del Millón, por Horacio Verbitsky (para "Página 12" del 19-02-17)

Foto: publicada en Clarin


Por Horacio Verbitsky

La insistencia del gobierno nacional para que la Auditoría General de la Nación intervenga en el concurso del Correo Argentino SA, es un aspecto desconcertante para quienes no conocen más que las apariencias del asunto. Uno de los cuestionamientos de la fiscal general Gabriela Boquín al acuerdo que firmó el Estado Nacional fue la incompetencia del funcionario que invocando “instrucciones impartidas” (no dijo por quien) consintió una quita del 98,82 por ciento a la deuda del Correo. Se trata del director transitorio de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, designado mediante una excepción a la ley “por no reunir los requisitos mínimos” establecidos en el Sistema Nacional de Empleo Público. Un decreto de la década de 1980 lo faculta para representar en juicio, proponer, aceptar o rechazar concordatos, pedir quiebras o concursos, asistir a juntas de acreedores, aceptar pagos, pero no para “formular allanamientos y desistimientos, otorgar quitas y esperas, transigir y conciliar”, salvo que en casos importantes sean autorizados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Que Mocoroa ni siquiera haya reclamado como contrapartida el desistimiento de los juicios que el Grupo Macrì mantiene e incluso incrementa contra el Estado, destruye cualquier esfuerzo publicitario por simular buena intención y transparencia. Mocoroa, Aguad y el propio Macrì fueron imputados por el fiscal Juan Pedro Zoni, quien sostiene que el verdadero jefe y accionista de Socma es el propio Maurizio Macrì, beneficiario del acuerdo suscripto por Mocoroa y cabeza de la cadena jerárquica que lo incluye. Este personaje de cuarta línea, que asumió la responsabilidad de firmar un acuerdo ruinoso para el Estado sin intervención expresa del Poder Ejecutivo y de su asesor técnico jurídico que es la Procuración del Tesoro, es uno de los dos hombres de confianza del Auditor radical Alejandro Nieva, con quien trabajó en la AGN durante la gestión del también radical Leandro Despouy. El otro era Joaquín Millón Quintana, que por ahora es el Fiscal Anticorrupción del gobernador jujeño Gerardo Morales, encargado de la persecución de Milagro Sala. De ahí el interés de Macrì por involucrar a la AGN, donde sigue Nieva y mantiene una red de relaciones Mocoroa, en un asunto que escapa en forma ostensible a su competencia. La habilitación de Aguad y Mocoroa al gran negocio del presidente Macrì ¿es el precio que el radicalismo paga por el respaldo oficial a la detención de la líder de la organización barrial Túpac Amaru, privada en forma arbitraria de su libertad desde hace 389 días?

El silencio de Morales es más que llamativo, sobre todo porque en 2003 junto con la también senadora radical por Chubut Marta Ethel Raso y al diputado tucumano por el Frepaso José Vitar denunció a las empresas del actual presidente por el vaciamiento del Correo Argentino y reclamó la ejecución de la garantía. Morales sostuvo que los Macrì incumplieron el contrato de concesión, que no realizaron las inversiones comprometidasy causaron daño patrimonial al Estado. Para el actual jefe de gabinete Peña Braun, la deuda ascendía a 292 millones de pesos/dólares de 2002. Morales, en cambio la estimó en 610 millones. Su cálculo se basa en una deuda previa al concurso de acreedores de 304 millones, de los cuales 60 corresponden a intereses punitorios. Sumando y restando las compensaciones recíprocas entre el Correo y el Estado hace llegar esa deuda preconcursal a 448 millones. Luego calcula la deuda posterior al concurso de acreedores, por el canon y los intereses punitorios de otros 161 millones, con lo cual la deuda total asciende a 610 millones. La única aparición pública de Morales en la escena nacional fue una entrevista con su tocayo Joaquín Morales Solá, en la que no habló de esto sino de CFK, que a su juicio debería estar presa como Milagro Sala.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/21133-la-pregunta-del-millon