Un simulacro de escrutinio con más dudas que certezas, por Sibila Gálvez Sánchez (para "Página 12" del 21-07-19)

La sede del Correo Argentino en donde se llevó a cabo el simulacro de escrutinio electoral.  
Imagen: Dafne Gentinetta

Se realizó la tercera prueba electoral antes de las PASO

Los partidos políticos participaron por primera vez del testeo realizado por el Gobierno y señalaron que mantienen interrogantes sobre el sistema de transmisión electrónica de telegramas. Desde el Poder Ejecutivo consideraron que fue exitoso.

Por Sibila Gálvez Sánchez

El Gobierno realizó ayer el tercer simulacro de escrutinio provisorio con el sistema de transmisión electrónica de telegramas diseñado por la firma venezolana Smartmatic. Es el que se usará en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, en apenas 20 días. Durante la prueba, por primera vez, estuvieron presentes las agrupaciones políticas que competirán en las elecciones, cuyos apoderados y dirigentes vienen señalando hace varios meses irregularidades y falta de transparencia en el procedimiento. “Nos quedamos con más dudas que certezas”, sentenció el apoderado de la alianza Consenso Federal, Daniel Pires, tras participar de la simulación.

Pasadas las 9:30, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, se paró delante de un pizarrón de la escuela 5 de Barracas -a pocas cuadras de la sede central del Correo Argentino- y comenzó a explicar las supuestas bondades del nuevo sistema de escrutinio provisorio que se implementará, en todo el país, durante este año. 

“Estamos cambiando el sistema de transmisión. Enviar los telegramas digitalizados desde las escuelas evita el traslado a una oficina física del Correo y eso nos adelanta los tiempos para poder publicar los resultados”, inició Pérez. Los objetivos de este cambio -continuó el funcionario- son “fortalecer la transparencia, agilizar el proceso y homogeneizar la carga de resultados”. “A lo primero a lo que apuntamos es a que todos los partidos políticos puedan ver y auditar la transmisión de los telegramas desde cada establecimiento de votación”, sostuvo, con una proyección de fondo que mostraba algunos números oficiales: 11.041 establecimientos, entre escuelas y otras dependencias públicas, con conectividad -sobre un total de casi 15 mil-, desde donde se transmitirán los telegramas escaneados; 1.130 sucursales digitales que estarán disponibles para las más de 4 mil escuelas sin conectividad y “para contingencias”. “Realmente hemos hecho un esfuerzo y un trabajo conjunto con el Correo para mejorar mucho la transmisión, para darle más transparencia y más agilidad”, lanzó Pérez.

Sin embargo, el discurso oficial empezó a agrietarse cuando el funcionario fue consultado sobre la seguridad de los programas desarrollados por Smartmatic y sobre el plazo vencido de 30 días para que se entreguen sus códigos fuente a las agrupaciones políticas, establecido en la acordada 3/2017. “Nosotros no teníamos que entregar nada, pero lo que sí vamos a hacer es entregar los software del provisorio y el de transmisión a la Cámara Nacional Electoral”, ensayó Pérez, al tiempo que deslizó que “30 días antes no, porque obviamente lo estamos cambiando, modificando y corrigiendo porque es nuevo”. “Nuestro trabajo termina entregando el software final a la Justicia, que determinará lo que tenga que determinar, como se hizo siempre”, apuntó, sin responder qué pasará si los fiscales informáticos de los partidos encuentran errores en esa versión final del programa.

“No es para nada confiable”, se quejó Pires en diálogo con Página/12, luego de presenciar el simulacro. El apoderado del espacio que impulsa la candidatura presidencial de Roberto Lavagna contó que no pudo ver el telegrama enviado por su fiscal desde una de las tres escuelas que se habilitaron en Capital Federal, a sólo ocho cuadras de la sede central del Correo Argentino donde él se encontraba. “El telegrama llegó pero no podíamos verlo. Ahí empezamos a hacer ciertas preguntas y vino un técnico de SmartMatic a dar la explicación y realmente nos espantamos porque convirtió el archivo a formato pdf, que puede ser fácilmente manipulado", agregó Pires, y sentenció: “Nos dicen que ese no va a ser el software definitivo, no nos queda claro cómo lo van a terminar; a dos semanas de las primarias nos dicen que todavía están evaluando cuál va a ser el método de contingencia. Lo que cada partido debería hacer es fortalecer su sistema de control y tener un centro de cómputos propio para procesar lo que nos vaya llegando desde la militancia y lo que ellos nos manden para poder seguir los resultados".

Tras la presentación de Pérez y una muestra de transmisión de un telegrama por parte de dos empleados del Correo Argentino, el simulacro continuó en el Correo Argentino, en Brandsen 2070. Allí, el director de Servicios Electorales de Correo Argentino, Adrián González, y el responsable tecnológico de la empresa postal, Omar Pardo, insistieron con las presuntas ventajas de mecanismo, aunque nuevamente omitieron dar precisiones sobre la seguridad informática del proceso. "El operador no va a tener que preocuparse por la seguridad, porque eso ya está resuelto con las distintas capas de seguridad que se van a ejecutar de forma centralizada", titubeó Pardo, y agregó: "Eso ya se explicó a los partidos y tenemos una empresa que ha certificado los procesos, pero no sé si estoy autorizado a decir cuál es, por un tema de seguridad justamente". 

"El Gobierno sigue contribuyendo a la falta de confianza y, faltando tan poco tiempo pata la elección, eso es muy riesgoso", dijo a este diario Alejandro "Topo" Rodríguez. El candidato a diputado nacional por Consenso Federal adelantó, además, que su espacio realizará una evaluación política y hará nuevas presentaciones formales durante la próxima semana. 


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"La elección puede estar viciada de nulidad", por Sibila Gálvez Sánchez (para "Página 12" del 06-07-19)

El PJ reiteró su preocupación por las fallas en el sistema electrónico del escrutinio. 
Imagen: Télam

Fuerte inquietud por el sistema de escrutinio electrónico

La prueba piloto del sábado fue un fracaso y nadie en el gobierno explicó por qué. El PJ reiteró una presentación a la Cámara Electoral para que haya un Plan B.

Por Sibila Gálvez Sánchez

“Tenemos fundadas sospechas para afirmar que el proceso electoral podría estar viciado de nulidad”, sostuvo ayer el presidente del Partido Justicialista (PJ) nacional, José Luis Gioja, en relación al sistema de transmisión electrónica del escrutinio provisorio que el Gobierno busca implementar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto y que el sábado pasado, durante la primera prueba piloto, mostró serias deficiencias. “Este sistema es muy vulnerable y no da garantías de seguridad para que el escrutinio se realice sin problemas”, sentenció el dirigente. Además, los apoderados de esa fuerza reiteraron ayer una presentación a la Cámara Nacional Electoral en la que solicitaron que se instrumente un procedimiento de contingencia para todos los establecimientos donde se disponga que los resultados sean transmitidos electrónicamente.


Las fallas en el simulacro del nuevo mecanismo, que establece que los telegramas que se usan para el escrutinio provisorio sean escaneados y enviados directamente desde las escuelas, activó la alarma de los partidos políticos, que no sólo fueron excluidos del ensayo, sino que tampoco fueron informados sobre las causas que originaron el colapso de la plataforma provista por la empresa venezolana Smartmatic. Ni el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, ni el director nacional Electoral, Rodrigo Conte Grand, ni la directora nacional de Reforma Política, Bárbara Schreiber, ni la cartera de Modernización que conduce Andrés Ibarra y de la que depende el Correo Argentino emitieron comunicaciones oficiales sobre la prueba fallida. Tampoco dieron a conocer las modificaciones que se realizarán en el procedimiento para que no vuelva a fracasar en el próximo simulacro, que tiene fecha para el 20 de julio, tres semanas antes de las PASO.


"Los resultados preliminares que arrojaron los simulacros realizados recientemente no dejan lugar a dudas: sólo el 33 por ciento de las 10 mil mesas que se sometieron a la prueba realizada por la Dirección Nacional Electoral pasaron el ensayo", aseveró Gioja al respecto. El ex gobernador de San Juan y titular del espacio opositor mayoritario indicó que "nuestros técnicos en informática nos advierten que hay mucho riesgo de manipulación de datos electorales en virtud de lo vulnerable que es el sistema que ofrece Smartmatic”, al tiempo que pidió “se vuelva al antiguo sistema de actas de escrutinio y telegramas”. “Esto no debería alertar sólo al peronismo, sino a todas las demás fuerzas políticas de oposición al Gobierno que podrían sufrir las consecuencias de las irregularidades de un escrutinio electoral inseguro", consideró.


En paralelo, como adelantó Página|12, los apoderados del PJ, Jorge Landau y Patricia García Blanco, enviaron ayer a la Cámara Nacional Electoral una versión ampliada del escrito que ya habían presentado el 10 de abril y el 20 de mayo y donde solicitaban a ese órgano que intervenga en la situación e intime a la Secretaría que conduce Pérez para que ponga a disposición de las agrupaciones políticas el programa de escrutinio provisorio, incluyendo sus códigos fuentes, convoque a una universidad nacional para que analice el software y hardware a utilizar y “dictamine si resulta apto y seguro y si su implementación implica una mejora real con relación al sistema actual de telegramas” y “efectúe en un término perentorio y en presencia de los partidos políticos nacionales las pruebas operativas piloto de todo el sistema”. "En virtud de no haberse advertido solución a ninguno de los problemas planteados tanto en la presentación de abril como en la de mayo, es que venimos a solicitar la instrumentación del procedimiento de contingencia, que fuera oportunamente propuesto, para todos aquellos establecimientos donde se disponga que los resultados sean transmitidos electrónicamente", consignaron en el nuevo escrito al que accedió este diario. "Las tareas que se realizan dentro de los lugares de votación deben contar con la seriedad que el resguardo de la voluntad popular implica", sentenciaron.

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El Simulacro que no fue, por Sibila Gálvez Sánchez (para "Página 12" del 05-07-19)

Falló la primera prueba

La prueba de escrutinio fue un fracaso. El PJ ampliará la denuncia judicial.

Por Sibila Gálvez Sánchez

El fracaso rotundo del primer simulacro del sistema de digitalización y transmisión electrónica de telegramas electorales para el escrutinio provisorio, realizado el último sábado por el Correo Argentino y la empresa venezolana Smartmatic, confirmó las sospechas que venían señalando expertos en informática y dirigentes opositores. En la mayoría de las 3000 escuelas en las que se llevó adelante la prueba piloto, hubo fallas en la conectividad y demoras en las netbooks que se usarán durante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, aunque los resultados no fueron informados oficialmente a las diferentes fuerzas políticas. “El sistema actual ofrece todas las garantías para la alternancia y queremos que se mantenga para evitar cualquier posibilidad de manipulación de los votos”, señaló el apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau, al tiempo que adelantó que hoy ampliará una denuncia ante la Cámara Electoral.


Tanto el Correo Argentino como la firma que ganó la licitación aseguran que los problemas de carga y transmisión que tuvieron durante el primer simulacro “son normales” y se resolverán para la próxima prueba, pautada para el 20 de julio, a sólo tres semanas de las PASO. Sin embargo, especialistas en el tema no se muestran tan confiados con el sistema impulsado por el Gobierno que establece que los telegramas que se usan para el escrutinio provisorio sean escaneados y enviados directamente desde los establecimientos educativos. “El problema es que se quiere hacer un cambio importante, que puede tener un impacto grande en el escrutinio provisorio y, a su vez, en la opinión pública, y se empezó a pensar recién en noviembre del año pasado para implementarlo por primera vez en una elección presidencial y en el cien por ciento del país”, advirtió el programador y activista Javier Smaldone, en diálogo con Página|12. En ese sentido, consideró que la implementación del procedimiento “es un salto al vacío”, y apuntó que las fallas del testeo fueron “principalmente comunicacionales y de desorganización”. “El servidor central al que estas netbooks se tienen que conectar falló y lo arreglaron recién a la una de la tarde. Los problemas que hay no se pueden resolver de acá a 40 días”, detalló.

Por otro lado, muchas de las críticas apuntan hacia Smartmatic, la empresa venezolana radicada en California que se quedó con el escrutinio provisorio por ofrecer un precio mucho más bajo que el de sus competidoras, las españolas SCYTL e INDRA (esta última estuvo a cargo del recuento de votos desde 1997). “Smartmatic no ganó una licitación, sino un concurso de precios, y la calificación técnica que obtuvo fue más baja que la del resto de las compañías”, indicó Smaldone, al tiempo que aseguró que la firma “terceriza, a su vez, el desarrollo del software” para realizar la transmisión remota. En tanto, el experto en informática Ariel Garbarz explicó que “el software de Smartmatic no puede verificarse porque su codificación fuente es secreta y no permite a los partidos comprobación alguna, como la ley exige”.


En representación del frente opositor mayoritario, que llevará la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Landau ampliará hoy una denuncia que presentó en mayo ante la Cámara Electoral para que los cambios en el escrutinio queden sin efecto. “Nunca hubo problemas o dudas con el sistema actual. Ahora nos encontramos con que quieren innovar y es muy grave lo que está pasando porque ni siquiera tienen un listado de los establecimientos con acceso a internet”, dijo a este diario, al tiempo que subrayó que "un cambio como este no tiene asidero y debería pasar por el Congreso, no por un concurso de precios". Además, el apoderado del PJ adelantó que de cara a las PASO solicitarán que se aplique un plan de contingencia para "que los que quieran usen este sistema pero que también se puedan seguir llevando las actas al Correo como se hizo siempre”.

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Los fantasmas de Finocchiaro, por "Página 12" del 29-08-18

Imagen: Daniel Paz

Culpó a una “alianza kirchnerotrotskista” por el conflicto universitario

El ministro adjudicó a esta supuesta alianza tirar “14 toneladas de piedras desinformando”, al asegurar que la universidad pública está siendo desfinanciada. Desde el sector universitario le contestaron y confirmaron la marcha de mañana.


En medio del conflicto que, por cuarta semana consecutiva, mantiene en jaque a las clases en las 57 universidades nacionales, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, le atribuyó la responsabilidad del conflicto a una supuesta “alianza kirchnerotrotskista que tiró 14 toneladas de piedras desinformando y diciendo que la universidad está desfinanciada”. Tras la reunión paritaria del lunes en la que reiteró la oferta del 15 por ciento en tres cuotas, el funcionario admitió que el reclamo salarial es legítimo pero negó que la universidad tenga problemas de financiamiento. No obstante, el propio Gobierno admitió la subejecución presupuestaria al informarles a los rectores que ayer transfería las partidas para funcionamiento correspondientes a junio (ver nota aparte). 


Dirigentes gremiales y miembros de la comunidad universitaria respondieron inmediatamente a las declaraciones de Finocchiaro y ratificaron la movilización nacional en defensa de la universidad pública, que se hará mañana. En diálogo con PáginaI12, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Carolina Mera, dijo que “es preocupante que un ministro de Educación reduzca el reclamo universitario a una cuestión partidaria cuando son la mayoría de universidades nacionales las que estamos movilizadas”. “En el año del centenario de la reforma universitaria, nos merecemos menos sloganes y más soluciones por parte del Gobierno”, sentenció.


“Esto es simplemente una política macartista que forma parte del operativo para intentar golpear la huelga. Aquí hay cuestiones concretas y reales: la propuesta del 15 por ciento que implica una reducción del salario”, sostuvo la secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), Ileana Celotto, en respuesta al titular de la cartera educativa. 

Finocchiaro indicó que “hay dos cosas” en discusión: “Una es el conflicto salarial; después hay toda una campaña que se ha montado en todo esto, que no la han hecho los gremios docentes universitarios, sino esa alianza kirchnerotrotskista que tiró 14 toneladas de piedras desinformando y diciendo que la universidad está desfinanciada”, soltó. En ese sentido, Celotto consideró que Finocchiaro “plantea que la Conadu Histórica mantiene un paro por una interna ante las elecciones de la semana que viene”, y disparó: “La inflación por las nubes, la devaluación en un 68 por ciento y el salario de los docentes universitarios no es trotskismo ni kirchnerismo: es la realidad dura de cómo pretenden que el ajuste lo paguemos los trabajadores”.

Según Finocchiaro, en la reunión del lunes con los gremios el Gobierno ofreció reabrir la negociación paritaria para intentar consensuar un número final. Eludiendo el hecho de que más del 90 por ciento del presupuesto universitario se destina a salarios, consideró: “El reclamo salarial lo admitimos, es legítimo, otra cosa es decir que este gobierno no defiende la universidad pública o la desfinancia porque eso es mentira”. “No podemos seguir teniendo carreras donde hay más profesores que alumnos”, deslizó el funcionario, utilizando otro de los argumentos que los gremios docentes se encargaron de desmentir.

En línea con el guión del Gobierno, el ministro señaló que “desde que asumimos, ha habido una aumento del 105 por ciento contra una inflación de 95. El año pasado el presupuesto creció, tampoco es verdad que se dejaron de ejecutar pagos”. La dirigente de Conadu Yamile Socolovsky le contestó con contundencia: “Ministro, sí qué hay desfinanciamiento del sistema: la subejecución presupuestaria es una constante desde 2016 y la inflación acumulada no es 95,2, es 132 por ciento”. 

En diálogo con este diario, la becaria postdoctoral del Conicet y dirigente gremial Lucía Maffey amplió la mirada al considerar que “la situación es muy compleja porque no sólo se está desfinanciando la investigación en general, sino que se están destruyendo las universidades como centros de investigación científica y tecnológica” y mencionó lo que consideró “un ejemplo brutal de las implicancias del ajuste presupuestario”: La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA está hace más de tres meses sin gas, “lo que no solamente hace insostenible la cursada y el dictado de clases en los meses de invierno, si no que influye directamente en el funcionamiento de laboratorios docentes y de investigación de la facultad”, subrayó. En ese sentido, señaló que “el conflicto universitario y el conflicto en ciencia y tecnología son un mismo conflicto”. 

Hoy a las 10 habrá una mesa técnica entre las autoridades y los gremios docentes que ya ratificaron la gran marcha universitaria hacia Plaza de Mayo que se realizará mañana. “Vamos a demostrarle al Gobierno que lo que hay no es sólo la defensa de un derecho salarial y de la universidad pública, sino de todos los derechos populares que hoy están en cuestión tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, remarcó Antonio Roselló, secretario adjunto de la Conadu Histórica.

Informe: Sibila Gálvez Sánchez.

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La Corte Suprema exigió que la Justicia jujeña disponga el arresto domiciliario de la dirigente social, por "Página 12" del 15-08-18

“Para garantizar la vida de Milagro Sala”

Después del traslado de Sala a una cárcel, el máximo tribunal advirtió que se debe cumplir de manera urgente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció su detención domiciliaria. La dirigente de la Tupac mantiene una huelga de hambre.

Sala lleva una semana en una prisión en Salta, donde no come ni toma líquidos.
Imagen: Télam
La Corte Suprema le exigió a la Justicia jujeña que cumpla, con carácter urgente, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó que Milagro Sala cumpliera detención domiciliaria y no estuviera encarcelada, por el riesgo que implica para su vida y su integridad personal. La dirigente de la Túpac Amaru cumplió ayer una semana presa en el penal federal salteño de General Güemes, incomunicada y aislada en una celda individual. Allí, en protesta, Sala mantiene una huelga de hambre seca.

“El Estado debe sustituir la prisión preventiva de la señora Sala por la medida alternativa de arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive, o por cualquier otra medida alternativa a la prisión preventiva que sea menos restrictiva de sus derechos que el arresto domiciliario”, señala el pronunciamiento que la Corte IDH realizó en diciembre del año pasado –y a partir del cual no dejó de acumular, día a día, nuevas denuncias y pruebas sobre los maltratos y torturas infligidos por magistrados vinculados al gobernador jujeño, Gerardo Morales–.

Ese mismo fragmento fue recordado ayer por la Corte Suprema para solicitar a la Justicia provincial que cumpla con aquel fallo “de manera inmediata”, así como las medidas que sean necesarias “para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala”.

El último episodio de la serie de maltratos y vejaciones que viene sufriendo la dirigente social, y que se inició con su detención hace más de 900 días, ocurrió el pasado jueves, durante el traslado desde el penal federal salteño hasta una sala de audiencias en San Salvador de Jujuy. Allí, Sala fue obligada a quitarse la ropa frente a un médico varón. Peritos judiciales constataron, además, lesiones en sus muñecas “compatibles con el uso de esposas con horas de evolución”.

El gobierno de Cambiemos venció ayer su plazo para dar explicaciones por el incumplimiento de las medidas provisionales impuestas por la Corte IDH. Tras el intempestivo traslado al penal federal, el incumplimiento fue denunciado por el CELS, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y Amnistía Internacional, con un comunicado en el que enfatizaron que el Estado provincial de Jujuy “en ningún momento cumplió de formal cabal con las medidas provisionales dictadas por la CIDH”, que “el Estado nacional, por su parte, desconoció su rol de garante de las decisiones del sistema interamericano” y que, al permitir el alojamiento de Sala en una unidad del SPF, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, “las autoridades federales avalaron el accionar de la provincia”.

La resolución que dio a conocer ayer la Corte ordenó también que el Estado “realice las gestiones pertinentes para que la atención médica y psicológica que se brinde a la señora Sala se planifique e implemente con la participación de la beneficiaria o sus representantes, a efectos de garantizar su autonomía respecto a su salud y la obtención de su consentimiento informado para la realización de los exámenes y tratamientos que los médicos o psicólogos determinen”.

El pasado lunes, los organismos de derechos humanos –Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, La Liga por los Derechos del Hombre, la APDH e Hijos, entre otros– habían solicitado, mediante una misiva, una reunión con el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para resolver la situación de la líder de Tupac Amaru, advirtiendo que “toda demora podría resultar irreparable”. Finalmente, el encuentro no se concretó, pero el máximo tribunal accedió al pedido y requirió, además, que se le presenten “las razones por las cuales no se habría dado cumplimiento” al fallo del organismo internacional.

“Cada vez queda más claro que Milagro es víctima del régimen de Gerardo Morales y que está presa por mujer, por pobre y por negra”, dijo la secretaria nacional de Género de la CTA, Estela Díaz. “Este juicio está plagado de irregularidades, desde el comienzo hasta el final, y tiene cosas muy graves. Hacen lo que quieren con la Justicia y no hay un límite”, sostuvieron desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala, en diálogo con PáginaI12. En ese sentido, apuntaron que la decisión del juez jujeño Pablo Pullen Llermanos de trasladar a Sala al penal de Güemes “fue una ridiculez y no tuvo ninguna justificación, porque estuvo basado en una hipótesis de supuesta descompensación de Milagro por intoxicación con medicamentos sobre la cual no hay ninguna prueba”.

Informe: Sibila Gálvez Sánchez.

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