YO ACUSO, por Adán Costa

Por Adán Costa – Desde Santa Fe (Instituto del Pensamiento Latinoamericano)

- “¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”. Desde ayer, su figura se ha agigantando en términos históricos. Invirtió los términos de la acusación. De acusada pasó a acusadora. De acusada por una asociación ilícita y delitos de alta corrupción a acusar a un poder judicial. Y al poder comunicacional. Y al poder que endeudó a todo un país. Existen antecedentes de resonancia en las relaciones de procesos penales, justicia y política. Seguramente a muchos les resonará el “caso Dreyfus”, o su defensor público, Emile Zola.

- Durante los doce años que siguieron al año 1894 se llevó adelante un juicio penal contra el capitán francés Alfred Dreyfus, en el marco de actos de espionaje y antisemitismo que conmocionaron y partieron a la sociedad francesa de la época. Eran los remezones de la guerra franco-prusiana de 1870, generada por las disputas de los territorios de Alsacia y Lorena. Dreyfus, de origen judío-alsaciano, era un militar que había sido condenado por alta traición a la patria. Pasó a la historia por ser víctima del “llamado” error judicial. Se mandó a la prisión a un inocente por el crimen cometido por otra persona. Fue ocultado por razones políticas, militares y raciales. El poder judicial fue el instrumento de esa consumación.

- Recién en el año 1898, el escritor Emile Zola, con su famosa carta abierta al presidente de Francia publicada en el periódico parisino “La Aurora”, sin lenguaje en jerga, es decir no judicial y no encriptado, hizo estallar la errónea decisión judicial, demostrar los fines, hasta conseguir la liberación del injustamente acusado, hecho que sucedió tiempo después. Pasó a la historia, bajo el título de esa carta: “Je Accuse” (“Yo Acuso”, en castellano).

- “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”, enfatiza la Constitución Nacional argentina. Es una de las mayores garantías que tiene cualquier ciudadano que es sometido a un proceso penal y por la cual se estructura su derecho de defensa. La declaración indagatoria es el principal acto de defensa penal de un acusado de un delito. Por esa razón, muchos optan por negarse a declarar y esperan la suerte probatoria en el proceso. Pero ella no sólo declaró, sino que lo hizo durante tres horas y treinta y tres minutos. A su vez reclamó, en varias instancias, la difusión pública de su declaración indagatoria. Cosa que, paradójicamente, se prohibió por el Tribunal acusador.

- El “lawfare” o “guerra judicial” es la articulación entre los medios de comunicación y el poder judicial para perseguir a líderes y dirigentes políticos latinoamericanos cuyas políticas se oponen a algunos intereses. Rafael Correa, Lula y Cristina han sido sometidos a esta  denigrante experiencia por el solo hecho de la orientación de sus políticas.

- El “lawfare” es, ante todo, un plan sistemático. Si bien existe la formalidad de expedientes formales judiciales y multiplicidad de procesamientos concomitantes, lo verdaderamente relevante es el “expediente mediático”, donde la constante réplica comunicacional va generando una condena social previa bien lejos de la lógica de un juicio con garantías, pruebas, defensas y apelaciones. “Corrupta”. “La jefa de la banda de todos los empresarios de la obra pública argentina”. “Seychelles”. “Las cuentas ocultas de Florencia Kirchner”. "Las bóvedas". “Los hijos son siempre tan delincuentes como los padres”. “Néstor Kirchner trasladó la estructura de corrupción de Santa Cruz a Vialidad Nacional”. Los jueces, los probos y los no tanto, ya no podrán apartarse de ese veredicto condenatorio que ha sido decretado en la prensa.

- El derecho, antes que escrito, es lógico. Acá se alteró esa ecuación, se armaron causas penales sobre la hipótesis de dos personas que vinieron del sur a saquear todo el erario público argentino. “Se robaron dos P.B.I.”, ya dijeron. En palabras de Cristina, “la sociedad argentina asistió a la conformación desde el gobierno que se va en seis días, de una asociación entre organismos estatales como la UIF, la Oficina Anticorrupción, testigos protegidos, mesas judiciales para apretar jueces y fiscales y perseguir a dirigentes políticos”.

- La acusación de Cristina es la consumación final de una clase magistral y práctica del "lawfare". Seguramente Cristina Fernández, con sus enormes méritos, deméritos y críticas, va a pasar a la historia no sólo por ser la primera mujer electa como presidente de la República Argentina. Lo que hizo ayer fue valerse del banquillo de los acusados y enfrente de sus jueces, para acusar al poder. A ese poder que tiene la fuerza de mover los dispositivos comunicacionales y judiciales para perseguir.

- No se trata ya de la estúpida grieta. Son minorías que se han beneficiado del “lawfare” para condenar a un gobierno popular y, sobre todo, a sus pueblos. A partir de ayer, la comunicación pública y el poder judicial han sido notificados de la imperiosa necesidad de su reforma para que cumplan con el rol que la sociedad les ha conferido. Servir al derecho a la información y a la justicia que tenemos los ciudadanos y cada uno de nuestros pueblos. El error judicial y el “lawfare” erosionan de muerte a la democracia, a la voluntad popular y la creencia misma en las instituciones. Si pretendieron callar la transmisión en vivo, como casi siempre ocurre con las prohibiciones, lo único que lograron fue multiplicarla por millones. Aunque ya tengan escrita la condena, la historia, siempre sabia, pone las cosas en su lugar.-

Texto que circula en whatsapp y se atribuye al Dr. Adán Costa.