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sábado, 19 de septiembre de 2015

SI PIERDO ME LLEVO LA PELOTA, por Alberto Dearriba, para "INFOnews" del 19-09-15)


A 60 años de haber derrocado a bombazos a Juan Domingo Perón y tras fracasar con ataques mediáticos y financieros contra el gobierno de Cristina Fernández, la misma coalición ideológica que sostuvo a la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, intenta ahora deslegitimar con encendido fervor republicano el proceso electoral que podría culminar con la elección de un nuevo presidente peronista.


A 60 años de haber derrocado a bombazos a Juan Domingo Perón y tras fracasar con ataques mediáticos y financieros contra el gobierno de Cristina Fernández, la misma coalición ideológica que sostuvo a la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, intenta ahora deslegitimar con encendido fervor republicano el proceso electoral que podría culminar con la elección de un nuevo presidente peronista.

La base social que legitimó la Revolución Libertadora que llegó al poder un 16 de diciembre tiene perfiles similares a la alianza de centroderecha liderada ahora por el PRO y no es muy diferente a la que dio sustento inicial al Proceso de Reorganización Nacional iniciado en marzo de 1976. Son conservadores golpistas, herederos ideológicos del fraude patriótico, pero presumen de pureza republicana.

La permanente acción destituyente contra un gobierno que no necesitó de trampas para llegar al poder llegó ahora a su punto culminante, al conseguir un arbitrario fallo de un tribunal tucumano de dudosa competencia electoral, que anuló el comicio definitivo que ratificó el triunfo del  oficialismo por algo menos de doce puntos.

La presidenta Cristina Fernández se burló de quienes creen que un sándwich de chorizo equivale a un voto.

Tras fracasar en operaciones destituyentes de corte mediático, judicial y financiero, los conservadores vernáculos avanzaron ahora contra el sistema electoral en complicidad con un sector de la justicia tucumana.

Con un candidato competitivo que capitalizó la debacle radical, esperanzados en medrar con el desgaste de doce años de kirchnerismo y con la merma de la bonanza de los últimos tres, la centroderecha se entusiasmó por primera vez con la posibilidad de llegar al poder mediante un triunfo en las urnas y no por un golpe duro o blando. Quienes realmente defienden las instituciones sin cacarearlo, vieron con buenos ojos que la Argentina tuviese por fin una derecha que apostara a las urnas.

Sin embargo, los nueve puntos que Daniel Scioli le sacó a Mauricio Macri en las primarias pasadas encendieron una luz amarilla en Cambiemos, que se tornó anaranjada con las derrotas sufrida por la coalición de centroderecha en las elecciones provinciales realizadas a lo largo del año. Esas derrotas sucesivas les auguraron una nueva frustración y cuatro años más de un presidente peronista, por lo cual no pudieron con su naturaleza y volvieron a las trapisondas.  

El conglomerado opositor sólo consiguió triunfar ajustadamente en Mendoza y en la Capital Federal en lo que va del año, por lo cual embarraron la cancha cada vez que perdieron con la idea de atenuar su propia derrota y generar un clima de sospecha sobre la elección presidencial que podría consagrar a Scioli.

Argumentaron que hubo trampas en Santa Fe cuando perdieron con boleta única, que también las hubo Salta con voto eléctrónico y en Tucumán con voto en papel, sin atreverse a pensar que el problema para Mauricio Macri es que, en realidad, en la Argentina hay demasiados peronistas.

Para colmo, todos los pronósticos indican que el kircherismo volverá a ganar mañana en Chaco contra la oposición unida, en el último comicio previo a la elección presidencial, lo cual seguramente profundizará la desazón en las filas de la alianza conservadora.

Resignados, los dirigentes opositores chaqueños sólo se dedican a encontrar muertos en los padrones que no elabora el Ejecutivo provincial, sino que son facultad del Superior Tribunal de Justicia, presidido por la veterana militante radical y ex diputada de la UCR, María Luisa Lucas. Los ciega el odio a una fuerza política a la cual pretenden erradicar lisa y llanamente como intentaron las tres últimas dictaduras del siglo XX en nombre de principios republicanos y pluralismo democrático. 

También practican un doble discurso hipócrita cuando se muestran como carmelitas descalzas ante "un gobierno de chorros", pero de pronto salen a la luz escándalos que los exhiben entregando dineros públicos a un periodista a cambio de servicios de dudosa necesidad y excelencia, en una empresa inexperta para el tratamiento de aguas cloacales o la enseñanza del idioma inglés a policías metropolitanos en una escuela de periodismo.

La fiebre denuncistay desestabilizadora llegó al éxtasis  esta semana en Tucumán, donde la oposición encontró la complicidad de un tribunal ajeno al pleito en términos institucionales, pero con evidente identificación política opositora, como para hacer lugar a un amparo de fraude y anular toda la elección provincial. Casi nada.

La quema de 17 urnas, la constatación de otra mal cerrada, la existencia de acciones clientelares y reiteradas notas periodísticas de medios opositores sobre  irregularidades parciales, sirvieron para una sentencia inédita desde 1983, mediante la cual fue anulado el comicio que había dado ganador por más de 100 mil votos al peronista Juan Manzur sobre el radical de la alianza centroderechista, José Cano.

La oposición tucumana acudió en amparo a la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo, un tribunal de dudosa competencia electoral pero políticamente afín, que no se enteró siquiera que buena parte de las urnas fueron quemadas por dirigentes que apoyan a Cano y anuló la totalidad de los comicios.

El tribunal no sólo se arrogó la competencia que le niega una norma para un pleito semejante, sino que produjo una sentencia arbitraria y facciosa como es la anulación in totum del comicio, pese a que las irregularidades podrían haber sido salvadas si se quisiera con elecciones parciales y complementarias. Pero volver a votar en las urnas impugnadas o dañadas no hubiera hecho más que ratificar el triunfo de Manzur, ya que la diferencia que le sacó a Cano no se podría revertir ni siquiera si todos los votantes de esas mesas decidieran sufragar por el radical. Y no era ese el objetivo del tribunal sino embarrar la cancha.

La Cámara esperó el escrutinio definitivo y ni siquiera el dato de que nada hubiera cambiado el resultado electoral  la hizo desistir de una decisión adoptada mucho antes, con la idea de colocar piedras al triunfo del peronismo a nivel local y nacional. No trepidó incluso en la posibilidad de crear una grave situación institucional ante el vencimiento de los mandatos tucumanos el 29 de octubre próximo. Más bien parece el objetivo buscado.

Semejante decisión sólo se justificaría ante una flagrante violación constitucional, pero nunca ante irregularidades parciales que no pueden modificar substancialmente el resultado electoral. Ni la existencia de las 17 urnas quemadas o violentadas, ni un sujeto cerrando indebidamente otra urna con una faja y mucho menos las acciones clientelares denunciadas, justifican la descalificación del voto popular masivo con el argumento de defender el derecho al sufragio libre.

La pelota está ahora en la Corte Suprema de Tucumán, en un partido que pasó de jugarse en las urnas a los estrados y para el cual no pocos letrados afirman que no hay tiempo suficiente para definirlo en un mes.

Con espíritu aristocrático, los tres jueces de la Cámara tucumana que anuló la elección se extendieron en consideraciones socio-políticas sobre las prácticas clientelares que representan obviamente mañas degradantes de la política, pero difícilmente un hecho judiciable como para anular un comicio. No parece ser papel de la justicia terminar con esta rémora a la que acudieron el gobierno y la oposición tucumana, sino una deuda de la sociedad y de los partidos políticos. 

Los "comentarios" de los jueces sobre el clientelismo exudan elitismo al considerar a los pobres como sujetos descerebrados que votarán ciegamente al partido que le acercó bolsones de comida u otras prebendas. Desde su condición de magistrados creen que deben proteger a esa masa inerme de pobres, sin tener en cuenta el viejo aserto político de que "en el cuarto oscuro el chancho no te ve".

La presidenta Cristina Fernández se burló de quienes creen que un sándwich de chorizo equivale a un voto, o a un manifestante, al señalar que le habían dado al ex candidato Fernando Niembro "el choripán más caro".

Publicado en:
http://www.infonews.com/nota/250249/si-pierdo-me-llevo-la-pelota

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