Freiler: “El Gobierno puede, y debe reponer inmediatamente a la ex procuradora Alejandra Gils Carbo que tiene todos los votos del Senado” https://t.co/9RuadpkfHM a través de @somosradioam530
— Artemio López (@Lupo55) October 2, 2022
CFEl presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "el Poder Judicial y sus magistrados no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática", al contestar la carta que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le entregó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, tras una entrevista que el mandatario brindó el miércoles.
26 de agosto de 2022
Alberto Fernández decidió no dejar pasar el último acting para la tribuna de Eduardo Casal. Un día después de que el eterno procurador interino respaldara a los fiscales que pretenden nada menos que inhabilitar de por vida para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner y cuestionara al propio Presidente por opinar sobre un alegato que generó reacciones de rechazo y movilizaciones en todo el país, Fernández se explayó no sólo sobre su derecho a expresarse sino también sobre la importancia de alertar en tiempo y forma respecto a maniobras que ponen en peligro la democracia. Le reprochó además la “doble vara” por la que hoy manifiesta “profunda preocupación” luego de años de inacción e indiferencia ante las tropelías protagonizadas por el macrismo con sus aliados del Poder Judicial y del propio Ministerio Público Fiscal.
Casal le envió una carta al presidente el jueves luego de recibir en la Procuración a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, caras visibles de la estrategia opositora para proscribir a CFK en 2023. El procurador cuestionó lo que llamó “una clara perturbación en el ejercicio de (las) funciones” de los acusadores y “una injerencia indebida en el trámite del proceso”, luego de que Fernández opinara en una entrevista periodística que la acusación era “insostenible jurídicamente” y alertara sobre el rol de los fiscales en la “persecución judicial y mediática” contra la ex presidenta.
Fernández le respondió que sus expresiones “en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario, y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso”. “No obstante, es oportuno señalar que el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática”, advirtió. Mencionó como ejemplo a tener en cuenta la condena, encarcelamiento y proscripción de Lula en Brasil, que “fue en verdad una persecución judicial, mediática y política” para sacarlo de la cancha. El proceso penal fue declarado nulo, pero el objetivo de la jugada ya se había concretado, recordó.
“Como puede deducirse, resulta de suma importancia que las opiniones que alertan sobre los peligros que pueden acechar a las democracias sean formuladas a tiempo y en forma pública porque el Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial, quienes también están sometidos al escrutinio público en una sociedad democrática, y cualquier ciudadano o ciudadana, incluido el presidente de la Nación, puede dar la voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional de respetar el debido proceso y de la imparcialidad necesaria actuar”, enfatizó.
El presidente apuntó además que ejerció la libertad de expresión “sin infringir los límites establecidos en el artículo 109” de la Constitución Nacional, “toda vez que no he ejercido funciones judiciales, ni me he arrogado el conocimiento de causas pendientes ni he restablecido las fenecidas”. Añadió que “lejos de importar un ‘menoscabo’ a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso”, sus declaraciones son la “expresión de lo que observa una gran parte la ciudadanía”, en el sentido de que “muchos magistrados y funcionarios de la justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos que a las normas vigentes, y que esta situación hiere a la democracia que tanto esfuerzo y dolor nos costó conseguir”.
La segunda parte de la respuesta del jefe de Estado se detuvo en la preocupación selectiva de Casal, que sin acuerdo del Senado reemplaza desde hace un lustro a Alejandra Gils Carbó, forzada a renunciar por el macrismo luego de recibir todo tipo de presiones.
“No lo ha preocupado, ni ha visto injerencia alguna cuando el ex Presidente Mauricio Macri, en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la Casa Rosada y, mientras transcurría el juicio en el que terminó condenado, publicó en su cuenta oficial de Twitter que ‘lo acompañamos y confiamos en que la justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía’”, le recordó Fernández, en referencia al caso del policía que mató a balazos por la espalda a un joven que escapaba tras cometer un robo.
El segundo episodio que “tampoco llamó la atención” de Casal y que recordó el jefe de Estado fue cuando el entonces presidente Macri “directamente instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara juicio político al juez Alejo Ramos Padilla y manifestara (textual) ‘creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político’, al tiempo que advertía al Consejo de la Magistratura que ‘Ramos Padilla ya ha hecho varias y realmente espero que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente destituirlo’”. En aquel caso no se trataba simplemente de la opinión de un presidente sino “de un pedido expreso de destitución de un juez que recién comenzaba una importante investigación sobre graves acciones de espionaje ilegal”, recordó.
En tercer lugar, aunque sin explayarse y sin nombrar al protagonista central de aquel escándalo, el presidente se refirió la vergonzante cobertura institucional que Casal le garantizó al fiscal federal Carlos Stornelli desde que trascendieron sus andanzas junto al agente de inteligencia Marcelo D’Alessio y la extorsión al empresario Pedro Etchebest. “El Señor Procurador Adjunto fue convocado por el Congreso Nacional por su complacencia con un fiscal al que le permitió mantenerse en rebeldía por casi nueve meses y que luego resultó procesado en varias instancias”, le recordó.
Por último, el presidente remarcó y lamentó la pasividad de la Procuración a cargo de Casal ante algunos de los mayores escándalos del gobierno de Cambiemos. “El celo que muestra en su carta respecto del cuidado de los procesos penales hubiera sido importante, para la salud democrática del país, que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes respecto de las motivaciones reales que tuvieron algunas visitas realizadas por destacados miembros del Poder Judicial al ex presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada; en el rol que tuvo el prófugo ‘Pepín’ Rodríguez Simón y otros ex funcionarios de la llamada ‘Mesa Judicial’ y en garantizar la imparcialidad de quienes intervienen como magistrados y funcionarios en los procesos penales, máxime en al ámbito de la justicia federal, cuando se encuentran bajo investigación dirigentes políticos”, escribió.
“Esta doble vara para medir hechos institucionales y esta asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados de la justicia federal, e incluso del propio Señor Procurador Adjunto frente a los distintos actores políticos –le planteó sin medias tintas–, tornan aún más necesario que se abran estos debates para cuidar la salud de la democracia y para que en la región no vuelva a ocurrir la afectación de los procesos electorales y de la vida democrática de la sociedad por la actuación de la justicia con intereses políticos y/o fácticos”.
“La democracia se nutre y se fortalece con las opiniones críticas, que deben ser defendidas aun en fuerte disidencia. Nadie exige que se compartan esas opiniones, pero sí que puedan expresarse con libertad”, enfatizó el jefe de Estado. “Esta situación permitirá que no repitamos experiencias tan dolorosas como la que vivió el querido pueblo brasileño y que, en cambio, podamos vivir en libertad en el marco de una democracia fuerte y sana”, concluyó.
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https://www.pagina12.com.ar/476706-alberto-fernandez-le-respondio-al-procurador-casal
En el oficialismo descreen de la promesa macrista de que ahora respaldaría la designación del nuevo procurador tras un año de obstaculizarla. Sin embargo, sostienen que si hay un compromiso público, el pliego se podría tratar este miércoles. El respaldo de Santiago Cafiero.
Por Miguel Jorquera
17 de junio de 2021
“Primero la ley y después el pliego” es la apretada síntesis del bloque de senadores del Frente de Todos sobre la posibilidad de abrir el proceso para la designación del juez federal Daniel Rafecas como procurador general. (Fuente: Télam)
“Primero la ley y después el pliego” es la apretada síntesis del bloque de senadores del Frente de Todos sobre la posibilidad de abrir el proceso para la designación del juez federal Daniel Rafecas como procurador general.. Imagen: Télam
“Primero la ley y después el pliego”. La apretada síntesis es la respuesta del bloque de senadores del Frente de Todos, en sintonía con el Gobierno nacional, sobre la posibilidad de abrir el proceso para la designación del juez federal Daniel Rafecas como procurador general, que reclamó el interbloque macrista. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero lo ratificó como el candidato del Gobierno: “Eso no varió ni se está discutiendo”, dijo el ministro coordinador y recordó que “hay un proyecto de ley que tiene bastante avance y que tiene incorporadas muchas de las cosas que planteaba la oposición”, en referencia a la media sanción del Senado que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que, entre sus puntos principales, termina con el carácter vitalicio del Fiscal General y modifica la mayoría requerida para la designación. Para los senadores oficialistas el “supuesto” cambio de actitud de JPC –-que ahora dice que respaldaría a Rafecas-- “solo es una chicana”, que los senadores de la alianza macrista “nunca se manifestaron a favor” y que sólo les interesa “mantener el prolongado interinato de (Eduardo) Casal”. “Si hay un pronunciamiento y compromiso público del bloque de senadores de JpC de respaldo a Rafecas, el pliego se podría tratar este miércoles”, dijo a PáginaI12 una fuente parlamentaria de la bancada oficialista en el Senado.
El debate sobre el tratamiento del pliego de Rafecas como fiscal general se volvió a disparar este lunes en la reunión virtual de la bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal. Allí, el oficialismo amplió el pedido de informes a Casal sobre el apagón de Internet en la procuración, que se habría producido en un intento de conexión desde fuera del país que no pocos le adjudican al fiscal en lo criminal y correccional Marcelo Retes (de confianza estrecha con el procurador interino), quien atendió dos fiscalías a su cargo desde Arkansas (EE.UU.) sin pedir licencia ni autorización. Fue entonces que el jefe del interbloque de diputados de JpC, Cristian Ritondo, sostuvo que si Argentina aún tiene procurador interino es porque el FdT "no resuelve lo que ha enviado el Presidente al Senado" y afirmó que JpC dará acuerdo "para que Rafecas sea el nuevo procurador".
El presidente de la bicameral, el senador Martín Doñate (FdT), le recordó a Ritondo todas las dificultades que interpuso JpC en el Senado para tratar el pliego de Rafecas, y que sus senadores se "jactaban" de poder bloquear los dos tercios necesarios para su designación. Y al igual que el diputado oficialista Rodolfo Tailhade, acusó al interbloque macrista de “sostener” el interinato de Casal.
Lo mismo piensa el resto de los senadores del FdT. “Lo del diputado Ritondo fue una chicana para intentar mostrar supuestas discrepancias entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por Rafecas, que no existen. Ninguno de los senadores de JpC abrió la boca ni sostuvo lo que manifestó Ritondo”, dijo a este diario un vocero de la bancada oficialista.
“Es una decisión muy fuerte del bloque de senadores: primero la ley y después el pliego”, afirmó otro vocero ante la consulta de PáginaI12. “En esto hay total sintonía con el Gobierno”, remarcó.
En el mismo sentido fueron las declaraciones de Cafiero. “Ya se está por definir ese nuevo marco normativo para el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, y lo adecuado es que quien termine siendo designado cumpla con ese nuevo marco normativo, porque sino se estaría designando una persona que después no va aplicar a la nueva norma, que quizás se aprueba dos semanas después. La verdad que eso sería muy inconsistente”, afirmó el jefe de Gabinete a radio Con Vos.
Ante la consulta sobre la postura de Rafecas, quien dijo que dejaría de lado su candidatura si se modifican las mayorías para su designación, Cafiero respondió: “Él quería ser un procurador de consenso, eso lo deberá generar a partir de su exposición en la Comisión de Acuerdos y convencer allí a todos los integrantes que su proyecto para mejorar la administración de justicia, el funcionamiento de la Procuración y para mejorar el Ministerio Público Fiscal, sea un proyecto sólido y que colecte ese consenso que él considera que debe tener para tener un respaldo mayoritario”.
En el bloque del FdT descreen del cambio de actitud del macrismo. “No cambió nada. En el medio de la pandemia reclamaron en forma oficial que el pliego de Rafecas se discuta de manera presencial, cuando el Senado está todavía trabajando en forma remota mixta por la situación sanitaria. En forma pública, los senadores de JpC siempre esgrimieron que no concederían los dos tercios para tratarlo”, sostienen sus voceros y arriesgaron un desafío al interbloque macrista: “Si hay un pronunciamiento y compromiso público del bloque de senadores de JpC de respaldo a Rafecas, el pliego se podría tratar este miércoles”.
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https://www.pagina12.com.ar/348594-primero-la-nueva-norma-despues-el-pliego-de-daniel-rafecas
El ministro de Justicia de la Nación pidió "darse cuenta del momento histórico" que se atraviesa para tomar dimensión de las reformas judiciales que impulsa el Gobierno
30/05/2021
El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, dijo que “el macrismo necesita de este procurador interino para que encubra todas las fechorías que hicieron desde la mesa judicial”, en referencia al actual procurador General Eduardo Casal, y pidió “darse cuenta del momento histórico” que atraviesa para tomar dimensión de las reformas necesarias.
En diálogo con Radio 10, el funcionario se refirió al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, al recordar que “viene con media sanción del Senado”, y ya logró dictamen de mayoría en un plenario de comisiones en Diputados, con reformas que contemplan “varios de los consensos” logrados.
«Estamos buscando ahora que el Congreso apruebe la mejor ley posible”, apuntó.
Para Soria, “el macrismo necesita de este procurador interino para que encubra todas las fechorías que hicieron desde la mesa judicial” y por eso prefieren “que el MPF siga paralizado con un procurador interino”, al que señaló como “funcional a los intereses de la mesa judicial” del expresidente Mauricio Macri.
Consultado sobre el pedido de Juntos por el Cambio para que se apruebe el pliego del juez Daniel Rafecas como nuevo procurador, respondió: “La única verdad es la realidad, y los que ahora dicen que quieren votar a Rafecas son los mismos que el año pasado trabaron su pliego”.
También aseguró que “los que se oponen a la reforma del Ministerio Público son los mismos que impulsaban una idéntica en 2017”, en referencia al macrismo.
Sobre la expresión pública de Rafecas de que no accederá a ser procurador si se modifican las mayorías necesarias para nombrarlo, Soria expresó que “esta ley es necesaria más allá de quien sea el próximo procurador”.
«Hoy el único pliego presentado es el de Rafecas, veremos más adelante”, sostuvo, al recordar su propia prédica de que “es una ley que no tiene nombres propios”.
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Juntos por el Cambio modificó su postura con respecto a la nominación del juez federal. El FdT seguirá con el proyecto que modifica el funcionamiento del ministerio público.
Por Verónica Benaim - @VeBenaim
23 de mayo de 2021
Hubo un cambio repentino. La mesa nacional de Juntos por el Cambio propuso la apertura del tratamiento del pliego del candidato a procurador general propuesto por el presidente, Alberto Fernández, el juez federal Daniel Rafecas, para comenzar el proceso en el Senado. El principal bloque opositor asumió el compromiso de garantizar los dos tercios que el Frente de Todos necesita para la designación. El oficialismo, por su parte, continuará con su intención de avanzar en el tratamiento del proyecto que modifica el método de designación del jefe de los fiscales.
“En este año el oficialismo ha instalado un debate diferente a la discusión por el nombre del procurador. En su lugar propuso discutir la institución misma. En este sentido, la ley que se debate actualmente en Diputados revierte la garantía de un Ministerio Público elegido por amplias mayorías, proceso que sustenta la garantía constitucional de una institución que ejerza su autonomía con independencia”, argumentó Cambiemos en su comunicado, el miércoles pasado.
La postura de la oposición no hizo mella dentro de la coalición del gobierno. Fue leída por el oficialismo como un pacto para blindar al procurador interino, Eduardo Casal. “Es una chicana permanente que tiene por único objetivo proteger a Casal, que les custodió las chanchadas que hizo la mesa judicial”, le dijo a Tiempo una fuente del Senado que confirmó que “el tratamiento del proyecto del FdT avanzará en Diputados”.
Con respecto al giro de los senadores de Cambiemos, fuentes cercanas a la Casa Rosada señalaron que la oposición quiere “reducir el debate a un cambio de figuritas”. Y que por eso el oficialismo, más allá de las últimas declaraciones de Rafecas, tomó como estrategia “no dar nombres, para no reducir el debate, ya que el proyecto es mucho más que eso”.
Lo cierto es que si bien no hay fecha de sesión en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos dejó listo el dictamen de mayoría para “colarlo” en el recinto en cualquier momento. Esto, siempre y cuando consiga el número para conformar el quórum que habilite su tratamiento (129 diputados). Hasta ahora el único respaldo seguro es de diputados del interbloque de José Luis Ramón.
Para el resto de los espacios políticos minoritarios “no es momento” para discutir este tema judicial, teniendo en cuenta otros problemas que afectan a la sociedad como la inflación, el plan de vacunación, la situación económica atravesada por la pandemia y el desempleo.
Por otra parte, diputados provinciales denunciaron públicamente que recibieron amenazas por mensajes de texto de números desconocidos contra su acompañamiento al oficialismo en la aprobación del proyecto. Fue el caso del mendocino Ramón, pero también del justicialista por Salta Andrés Zottos, quien en diálogo con Diputados TV denunció: “Me enferma porque recibí más de 3000 mensajes, todos copiados y armados, y así no podemos construir”.
El proyecto propone que el mandato del titular de la procuración general deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez. Y que la elección no se planifique en un año electoral
También prevé que la forma de elección se realice con mayoría absoluta –la mitad más uno de los miembros del Senado– en lugar del requisito de los dos tercios de los presentes en el recinto que rige actualmente. Esa mayoría agravada sí sería necesaria en caso de que quiera remover al jefe de los fiscales por juicio político antes de que finalice su mandato.
La situación de Casal
En cuanto al nombramiento del procurador interino, la propuesta presentada en Diputados por el ministro de Justicia, Martín Soria, recorta las facultades de la Comisión Bicameral, en tanto que ya no lo elige directamente. Ahora debería elevar una terna de tres al presidente para que lo seleccione y además no puede permanecer más de seis meses en ese interinato. Casal lleva más de tres años.
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Por Irina Hauser
17 de mayo de 2021
El juez federal Daniel Rafecas, candidato a Procurador General propuesto por el Poder Ejecutivo, anunció en un posteo de Instagram que si la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal impulsada por el oficialismo modifica la mayoría del Senado necesaria para su designación y reemplaza los dos tercios vigentes por una mayoría absoluta, para él será "imposible seguir adelante con la postulación" porque lo considera un "límite ético insuperable". Rafecas había anticipado esta posición el año pasado pero decidió amplificarla ahora en un texto que hizo público cuando se vislumbra, posiblemente en cuestión de horas, la aprobación de un dictamen de comisión en la Cámara de Diputados. En algunos sectores del Gobierno describen el anuncio como un "desplante" al presidente Alberto Fernández y ya piensan nuevos nombres, con prioridad de candidatas mujeres. En el Frente de Todos no hay intención de modificar el proyecto ni, al menos hasta ahora, de convocar a Rafecas a una audiencia pública antes de que se apruebe la nueva norma.
Desde que Martín Soria desembarcó en el Ministerio de Justicia trabajó en la negociación de los ocho o nueve votos faltantes en la Cámara de Diputados para la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal (MPF). El año pasado tuvo media sanción en el Senado el proyecto que, entre los cambios sustanciales, acorta el mandato del jefe/a de los fiscales a 5 años en lugar de ser vitalicio como en la actualidad, y modifica la mayoría para que la Cámara alta le preste acuerdo, de modo que de la mayoría agravada requerida en la actualidad se pasa a una mayoría absoluta. El oficialismo elaboró un nuevo borrador con modificaciones al texto que aprobó el Senado, que esencialmente retoca la composición del jurado de enjuiciamiento de fiscales (ahora le resta composición política), limita las funciones de la comisión bicameral de Ministerio Público, reformula los requisitos para la designación de procurador/a interino (les da más acceso a mujeres y reduce el interinato a seis meses) y mantiene los dos tercios para remoción del procurador/a.
Para este martes está previsto un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, donde se votaría ya un dictamen para propiciar la aprobación de la ley de MPF con algunos retoques. Pero el Frente de Todos, más allá de la advertencia de Rafecas, no tiene pensado dar marcha atrás con el texto que prevé mayoría absoluta para el nombramiento de Procurador/a, en esencia porque creen que un mandato menor no hace imperiosos los dos tercios, porque no los tienen hoy en el Senado para designar a nadie en se cargo, y porque es algo que la Constitución no estableció y se fija por ley. Durante le fin de semana los grandes medios y portales de alta incidencia multiplicaron notas críticas hacia el proyecto enfatizando la idea de que el Gobierno quiere poner a un procurador de su confianza a cualquier precio y que el objetivo es la "impunidad". El tema fue tapa de Clarín el domingo y este lunes estuvo incluida en la de La Nación. La evidente intención es que continúe en el cargo Eduardo Casal, el procurador interino que cumple récord de permanencia y que no tiene acuerdo de la cámara alta sino que quedó en ese lugar, después del desplazamiento de Alejandra Gils Carbó, en 2017, por ser el más antiguo de los fiscales generales ante la Corte.
Rafecas recapitula en su texto que el Presidente lo postuló para la Procuración a comienzos de marzo de 2020, que tuvo 650 apoyos y que así su pliego llegó a la Comisión de Acuerdos del Senado. En el ínterin, dice, que "ha avanzado un proyecto de ley" para reformar el MPF, "pero como no fue llamado a dar mi parecer sobre su contenido, ni por quienes lo impulsaron en el Senado, ni en las audiencias en Diputados, así como tampoco por el ministerio de Justicia, quiero dejar asentada públicamente mi postura: más allá de que el cargo sea vitalicio o temporario, es indispensable que el PGN (Procurador General) tenga el consenso político suficiente para ejercer un cargo de tanta relevancia institucional, para lidiar con la CSJN (Corte Suprema) y para encarar reformas estructurales a nivel general. Ese consenso recién se pone en juego en la audiencia pública, a la que todos los candidatos anteriores accedieron (con distinta suerte) y que no se cumplió en mi caso". Rafecas dice que está convencido de que si lo hubieran llamado a la audiencia "ese consenso se hubiera alcanzado".
Cerca del juez dijeron a este diario que le resultó llamativo que no le hubieran pedido opinión sobre la reforma, dado que además es alguien que conoció por dentro la Procuración, y que la falta de contacto de Soria al menos para hablar de la postulación, resultó sugestiva. La idea de que el Procurador/a necesita de un respaldo político sólido insisten que ya la manifestó el año pasado y desconfía de la posibilidad de ejercer sin él. el cargo en cuestión.
El juez dice en su posteo que le parece "un límite ético insuperable" que en la mitad del proceso de su designación se reduzca por ley la mayoría necesaria para nombrar Procurador/a. "Me hará imposible seguir adelante con la postualción. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica", termina. Todavía formalmente no presentó una renuncia a la postulación y, mantendría un margen de expectativa de ser conovado por la comisión de Acuerdos del Senado para la audiencia pública. En el kirchnerismo no parece haber tal margen hasta ahora y uno de los objetivos es que quien esté a la cabeza del MPF no tenga ese cargo para siempre, lo mismo que paradójicamente postulaba el macrismo en 2016, cuando el exministro Germán Garavano planteaba también un mandato de cinco años.
Rodolfo Tailhade, titular de la Comisión de Justicia de Diputados, una de las que se reúne para dictaminar, le dijo a Página/12: "No va a haber ningún cambio en el proyecto por esta novedad de Rafecas. El proyecto va a seguir su curso. Lo que hizo fue notificar una posición que tiene desde hace un año. Me animaría a decir que el Senado no lo va a citar a la audiencia pública antes de que salga la ley". Fuentes del Senado señalan, en ese mismo sentido, que nada cambiará allí y aguardan que llegue la aprobación de Diputados.
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https://www.pagina12.com.ar/342225-rafecas-anuncio-que-se-baja-de-la-postulacion-a-procurador-g
16 mayo, 2021
Después de tantas idas y vueltas, finalmente el Gobierno ahora sí está más cerca de aprobar la reforma de la ley de Ministerio Público fiscal que prevé cambiar las mayorías para elegir al Procurador, reemplazar al interino, Eduardo Casal, y modificar el jurado de enjuiciamiento.
El debate de la iniciativa se realizará el próximo martes a las 19 en un plenario de las comisiones de Justicia, que preside Rodolfo Tailhade, y de Asuntos Constitucionales, a cargo de Hernán Pérez Araujo, ambos del Frente de Todos.
De esta manera, el oficialismo confía en emitir el dictamen de comisión ese mismo día y tratarlo la semana siguiente en el recinto de la Cámara baja.
Y una vez más, en sintonía con la oposición de Juntos por el Cambio, que se reunirá en las próximas horas para oficializar su rechazo al plenario del martes, el diario Clarín salió hoy con los tapones de punta, y en una extensa nota tituló “El kirchnerismo avanza en Diputados para desplazar a Eduardo Casal y elegir a un procurador propio”.
El despacho modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro de Justicia Martín Soria.
Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.
Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral parlamentaria (1 por la mayoría y 1 por la minoría), un representante del consejo interuniversitario nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).
En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al Procurador se requerirán 5 votos -que implica los dos tercios- y 4 votos para el resto de las decisiones.
Los diputados avanzarán en la discusión del proyecto luego de que el viernes pasado el plenario retomó la discusión de la iniciativa, sin la presencia de los representantes de Juntos por el Cambio, que optaron por retirarse del plenario por no compartir la metodología adoptada para el tratamiento de la iniciativa ni la cuestión de fondo.
En las últimas horas Mario Negri, presidente del interbloque de JxC, alertó: “La sociedad civil debe hacerse escuchar si queremos una Justicia independiente, sin ella no queda nada de República”. Y anunció que impulsarán “audiencias públicas” para poner en evidencia lo que consideran un avance del kirchnerismo para controlar el Ministerio Público Fiscal y “sembrar el miedo en todos los fiscales que deben investigar los delitos, especialmente los de corrupción”.ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Quien salió al cruce del macrismo y de los medios hegemónicos, fue el diputado nacional Leopoldo Moreau, quien desde su cuenta de Twitter escribió, entre otras cosas, que “hoy Clarín sale con todo a sostener en el cargo a SU Procurador”, y que “el parlamento decida votar una nueva ley orgánica de la Procuración es un método bien distinto al apriete mafioso que culminó con la renuncia de Gils Carbó”.
El legislador agrega que “una vez más, Clarín utiliza su viejo modelo de extorsión. No solo lleva el tema en tapa. Además, despliega dos páginas completas llena de veladas insinuaciones de escrache a diputados que pueden desde la oposición acompañar el reemplazo del interino Casal e incluye sus fotos para aumentar la presión sobre ellos”.
Está claro que, en el colmo de la hipocresía y, demostrando una vez más cómo ejercen la “doble vara”, aquellos que en su momento desataron una despiadada guerra sin cuartel contra la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó -hasta que finalmente lograron su renuncia-, hoy se abroquelan en una defensa corporativa por su sucesor, Eduardo Casal, a pesar de que viene ocupando ese cargo desde hace tres años y medio de manera interina.
Casal asumió en noviembre de 2017 cuando Alejandra Gils Carbó después de una licencia solicitada, se vio obligada a renunciar a su cargo, después de la brutal embestida que ejerció el macrismo para desplazarla, con la burda complicidad de los medios hegemónicos.
Ya en último tramo de tantas presiones, que se extendieron a lo largo de dos años –apenas asumió Mauricio Macri como presidente-, hasta se incluyó la difusión -desde la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia y el diario Clarín- del teléfono de la hija de Gils Carbó, que colapsó de insultos y amenazas.
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Rodolfo Tailhade frente a la declaración jurada del procurador interino Eduardo Casal
30 de abril de 2021
Cuando en 2016 el entonces presidente Mauricio Macri lo designa como procurador interino, Eduardo Casal declaró como propias tres propiedades, 135 mil dólares y poco más de 700 mil pesos. Sin embargo, tres años después declaró contar con once propiedades, 8 mil dólares en una cuenta bancaria y la friolera de 430 mil dólares en efectivo, además de tener acciones en empresas como Pampa Energy, Telecom y Edenor, entre otras. La novedad del crecimiento económico de Casal la presentó el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade durante la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público (MPF). Allí, ante el estupor de los legisladores de la oposición, definió a la declaración jurada como "escandalosa". Tailhade dijo que "parece difícil de justificar con sus ingresos esta situación" mientras evalúa presentar una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.
La reunión, realizada de manera remota, transcurrió con algunos cruces entre oficialistas y opositores por la actuación de Casal. Hacia el final del encuentro, Tailhade pidió la palabra y tiró la bomba. Allí, el diputado nacional leyó algunos pasajes del documento y, aunque afirmó que se trataba de un "análisis superficial", también consideró "escandaloso" lo que había llegado a observar. El legislador remarcó que Casal "a fines de 2016 tenía tres propiedades y hoy tiene once".
"Esas ocho propiedades que sumó como procurador interino están justificadas, aparentemente, de herencia. Pero me gustaría profundizar un poco porque son llamativas las diferencias", estimó. No obstante, señaló que la liquidez de Casal es lo que llamó su atención, ya que, dijo, en 2016 tenía 135 mil dólares y poco más de 700 mil pesos. "Evidentemente, se trata de un ahorro personal en una carrera en la que llegó a un puesto muy alto", conjeturó Tailhade, pero destacó que "ni bien fue designado como procurador interino esta liquidez conseguida a lo largo de 40 años de su actividad en la función pública se cuadriplicó" ya que, de acuerdo con la declaración jurada mencionada por el legislador, Casal pasó de tener 135 mil dólares a más de 430 mil.
"Me parece difícil de justificar con sus ingresos esta situación", expresó Tailhade. Asimismo, indicó que "lo peor de todo son las acciones que tiene en quince empresas", entre las que se encuentra Telecom, Pampa Energy, Petrobras y Edenor, entre otras. En ese sentido sostuvo que el funcionario judicial "debió de haberse excusado de intervenir en demandas donde aparecen algunas de estas compañías". Es más, recordó que en octubre de 2018 firmó un dictamen en una causa donde promovieron una demanda contra Edenor dictaminando a favor de la compañía "en la que tiene acciones", dijo.
El legislador mencionó otra causa contra el extitular de Anses del macrismo Emilio Basavilbaso por el manejo de acciones de Petrobras, de las que Casal, añadió, también tiene acciones. Finalmente, Tailhade mencionó que el procurador interino tiene acciones en el Standard Chartered Bank, "que es uno de los canales habituales de fuga de divisas de nuestro país". "No quiero pensar que el procurador interino tenga una cuenta afuera", especuló el diputado del Frente de Todos.
La presentación de Tailhade, fuera de agenda, sorprendió a los integrantes de Juntos por el Cambio que intentaron sin éxito frenar al legislador oficialista. El senador cordobés peronista Carlos Caserio consideró que "lo mejor sería que venga Casal a esta comisión y explique de dónde sacó sus bienes". "Puede venir Casal a esta bicameral y responder. Por lo menos, hasta que lo cite la justicia", propuso el legislador.
En todo momento Tailhade advirtió que los datos que estaba brindando eran parte de una primera lectura de la declaración jurada, pero siempre aseguró que los datos que surgían eran sospechosos ante el importante crecimiento del patrimonio del procurador interino desde que asumió ese puesto.
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https://www.pagina12.com.ar/338866-estamos-ante-un-crecimiento-patrimonial-escandaloso
7 marzo, 2021
El Procurador General interino, Eduardo Casal, volvió a beneficiar al fiscal procesado por espionaje ilegal, Carlos Stornelli. En las últimas horas cerró una denuncia del senador Oscar Parrilli ante el Ministerio Público Fiscal por mal desempeño de Stornelli en la causa por las fotocopias de los cuadernos.
El jefe de los fiscales interino basó su posición en la defensa de Stornelli y, sobre todo, en lo resuelto por el Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal, integrado en su mayoría por fiscales generales relacionados al propio Stornelli. El consejo es una instancia que evalúa los sumarios y realiza un dictamen no vinculante pero que nutre de ideas al Procurador. Por mayoría, el consejo había dispuesto desestimar la denuncia, que ahora Casal ordenó archivar.
Según revela el periodista Franco Mizrahi, en El Destape, uno de los ejes de la denuncia fue el modo irregular en que se inició la causa de las fotocopias. Parrilli denunció que hubo fórum shopping, es decir, la elección de un juzgado y fiscalía a dedo para instruir la pesquisa. Es que la causa no fue a sorteo como hubiera correspondido, sino que quedó a cargo de la dupla Bonadio-Stornelli por una supuesta conexidad con la causa GNL que ya tramitaba en el juzgado federal Nº 11, expediente que también estuvo repleto de ilegalidades. Allí, por ejemplo, declaró como testigo el espía ilegal y falso abogado, Marcelo D’Alessio.
Casal se tomó de la defensa de Stornelli e indicó que ya hubo planteos judiciales al respecto, y que las instancias superiores ratificaron lo actuado por Bonadio y Stornelli. Lo que no dijo Casal es que quienes revisaron todo lo actuado fueron Martín Irurzun y cuatro jueces designados por el ex presidente Mauricio Macri, entre los que se encuentran Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron puestos a dedo por el entonces mandatario en la instancia revisora de Comodoro Py.
Algo similar sucede en torno a la discusión sobre cómo se tomaron las declaraciones de los arrepentidos, que no fueron grabadas tal como los dispone la Ley del Arrepentido. “No puede afirmarse que el magistrado hubiera incurrido en error o apartamiento manifiesto del derecho o perdido su objetividad, pues su interpretación del modo de proceder para conducir las declaraciones de los imputados colaboradores, es una de las posibles y como tal deviene en una cuestión opinable, que fue ponderada y avalada por el juez de la causa y luego, por diversos magistrados de las instancias superiores que han intervenido frente a planteos concretos de las partes”, señaló Casal.
Entre quienes ratificaron este accionar figuran los jueces de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal designados por Macri, Daniel Petrone y Diego Barreotaveña, recientemente fustigados por la vicepresidenta Cristina Kirchner en una audiencia que se realizó en el marco de la causa “Dólar Futuro”. La tercera integrante de esa sala, Ana Figueroa, había votado en disidencia: sostuvo que la falta de registro con “medios técnicos idóneos” torna “nulas las declaraciones prestadas”.
Para Casal, “acceder al escrutinio disciplinario a que se pretende someter la actuación del doctor Stornelli sobre este aspecto importaría utilizar la vía administrativa para revisar cuestiones judiciales vinculadas con un proceso en trámite (…) lo que no resulta admisible”. También en defensa de Stornelli dijo “que los fiscales no pueden ser sometidos a proceso disciplinario por el contenido de sus dictámenes o por errores cometidos durante su actuación”. Hasta citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para blindar a uno de los protagonistas del Lawfare.
Sobre las extorsiones que se habrían ejercido en el marco de algunas de las declaraciones de los arrepentidos, tal como los sostuvo Parrilli en su denuncia, Casal afirmó que “hasta el momento nadie se ha manifestado en ese sentido o, al menos, no con la suficiente robustez para que los magistrados que intervinieron pusieran en duda la validez de dichos acuerdos”.
Parrilli también cuestionó la forma en que Centeno se transformó en arrepentido. Pero a Casal le alcanzó lo explicado por Stornelli. “Cabe referir que el fiscal federal efectuó en su descargo una explicación sobre cómo sucedieron los hechos y rememoró las razones que expuso Centeno para decidir que su defensa fuera asumida por el defensor oficial”. El jefe interino de los fiscales agregó que “del análisis realizado a ese respecto y en concordancia con lo sostenido por la mayoría del Consejo Evaluador, entiendo que tampoco existen elementos para considerar que esa conducta pueda tener relevancia disciplinaria”.
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La Procuración evitó hasta ahora avanzar en sanciones contra el fiscal Stornelli.
Imagen: Enrique García Medina
Nuevo pedido de juicio político al fiscal que participó de maniobras ilegales con Marcelo D'Alessio
El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli pidió la remoción del fiscal procesado por espionaje ilegal. Página12 confirmó que la secretaría Disciplinaria de la Procuración lo intimó a presentar su descargo.
Por Irina Hauser
La Procuración General abrió una nueva investigación contra el fiscal Carlos Stornelli basada en un pedido del juicio político del senador Oscar Parrilli que reclama su remoción por haber incumplido las obligaciones propias de su función. La denuncia se apoya en la relación de Stornellli con el falso abogado y espía inorgánico Marcelo Sebastián D’Alessio, y advierte que más allá de si cometió o no delitos lo que se debe evaluar es su actuación como fiscal. A través del vínculo con D’Alessio, advierte, se nutría de “informes” que “le reclamaba”, “consentía la realización en su propio interés de cámaras ocultas fuera de cualquier procedimiento regular” y “aceptaba sin ningún cuestionamiento a arrepentidos que eran llevados” por él para declarar luego de hacerlos entrar en pánico para generar maniobras extorsivas. Nada de esto era una colaboración oficial como parte de algún servicio de inteligencia nacional para una causa judicial pero los “aportes” eran utilizados por la fiscalía, advierte el escrito. La Secretaría Disciplinaria intimó ya a Stornelli para que presente un descargo, según pudo confirmar Página/12 por fuentes cercanas al organismo.
En la Procuración existe desde 2019 un expediente administrativo contra Stornelli que apunta a evaluar su conducta en función de los delitos que se le atribuyen en la causa a cargo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Pero esa investigación disciplinaria avanza lentamente porque prima el criterio –que hasta ahora operó como protección del fiscal— de esperar a que el caso avance lo más posible en el plano penal. La Cámara de Mar del Plata confirmó el procesamiento de Stornelli por dos hechos de espionaje, pero para el órgano que nuclea a las/los fiscales –al mando del interino Eduardo Casal—no está firme ya que irá a la Cámara de Casación Penal. Por todo esto es que Parrilli subraya que más allá de los delitos, lo que importa es la conducta de Stornelli en su cargo y en base a eso promueve una nueva acusación y pedido de juicio político, que después de sus explicaciones será analizado por un consejo evaluador de fiscales. Ese cuerpo había decidido abrirle el jury para aplicar la ley de fueros y que compareciera ante los faltazos a la indagatoria durante casi un año y tras la declaración en rebeldía. Apenas enterado Stornelli se presentó a la indagatoria y aquella conclusión quedó sin sustancia. El sumario por la rebeldía terminó sólo en un apercibimiento.
Uno de los puntos del pedido de enjuiciamiento del senador del Frente de Todos señala que el fiscal no podría escudarse en que fue engañado o que no sabía sobre las actividades ilícitas de D’Alessio, como intentó argumentar cierta vez, porque él mismo recibió la denuncia de Pablo Barreiro, ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, quien dijo que se veía “amenazado por D’Alessio y Carlos Liñani” que invocaban el nombre del propio Stornelli para ofrecer le posibilidad de evitar quedar detenido, como su padre, en la causa de los cuadernos. Barreiro, de hecho, era ajeno a esa investigación y terminó sentado en la fiscalía por las advertencias que relató que recibía. Su declaración terminó hecha un bollo en un tacho de basura porque no servía para comprometer a nadie, y nunca se investigó lo que denunciaba. Este hecho forma parte de la ampliación del procesamiento de Stornelli que dictó en octubre el juez Ramos Padilla, y sobre la que también tendrá que dar explicaciones ante la Procuración ya que fue un tema incluido en el expediente administrativo que ya está en trámite. El fiscal “no fue sorprendido en su buena fe”, “al contrario, sabía que se estaba relacionando con un personaje que transitaba la ilegalidad”, dice Parrilli.
La nueva denuncia hace hincapié en situaciones que muestran que el fiscal “consentía” irregularidades que le ofrecía D’Alessio, como hacer una cámara oculta con la promesa de presentarla en la fiscalía a través de un “tercero” lo que a la vez implicaba “un claro fórum shopping”. Uno de los casos por los que fue confirmado su procesamiento fue la planificación de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, que defendía a Oscar Thomas en la causa de los cuadernos, a quien querían hacer aparecer en alguna transacción irregular. El propio Stornelli le pidió, además, al falso abogado, información sobre Jorge Castañón, ex marido de su actual pareja, y aceptó el ofrecimiento adicional de plantarle droga en su valija. Castañón es piloto y la intención era generarle alguna complicación legal en su viajes.
El pedido de juicio político transcribe algunos de los diálogos entre Stornelli y D’Alessio, para mostrar el tenor de la relación y enfatizar que nunca el fiscal se ocupó de verificar tampoco para quién trabajaba D’Alessio, que se decía vinculado con la DEA, la embajada de Estados Unidos y con la Agencia Federal de Inteligencia también. “¿Qué puedo hacer?” preguntaba Stornelli sobre Castañón. “Algo peor”, respondía D’Alessio. “Dame una mano”, le dijo otro día Stornelli. “Obvio, yo lo empomo al abogado que te quiso girar (…) Llego y nos vemos afuera. Dejame que haga lo que te imagines sin qué nadie se de cuenta. Las cosas lindas las hago sin que nadie se entere. Contá 100% conmigo…”. Luego planifican que se encuentran en Pinamar, como efectivamente quedó demostrado al comienzo de la investigación. “Hola Carlos! El martes a qué hora no te parece invasivo para la familia? Así voy a verte a Pina y organizamos lo del abogado hdp que te quiere girar? Yo me adapto!”, y allí fue, con el empresario Pedro Etchebest que luego lo denunció. Sobre el modo en que le llevaba arrepentidos: “Mañana voy a hacer que se arrepienta un actual director de una residual de PDVSA, q sigue operando en el país”, anunciaba D’Alessio, y explicaba que primero lo llevaba a una entrevista con el periodista de Clarín Daniel Santoro y “el lunes te lo siento para tu primer testimonial”.
“El vínculo de Stornelli con D’Alessio no fue circunstancial ni ocasional. Tampoco fue personal o privado. Fue un vínculo a partir de su trabajo como fiscal federal, que se consolidó a partir de un intercambio que incluyó pedidos de información por parte del fiscal, encuentros en la fiscalía y en la playa, mensajes a cualquier hora y diálogos sobre temas diversos que evidencian, cuanto menos, una gravísima irresponsabilidad funcional por parte de Stornelli y, cuanto más, su participación en maniobras extorsivas”, plantea la denuncia. El juez Ramos Padilla señaló en una de sus resoluciones que entre Stornelli y D’Alessio había más de 100 páginas de conversaciones por mensajes entre principios de diciembre de 2018 y comienzos de febrero de 2019, cuando el segundo fue detenido. Algunos días los chats se extendían durante horas.
La causa penal está casi terminada, sólo falta que revise más procesamientos la Cámara de Mar del Plata, que hasta ahora se movió con notable parsimonia, muy similar a la que aplicó la Procuración y que hasta ahora dio cierta tranquilidad a Stornelli.
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Las conclusiones de la Bicameral de Inteligencia propician que la Cámara baja revise el proyecto del ministerio público y le asigne las escuchas a la procuración y disuelva ese engendro de la dirección de delitos complejos creada por la Corte
— Andy Tow (@andy_tow) December 30, 2020
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El proyecto que modifica la Ley del Ministerio Público cambia las mayorías necesarias en el Senado para elegir al procurador general de la Nación y al defensor general, eliminando los dos tercios por la mayoría absoluta de los integrantes de la cámara alta.
El proyecto propone que el Senado de la Nación juzgará en juicio público al procurador o procuradora general de la Nación acusado por la Cámara de Diputados.
El proyecto propone que el Senado de la Nación juzgará en juicio público al procurador o procuradora general de la Nación acusado por la Cámara de Diputados.
A continuación, los principales puntos de la reforma:
-Se dispone que la relación del Ministerio Público Fiscal de la Nación con el Poder Legislativo será por intermedio de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación.
- El informe que debe el Ministerio realizar de lo actuado por los órganos bajo su competencia deberá ser fundamentado públicamente por el procurador o procuradora general en sesión especial, alternándose cada año su presentación entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
-Se dispone que la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación evaluará el informe presentado y emitirá las recomendaciones que estime corresponder.
-Se disminuye de 5 a 2 años el término por cual pueden ser nuevamente designados los magistrados y magistradas una vez que alcancen la edad de 75 años.
-Se establece que el procurador o procuradora general de la nación dura en sus funciones cinco años, pudiendo ser nuevamente designado en forma consecutiva por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con nuevo acuerdo del Senado.
-El Procurador General de la Nación al momento de su designación no podrá superar los 75 años de edad.
-Se dispone que el procurador o procuradora general de la Nación sólo puede ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones. El proceso de remoción podrá iniciarse por decisión fundada del Poder Ejecutivo Nacional comunicada a la Cámara de Diputados, o a solicitud de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados.
-En ambos casos, para la acusación ante el Senado de la Nación, se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.
-Asimismo, se establece que el Senado de la Nación juzgará en juicio público al procurador o procuradora general de la Nación acusado por la Cámara de Diputados.
-Se dispone que para la remoción del procurador o procuradora general de la Nación se requiere el voto de la mayoría de los dos tercios (2/3) de los miembros del Senado de la Nación.
-El Senado de la Nación podrá suspender al procurador o procuradora general de la Nación del ejercicio del cargo, mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.
-Los demás magistrados y magistradas que componen el Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán ser removidos de sus cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
-El Tribunal de Enjuiciamiento será presidido por uno de los vocales en representación de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público propuesto por la mayoría de esa comisión parlamentaria.
-En ningún caso los integrantes del Ministerio Público Fiscal podrán requerir tareas o funciones de investigación criminal a los organismos de inteligencia.
-Se añaden la perspectiva de género y el federalismo a la enumeración de los principios bajo los cuales debe ejercer sus funciones el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
--Se establece que el procurador o procuradora general de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros.
-La postulación y designación del candidato no podrá realizarse durante el año electoral en el cual se elijan presidente o presidenta de la Nación.
-En caso de licencia, recusación, excusación o impedimento del procurador o procuradora general de la Nación, las funciones y atribuciones previstas en la ley serán ejercidas interinamente por un fiscal coordinador de distrito, o por un fiscal general con más de 10 años de antigüedad en el cargo.
-En caso de vacancia o licencia, las funciones y atribuciones previstas en esta ley serán ejercidas interinamente por un procurador o procuradora fiscal o un fiscal coordinador de distrito con más de diez años de antigüedad, elegido por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación.
-Se elimina a la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional del listado de procuradurías especializadas con las que cuenta la Procuración General de la Nación. Se añaden la de Recursos de la Seguridad Social, la Procuraduría contra las violencias de Género y la de Defensa del Medio Ambiente y Biodiversidad.
-Se establece que el procurador o procuradora general de la Nación podrá disponer por resolución la creación de procuradurías especializadas, dentro del ámbito de la Procuración General, cuando la política de persecución penal pública y el interés general de la sociedad así lo requieran, establecer sus alcances y organización interna, como así también sus modificaciones o disoluciones.
- Se dispone que, previo a la creación de cada dirección general -órganos encargados de las tareas auxiliares y de apoyo del Ministerio Público Fiscal- el procurador o procuradora general de la Nación deberá remitir a la Comisión Bicameral el proyecto de resolución.
-Se dispone que los recursos del Tesoro nacional se conformarán con el equivalente a 0,95% de los recursos tributarios y no tributarios de la administración central. A dicha alícuota se le adicionará el aporte que anualmente incluya el Poder Ejecutivo nacional en el Presupuesto General de la Administración Nacional de acuerdo con el presupuesto preparado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
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