GOLPES DE ESTADO: NADA NUEVO BAJO EL SOL, por Adrián Corbella (para "Mirando hacia adentro" del 22-02-15)

"Ningún dictador militar necesitó disolver la Corte o el poder judicial. Ninguno precisó cerrar los grandes diarios de la época: La Nación, La Prensa, La Razón, Clarín, y otros. La Justicia en bloque, como institución, como poder, y los grandes medios de comunicación como corporaciones fueron, objetiva e innegablemente, cómplices de todos los golpes de estado que sufrió Argentina." afirma Adrián Corbella en su nota

Argentina ha vivido a lo largo de su historia una serie larga y penosa de “golpes de estado”, que pasaron al imaginario popular como “golpes militares” porque en ellos eran los uniformados quienes daban la cara, salían a la calle con armas y bagajes, y destituían a las autoridades legítimamente constituidas. La lista de golpes es larga, arranca en 1930 y prosigue en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976, siendo importante destacar que a veces había golpes dentro de los golpes, y en esos casos las propias autoridades militares eran derrocadas por otros militares (cosa evidente, por ejemplo, en 1943 con tres presidentes en pocas semanas y en 1955, con el desplazamiento del general Lonardi por parte del general Aramburu).

Las causas eran siempre las mismas: se acusaba a los gobiernos derrocados de no cumplir con la constitución, de ser autoritarios y afectar las libertades fundamentales, hechos que, fueran o no ciertos, se repetían en forma multiplicada con las autoridades surgidas del golpe. Otra constante fueron las políticas aplicadas, que siempre incluyeron represión a los derrocados (tanto el radicalismo como el peronismo fueron proscriptos por varios años) y un giro en la política exterior a favor de los poderes capitalistas dominantes –el ingreso de la Argentina al FMI con la Revolución Libertadora fue al respecto el ejemplo más claro, pero también podría señalarse la política económica neoliberal de José Alfredo Martínez de Hoz en 1976-.

Debemos señalar que la caracterización de dichos golpes de Estado como “Golpes Militares” es muy imprecisa, ya que en todos ellos la participación de civiles fue vital, imprescindible. Las dictaduras ocupaban con uniformados los cargos más visibles, pero había miles de funcionarios civiles (ministros, secretarios, intendentes y cargos menores) que los acompañaban.

La mecánica de los golpes era siempre más o menos la misma: se comenzaba con una campaña de desprestigio mediática del gobierno al que se quería derrocar, con acusaciones más o menos generales (autoritarismo, corrupción, afectar libertades) que siempre escondían el mismo problema: el gobierno que se quería derrocar no cumplía con las normas de la República (de pocos, oligárquica) y presentaba veleidades excesivamente democráticas. Basta analizar un poco para darse cuenta que en eso los radicales de 1930 y el peronismo fueron iguales para los golpistas: unos plebeyos democratizadores, que amenazaban los puros y aristocráticos principios republicanos.

La campaña de desprestigio mediática previa era vital para aunar esfuerzos y generar cierto nivel de apoyo popular, de consenso -al menos en las clases medias- al futuro golpe. Quizás el caso más estudiado de campaña mediática de demolición de un gobierno para lograr luego su derrocamiento, es el del golpe de 1966 contra el presidente radical Arturo Humberto Illia (1). En mayor o menor medida, todos los gobiernos derrocados en golpes sufrieron este tipo de operaciones de prensa preparatorias.

Los aspectos puramente operativos del golpe eran llevados a cabo por fuerzas de seguridad del estado (los militares), pero con una participación concreta y a veces activa de sectores civiles (recordemos los Comandos Civiles de 1955 o los grupos represivos estilo “Triple A” en los ’70) y de organizaciones de la sociedad civil: Partidos políticos, corporaciones varias (SRA, UIA, Sindicatos, Iglesia) y asociaciones profesionales. El rol del Poder Judicial fue vital en todos los golpes, ya que los avaló.

El 10 de septiembre de 1930, la Corte Suprema de Justicia de Argentina emitió una Acordada convalidando el golpe de estado del general José Félix Uriburu contra el Presidente Hipólito Yrigoyen.

En dicha acordada, los supremos llaman “señor presidente del Poder Ejecutivo Provisional” a Uriburu, y fundamentan su apoyo en la promesa del nuevo gobierno de cumplir con las “leyes y la Constitución” (que acababa de violar con un golpe) y en el control efectivo de las fuerzas de seguridad, lo que transformaba al dictador en un “gobierno de hecho”:

“un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con todo éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y policial derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social” (2)  

La Corte de 1930 fue la que sentó el precedente utilizado en todos los golpes posteriores: cuando un dictador militar tomaba el poder, expulsaba al Presidente constitucional, disolvía el Congreso, prohibía la actividad política, suspendía garantías constitucionales, pero recibía la bendición de la Corte Suprema de Justicia y de los principales medios de comunicación. Ningún dictador militar necesitó disolver la Corte o el poder judicial. Ninguno precisó cerrar los grandes diarios de la época: La Nación, La Prensa, La Razón, Clarín, y otros. La Justicia en bloque, como institución, como poder, y los grandes medios de comunicación como corporaciones fueron, objetiva e innegablemente, cómplices de todos los golpes de estado que sufrió Argentina. Jamás la justicia argentina como institución ha hecho una autocrítica de su rol en esos sucesos. Todos los golpes contaron también con la activa y a veces numerosa participación de civiles que apoyaban la remoción ilegal de las autoridades constitucionales. Basta con recordar la multitudinaria manifestación que celebró la caída de Perón en 1955 (3).

Un golpe de Estado es entonces, según la experiencia argentina, el desplazamiento antes de los plazos fijados por la Constitución y las leyes de un gobierno legalmente constituido, producto de la elección popular. Del golpe participan tanto militares como civiles. Siendo más específicos, aparecen organismos pertenecientes al propio Estado (Poder Judicial, Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad) y organizaciones de la sociedad civil (partidos políticos, sindicatos, iglesias, organizaciones empresariales y profesionales). Los medios de comunicación fueron siempre vitales para generar consenso, construir una imagen de desgobierno que hiciera inevitable el golpe y fortalecer la imagen de las nuevas autoridades.

Por otro lado, los golpes no tenían solamente causas internas. Había una consistente sincronización de los golpes en toda América Latina, ya que detrás de ellos estaban los principios difundidos por el poder imperial dominante -como la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional” (4)- y la mano muchas veces invisible de embajadores y operadores de inteligencia de los Estados Unidos (5).

En el siglo XX, los militares fueron protagonistas principales de los golpes. Sin embargo, los crímenes cometidos por ellos en varios países, sobre todo en el Cono Sur, les generó un importante desprestigio, por lo que en este siglo XXI ya no tienen un rol central. Salvo en el caso de Honduras, donde los militares asumieron un rol activo en el derrocamiento de Zelaya, en los demás aparecen otras fuerzas con poder de fuego: las policías (como en el caso del arresto de Correa en Ecuador en 2010) o las fuerzas de inteligencia (de clara participación en el actual movimiento destituyente argentino). Los demás protagonistas siguen estando tal cual, con modificaciones menores.

Los medios de comunicación siempre fueron importantes, pero en nuestra época de televisión masiva e Internet asumen un rol mucho más importante. Las operaciones mediáticas como las realizadas contra Illia en 1966 parecen cosa de niños al lado de la capacidad de fuego que tienen hoy medios altamente concentrados y oligopólicos tal como los que existen en toda América Latina.

De la misma manera, la participación de ciudadanos comunes se ha potenciado. El golpe cívico-militar tradicional se ha reemplazado por el llamado “Golpe Blando”, que sigue las estrategias desarrolladas por Gene Sharp en la ONG "Albert Einstein Institution", que se vienen perfeccionando desde su prueba de fuego en la Lituania de 1990, pero que han logrado una vasta experiencia en países de diversos continentes (6).

Este tipo de golpes combina la movilización de ciudadanos opositores con fines supuestamente “apolíticos” que se manifiestan en las calles, con operaciones mediáticas, judiciales y de inteligencia. La aparición de algunas muertes misteriosas siempre es un eslabón de esta cadena: fue lo que desencadenó la caída de los gobiernos de Ucrania y Paraguay, fue lo que complicó seriamente en 2014 al gobierno de Maduro y es lo que amenaza a comienzos de 2015 al gobierno argentino.

Estas muertes son frecuentemente “operaciones de falsa bandera”, es decir que los organizadores del golpe blando sacrifican a alguno de sus partidarios para generar uno o varios mártires que incrementen la tensión política. En los casos mencionados de Ucrania y Paraguay por ejemplo, se trató de muertos en una protesta, que se adjudicaron al gobierno al que se quería derrocar, sin demasiados elementos para hacer dicha acusación y con evidencias que apuntaban hacia otros posibles culpables, que no eran precisamente pro-gubernamentales.

Fernando Lugo, Presidente de Paraguay que gobernaba con un legislativo de mayoría opositora, fue destituido en un juicio político que duró menos de 48 horas, por causas que se declararon de dominio público – y ni se mencionaron, o intentaron probar- .

En las propias palabras de los legisladores paraguayos:

"No cabe duda que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos registrados 15 de junio del presente año, que costó la vida de 17 ciudadanos paraguayos entre policías y campesinos, recae en el Presidente de la República, Fernando Lugo, que por su inacción e incompetencia, dieron lugar a los hechos acaecidos, de conocimientos públicos, los cuales no necesitan ser probados, por ser hechos públicos y notorios.

[...]

Todas las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente."(7)

Por lo tanto, señalar que los sucesos de Argentina en enero y febrero de 2015 constituyen un conato de golpe blando, no es nada descabellado. Tenemos la presencia oscura de fuerzas de inteligencia, decisiones insólitas del poder judicial que impiden a los otros dos poderes ejercer sus funciones específicas mediante un ametrallamiento de recursos de amparo y causas judiciales de bases endebles, una oposición que se niega a participar de los debates parlamentarios, muertes misteriosas, protestas “crispadas” fogoneadas por medios que son los que informan con asombrosa imprecisión acerca de los sucesos que provocan las protestas. Están dados todos los elementos… Gene Sharp está presente, indudablemente…

La única novedad, que tampoco es tan trascendente, es que dos sectores que en los golpes del siglo XX tenían un rol vital para el éxito de la operación pero con un perfil casi de trastienda (los medios y el poder judicial) en estos sucesos se han quitado la máscara y aparecen en roles protagónicos. Se ha aggiornado un poco el libreto pero, en el fondo, nada nuevo bajo el sol…

Por eso, en estos días, y más allá de la posición política de cada uno, lo que está amenazado es el estado de derecho, la libertad y la propia democracia.

por Adrián Corbella
22 de febrero de 2015

NOTAS:

(1): Ver por ejemplo esta reseña de la investigación del historiador Daniel Mazzei acerca del rol de las revistas Primera Plana y Confirmado en el derrocamiento de Illia http://www1.rionegro.com.ar/arch200406/29/o29j01.php

(2): La Acordada del 10-09-30, completa, puede consultarse en http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/VI_03.pdf .  
Llama la atención la nómina de los juristas firmantes de la Acordada, donde figuran algunos apellidos "ilustres": J. FIGUEROA ALCORTA, Roberto REPETTO, R.GUIDO LAVALLE, Antonio Sagama, Horacio RODRÍGUEZ LARRETA, Raúl Giménez Videla, secretario.

 (3): Si bien el 60% del país era fervientemente peronista, el 40% que estaba en contra mostraba parecido fervor, pero en un sentido opuesto. Ambos bandos tenían un apoyo popular considerable, con distinta composición social, por supuesto.

(4): Ver por ejemplo sobre este concepto http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_de_seguridad_nacional

(5): La llamada “Escuela de las Américas” era una academia que enseñaba a derrocar gobiernos y reprimir http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_del_Hemisferio_Occidental_para_la_Cooperaci%C3%B3n_en_Seguridad

En algunos casos la participación de Estados Unidos en el derrocamiento de gobiernos latinoamericanos fue demostrada a posteriori por documentos desclasificados del propio Imperio  https://lahoradedespertar.wordpress.com/2013/09/29/10-documentos-claves-que-implican-a-kissinger-en-el-derrocamiento-de-allende/

(6): Las teorías del golpe blando han sido investigadas entre otros por Thierry Meyssan. Podemos recomendar una interesante reseña http://kaiul-kaiul.blogspot.com.ar/2012/07/teoria-del-golpe-blando-la-tecnica-de.html

Esta es la página del instituto de Sharp http://www.aeinstein.org/

(7): Puede consultarse ese documento completo en: http://uncachodederecho.blogspot.com.ar/2012/06/destitucion-de-fernando-lugo.html

NOTA DEL EDITOR:
Todas las imagenes corresponden al derrocamiento del presidente radical Arturo Humberto Illia