En exclusiva, uno de
los documentos que muestra el lobby de la embajada y el FBI para que no avance
el principal caso de lavado de dinero del país
En 2009, un año
después de que Hernán Arbizu se autoincriminara por fugar dinero del Grupo y
otras 469 firmas, la embajada pidió datos de la causa directamente al juez
Torres, sin autorización de Cancillería ni de Justicia.
A mediados del año
2008, y después de haber realizado una serie de estafas con dinero a sus
propios clientes, Hernán Arbizu, el ex banquero arrepentido del JP Morgan, se
instaló en la Argentina
y, acechado por sus propias conductas, se autoincriminó ante la justicia
nacional por haber fugado y lavado dinero de 469 grandes empresas y personas
físicas de la
Argentina. Presentó nombres, números de cuenta y montos en
dinero de grandes corporaciones como el Grupo Clarín y sus directores, los
dueños de Edenor, Ledesma, el Grupo Constantini y Bunge.
Hoy, casi cinco años
después y a pesar de la existencia de un material testimonial único para un
caso de lavado en todo el mundo, la justicia no ha tenido casi ningún avance
concreto en la investigación, excepto el pedido reciente de información del
juez federal Sergio Torres –quien lleva adelante la causa– a organismos
tributarios a nivel local y sus pares en Suiza y otros paraísos fiscales. El
planteo de Torres a las autoridades suizas se dio luego de reiterados pedidos
de información a funcionarios estadounidenses que, casualmente, nunca fueron
respondidos.
Pero las cosas,
ciertamente, pocas veces ocurren por azar. Un documento al que tuvo acceso
Tiempo Argentino, y que es parte del expediente de la causa, muestra que un año
después de la autodenuncia de Arbizu, Estados Unidos presionó fuerte y en forma
directa al magistrado Torres para tener acceso a información del caso,
evadiendo todos los protocolos y acuerdos internacionales de cooperación entre
Washington y la Argentina,
y yendo directamente a operar sobre el juez.
Fuentes de la
investigación deducen que se hizo con el objetivo de lograr extraditar a Arbizu
para juzgarlo en los Estados Unidos, parando la causa en la Argentina –que atañe a
intereses de enormes corporaciones del país– y de esa manera callar al ex
banquero para que deje de verter en los medios de comunicación información que
perjudica directamente a un banco investigado en todo el mundo por especular
con activos financieros. Como se verá en esta edición, las autoridades
nacionales, como el titular de la
UIF, José Sbatella, vienen hace tiempo desconfiando de
irrupciones sospechosas de distintos sectores para detener la causa (ver pág.
4-5).
LAS PRUEBAS. El 29
de abril de 2009, llegó a manos de Torres un escrito de la Embajada de los Estados
Unidos en la Argentina,
firmado por la agregada jurídica del Federal Bureau of Investigation (FBI),
Beth D. Mc Conn. No ingresó por mesa de entradas del Juzgado Nacional en los
Criminal y Correccional Federal Nº 12, sino casi en forma directa al despacho
del juez.
Bajo el título de
"Cooperación con respecto al caso de HERNÁN ESTEBAN ARBIZU", la nota
blanquea que "nos gustaría pedirle la siguiente colaboración con nuestras
investigaciones del FBI en Nueva York" y agrega que "es de nuestro
conocimiento a través de los Dres. Slupski e Iglesias y de la Policía Federal
que el sujeto ARBIZU dio una autodenuncia supuestamente admitiendo estar
involucrado con fraudes en el Paraguay y en los Estados Unidos". La
primera parte refiere a dos causas diferentes que pesan sobre Arbizu en los
Estados Unidos, y el segundo párrafo ya muestra irregularidades de proceso: por
un lado, la agregada del FBI reconoce que, antes de escribir la carta a Torres,
ya había tenido contacto informal con los secretarios de sus propio juzgado
(Slupski y Diego Iglesias) y con agentes de la Policía Federal,
quienes le habían pasado la información de la causa y la autodenuncia de
Arbizu. Y que también le habrían relatado que "el caso abierto a raíz de
esa denuncia fue archivado aquí en Buenos Aires por falta de jurisdicción pero
que está siendo apelado". Esta parte del texto devela que Estados Unidos
sabía ya en 2009 del cajonamiento de la causa de lavado más grande en la
historia del país y de las gestiones que estaba haciendo la Unidad de Información
Financiera (UIF) para actuar como querellante.
Y lo de hablar de la
causa "más grande del país" no es simbólico: si se confirman las
sospechas sobre presunto lavado de activos por parte del empresario cercano al
kirchnerismo Lázaro Báez, se estaría hablando –según uno de los arrepentidos de
ese caso– de unos 55 millones de euros fugados al exterior; mientras que si
cada uno de los 469 denunciados por Arbizu hubiese fugado $ 1 millón de dólares
(fue en realidad mucho más), la causa tendría más de U$S 500 millones que,
según el ex Morgan, son en más de un 90% dinero en negro.
Siguiendo con la
carta a Torres, las intervenciones viciadas de irregularidad de los
Estados Unidos en los procesos en Argentina son más importantes hacia el final
de la nota que recibió el juez. En el último párrafo se especifica que
"nos gustaría también saber si fuese posible obtener una copia de esa
Auto-Denuncia del Sr. Arbizu, siempre y cuando esto no pueda perjudicar
cualquier proceso legal en andamiento". Distintos abogados especialistas
en Derecho Internacional explicaron a este diario que rigen entre la Argentina y los Estados
Unidos distintos acuerdos de cooperación en materia penal que, básicamente,
preservan la independencia en las decisiones de cada país, pero abren
herramientas para que se salden casos delictivos que, por un interés u otro,
atañan a esos dos estados. Por un lado, rige actualmente el tratado 25.126, que
remite a los procesos de extradición de presuntos delincuentes, y que
especifica que cualquier pedido para juzgar a Arbizu o cualquier otro
sospechoso en otro país debe pasar por la Cancillería argentina.
El segundo tratado vigente es el 24.034, que data del año 1991, y tiene que ver
con la facilitación de documentación, datos y precisiones sobre personas
sospechadas. Justamente, la nota enviada por el FBI directamente al juez viola
estos dos convenios, es decir, evita el protocolo de los estados con una
intención claramente sospechosa e injustificada. El acuerdo 24.034 dice que
para ubicar a una persona en el país y tener datos de ella o de una causa de la
misma, Estados Unidos debería, a través de su Attorney General, solicitar los
datos al Ministerio de Justicia de la Nación. "Y si la autoridad central del
Estado requerido deniega la asistencia, dará a conocer" esa decisión a su
contraparte norteamericana. En pocas palabras, Estados Unidos se saltó las
instancias tanto de Cancillería como de Justicia, para pedirle datos en forma
directa a Torres, sin siquiera además la Embajada de Estados Unidos ser imputada en la
causa.
Según pudo saber
Tiempo, cuando el juez recibió la carta, envío un oficio a la Cancillería e incluyó,
en forma automática, el documento a la causa. Desde el entorno de abogados de
Arbizu suponen que la nota se adjuntó "para tratar de darle transparencia
a la causa". Cabe recordar que, al momento de enviada la nota, y
actualmente, el fiscal de la causa es Guillermo Marijuan, el mismo de la causa
Báez, que inició pesquisas de oficio, a diferencia de su proceder con la
megacausa Arbizu.
La nota no es el
único indicio de presiones de los Estados Unidos. En 2012, Tiempo reflejó una
denuncia del propio Arbizu contra dos funcionarios del FBI que, amparados por
la embajada, intentaron meterse en la causa para lograr llevárselo del país. El
ex Morgan les apuntó directamente a los agregados jurídicos del FBI William
Godoy y Frank Oliva, que con total impunidad se presentaron ante Torres para
informarle al magistrado la existencia de una orden de detención contra Arbizu.
Supuestamente, la orden era falsa ya que el nombre del juez autorizante de la
extradición no coincidía con el nombre del magistrado que llevaba la causa en
los Estados Unidos. En este contexto, el letrado patrocinante de Arbizu, Pablo
Argibay Molina, pidió que la
Corte Suprema investigue las intromisiones, sobre todo por
ser violatorias de los acuerdos bilaterales entre ambos países. De todas
maneras, no es la primera vez que el FBI interviene en el país sin autorización
de las autoridades nacionales. Lo había hecho en 2011 en Córdoba, investigando
paralelamente un caso de presunta pedofilia, en el que aparecía, curiosamente,
la misma agregada jurídica del FBI que en el caso de la nota a Torres (ver
aparte).
Arbizu es, sin
dudas, un reo, él se reconoce como tal ante cualquier tribunal, y debe ser
juzgado con la misma vara que el resto de aquellos que fueron por él
incriminados. Ahora bien, el proceso de extradición del ex Morgan responde a
intereses políticos y económicos de peso. Cuando Arbizu llegó a la Argentina en 2008, en
plena explosión de la crisis de las hipotecas subprime, él ya sabía de ese
estallido hacía por lo menos dos años. En 2007, el Morgan le había bajado línea
para que busque clientes en la región sudamericana, aprovechando los efectos de
la crisis. Es decir, Arbizu –como el resto de sus compañeros del banco,
incluido el ex Morgan y hoy diputado Alfonso Prat Gay– conocía la quiebra de
los bancos Bearn Sterns y Lehman Brothers antes de que ocurrieran y no lo
develaron.
En pocas palabras,
Arbizu sabía cómo especulaba con dinero ajeno esa entidad, que ahora lo cerca
para que no devele semejante estructura operativa. Y a la par están las 469
empresas y personas de la
Argentina, entre ellas Clarín, Ernestina Herrera de Noble,
Héctor Magnetto, José Aranda, el agro nacional y los ricos dueños de countries
y negocios inmobiliarios, que apuestan al congelamiento de una megacausa que,
de prosperar, será un hito en la lucha contra el lavado y la evasión en toda la
región. «
La multiplicación de
las denuncias
Los casos de
denuncias e investigaciones sobre el JP Morgan se multiplican a nivel mundial,
al igual que las prácticas de sus ejecutivos.
Ina Drew, ex jefa de
inversiones del banco, indicó en marzo al Senado estadounidense que había sido
víctima del ocultamiento de información por parte de sus subordinados y
justificó así su participación en la pérdida de 6200 millones de dólares. La
audiencia en la que la ex ejecutiva intentó despegarse de la investigación, se
realizó un día después que el Senado difundiera un reporte de 300 páginas sobre
las pérdidas del banco.
El senador demócrata
Carl Levin, jefe del subcomité que coordina la investigación, cuestionó a los
ejecutivos por no haber reportado las pérdidas y por la insuficiencia de los
controles de riesgo para limitarlas. "JP Morgan apostó al riesgo, escondió
pérdidas, ignoró límites, manipuló modelos y desinformó al público", dijo
Levin.
El propio ex jefe
financiero de la entidad, Doug Braunestin, ocupa hoy la vicepresidencia del
banco y dijo que el CEO Jamie Dimon ordenó a los empleados ocultar información
a los reguladores por una supuesta preocupación por la confidencialidad de los
datos.
Además, en mayo se
sumó otro caso más de investigación sobre la espalda del JP Morgan. El gobierno
de los EE UU acusó a la entidad financiera de manipular el mercado energético.
The New York Times informó que uno de los más altos ejecutivos dio
"declaraciones falsas y engañosas" bajo juramento, y además dio a
conocer detalles de las acciones contra el grupo por la forma en la que recauda
la deuda de las tarjetas de crédito. Los fiscales estadounidenses también
indagan sobre las alertas que existieron sobre Bernard Madoff, el inversor que
estafó por más de U$S 17 millones.
Publicado en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario