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miércoles, 20 de enero de 2021

DESCOLONIZAR: LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS, por Luis Arias (para "Nac&Pop" del 18-01-21)



La diferenciación racial ha sido determinante en la configuración de la desigualdad y la pobreza del continente

La reacción de Axel Kiciloff frente a la nota publicada recientemente por el periodista Pablo Sirvén en el periódico “mitrista” (nada es casualidad), pone en debate una vez más, la cuestión de la centralidad “porteña” (término que admitimos por mera convencionalidad) que ya había sido motivo de tensiones en el debate presupuestario para el corriente año.


Por Luis Arias *

NAC&POP

18/01/2021

No es ocioso recordar de vez en cuando que el centralismo de la Ciudad de Buenos Aires, es la réplica vernácula del eurocentrismo o la hegemonía anglosajona encarnada en las élites porteñas, como rasgos distintivos de nuestra colonialidad.


Sin embargo, ese dominio territorial, de profundas raíces históricas y culturales, no constituye una mera cuestión geográfica, sino que ha servido para legitimar la desigualdad económica y social de los sectores relegados o marginados.


En todo caso, es una cartografía social, étnica, económica y distributiva.


Es un hecho conocido que nuestra Constitución Nacional promovió la inmigración europea, desdeñando a los pueblos y naciones que habitaron ancestralmente el territorio del Estado –incluso a los propios mestizos criollos-, convirtiéndolos en extranjeros dentro de su propia tierra.


Se estableció así, la primera demarcación cartográfica que permitió extender, legitimar y legalizar, con rango constitucional, la colonización europea que había comenzado, con lo que ellos mismos denominaron el “descubrimiento” de América.


Los criollos descendientes de aquellos “colonizadores” reafirmaron esa condición identitaria, asumiendo la misma perspectiva etno/eurocentrista, frente a los habitantes de América a quienes consideraron como una raza inferior, portadora de una cultura imperfecta que debía suprimida y suplantada por otros valores superiores identificados con la civilización europea que quedaron plasmados en nuestra Constitución.


Fueron esas representaciones sociales y culturales las que inspiraron sin duda alguna, el pensamiento de Alberdi plasmado en las siguientes líneas:


“¿Queremos plantar y aclimatar en América la libertad inglesa, la cultura francesa, la laboriosidad del hombre de Europa y de Estados Unidos?


Traigamos pedazos vivos de ellas en las costumbres de sus habitantes y radiquémoslas aquí.


¿Queremos que los hábitos de orden, de disciplina y de industria prevalezcan en nuestra América?


Llenémosla de gente que posea hondamente esos hábitos.


Ellos son comunicativos; al lado del industrial europeo pronto se forma el industrial americano.


La planta de la civilización no se propaga de semilla.


Es como la viña, prende de gajo.”


Incluso, alguno de los miembros del Congreso General Constituyente de 1853, propiciaron directamente el exterminio de los pueblos indígenas, conforme surge de las declaraciones del convencional Seguí plasmadas en el Acta del Debate.


Es por ello que la segregación interior, tan cruel como violenta, fue muy diferente al trato preferencial conferido a los europeos que llegaron a nuestras tierras procurando una mejor vida, al influjo de las ideas europeístas pregonadas por la generación del 37 que inspiró el art. 25 de nuestra C.N., cuyo texto impuso al Gobierno Federal la obligación de fomentar la “inmigración europea”.


Así, la suerte de los inmigrantes de los pueblos no europeos que llegaron a la Argentina desde el mismo hemisferio sur, no ha sido muy diferente –en términos generales- a la situación social de la mayoría de otros grupos vulnerables, delimitados por un conjunto de fronteras sociales, ligadas a la pobreza, la segregación social, racial y urbanística.


Tampoco difiere demasiado la situación de los grupos humanos que se desplazaron desde el norte argentino hacia las grandes metrópolis, respecto de la inmigración boliviana, paraguaya o senegalesa que también salieron de sus tierras para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país.


La mayoría de ellos, terminan compartiendo idénticas penurias, en el mismo lado de la línea divisoria.


En ocasiones, esos límites interiores, no son meros trazos imaginarios, sino que se yerguen como verdaderas fronteras.


Tal es el caso del muro construido en el límite entre los Municipios de San Isidro y San Fernando en 2009, erigido con la finalidad segregar a los vecinos de esta última comuna; o los countries y barrios cerrados construidos para generar espacios exclusivos de convivencia, alejados de quienes se considera indeseables.


El sesgo racial en la conformación de la sociedad americana, según lo antes expuesto, adquiere entonces, inmensa relevancia para la delimitación de esas fronteras interiores que, en nuestras tierras, suelen estar mejor trazadas que los límites externos de nuestra Nación.


Desde esta perspectiva, no resulta extraño que el centralismo eurocéntrico de los “porteños”, representado en este caso por el periodista en cuestión, vincule a la Provincia de Buenos Aires con el continente africano, replicando el mismo sentimiento segregacionista de los países del norte respecto de las pieles pigmentadas que habitan al sur del Mediterráneo.


No es una expresión inocente, sobre todo teniendo en cuenta las tremendas y temibles consecuencias que acarrea esa afirmación, a tenor de los hechos suscitados en el mal denominado “viejo continente” frente a la inmigración africana.


Porque fueron esos mismos europeos colonizadores quienes codificaron como “color” los rasgos fenotípicos de los colonizados.


Los dominantes se llamaron a sí mismos “blancos”.


Porque la idea de raza fue, como vimos anteriormente, la línea demarcatoria fundante de la juridicidad que terminó legitimando las relaciones de dominación impuesta por la “conquista”.


La expansión de colonialismo europeo en el mundo, llevó a la elaboración de la perspectiva eurocéntrica de conocimiento.


Se elaboró teóricamente la justificación de la idea de raza como naturalización, basada en la superioridad/inferioridad entre dominados y dominantes, siendo esto un instrumento perdurable y eficaz de dominación social.


Esa misma cultura euro/etno/centrista, es la que ofrece resistencia a las migraciones no europeas que llegan en oleadas a ese continente.


Y es esa misma frontera racial y social la que impulsa a los americanos descendientes de europeos, a expulsar a los inmigrantes latinoamericanos de ciertos países que integran su propio continente.


Esa diferenciación racial ha sido determinante en la configuración de la desigualdad y la pobreza del continente, en tanto ha servido para justificar de la apropiación sangrienta e ilegal de los recursos naturales y el despojo de los territorios indígenas por parte de los conquistadores europeos y sus descendientes que desplazaron a los pueblos indoamericanos de sus posesiones.


En efecto, poco tiempo después de la conquista el monarca europeo convirtió en «bienes realengos» la tierra indígena del norte argentino, confiriendo al rey la potestad de otorgarla en señorío, por merced o venta a un noble o eclesiástico.


El resto de las tierras fueron objeto de usucapión, o directamente usurpadas por los mismos españoles, mientras que otras, una vez perpetrado el despojo por parte del Estado argentino, fueron entregadas a través de la confirmación de títulos precarios, que en su mayoría remiten al período colonial. En la zona sur del país, la “Ley Avellaneda” (Ley 817 de 1876) la “Ley de Liquidación” de 1891, la “Ley de Remate Público” de 1882 y la denominada “Ley de Premios Militares”, permitió distribuir más de treinta tres millones de hectáreas de los Territorios Nacionales, que habían pertenecido a los pueblos indígenas de la Argentina.


La línea demarcatoria para la distribución de la tierra, obedeció cuestiones meramente étnicas, confiriendo a los europeos de raza blanca (españoles al norte y británicos al sur) la tierra ocupada ancestralmente por los indígenas locales.


Esas líneas no fueron ficticias, pues constituían verdaderas fronteras internas.


Basta recordar sino, la conocida “Zanja de Alsina” que, en Julio de 1877, con más tres metros de profundidad, alcanzó una extensión de 374 kilómetros (aunque estuvo ideada para más de 600), construida para proteger a “la civilización” del avance indígena que pretendía recuperar sus dominios.


En el sur, el etnocidio no se produjo solamente a consecuencia de la conquista del desierto, sino por acción de los buscadores de oro y estancieros de la Patagonia, con la anuencia del Estado argentino.


De modo que la cuestión medular en la disparidad jurídico-constitucional de las migraciones, fue sin duda alguna el fenómeno racial que también incidió en la distribución de los recursos económicos asignados al “blanco” europeo, a costa de sangre y fuego contra los pueblos amerindios sometidos o exterminados.


Sin embargo, la estigmatización fenotípica, así como los conflictos etno-territoriales siguen provocando migraciones y desplazamientos en la actualidad, a partir las actividades extractivas, como la minería, la producción gasífero-petrolera, la explotación forestal, la expansión de las fronteras agrícolas o la explotación turística, convirtiendo a América Latina en la región más desigual del mundo en cuanto a la distribución de la tierra.


En las periferias urbanas, esos desplazamientos forzosos se verifican en forma de desalojos masivos de asentamientos precarios, producidos en gran parte por la presión inmobiliaria; situación que he tenido la oportunidad de verificar en múltiples intervenciones judiciales.


Según el informe de OXFAN, una de cada tres hectáreas que se entregan en concesión para la explotación minera, petrolera, agroindustrial y forestal en América Latina pertenece a pueblos indígenas, cuyo derecho a decidir sobre sus territorios apenas existe en el papel, pues en la práctica la inmensa mayoría de las inversiones son impuestas a las poblaciones afectadas.


En la Argentina, el 84% de las concesiones para cultivar soja se hicieron en territorios indígenas, persiguiendo y criminalizando a las comunidades indígenas y campesinas que defienden la tierra y los recursos naturales.


Es que, muchos de los prejuicios, valoraciones y representaciones sociales de los siglos precedentes aún perduran y emergen en el texto de la actual legislación argentina, como sucede con del Decreto 820/2016 (inexplicablemente vigente), que modificara la Ley 26.737 de Tierras Rurales, permitiendo una enorme concentración de tierras a manos de “inversores” extranjeros; o con el Decreto 70/2017 que modificó La Ley 25.871, cuya inconstitucionalidad fue declarada el 22/03/2018 por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal por el carácter discriminatorio de la medida.


En la puja por la distribución/apropiación de los recursos, la línea divisoria sigue vinculada los rasgos fenotípicos indoamericanos presentes en la mayoría de los habitantes de la Argentina y de Latinoamérica.


Aunque en el Censo Nacional de 2010, sólo el 2,38% de la población se reconoció como perteneciente a alguna comunidad originaria, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires, reveló que el 56% de la población argentina tiene antepasados indígenas, cuyos rasgos fenotípicos nos identifica y define como “no blancos”.


Actualmente, las consecuencias del estigma de ser indeseable y pobre en el propio suelo o en tierras lejanas, suelen ser negativas en todo sentido:


La segregación social que exacerba la estigmatización y actitudes sociófugas de evitamiento, alimentando los procesos de fisión social, así como la violencia interpersonal, gestada a partir de aquellas otras violencias simbólicas, estructurales y sistémicas de una comunidad que, paradójicamente se universaliza al influjo de la globalización, aunque se encuentra sumamente fragmentada hacia el interior de sus fronteras.


La segregación urbana que confina a quienes se considera “indeseables”, a vivir en territorios aislados y claramente delimitados, percibidos, desde afuera y desde adentro, como lugares de perdición, que solo frecuentarían los desviados y los desechos de la sociedad.


Esos espacios territoriales, son reconocidos como infiernos urbanos en los que el peligro, el vicio y el desorden están a la orden del día.


Incluso, en algunas ocasiones se les atribuyen los males y peligros que afligen a la ciudad dualizada.


Los efectos de la estigmatización territorial se hacen sentir también a nivel de las políticas públicas.


Desde que un lugar es públicamente delimitado cartográficamente como una «zona de no derecho» y fuera de la norma, resulta fácil para las autoridades justificar medidas excepcionales, colocando a los barrios marginados bajo el control y la presión de las fuerzas de seguridad que, en ocasiones y por esa misma razón, terminan siendo principales aliados de las autoridades políticas.


Es difícil vislumbrar un mundo sin fronteras físicas y sociales.


Sin embargo, sí es posible desarrollar, como punto de partida, una conciencia nos permita enlazar vínculos con el “otro” en un plano de auténtica igualdad, a partir de una actitud espiritual de alteridad, que permita comprender y abarcar lo diverso.


Desde ese punto de partida, es necesario recomponer nuestra identidad reconociendo que somos parte de un pueblo con una historia mucho más extensa y rica que el reciente proceso de dominación imperial, donde la América mestiza, al igual que otros pueblos del sur –incluido el continente africano- tiene mucho que ofrecer al mundo, más allá de sus riquezas naturales.


Por eso, la descolonización económica, social y cultural, parafraseando al periodista en cuestión, es “la madre de todas las batallas”.


LA/


NOTA DE LA NAC&POP: Luis Federico Arias (La Plata, 5 de abril de 1965) es un político y jurista argentino. Graduado de la carrera de Abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en 1992, donde también obtuvo el título de Especialista en Derecho Administrativo y cursó el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Fue titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del departamento Judicial La Plata desde 2003 hasta que fue destituido por un jury en agosto de 2018.MG/N&P/


Publicado en:

https://nacionalypopular.com/2021/01/18/descolonizar-la-madre-de-todas-las-batallas/

domingo, 6 de septiembre de 2020

PABLO DUGGAN: "Promoviendo escraches y violencia"










Publicado en:
https://twitter.com/pabloduggan/status/1302228202681700352?s=08

martes, 19 de mayo de 2020

El primer juez que falló contra los tarifazos del macrismo podría ser restituido en su cargo, por Sofía Caram (para "Página 12" del 18-05-20)


La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires abrió la puerta para la restitución del juez Luís Arias.  

Se trata de Luis Arias

La Suprema Corte bonaerense anuló una resolución del Jurado de Enjuiciamiento que le había denegado un recurso que impulsó el magistrado para recuperar el puesto perdido durante el gobierno de Macri. Arias habló con Página 12. 

Por Sofía Caram


La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires abrió la puerta para la restitución del juez Luis Arias. Es porque anuló una resolución del Jurado de Enjuiciamiento que le había denegado un recurso que impulsó el magistrado para recuperar su cargo.

Arias fue desplazado del Juzgado Contencioso Administrativo número uno de La Plata en mayo de 2018, tras una denuncia del actual procurador provincial y ex funcionario del Gobierno de María Eugenia Vidal, Julio Conte Grand. Se trata del primer magistrado que falló en contra de los tarifazos de luz.

Como parte del camino legal para revocar su destitución, el juez Arias había presentado un recurso de queja ante el Jury que lo sancionó hace dos años. El Cuerpo le había denegado el planteo, pero la Corte lo habilitó, por lo que quedó suspendido el desplazamiento y el magistrado quedó en condición de suspendido, mientras se resuelve la cuestión de fondo.

De esta manera, el fallo declaró “la nulidad de la resolución que denegó los recursos extraordinarios articulados por Luis Federico Arias", estableció que se notifique "a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires para que, con carácter de urgente, disponga de lo necesario para que por quien corresponda se dicte una nueva decisión”.

En diálogo con PáginaI12, Arias afirmó que “lo que hicieron fue oprobioso. Me inventaron 21 cargos por decisiones jurisdiccionales, todas protectorias de derechos fundamentales, sobre personas privadas de su libertad, personas indigentes y sobre la inundación de la Plata”. Según dijo, el juzgado a su cargo “estaba absolutamente al día” y no había atrasos en las causas ni denuncias de particulares. “No había ninguna falta”, aseguró. Por ese motivo su principal argumento para lograr revocar la remoción es que la sanción fue aplicada en base al contenido de sus fallos, que no pueden ser sometidos a juzgamiento.

Arias fue el primer juez que hizo lugar a una medida cautelar que suspendió uno de los aumentos de tarifas de luz establecidos por el macrismo. Entre otras de sus resoluciones, respaldó con sus fallos a los docentes y a los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires que estaban en conflicto con la gestión de Vidal y se expidió en contra del DNU que derogó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Para el magistrado, su desplazamiento fue consecuencia de una persecución en su contra por lo que accionó el camino legal en la Justicia argentina y ante la Organización de Naciones Unidas, con el respaldo del Cels y la Comisión Provincial por la Memoria. “Lo vamos a seguir hasta las últimas instancias. No solo por una cuestión personal, sino para que no sucedan más este tipo de atropellos”, expresó Arias, quien, además, calificó la habilitación del recurso por parte de la Corte como un “avance” y “un paso muy importante”.

El jury que lo destituyó en medio de fuertes presiones mediáticas y del Poder Ejecutivo, estuvo integrado por Julio Pettigiani, ex presidente de la Suprema Corte bonaerense; Jorge D’Onofrio, Diputado del Frente Renovador; Walter Carusso, Diputado de Cambiemos; Roberto Costa, Senador de Cambiemos; los abogados Fabián Ramón González, Diego Alejandro Molea, Osvaldo Enrique Pisani, Luis Bottarini y José Alberto Apaz San Martín y los legisladores Santiago Révora, de Unidad Ciudadana y Pablo Garate, del Frente Renovador, que votaron en contra de la sanción.

Según había argumentado Arias, la propia Corte bonaerense “posibilitó que las decisiones finales del Jurado de Enjuiciamiento sean recurribles mediante la articulación de los recursos extraordinarios contemplados en la Constitución provincial”. Por ese motivo, los jueces Fernando Luis María Mancini, Ricardo Borinsky, Víctor Violini, Daniel Alfredo Carral y Ricardo Maidana hicieron lugar al recurso de queja y allanaron el camino para que Arias recupere el cargo.  

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/266648-el-primer-juez-que-fallo-contra-los-tarifazos-del-macrismo-p

domingo, 1 de diciembre de 2019

CENTROS DE TORTURAS EN BOLIVIA, por Alejandra Paredes (para "Infobaires24" del 29-11-19)


por ALEJANDRA PAREDES
29 DE NOVIEMBRE DE 2019

Así lo dijo el secretario general de ATE Capital, Daniel Tano Catalano, quien contó cómo fue la llegada de la delegación a Bolivia donde sufrieron agresiones con la complicidad de la policía y explicó su tarea ante las denuncias de violaciones de derechos humanos.“Fue todo una emboscada. Estaban muy nerviosos con nuestra presencia. Hubo policías de civil esperándonos para agredirnos, y algunos incluso nos pegaron mientras los uniformados miraban. Buscaban la reacción para poder deportarnos“, denunció.
Comentó “el cónsul argentino nos acompañó hasta que pasamos migraciones, pero no estuvo cuando ocurrieron las agresiones. Hay una relación muy precaria con el gobierno argentino”.

Catalano explicó que el objetivo de la delegación es “ser facilitadores para recoger los testimonios y llevarlos a los organismos internacionales. Han desaparecido cuerpos de niños que fueron baleados y denuncian que hay centros de detención donde se tortura”.


Democracias bajo tutela imperial

Como parte de la comitiva que se encuentra en territorio boliviano, también está el ex juez Luis Arias, quien sobre el contexto geopolítico actual, a los medios, dijo: ““la situación de Bolivia demuestra que somos democracias tuteladas por el imperio”, recalcando que “lo que no consiguen a través del engaño, lo procuran por la fuerza; no quieren naciones soberanas y en crecimiento, sino pueblos pobres y sometidos”.
La comitiva ya había sido anunciada en su tarea y finalidad por otro dirigente político, Juan Grabois: “Ante la complicidad de Macri con la dictadura boliviana, dirigentes sociales, académicos, sindicales, ambientales y de DDHH, junto a 10 abogados de organismos, viajaremos a Bolivia para reunirnos con movimientos sociales y familiares de los asesinados, mutilados y desaparecidos”


Por estas horas, argentinos y argentinas, se encuentran desarrollando en La Paz “una agenda de reuniones con instituciones, defensores de los derechos humanos, movimientos sociales, referentes religiosos, familiares y víctimas del Golpe de Estado” tal como lo adelantara el propio Grabois.
En el registro de actividades de la propia delegación argentina, se puede constatar la tarea de índole pacífica y social que llevan adelante en solidaridad con el pueblo boliviano. “Mientras el gobierno de facto nos acusa de terroristas, hemos comenzado lo que vinimos a hacer: tomar testimonio de las diferentes violaciones a los Derechos Humanos que está sufriendo el pueblo boliviano.

VER VIDEO

En la Iglesia San Francisco de Asís se han recibido ya a una centena de bolivianos. Hemos organizado distintos registros en función de la diversidad de casos. Hay un registro que es el de detenidos en unidades judiciales y en cárceles, un registro de heridos y familiares de heridos (tanto hospitalizados como heridos que están en sus casas porque porque son rechazados por el sistema de salud), hay otro registro que es el de familiares de asesinados o desaparecidos y hay otro registro que es el de mujeres que por su condición de mujeres y campesinas e indígenas han sufrido violaciones contra su integridad sexual, amenazas o amedrentamientos. Las entrevistas están coordinadas por abogados y abogadas especializados y las víctimas son asistidas por la comitiva de militantes y referentes derechos humanos y sociales de la delegación” así lo explican en las redes sociales.

Fuentes: Futuro Imperfecto, por Somos Radio AM 530 y Cítrica Radio y redes sociales.

Publicado en:
https://www.infobaires24.com.ar/centros-de-torturas-en-bolivia/

sábado, 30 de noviembre de 2019

Los integrantes de la delegación argentina en Bolivia cuentan el horror que registraron, por "Página 12" del 30-11-19


La comisión recogió testimonios de víctimas y familiares. 
Imagen: Pablo Añelli

Recogieron testimonios de desapariciones, asesinatos, violaciones. Y fueron amenazados por el gobierno de facto

"Abrieron la caja de pandora y salió el odio", grafican. El ministro de Gobierno Arturo Murillo, los amenazó públicamente: "Anden con cuidado, los estamos vigilando".


"Este gobierno ha desatado un odio racional enorme. Abrieron la caja de pandora y salieron mil demonios que se están expresando en situaciones de profunda violencia", dice el jurista Luis Arias, uno de los integrantes de la comitiva argentina que viajó a Bolivia. El jueves, un grupo de cuarenta dirigentes sociales y de derechos humanos arribó al país vecino con el objetivo de elaborar un registro de las muertes y abusos sufridos por la población desde que se consumó el golpe de Estado contra Evo Morales. Desapariciones, asesinatos, detenciones arbitrarias, violaciones, torturas y hospitales que se rehusan a atender a los heridos de la represión fueron algunos de los hechos registrados durante la primera jornada de trabajo. Fueron retenidos y patoteados en el aeropuerto. Luego el ministro de Gobierno de Añez, Arturo Murillo, salió a amenazarlos públicamente: "Anden con cuidado, los estamos vigilando".


Desde el momento que pisó el suelo boliviano, la comitiva -compuesta por Juan Grabois (CTEP), el abogado Roberto Carlés, Pablo Pimentel y Mauricio Rojas (APDH), Victoria Freire (Observatorio de Género y Políticas Públicas de la Ciudad), Daniel Catalano (ATE), Marianela Navarro (FOL), Sergio Smietniansky (CADEP), entre muchos otros y otras - debió enfrentarse a los ataques, amenazas y recelos del gobierno de facto de Jeanine Añez. El jueves a la noche, los integrantes de la delegación arribaron al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, para hacer combinación con otro avión a La Paz. Al llegar, la policía boliviana los retuvo, los separó del resto de los viajantes e identificó, por nombre y apellido, a 12 de los integrantes de la comitiva y los llevó a otra habitación para hacerles unas preguntas. "Nos estaban esperando", aseguró Carles y agregó: "Seleccionaron a las personas cuyos nombres habían aparecido en la prensa y los sometieron a un interrogatorio". "Nos empezaron a preguntar por nuestro recorrido en el país, a dónde ibamos a ir y a quién ibamos a visitar. Nos trataron con mucha hostilidad y después de unas horas nos dejaron ir", detalló Arias, que se encontraba en este grupo.

De camino a la zona de embarque, fueron interrumpidos por una patota de diez personas vestidas de civil. "No sabíamos si eran fuerzas de choque o gente vinculada a Luis Fernando Camacho. Nos empezaron a insultar, a amenazar, a preguntarnos qué hacíamos en Bolivia. Nos llamaban 'gauchos comunistas' y 'homosexuales'. Hacían referencia a los cartoneros, estaba claro que querían hacernos saber que sabían quiénes eramos y provocarnos para que reaccionásemos. El lugar estaba desierto: habían liberado la zona", narró Carlés. En un momento, empezaron a empujarlos y golpearlos, y el Secretario General de ATE, Daniel Catalano, ligó una patada. "Por los borcegos que usaron suponemos que eran fuerzas policiales de civil. Mientras tanto, la policía uniformada estaba al lado presenciando todo el hostigamiento y no hacía nada", precisó Catalano.

Tras este recibimiento, desde el gobierno de facto hubo otro más preocupante: "Anden con cuidado, los estamos vigilando", les dijo el ministro de Gobierno a través de declaraciones a la prensa, calificándolos como "esos extranjeros que están llegando para tratar de incendiar el país". “El primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo o sedición se la van a ver con la policía", amenazó. Luego de estas declaraciones, algunos de los integrantes de la comitiva visitaron la embajada argentina en Bolivia para pedir protección; les concedieron unos autos para trasladarse. "Estamos completamente vigilados todo el tiempo", aseguró Carlés.

A pesar de estos inconvenientes, la delegación continuó con la agenda y pasó el día entero en El Alto recopilando testimonios de familiares de víctimas que sufrieron en carne propia las violencias ejercidas por las fuerzas de seguridad. "Las historias son aterradoras", contó Arias a Página/12. Existen denuncias de desapariciones, detenciones arbitrarias - entre las que se encuentra el caso de tres jóvenes con síndrome Down -, torturas a niños y niñas, asesinatos como producto del accionar represivo de las fuerzas policiales, heridos por bala de plomo, incendios, ente otros. 

Gran parte del relevamiento se realizó en la Iglesia San Francisco de Asís, lugar donde habían sido velados los muertos producidos por la represión en Senkata. "La situación es muy terrible, las familias denuncian no ser atendidas en los hospitales. Muchos de los heridos están en las casas porque cuando asisten a los hospitales les arman causas por terrorismo y sedición", indicó Marianela Navarro, delegada del Frente Organizaciones en Lucha. Según la comisión, no son sólo las fuerzas de seguridad quienes están atacando a la población, sino que hay numerosas instituciones que también están reproduciendo el odio racista que atraviesa la violencia del gobierno de facto. "Los hospitales públicos no quieren atender a los heridos y la defensorías oficiales no quieren defender a las víctimas. Existe un profundo odio racial que se dirige especialmente contra los sectores más vulnerables y las mujeres", precisó Arias.


La comisión identifió, además, que existe un profundo ensañamiento contra las "mujeres de pollera". Se han registrado numerosos casos de violaciones y agresiones sexuales contra mujeres y niñas indígenas, atacadas en vida y luego de su muerte. A su vez, han existido denuncias que aseguran haber visto cuerpos mutilados y desmembrados. 

"La gente está muy necesitada de que la escuchen, de que el mundo sepa la verdad de lo que está sucediendo, porque acá hay un enorme silenciamiento", dijo Arias, haciendo referencia al silencio de los medios de comunicación bolivianos, que cumplieron un rol importante en la legitimación del gobierno de facto. "Nos piden ayuda, nos piden justicia. Lo que ellos han sufrido ha sido prácticamente ignorado por la comunidad internacional. Y se sienten solos", finalizó Carlés.

Informe: María Cafferata

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/233914-los-integrantes-de-la-delegacion-argentina-en-bolivia-cuenta

sábado, 27 de julio de 2019

Arrestan a un candidato policías de civil sin orden judicial, basados en escuchas ilegales, por "Página 12" del 26-07-19


El ex juez compite en la interna del Frente de Todos en La Plata.  
Imagen: Twitter Luis Arias

El ex juez Luis Arias denunció persecución política en La Plata 


El ex juez Luis Arias, uno de los precandidatos a la intendencia de La Plata por el Frente de Todos, denunció a través de Twitter la persecución que sufrió uno de sus compañeros de lista, Walter Sueiro, candidato a concejal suplente, quien fue visitado en su casa por cuatro personas de civil que le dijeron que se llevarían su celular y que debía acompañarlos a la Departamental.

“Frente a tamaña situación, se les pidió la identificación y orden judicial correspondiente y los presentes dijeron que eran empleados de la Fiscalía y que la orden judicial se la exhibirían en la DDI”, contó Arias. Ante los hechos, mientras la familia de Sueiro radicó la denuncia en una comisaría, el ex magistrado llamó al fiscal de turno, Álvaro Garganta.






Luis Arias
@LuisFedeArias


Según su relato, Garganta le respondió que “la Fiscalía no realiza diligencias fuera del horario judicial", pero frente a su insistencia reconoció que "posiblemente hayan sido policías de civil”. ¿El motivo del procedimiento? “Walter envió un mensaje de WhatsApp a vendedores ambulantes, siendo agente de control urbano de la Municipalidad”. Garganta se comprometió a llamar a la DDI.

Poco después, Garganta llamó a Arias y le dijo que Sueiro ya estaba en libertad, y que se lo investigaba por “un posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de ese mensaje telefónico”.

Arias inquirió, entonces, cómo se habían enterado del mensaje y Garganta admitió “la posibilidad de una intervención telefónica a los manteros y vendedores ambulantes”.

La situación no parece ser un hecho aislado. “Esto ocurre sólo dos días después de haber detenido a otro integrante de la lista y a otros compañeros por haber grabado el abusivo accionar de la policía contra los manteros”, denunció Arias en Twitter. 

“No tenemos duda alguna de que estamos frente a una persecución política contra los integrantes de nuestro espacio (tres detenciones absolutamente ilegales en tan sólo dos días, sin motivo alguno)”, advirtió.

Arias consideró “una verdadera provocación” lo ocurrido, y denunció que “estamos ante la presencia de escuchas ilegales, puesto que la venta ambulante no es un delito, sino una contravención. Tan ilegal como la diligencia en la casa de Walter, llevada a cabo por policías de civil y sin orden judicial”. 


Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/208438-arrestan-a-un-candidato-policias-de-civil-sin-orden-judicial

martes, 9 de abril de 2019

LUIS ARIAS: "Cuando Ramos Padilla termine de desentrañar el ovillo, en el otro extremo va a aparecer la figura de Macri", por Enrique de la Calle (para "Agencia Paco Urondo" del 05-04-19)


El ex juez Luis Arias analizó el escándalo judicial que involucra a espías, operadores judiciales, fiscales, jueces y periodistas. Arias fue destituido por diferentes decisiones que molestaron a los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. 


Por Enrique de la Calle

APU: ¿Le sorprende todo lo que se va conociendo del escándalo que desató la detención de Marcelo D'Alessio, y que tiene que ver con un entramado mafioso que vincula a servicios, funcionarios judiciales y sectores de la prensa?

Luis Arias: Me provoca cierta gratificación que la opinión pública empiece a conocer estas cosas. No sólo las conocía sino que las padecí. Fui víctima de esos poderes que operan en las sombras. Hablamos de medios de comunicación poderosos, servicios, sectores de la policía Bonaerense (hay dos ex comisarios implicados). Me costaba poder explicar la existencia de esos poderes corporativos. Este gobierno ha hecho de esta lógica una política de Estado. No hay que olvidar el vínculo del propio Mauricio Macri con el espionaje ilegal. Tuvo una causa judicial en su contra por espionaje. El presidente debe estar preocupado. Por eso, pide el juicio político del juez Alejo Ramos Padilla. Estoy seguro que cuando Ramos Padilla termine de desentrañar el ovillo, en el otro extremo va a aparecer la figura de Macri. 

APU: Ayer, las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, se presentaron ante el Congreso. Según trascendió, reconocieron que dos agentes de la AFI visitaron al juez que seguía una causa contra Pablo Moyano. ¿Es normal ese procedimiento, que agentes de la AFI visiten a un juez?

LA: Es un delito eso. No se puede querer influir sobre un magistrado. Es muy grave. Impacta sobre la división de poderes, al querer incidir sobre la decisión de la Justicia. 

APU: ¿Existe algún contexto legal por el cual dos agentes de la AFI podrían visitar a un juez?

LA: En ningún contexto, un agente de la AFI puede visitar a un juez, excepto que vaya como testigo. Es decir, puede ir en el contexto de un acto procesal (declarar como testigo o como imputado). No puede ir a su despacho a charlar con él. Un ciudadano le puede pedir una audiencia a un juez por algún tema. Pero no un servicio de inteligencia. Seguramente buscaron condicionarlo. 

APU: Antes de que sea público su nombre: ¿Había escuchado hablar en los pasillos de Marcelo D'Alessio?

LA: No conocía a los actores, pero sí la metodología. Claramente. No me resulta ajena. Sabía que era así. Siempre tuve la impresión de que la Justicia Federal es extorsiva. Lo viene arrastrando desde hace muchos años. Con este Gobierno, esta metodología se volvió una práctica política. Al respecto, te agrego algo que sufrí yo mismo cuando me echaron como juez. En diciembre de 2015, saqué una resolución frenando un decreto de Macri sobre la ley de Medios. Una medida que incluso fue ratificada por la Cámara. Después de eso, Clarín publicó una nota que decía algo así como "los jueces y fiscales que más molestan al Gobierno". En primer lugar, estaba mi foto. Lo que me sorprendió porque soy un juez provincial. Después lo entendí con mi destitución. Fue un mensaje mafioso del Grupo Clarín. Lo cuento para entender cómo operan estos poderes corporativos, como una mafia. 

Publicado en:
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/cuando-ramos-padilla-termine-de-desentranar-el-ovillo-en-el-otro-extremo-va-aparecer-la

domingo, 3 de febrero de 2019

Luis Arias, “ahora el usuario subsidia a las empresas energéticas”, por "En Orsai" del 02-02-19


Luis Arias, “ahora el usuario subsidia a las empresas energéticas”


Diálogo con el exjuez platense hizo hincapié en “las inmensas ganancias de las empresas”. Abordó el fallo CEPIS, del que recalcó “la necesidad de limitar los aumentos tarifarios” y enfatizó: “Los servicios deben ser reconocidos como un derecho humano”.

El nuevo aumento en la tarifa eléctrica, que se implementó este viernes mediante la Resolución 366/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación, ya genera un profundo rechazo en la sociedad argentina, y quien ha elevado la voz es un incansable militante en lo que a rechazo de voraces incrementos refiere: el exjuez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias.

Sobre el aumento aplicado por el Ejecutivo en el costo de la electricidad mayorista (MEM), que habilitó a las distribuidoras del servicio de electricidad Edenor y Edesur a transferir ese aumento de la energía mayorista a los usuarios, Arias apuntó a la necesidad de tener en cuenta el denominado “fallo CEPIS”, que fue producto de la acción iniciada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y que, tras haber obtenido una medida cautelar negativa en primera instancia en La Plata, de parte del juez Federal Alberto Recondo, la Cámara Federal le terminó dando la razón, dictando una medida cautelar suspendiendo el, en ese momento, aumento en la tarifa de gas.

“El fallo CEPIS estableció limites a los aumentos tarifarios; es decir, buscó fijar una verdadera política tarifaria”, sostuvo el dirigente del Frente Patria Grande en diálogo con ANDigital, y remarcó el posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mismo sentido: “Allí se determinó que los aumentos deben ser justos, razonables, no confiscatorios y proporcionales; los servicios son un derecho humano, y deben poder ser pagados por la gente”.

“Si bien todo se originó por la no realización inicial de audiencias públicas, en aquel momento la Corte fue más allá, fijando los límites que debe tener la potestad tarifaria del Estado, y ello no sólo en esta cuestión sino también en materia de desalojos”, aclaró el exmagistrado.

Respecto de esto, invocó la letra del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 11º inciso 1º establece el derecho a la vivienda digna: “Éste no sólo apunta a estar entre 4 paredes, sino a iluminarse, a calentarse cuando haga frío, a tener agua potable y a poder cocinar los alimentos, por ejemplo”.

“Tanto la vivienda como los servicios deben ser asequibles; es decir que deben poder ser pagados por la gente, y este concepto se asocia al de razonabilidad, es decir que las tarifas deben ser justas y razonables”, estimó, y aclaró: “Para decirlo en criollo, se tienen que poder pagar”.

Siguiendo en esta línea, recordó que en Europa se desarrolló el concepto de “pobreza energética”, y que implica que quien paga más del 10 % de su salario en energía es un pobre energético, y en la Argentina el pago de las tarifas representan mas del 30 % del salario, con lo cual nosotros seriamos unos “indigentes energéticos”.

“Al Gobierno nunca le interesó la capacidad de pago del usuario, sino que ha preservado los intereses de las empresas, que han ganado sumas siderales a partir de estos cuadros tarifarios”, recalcó Arias, quien apuntó especialmente a tres empresarios relacionados del sector profundamente relacionados con el Gobierno: Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía; Nicky Caputo, de Central Puerto SA, y Rogelio Pagano, quien controla prácticamente toda la luz de la provincia de Buenos Aires.

“Antes, el Estado subsidiaba a las familias y a la producción nacional, y hoy los usuarios subsidiamos a las grandes empresas energéticas; por eso estas inmensas ganancias de las empresas, cuyos procesos de capitalización de los últimos años se observan con claridad en la información oficial de la Bolsa de Valores”, disparó luego.


Sobre este punto, recordó que entre principios y mediados de 2016 había no menos de 50 jueces trabajando medidas para frenar los tarifazos, y que lo sucedido a la jueza Federal de San Martín Martina Fons –a quien le colocaron una granada de fabricación militar en las inmediaciones de su domicilio y a su esposo lo echaron de la administración pública nacional–, y a él mismo –destitución vía jury–, “se disciplinó a tal punto que hoy por hoy nadie está accionando, ningún juez quiere tomar este tipo de casos”.

Antes de terminar, Arias fue crítico en el “fallo CEPIS” de la Corte Suprema, en cuanto a que “el grave error es que sólo amparó con su decisión a los usuarios residenciales, dejando afuera los comercios, las industrias, las fábricas recuperadas, las cooperativas, las pymes y las asociaciones civiles, como los clubes de barrio... en definitiva, esto es una masacre social por goteo”. (ANDigital)

Publicado en:
http://www.enorsai.com.ar/politica/26513-luis-arias--ahora-el-usuario-subsidia-a-las-empresas-energeticas.html

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lunes, 20 de agosto de 2018

LUIS ARIAS: “Fue una decisión tomada por el Ejecutivo”, entrevista de Ailin Bullentini para "Página 12" del 20-08-18

Arias sostiene que el jurado lo destituyó por “criterios judiciales”, vulnerando sus atribuciones. 
Imagen: NA

Entrevista a Luis Arias, el juez de La Plata removido por el oficialismo

“Me consideraron un juez molesto por ponerles un freno a los tarifazos, por defender el salario y el derecho a huelga de los docentes”, dice Arias, para quien “estamos ante un gobierno que exhibe un autoritarismo nunca visto en esta nueva etapa democrática”.

Por Ailín Bullentini


Luis Arias inauguró en la provincia de Buenos Aires el fuero Contencioso Administrativo, ése que, según sus palabras, “es garantía de la existencia y buen funcionamiento del estado de Derecho”. Tuvo paciencia: ganó el concurso para dirigir el juzgado número 1 de ese fuero en 1998, pero recién en 2003 pudo comenzar a trabajar en el despacho que ocupó hasta el jueves pasado, cuando el jurado que lo enjuició por hechos que él considera “criterios judiciales” lo halló responsable de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y lo destituyó. “Ésta fue una decisión tomada de antemano por el Ejecutivo”, denunció en esta entrevista con PáginaI12. El mismo planteo viene sosteniendo Arias desde que, al mando del procurador general de la provincia y ex secretario de Legal y Técnica de María Eugenia Vidal, se activó el proceso político en su contra. “Como suele ocurrir con estas decisiones, primero se definen en los despachos de mayor importancia política y luego se buscan las formas y los argumentos para lograrlas”, profundizó.

–¿Por qué denuncia que su destitución es por cuestiones políticas y no por su desempeño?

–Hace mucho que me consideran un juez molesto y este Gobierno no es la excepción. Para Cambiemos fui un juez molesto por suspender tarifas, por intervenir en el conflicto docente, por pública visibilidad y por el seguimiento que mucha gente tiene de mis decisiones. Por eso me llevaron al jury, que yo creo que fue manipulado porque hay muchísimos jurys de jueces de la provincia de Buenos Aires que no avanzan, estancados; jueces con protección que incluso han cometidos graves irregularidades. Y sin embargo conmigo no solo avanzaron sino que fueron completamente animosos. Sin ir más lejos, hicimos una presentación judicial para tener las copias de los registros de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento para demostrar que mi juicio político había sido arbitrariamente manipulado frente a otros que están cajoneados y la Secretaría incumplió la orden judicial diciendo que se afectaban datos. No me dieron derecho a acceder a información que me corresponde. Esa misma petición la reiteramos ante el jurado, que tampoco nos dio la oportunidad de acceder. 

–Usted fue enjuiciado y destituido por 21 cargos de abuso de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, todos hechos que sucedieron antes de 2015. ¿Cuándo empieza el expediente? 

–Los casos son bastante anteriores a 2015, sí. Pero la animosidad real en mi contra se origina por una larga lucha que yo he tenido con la Corte de la provincia de Buenos Aires por la implementación del fuero en lo Contencioso Administrativo. Junto a otros jueces fuimos designados jueces de ese fuero en 1998 por concurso, pero estuvimos cuatro años para poder asumir. Cuatro años designados, con todos los recursos a disposición, pero la Corte se negaba sistemáticamente a tomarnos juramento porque decía que faltaba designar a los camaristas del fuero. Nosotros decíamos que la ley orgánica del fuero no lo impedía. Recién en 2003 un fallo de la Cámara de Casación Penal consideró que los ministros de la Corte y funcionarios del Poder Ejecutivo habían incurrido en responsabilidades penales por no poner en funcionamiento el fuero. Entonces, cedieron. La Corte de la provincia siempre hizo un ejercicio abusivo de sus facultades disciplinarias, tratándonos como si fuéramos sus empleados y no jueces igual que ellos. Activaba sumarios administrativos por cualquier cuestión. Esos sumarios, que ya tienen muchísimos años, fueron utilizados por el jurado que me destituyó para iniciarme el jury, pero la realidad es que es una ilegalidad. Una de las tantas que se han cometido en este proceso.

–¿Por qué enjuiciarlo por esos sumarios es una ilegalidad y qué otras encontró en el jury?

–Esos sumarios más algunos que tuvieron lugar pocos años atrás, como los relativos a las inundaciones de 2013 o a algunos desalojos en los que defendí a ciudadanos del avasallamiento de derechos sociales que estaba cometiendo el Estado en contra de ellos, son todas cuestiones que aluden a criterios judiciales, mis criterios judiciales. Cuestiones de competencia o la remisión de expedientes a la Receptoría General de Expedientes de la Corte. Son todos hechos que podían ser discutidos dentro del Poder Judicial, con procedimientos judiciales. Sin ir más lejos, a (el juez federal Daniel) Rafecas lo juzgaron en el Consejo de la Magistratura de la Nación y no lo destituyeron por eso, justamente, porque no es posible evaluar a un juez por el contenido de sus resoluciones. Juzgarme y castigarme, como lo hicieron, por eso, no es otra cosa que avasallar la garantía con la que cuenta todo juez para poder cumplir con su trabajo. Todas cuestiones, además, prescriptas porque llevan más de cinco años de iniciadas. El jurado negó la prescripción con argumentos inverosímiles. Tenían 60 días para elaborar la acusación en mi contra, que tampoco cumplieron. Ahí también violaron la ley. Y hubo irregularidades en la designación de los miembros del jurado. 

–¿Por qué considera que la Suprema Corte no quería el fuero? 

–Yo fui una de las caras más visibles del reclamo a la Corte por la implementación del fuero. Hicimos denuncias judiciales y todo. Sin el fuero Contencioso Administrativo, era la Corte Suprema la que tenía la competencia de dirimir los expedientes de incumplimientos de derechos civiles por parte del Estado, pero los requisitos que imponía para recibir denuncias eran muy elevados. Pocos abogados estaban en condiciones de litigar ahí y, normalmente, quienes litigaban eran la patria contratista. Y la Corte lo que no quería perder era la posibilidad de negociar con el poder económico y con el poder político oficialista en la provincia. Pero la conformación de este fuero está en la Constitución de la provincia, los constituyentes de 1994 la incorporaron para que el Poder Ejecutivo no intentara eliminarla. Sin embargo, fue el Poder Judicial el que la frenó: la Corte tardó tres años en sancionar el nuevo código, un año más en hacer los concursos y otros seis en tomarnos juramento. Violaron la Constitución los jueces de la Corte con tal de no perder su negocio. En un estado republicano, sin el fuero Contencioso Administrativo no hay estado de derecho. Es el que media entre la ciudadanía y sus representantes, el que los obliga a no violar los derechos de la sociedad y a cumplirlos. Y a ningún representante le gusta que le señalen sus déficit. 

–Si los sumarios en su contra datan desde hace tiempo, ¿por qué considera que recién ahora acabaron por destituirlo?

–Porque es así como se maneja el gobierno de María Eugenia Vidal, el de Macri a nivel nacional. Es así como se maneja Cambiemos. Estamos ante un Gobierno que exhibe un autoritarismo nunca visto desde que se inauguró esta nueva etapa democrática. Que adopta decisiones y luego las lleva a cabo a como dé lugar y, si algo se llega a interponer en el camino, sea un dirigente social, un periodista, un gremialista, un juez o quien sea, se emprenden acciones para intimidarlo o removerlo directamente y disciplinar de modo que el objetivo político no se perjudique. Esto es lo que viene sucediendo desde el inicio de la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. La prisión de Milagro Sala es un ejemplo. Lo que ha sucedido conmigo es otro ejemplo. Me consideraron un juez molesto por ponerles un freno a los tarifazos, por defender el salario y el derecho a huelga de los docentes, por insistir en el cumplimiento del derecho a la información de la ciudadanía al suspender el decreto presidencial que eliminó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) no bien asumió la Presidencia y no hicieron más que pensar cómo proceder para quitarme del medio. Cuando tuvieron cómo, me corrieron. 

–¿Qué efecto imprime su destitución en el funcionamiento del fuero Contencioso Administrativo y en la Justicia en general?

–Nada bueno. Si se fijan, cuando fueron los primeros tarifazos que aplicó este Gobierno éramos decenas de jueces los que los rechazamos. Hoy no hay ni uno. Que el poder político avasalle a la Justicia cuando le es adversa no hace más que disciplinar.

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https://www.pagina12.com.ar/136450-fue-una-decision-tomada-por-el-ejecutivo