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sábado, 10 de octubre de 2026

El fallo de la Corte: la estrategia judicial detrás de la restitución de la ley de Tierras, por Agustín Gulman (para "Página 12" del 09-10-26)

 


Lago Escondido Lago Escondido Imagen Web


"La extranjerización podría reconfigurar el mapa argentino"


La legisladora rionegrina Magdalena Odarda, quien impulsó los reclamos ante la Corte Suprema por la ley de Tierras, dijo a Página|12 que es vital sostener el reclamo en las calles. Ahora, afirma que es fundamental que el Congreso rechace por completo el megaDNU 70/2023 de Milei en la sesión del 15 de octubre.


Por

Agustín Gulman

09 de octubre de 2026 - 13:03



Magdalena Odarda no oculta su sorpresa. La legisladora rionegrina por el peronismo fue una de las artífices del fallo de la Corte Suprema que este viernes suspendió la derogación de la ley de Tierras dispuesta en el megaDNU de 2023 dictado por el ultraderechista Javier Milei. “Estamos sorprendidos y orgullosos”, dice a Página|12, instantes después de la sentencia dictada por los tres integrantes del máximo tribunal, que convocaron a dos conjueces para definir porque no se ponían de acuerdo.


La marcha atrás de la Corte: dictó una medida cautelar y restituyó la Ley de Tierras

La resolución de la Corte dictada este jueves dispone una medida cautelar interina que suspende la derogación de la ley de Tierras. No se trata de un fallo de fondo ni define sobre la constitucionalidad o no del artículo 154 del DNU libertario, sino que suspende la aplicación de la derogación hasta tanto se exprese el juzgado federal de San Carlos de Bariloche sobre la legitimación de los demandantes.


Pero además, la resolución llega tras la enorme presión social y política desatada luego de que la semana pasada la Corte le negara la legitimidad al Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM), quienes en marzo de 2024 habían logrado un fallo a favor de la suspensión de la derogación. Tan importante fue que dio impulso a la oposición para presionar por la derogación del DNU 70/2023 en su totalidad, en la sesión prevista para el 15 de octubre, donde además está previsto discutir proyectos de discapacidad y morosidad.



Odarda se presentó días atrás ante la Corte Suprema junto con miembros de dos comunidades mapuches —Lof Fvta Anecon y Lafkenche— y la organización ambiental Árbol de Pie para reclamarle al máximo tribunal que aclare en qué instancia quedaba su reclamo objetando el artículo del decreto que derogó la ley de Tierras, y si también consideraba que no tenían legitimidad suficiente al invocar la protección de un ambiente sano.


“Estamos sorprendidos por el fallo, muy orgullosos de que desde Río Negro y distintas organizaciones ambientales, indígenas y sindicales hayamos logrado salvar la ley de Tierras”, asegura Odarda. “Por lo menos en esta instancia”, dice.


La legisladora asegura que ahora la pelea por sostener la plena vigencia de la ley debe continuar, pero se traslada al juzgado federal de Bariloche. “Mientras tanto”, señala, “se frenará la venta indiscriminada de tierras”.


El fallo de finales de septiembre desató un profundo malestar entre organizaciones ambientales que durante décadas lucharon para que la ley fuera sancionada por amplia mayoría en 2011 y que desde el megaDNU de Milei a finales de 2023 temían que la derogación habilite un proceso de extranjerización de tierras feroz, mucho más agresivo que el iniciado durante la década de 1990, y que se pongan en riesgo recursos naturales valiosos para el desarrollo de la vida, como el agua.



Ríos, arroyos, glaciares y más recursos naturales, bajo riesgo si se deroga la ley de Glaciares. findelmundotur

No se trata de un tema menor en Argentina, donde 13,3 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras, según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, lo que representa más del 5 % de las tierras totales. La ley de 2011 fijaba un límite: los extranjeros no podían tener más de 15 % de tierras a nivel nacional, provincial y departamental.


Aún así, hay 36 departamentos argentinos que superan ampliamente ese número, algunos de ellos —especialmente en el norte— tienen hasta 60 % por ciento de sus tierras extranjerizadas. Y en Misiones, el pueblo Puerto Libertad, apenas a 25 kilómetros de las Cataratas del Iguazú, tiene más del 80 % en manos de una multinacional forestal chilena.


Odarda dijo que a pesar del fallo debe continuar el reclamo, tanto en la justicia como en las calles. “Hay que seguir movilizándonos, porque esta resolución es transitoria, no definitiva. Hay que intentar que el 15 de octubre sea derogado el DNU completo”, asegura. Aún así, dice que la decisión de la Corte es “aire” para “llegar a la sesión con más fuerza”.


Para Odarda, hubiera sido mejor que la Corte adoptara una decisión de fondo, definiendo si el DNU es constitucional o no. “Hay muchos intereses en juego. Lamentablemente no se analizó la cuestión total. Pero esperamos un fallo de fondo. Dadas las circunstancias, frenar la aplicación de la derogación es un gran paso adelante y debemos valorarlo”, remarca.


- ¿Qué reclaman Árbol de Pie y las comunidades indígenas?


La sociedad Árbol de Pie es defensora del ambiente en Bariloche, se ha presentado en varias causas por la defensa de los recursos naturales. Trabajamos con distintas organizaciones y las organizaciones indígenas están sufriendo desalojos, y por eso las dos comunidades que se presentaron han sufrido pérdidas de territorio por parte de terratenientes extranjeros, están en proceso de desalojo. Fue una causa colaborativa, donde pusimos nuestro grano de arena para poder salvar una de las leyes más importantes de Argentina, que fue producto de la lucha popular y fue parida por el pueblo, como la ley de Tierras, al igual que la de Glaciares y Bosques Nativos, que hacen a la soberanía nacional. Es sumamente importante, porque vemos cómo se vende el país, lamentablemente, ante nuestros ojos. Este es un fallo importante, es fundamental recordar la lucha de la universidad pública, porque los abogados que participaron en esta causa somos todos egresados de universidades públicas. Y en lo personal, quiero destacar la lucha de mi padre, Omar Odarda.



Según la legisladora, el proceso de extranjerización se agravó en los últimos años. “En Río Negro hay tierras en manos de estados extranjeros, en manos de Emiratos Árabes y Qatar, además de (Joe) Lewis. Y esto podría ser ampliado drásticamente en todo el país, con la compraventa de tierras que podría reconfigurar el mapa de la Argentina”.


Además, remarca que los poderosos magnates extranjeros “vienen por los minerales estratégicos, la tierra y a buscar posibles refugios bélicos”.


-¿Hubo casos de venta de territorios a capitales extranjeros desde el fallo anterior de la Corte?


Entiendo que han habido casos de compraventa de grandes extensiones de tierras en estos últimos días. Por eso deben dar información de cuánta tierra existe a nombre de extranjeros y testaferros. Esperamos que ese proceso se revierta si se declara inconstitucional, estas operaciones se pueden revertir.



Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/2026/10/09/el-fallo-de-la-corte-la-estrategia-judicial-detras-de-la-restitucion-de-la-ley-de-tierras/

sábado, 3 de octubre de 2026

«Tres jueces pusieron la Argentina en venta»: oposición busca anular el decreto de Milei, por "TelesurTV" del 30-09-26



La Corte Suprema revocó el fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras, que limitaba al 15% la propiedad extranjera de campos. La oposición pedirá una sesión especial para rechazar el decreto de Javier Milei, mientras el Gobierno busca alternativas legislativas para sostenerlo.




Movilización frente al Congreso de la Nación, días antes de la sesión del 6 de agosto donde se trataría la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada. Foto: insurrectxscrew__


30 de septiembre de 2026 


Poco más de un mes después del «plebiscito informal» que implicaron las masivas movilizaciones en rechazo al proyecto de extranjerización de tierras en Argentina, la Corte Suprema de Justicia dejó el pasado martes sin efecto la sentencia que mantenía vigente la Ley de Tierras Rurales. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, elimina los límites a la compra de campos por parte de extranjeros.


Ante este escenario, el peronismo y otros partidos opositores ya preparan una sesión especial en la Cámara de Diputados para intentar anular el decreto con el que el presidente Javier Milei derogó esa norma. En paralelo, el oficialismo busca maniobras para sostenerla, contraviniendo el arrebato soberanista del jefe de Estado, que en su discurso ante las Naciones Unidas afirmó que «Malvinas es una causa nacional».



La Ley 26.737 fue sancionada en 2011 por el Senado con 62 votos a favor y uno en contra. Fijaba un tope del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales y un máximo de mil hectáreas por propietario extranjero en la zona núcleo agrícola.


El ultraderechista Milei —quien se autodefine como «un topo dentro del estado»—la derogó a fines de 2023 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, un instrumento por el cual el Ejecutivo dicta normas con fuerza de ley sin pasar previamente por el Congreso. La Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional ese artículo y la ley siguió vigente por vía judicial hasta ahora.



La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación. Resolvió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, autor de la demanda, no tenía legitimación para presentarla. Los constitucionalistas consultados por Tiempo Argentino advierten que, en la práctica, el fallo convalida el decreto. «Hoy no hay ley», dijo el historiador Matías Oberlín, del Observatorio de Tierras del Conicet.


Los excombatientes respondieron que pueden «morir en defensa de la soberanía pero no acudir a un tribunal». En un fuerte comunicado señalaron: «La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta. Acaba de decirle al mundo entero que, si quiere, pueden venir a comprar municipios, provincias, zonas de frontera, ríos, valles, bosques, quebradas, incluidas las Islas Malvinas».



El Partido Justicialista, principal fuerza de oposición, afirmó en un comunicado que «tres jueces de la Corte Suprema pusieron en venta el territorio nacional», y convocó a revertir la decisión «en la calle, en el Congreso y en las urnas».


«Las consecuencias del fallo son evidentes y no están fuera del análisis de sus autores: a partir de hoy, y a pesar del rechazo popular y masivo en las calles y en el Congreso, el territorio argentino está a la venta. El deseo y la voluntad del gobierno de Javier Milei de entregar la soberanía y el patrimonio nacional encontró en tres personajes los cómplices necesarios del desfalco a la Nación», señala el comunicado de la organización política.


La salida, según los especialistas, es política. El Senado rechazó el DNU el 14 de marzo de 2024, por 42 votos contra 25 y cuatro abstenciones. Pero en Argentina un decreto de necesidad y urgencia solo queda sin efecto si lo rechazan ambas cámaras, y Diputados nunca lo trató. Por eso el decreto sigue vigente. Unión por la Patria anunció que pedirá una sesión especial, con apoyo de la Coalición Cívica, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda. Hacen falta 129 diputados presentes. «Tenemos una sola bala, por lo que hay que ser muy concretos», dijo a Tiempo Argentino uno de los impulsores. El interbloque peronista del Senado también presentó un proyecto para derogar el decreto.



Según Página 12, el oficialismo analiza cómo sostener la derogación y para eso evalúa reincorporar la regulación de tierras a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que está en Diputados. Ese capítulo había sido retirado en el Senado en agosto por falta de apoyos dentro del recinto y un fuerte rechazo popular en las calles.


Fuentes consultadas por el diario indican que hay proyectos y operaciones pendientes de un marco legal que permita comprar campos a extranjeros, en línea con los beneficios fiscales planteados en el RIGI y el súper RIGI, que aún no ha sido aprobado definitivamente en el Congreso.


La causa Malvinas y las contradicciones del mileísmo

El fallo llega mientras Milei viaja a Francia con gobernadores y en medio de la discusión sobre Malvinas. El foco actual es Sea Lion, un yacimiento en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. Lo operan ilegalmente la israelí Navitas Petroleum, con el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35%, y la fase de extracción está prevista para 2028.


El 16 de septiembre, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó suspender el proyecto mediante una medida cautelar, a pedido de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y del propio CECIM La Plata, la misma organización que perdió ahora ante la Corte. Londres desconoce la validez de la justicia argentina sobre el archipiélago, y su Cancillería publicó una guía corporativa que ratifica que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar sanciones allí.


El Gobierno de Milei respondió con una serie de medidas: anunció una base naval en Tierra del Fuego, presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas a Navitas, sancionó a otras 15 partes y envió al Congreso un proyecto para endurecer las penas a quienes exploten recursos en Malvinas sin autorización. Además, el confeso admirador de la expremier británica Margaret Thatcher (que goberbana durante la guerra de Malvinas) suspendió un viaje al Reino Unido previsto para octubre.


En paralelo a este «rapto malvinista» del jefe de Estado, su Administración busca eliminar las restricciones para que extranjeros compren territorio argentino.



Este miércoles, el plenario de comisiones de Diputados que debate el proyecto oficial de soberanía sobre las islas se suspendió tras un fuerte cruce entre el diputado opositor Juan Grabois y legisladores oficialistas. «La lucha de todo un pueblo frena la entrega de la patria y vienen tres tipos que no votó nadie a tirar todo para atrás ¿esto es democracia? Hay que voltear este fallo«, señaló el dirigente peronista.


Diputados de Unión por la Patria plantean además pedir juicio político contra los tres jueces. Según Tiempo, la comisión que debería tratarlo está presidida por Lilia Lemoine, del oficialismo, y permanece sin funcionar.


Autor: teleSUR: JB


Publicado en:

https://www.telesurtv.net/argentina-en-venta-oposicion-decreto-milei/