Claro que tenemos que terminar con los operadores judiciales. ¿Alguien puede sentirse ofendido porque @alferdez diga esto? La justicia es la institución de la que más desconfían los argentinos (88% según la UCA y hay estudios de otras universidades que arrojan cifras similares).— Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) 3 de diciembre de 2019
Claro que tenemos que terminar con los operadores judiciales. ¿Alguien puede sentirse ofendido porque @alferdez diga esto? La justicia es la institución de la que más desconfían los argentinos (88% según la UCA y hay estudios de otras universidades que arrojan cifras similares).
En parte esto se debe a la existencia de operadores judiciales que, tras bambalinas, inciden en las resoluciones de jueces y fiscales.
Una situación que se agrava por la total ausencia de mecanismos de rendición de cuentas de los magistrados. Mientras que al mal político, administrador o legislador, se lo puede castigar en las urnas, los magistrados no responden ante nadie.
Lamentablemente el Consejo de la Magistratura es una institución que tiene graves deficiencias. Es imperioso que el poder judicial se abra al escrutinio público. La publicidad y la transparencia deben ser la regla para todos los actos de gobierno, incluidos los de la justicia.
Esto no es contra los jueces sino en su beneficio: ninguna institución puede cumplir su función en forma adecuada si 8 de cada 10 ciudadanos desconfía de ella.
Oralidad y publicidad son dos herramientas fundamentales para revertir esto. Los buenos jueces, fiscales y defensores se harán notar y ayudarán a recuperar la confianza en el sistema. Los malos quedarán expuestos.
Para ello también debe implementarse el juicio por jurados para todas las causa de relevancia institucional. Y el sistema acusatorio, donde jueces y fiscales cumplan con su rol institucional de garantizar el proceso e investigar y acusar, respectivamente.
Es importante también que cualquier ciudadanos pueda conocer el estado y la ubicación de un expediente. Así podremos saber si alguien está distrayendo una causa o contribuyendo a la dilación de un proceso.
Debe aplicarse la ley de ingreso democrático en el orden nacional y federal, para terminar con el nepotismo, elitismo y endogamia de las estructuras judiciales. También debe sancionar una ley de paridad en el poder judicial.
Esto último no solo por razones de equidad de género sino también para terminar con la misoginia y el verticalismo patriarcal del poder judicial.
Necesitamos un poder judicial realmente independiente: del poder político y del poder económico y mediático. Y que también tenga independencia interna: ningún "capo" del sistema puede decirle a un juez o fiscal lo que tiene que hacer.
Por Roberto Carlés
@robertinocarles
2 dic. 2019
En Twitter
Publicado en:
https://twitter.com/robertinocarles/status/1201659559728820224?s=08
No hay comentarios:
Publicar un comentario