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viernes, 30 de noviembre de 2012

El odio a Cristina, por Guillermo Cichelo (para “Redacción Popular” del 30-11-12)






Guillermo Cichelo  es Psicoanalista.

El odio a Cristina

I) El empleo de las palabras “tiranía”, “dictadura”, “autoritarismo”; las comparaciones con Hitler, Mussolini, Ceausescu, referidas al kirchnerismo y particularmente a Cristina Fernández de Kirchner, se ubican fueran del dominio de la argumentación. No pueden ser tratadas como razones que ameriten una refutación en el plano del análisis lógico, salvo que se subvierta completamente la semántica, se ignore todo de los acontecimientos políticos del siglo XX o no se guarde registro alguno del lapso comprendido en Argentina entre los años 1976 y 1983.
Si imagináramos que un observador de otra tierra –impuesto de los cargos tan vehementes que se le formulan a la presidenta-, preguntara entonces dónde están los periodistas muertos por publicar informaciones y opiniones adversas al gobierno, cuántos medios de comunicación fueron clausurados, en qué fecha se cerró el Congreso o cuántos fueron los vetos presidenciales a leyes de una legislatura intimidada, de qué magnitud es la represión como medio de acallar la protesta social, dónde se encuentran los testimonios de dirigentes opositores perseguidos, dónde las cárceles clandestinas, cuántas veces se llevó adelante el fraude eleccionario o se removió sin proceso a jueces -en fin, aquellos elementos que conforman una tiranía-, la calidad de las respuestas le impediría a ese observador comprender o llegaría a dudar del curioso sentido que adquirieron tales palabras en esta zona del planeta.
El fenómeno eminentemente afectivo (la ira y el miedo se destacan) que propagó la instalación de tales referencias en los dominantes medios de comunicación –y en sus cajas de resonancia: los partidos de oposición y grandes sectores de las capas medias-, amerita detenerse a pensar las verdaderas causas de tanta irritación.
Para ese sector –no importa si es una creencia o una impostura-, este gobierno es autoritario en el ejercicio del poder estatal y considera amenazante y peligrosa las acciones en que ese poder se manifiesta. Tratemos de aislar algunos núcleos temáticos que despiertan la temerosa cólera. Creo ver dos: uno es la restricción a la libertad; el otro, la sensación de estar frente a un poder ciego a cualquier restricción.
Ahora bien, si uno pudiera interrogar a este conjunto de “indignados” y lo hiciera con prolijidad y paciencia -apartando la enorme carga afectiva de las respuestas- qué decisiones del Poder Ejecutivo han ido causando este humor devenido en furia, podría armar una lista que comprende, por ejemplo: la regulación oficial al atesoramiento de moneda extranjera, la mediación estatal que busca establecer un régimen de importaciones que equilibre la balanza comercial y favorezca al mercado interno, el uso de la cadena nacional para difundir las acciones de gobierno, la intervención del Banco Central orientando en una mínima medida el crédito de la banca privada, la investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos sobre el origen del dinero declarado en grandes operaciones o la obligación impuesta a las empresas trasnacionales a liquidar en el país sus utilidades, la iniciativa estatal que busca acentuar la carga impositiva a ciertos actores sociales –vg., la renta financiera o la agraria exportable-, la decisión de poner en funciones a directores públicos en las 41 empresas privadas en las que el Estado posee caudal accionario, la resolución de intervenir en el mercado de medios audiovisuales para evitar posiciones monopólicas, la rescisión de contratos incumplidos a empresas privadas de servicios públicos, el impulso en la investigación y castigo penal de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, las medidas tendientes a distribuir la riqueza (desde la asignación universal por hijo hasta la implementación de planes de vivienda para los sectores populares).La lista podría ser más extensa y precisa, pero el hilo que enlaza todas estas acciones se advierte nítidamente.
Mediante estas iniciativas, el Estado –como representante del interés público- interviene pugnando por regular dentro de ciertos límites la acción de los mayores actores económicos del país. La traducción de estas acciones estatales que encuentra la gran prensa privada –vehículo de tales intereses- es: “intromisión”, “apriete”, “presión”, “cercenamiento de la libertad”, etc. de Cristina Fernández (siempre se la menciona a título personal, casi nunca se designa el lugar institucional desde el que decide), con los predicados “autoritaria”, “dictatorial”, etc.
II) Ernst Jentsch fue un psiquiatra alemán del siglo pasado que estudió el sentimiento de lo siniestro (Freud lo cita a menudo en su obra homónima); destacó como uno de los casos en que este sentimiento se expresaba la duda acerca de que “un objeto sin vida esté en alguna forma animado”, aduciendo con tal fin, la impresión que despiertan las figuras de cera, las muñecas «sabias» y los autómatas. En esos casos, lo siniestramente amenazante consiste en el solo hecho de que aquello a lo que no se le atribuye vida, de pronto mueva un dedo, guiñe un ojo, suspire. No hace falta que empuñe un arma o lance un golpe. Lo siniestro es el sentimiento que despierta la refutación de la atribución simbólica: eso no debe tener vida; la tiene.
Creo que algo de este orden puede estar pasando en el desborde pasional, en la grotesca ira -siempre asentada sobre una expectativa de pánico-, que despiertan las intervenciones de Cristina Fernández. No creo que haya que buscar en sus enunciados las causas del odio o el desmesurado sentimiento de estar frente a un poder ominoso (hubo que forzar hasta el ridículo el famoso “ténganle miedo a Dios y a mí”). La causa de tal reacción, reitero, no son los enunciados presidenciales –por lo demás, proferidos con una firmeza y entramados en una sólida construcción argumental que hace difícil rebatirlos en el plano de la lógica de sus razones-, sino el sólo hecho de enunciar desde un lugar distinto.
Porque el kirchnerismo rompió un pacto implícito, sólido, añoso (me pregunto si eso no es la célebre soberbia kirchnerista), que establecía que la administración del Estado es la administración de los negocios de la clase dominante y la difusión de su aparato ideológico por todos los dispositivos institucionales. Ese pacto implicaba que las decisiones públicas no eran sino el resguardo y el predominio de tales intereses y que las distintas carteras del Estado fueran ocupadas por representantes de esa clase (la Unión Industrial en Economía, los grandes laboratorios en Salud, el poder financiero en el Banco Central o “negociando” la deuda externa, la Sociedad Rural en Agricultura, el principal grupo mediático en la Jefatura de Gabinete, etc.).Quebrar ese pacto implícito siempre desató en la historia argentina enormes consecuencias.
De modo que no es en el análisis de los enunciados de Cristina Fernández, en su tono pretendidamente altivo o petulante o en su manera de vestir, donde deben buscarse las causas de la ira que despierta, sino en el simple hecho de que enuncia desde un lugar que la tradición política no consagra a los presidentes. Desde la perspectiva de dicha tradición –que establece rígidamente en formas institucionales el predominio de determinadas relaciones sociales de fuerza-, Cristina Fernández refuta la atribución simbólica que durante años le asignó al Estado la función de guardián de los posesiones de la clase dominante; al alcanzar cierto grado de autonomía de tales intereses, el kirchnerismo fue, de modo creciente, asumiendo la comandancia de un Estado que cobró “vida propia”. Eso es siniestro.
Quizás sea un elemento que ayude a explicar el miedo y la ira y la total trasgresión del sentido que hoy asumen en ciertos sectores sociales las palabras “tiranía”, “dictadura”, “autoritarismo”.


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Bayer, "Miembro de Honor" del Instituto de Revisionismo Histórico, por INFOnews del 30-11-12



El periodista e historiador Osvaldo Bayer fue distinguido como "Miembro de Honor" del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino. Al momento de agradecer el reconocimiento aseguró que Argentina debe seguir esforzándose "para llegar a la libertad en igualdad".

Por:
INFOnews

 

 "Estoy conmovido, llegar a cumplir 85 años y ver el reconocimiento a mi obra, por la que tuve que sufrir tanto, es como tocar el cielo con las manos", expresó el autor de “La Patagonia rebelde”, tras ser nombrado Miembro de Honor del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino.
"Pero los que verdaderamente merecen este honor son mis tres queridos amigos que fueron asesinados por la última dictadura: Rodolfo Walsh, Paco Urondo y Haroldo Conti, que dieron su vida por los ideales", manifestó Bayer, al agradecer la designación ante un nutrido público reunido en el Instituto Manuel Dorrego.
Refiriéndose a los tres escritores desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado, agregó que "ellos podrían haberse encerrado en la torre de marfil para escribir sus obras y, sin embargo, salieron a la calle cuando vieron sufrir al pueblo".
"Además -señaló- este instituto lleva el nombre de ese patriota, admirable luchador que fue fusilado por Lavalle. Yo me di cuenta de quién era Lavalle cuando leí el acta de fusilamiento de Dorrego, donde dice que fue fusilado por su orden. ¿Quién era él para ordenar el asesinato de un legítimo gobernador?", se preguntó Bayer.
En esa línea, apuntó: "Lo que nunca se nos enseñó es que Lavalle ordenó a los soldados que le destrozaran el cráneo con la culata de sus fusiles. Eso me hizo acordar al sistema de desapariciones de personas de la última dictadura militar".
"Nosotros, los argentinos, que venimos de aquellos brillantes documentos de mayo, de un Belgrano, un Castelli, un Mariano Moreno: la humanidad de esos hombres, el sentido de igualdad. La noble igualdad, la libertad, lo que siempre cantamos en nuestro himno: llegar a la libertad en igualdad", reflexionó el historiador.
Y exclamó: "pero fíjense ustedes, en nuestra sociedad actual, las villas miseria acá nomás, en Retiro, desde hace años, a 20 cuadras de la Plaza de Mayo, del Cabildo. Hay que ver la enorme pobreza de esa gente, gente noble, de trabajo". "Sin embargo, conseguimos logros importantes en los últimos años: ver a los dictadores en la cárcel. Pero tenemos que luchar para eso, para llegar a la libertad en igualdad",concluyó durante el acto realizado ayer.

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Los cazaperiodistas, por Andrea Recúpero y Franco Mizrahi (para “Veintitrés” del 29-11-12)



Arriba : Non-fiction. Al igual que los Cazafantasmas, el equipo conducido por el estudio Sáenz Valiente & Abogados Asociados, que asesora legalmente al Grupo Clarín, salió a la caza de los periodistas que no comparten las visiones apocalípticas del multimedios. Debieron dar marcha atrás con la medida.


Wortman Jofré, Sáenz Valiente y Pérez Chada


Por Andrea Recúpero y Franco Mizrahi


Los abogados de Clarín pretendieron encarcelar y silenciar periodistas. Pero su foja de servicios es más frondosa: operaciones mediáticas, cámaras ocultas y presiones judiciales. Cómo opera el grupo de tareas legal del multimedios.

Mientras se acortan los plazos para la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Grupo Clarín S.A. dejó en claro que lejos está de interesarse por la libertad de expresión y la pluralidad de voces, valores que se jacta representar: en una presentación inédita en la Argentina, los abogados que representan al multimedios denunciaron penalmente al director-fundador de Tiempo Argentino, Roberto Caballero; a la periodista de Página 12 y panelista de 6, 7, 8 Sandra Russo y al relator de Fútbol para Todos Javier Vicente por el simple hecho de pensar distinto. De acuerdo a la presentación judicial, se acusó a los periodistas de ser “instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva en perjuicio tanto del Grupo Clarín como de sus directivos en particular”. Un delito que tiene una pena de 3 a 6 años de prisión. No conformes, los letrados de la empresa de medios más poderosa de la Argentina consideraron que “los hechos denunciados podrían encuadrar en la figura de coacción agravada”, delito cuya pena oscila entre los 2 y los 4 años de cárcel. La noticia fue publicada el domingo por el diario Tiempo Argentino. Ningún medio de la empresa de Ernestina Herrera de Noble lo había difundido a pesar de que la denuncia penal (causa 12383/2012) había sido radicada el jueves 22 de noviembre en el Juzgado Federal 9, a cargo del magistrado Luis Rodríguez. Apenas 35 páginas bastaron para que el grupo dirigido por Héctor Magnetto expusiera sus verdaderos valores.
¿Pero quiénes fueron los letrados que pergeñaron y presentaron la demanda que atenta contra la libertad de pensamiento y la libertad de expresión? Se trata de las espadas judiciales que suele utilizar el grupo para realizar el trabajo más engorroso: José María Sáenz Valiente, abogado del Grupo Clarín S.A., y “sus letrados patrocinantes Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada” –según consta en la denuncia–.

Hugo Wortman Jofré compartía la entidad Poder Ciudadano con Luis Moreno Ocampo, a quien conocía del Juicio a las Juntas –donde colaboró con los fiscales cuando tenía apenas 19 años-. Muy lejos quedaron aquellos tiempos. Actualmente es el defensor de Mario Pontaquarto en el juicio por los sobornos en el Senado y es el letrado patrocinante de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto en la causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa. Conocido como el operador de Clarín en Tribunales, una fuente judicial consultada por esta revista lo definió como “una persona que anda sinuosamente por todos lados. Por ejemplo, es quien aportó el know how de muchas de las cámaras ocultas que realizó el Grupo Clarín: en el programa Telenoche Investiga, él era quien asesoraba y manejaba todo. Antes de que saliera al aire, Wortman ya había hablado con el fiscal y con el juez, en forma ‘secreta’. Consolidado el frente jurídico, la cámara se difundía por la tevé”. La misma fuente recordó que Wortman Jofré solía ir a las reuniones con miembros del Poder Judicial acompañado por el sobrino de Magnetto, Pablo Casey.

Alejandro Pérez Chada, además de ser letrado de Clarín, es el abogado del procesado jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. “Hace penal hace muchísimos años –aseguró a Veintitrés una fuente que recorre Tribunales–. Tiene muchas vinculaciones con el poder. Tiene un perfil más independiente que el resto”.

José María Sáenz Valiente padre fue el apoderado del Grupo Clarín S.A. y junto a su hijo está vinculado a varias empresas relacionadas al multimedio. Por ejemplo, Sáenz Valiente hijo aparece como director suplente del grupo madre y comparte las firmas GC Domingo S.A. e Inversora HHM S.A. con nada más y nada menos que Héctor Magnetto. Además conforma el directorio de Carburando SAPICAFI; Mundo Show TV S.A.; Auto Sports S.A.; La Capital Cable S.A. y GC Minor S.A., entre otras tantas firmas. Los Sáenz Valiente –hasta el nieto, Ignacio José María, figura como directivo de Multicanal– aparecen a lo largo de los años en los negocios determinantes de Magnetto. Por caso, Sáenz Valiente hijo estuvo vinculado a Papel Prensa SAICF entre 1979 y 1982. Semejante confianza no es producto del azar.

Según se desprende de las afirmaciones del abogado Pablo Argibay Molina, el vínculo entre Magnetto y el estudio Sáenz Valiente proviene, como mínimo, desde la última dictadura militar. Argibay Molina afirmó ante Página 12, en julio de este año, que “Miguel Tobías Padilla (subsecretario de José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar) manejaba la información de todo lo que iba ocurriendo en la parte económica que bajaba de las Juntas (militares). Y fue el que manejó los tiempos del negocio (de Papel Prensa)”. Según este letrado, Tobías Padilla “estaba en el estudio Sáenz Valiente. (…) Era el abogado personal de Magnetto”. Es más, para Argibay Molina, fue Tobías Padilla quien relacionó al CEO de Clarín con el tema Papel Prensa y quien “manejó los tiempos del negocio”.

Se sabe, la confianza no tiene precio. Ante este escenario, no sorprende que los tres denunciantes de los periodistas aparezcan vinculados a otro caso paradigmático: la cámara oculta que le realizaron el 17 de febrero del 2011, en las oficinas del estudio Sáenz Valiente ubicadas en Puerto Madero, al delegado gremial de AGR Luis Siri, quien estaba negociando una indemnización con la patronal y continúa procesado por este hecho. Los protagonistas de aquella puesta en escena fueron el espía Gustavo Gabriel Slevin y los abogados Matías Fredriks –parte del bufete de abogado Sáenz Valiente y directivo de algunas firmas del grupo–, Wortman Jofré –especialista en cámaras ocultas– y Pérez Chada. Los dos últimos fueron quienes se presentaron como querellantes en representación de AGR-Clarín.

De acuerdo a estos tres abogados, Roberto Caballero –ex director de esta revista– merece ser detenido y privado de su libertad por la siguiente declaración que emitió en programa 6, 7, 8 el 4 de octubre pasado, en el marco del amotinamiento que realizaron gendarmes y prefectos: “¿Qué creo yo, digamos, de lo que está sucediendo? Obviamente esto es un intento de desestabilización. Cuando vos a la gente le mostrás por televisión que las fuerzas que están para ocuparse de la seguridad, de la tranquilidad y de la paz de los ciudadanos de un país, en realidad toman posturas o deciden situaciones que alteran esa paz, la gente se agarra la cabeza y dice: ‘¿En qué país estamos?’. Y, la verdad, me parece que esto forma parte de una estrategia de incendio en la calle, que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al 7 de diciembre, que obviamente conecta muy bien con la antipolítica, conecta muy bien con los sectores de derecha que hay en la sociedad argentina, un núcleo reaccionario muy duro de la sociedad argentina, pero también provoca, quizás, que vuelvan los peores fantasmas, ¿no? Cuando uno ve un uniforme haciendo lo que no es su función específica, a cualquier argentino se le eriza la piel…”.

Mientras que a Sandra Russo se la acusó porque “luego de los conocidos ‘cacerolazos’ del día 13 de septiembre de 2012, expuso en el programa televisivo 6, 7, 8 emitido por TV Pública, Canal 7, las siguientes expresiones: ‘Son las cacerolas de Clarín’ y agregó ‘en este núcleo de veneno, es difícil que pueda salir algo bueno’. Luego continuó diciendo ‘en los noventa hemos salido innumerables veces, pero en estas marchas hay veneno, y además si logran la destitución, ¿qué pasaría el día después?’”. 

La afirmación de Javier Vicente que llevó a los letrados de Clarín a pedir encerrarlo en un calabozo fue: “Esto es Fútbol para Todos, para el parcial Estudiantes 0-Quilmes 0. Fútbol para Todos, el mejor antídoto a la cadena del miedo y del desánimo. Cadena con fecha de vencimiento, 7 de diciembre”.

La presentación judicial contra los periodistas –en la que también se apuntó contra funcionarios del Gobierno– fue un error de tal magnitud que obligó a los directores periodísticos del multimedios a disculparse públicamente. En su edición del 28 de noviembre, en la sección “Del editor al lector”, Ricardo Kirschbaum firma un editorial titulado “Una rectificación imprescindible”, en el que reconoce que “el Grupo Clarín nunca debió haber mencionado a periodistas en una denuncia penal” e informa que “se desistirá de que los seis periodistas (mencionados en la presentación judicial) siquiera sean citados como testigos”. Hasta la SIP y ADEPA se manifestaron en contra de la presentación judicial de su aliado estratégico, el Grupo Clarín. Y los abogados dijeron que sólo pidieron que se los citara como testigos. Es que hay fronteras infranqueables que 29 años de democracia demarcaron profundamente. Ejemplo de ello fue la manifestación de apoyo que recibieron los periodistas el lunes 26 de noviembre durante la conferencia de prensa que se realizó en las oficinas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entidad que asumió su defensa legal.

Desde que comenzó su disputa con el gobierno nacional, el Grupo Clarín puso en juego su credibilidad y su elevado nivel de aceptación en diversas capas sociales en un intento por preservar sus intereses comerciales. De hecho, la denuncia penal del 22 de noviembre pasado no fue la primera iniciativa del multimedios que amenazó la libertad de expresión. El diario creado por Roberto Noble prohibió durante los últimos doce años la libertad sindical, derechos que los trabajadores del matutino reconquistaron el pasado 15 de noviembre, en una elección gremial histórica. A esto se suma su puja por impedir que los canales Paka Paka, CN23 e Incaa TV ingresen en la grilla de Cablevisión, a pesar de que el ex Comfer había ordenado su inclusión. La lista es más extensa e incluye la competencia desleal en la venta y distribución de papel para diarios a través del control de Papel Prensa y las denuncias de boicot contra señales de cable del interior del país, entre otros hechos de relevancia.

Es evidente que aunque el Grupo Clarín hace esfuerzos desmedidos por presentar su enfrentamiento con el Ejecutivo nacional sólo como una batalla cultural, apenas se corre el velo que cubre aquella premisa aparecen los intereses económicos de un monopolio dispuesto a todo con tal de no perder su posición hegemónica en el mercado de los medios de comunicación masiva. El 22 de noviembre pasado, la desmesura alcanzó su punto más álgido.

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jueves, 29 de noviembre de 2012

Diputados repudió a Clarín y a Griesa, por Felipe Yapur (para “Tiempo Argentino” del 29-11-12)



Arriba : Felipe Solá, uno de los pocos legisladores opositores que mostró una actitud digna

La oposición no acompañó

Los diputados aprobaron ayer, en su última sesión del período ordinario, dos declaraciones que no consiguieron la unanimidad requerida. Por un lado, repudiaron al ahora suspendido fallo del juez estadounidense Thomas Griesa. Y también rechazaron el intento del Grupo Clarín de enjuiciar tanto a legisladores como a periodistas. Los proyectos fueron aprobados pero la oposición votó en contra.
 
El primero fue el que rechazó el fallo Griesa. Fueron 129 votos a favor, los que tiene el Frente para la Victoria y sus aliados. El voto contrario cosechó 65 voluntades y 22 se abstuvieron. El radicalismo repitió su conducta de siempre oponerse a las iniciativas oficialistas. Si bien Ricardo Gil Lavedra repudió la actitud del juez estadounidense no perdió la oportunidad para sostener que respondió a "la mala conducta" del gobierno nacional: "En la UCR no podemos ser indiferentes a los modos y formas que el gobierno pretende llevar adelante su estrategia cuyos lineamientos desconocemos y no compartimos." El macrismo coincidió con esa lectura y tomó la misma decisión.
Uno de los más firmes defensores de la necesidad de que el proyecto se vote por unanimidad fue el peronista Felipe Solá: "Hay que ser muy cipayos para no calentarse con el fallo de Griesa. No deben importar las diferencias que tenemos acá", afirmó pero no logró conmover a sus colegas de la oposición.
A su turno, el jefe del bloque del FPV, Agustín Rossi, insistió en la necesidad de que todo el cuerpo vote esta declaración para estar en sintonía tanto con el Poder Judicial como el Ejecutivo. No los convenció ni siquiera cuando todos los diputados se enteraron que el fallo había sido suspendido en los Estados Unidos.
Una vez superado este tema comenzó el debate del proyecto que repudia la actitud del Grupo Clarín de denunciar periodistas y funcionarios. Uno de los acusados, el diputado Edgardo Depetri, fue el primero en hablar: "Clarín quiere una democracia tutelada", aseguró.
La oposición aprovechó el debate para diluir su tibia solidaridad con la persecución a los periodistas y endilgare al gobierno nacional todos los males del país y alrededores. Por caso, Enrique Thomas, del peronismo disidente, puso en igualdad de condiciones a los que definió como "los medios oficiales y para-oficiales" con el Grupo Clarín, de quienes dijo que "tienen la misma escuela". En tanto, Gerardo Milman, del GEN, quiso ser irónico al sostener que lo que se debate en realidad es sobre la pelea entre "el Grupo Clarín y el Grupo Casa Rosada". De todas formas rechazó la actitud del monopolio pero con una marcada tibieza.
El PRO no sólo repudió el ataque a los periodistas sino también a los legisladores que también están incluidos en la demanda. Pero a partir de allí mostró la verdadera intención de su bloque ya que advirtió que sólo votarían el proyecto oficial si incluían modificaciones al texto donde no figuraba el Grupo Clarín. Rossi consideró que la actitud de la oposición era hipócrita: "Ustedes miran para el costado, no se quieren pasar de la raya y lo critican a Clarín porque se rectificó", los azuzó. Luego de ello se votó. Fueron 131 por el sí, 55 en contra y 18 abstenciones. 

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Fondos Buitre: Corte de Apelaciones de EE.UU. suspendió el fallo de Griesa, por INFOnews del 28-11-12.



Esa instancia de la justicia del país norteamericano aceptó la apelación de la Argentina. Se fijó una nueva fecha para una resolución al respecto. Según ordenó la Corte, será el 27 de febrero. Accedé al fallo de la Cámara de NY. Las repercusiones.

Por:
INFOnews

Argentina logró que la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos ordenara retrasar el fallo judicial del cuestionado Thomas Griesa, que había que la Argentina le pagara a los tenedores de bonos en default el próximo mes cerca de 1.300 millones de dólares.
Según confirmó la agencia Bloomberg, un tribunal federal de apelaciones de Nueva York pospuso el efecto de las resoluciones, emitidas por Griesa, "en espera de nueva orden" de la Corte del país norteamericano.
Asimismo, la nueva orden, que evita el denominado "default técnico" que los fondos buitre buscaban provocar en nuestro país, fijó para el 27 de febrero una nueva resolución en torno al fallo de Griesa respecto de nuestro país.
Nuestro país había solicitado una nueva instancia que permitiera no tener que realizar un depósito de garantía.
En el día de hoy, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, había asegurado que no se iba a adoptar ninguna decisión sobre una posible reapertura del canje de la deuda hasta tanto no se expidiera la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que finalmente falló a favor de nuestro país.
"Estamos esperando la decisión de la Cámara. Hasta tanto que no haya decisión al respecto, no tendremos nada que agregar a lo que hemos dicho en estos últimos días", sostuvo Lorenzino en conferencia de prensa este mediodía en el Palacio de Hacienda.
 A continuación, el fallo de la Corte de NY: 


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Axel Kicillof calificó a Griesa como "talibán del sector financiero", por INFOnews del 28-11-12.



El viceministro de Economía lo dijo en el programa 678, donde se refirió a la suspensión del fallo del juez de Nueva York que había beneficiado a los fondos buitre y perjudicado a la Argentina.

Por:
INFOnews

El viceministro de Economía fue invitado por el programa de la TV Pública 678 para dialogar sobre la resolución de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que suspendió hasta fines de febrero de 2013 el fallo del juez Thomas Griesa, que beneficiaba a los fondos buitre en su reclamo especulativo contra la Argentina.

En el programa se emitió un informe sobre la situación anterior, cuando Griesa había ordenado que Argentina pagara 1.300 millones de dólares a los buitres, lo que había sido celebrado por el periodista Joaquín Morales Solá y Eduardo Amadeo, enrte otros.
Sobre el tema, Kicillof afirmó que "cuando Argentina cae en default tiene un problema de deuda soberana, el volumen superaba la capacidad productiva del país", a lo que puntualizó que la deuda significaba el 160 % del Producto Bruto de la Argentina. En ese punto, destacó que "hoy la deuda no llega al 10 por ciento".
"Son bandas de abogados que empiezan a buscar que el país le pague a los fondos buitre, que siguen apostando a la quiebra del país", agregó sobre quienes llevaron a la justicia el pago en efectivo de los bonos. "Querían seguir apostando a la quiebra del país", añadió.
En ese sentido, apuntó contra Thomas Griesa, a quien calificó como "un defensor, un talibán del sector financiero".



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Buitres: la Argentina, un caso testigo, por Mariano Beristain (para INFOnews del 25-11-12)



Si prospera el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, se abriría un horizonte de enorme incertidumbre.



La decisión del juez de Nueva York Thomas Griesa, compartida desde el punto de vista conceptual por el Tribunal de Apelaciones de esa ciudad, abre una nueva caja de Pandora y refleja a todas luces un avance del poder financiero internacional sobre los Estados Nacionales y el poder político. El ataque contra la reestructuración de la deuda en la Argentina es una evidente avasallamiento de los fondos buitre, avalado por un magistrado extranjero con un historial de recurrentes fallos contra la Argentina. Existen varios indicios de que la decisión de Griesa tiene una clara animadversión contra el país y que se basó más en argumentos de orden político que jurídicos. Por ejemplo, en uno de los tramos, Griesa cuestiona directamente la decisión soberana del Estado argentino de establecer su propio cuerpo jurídico, al afirmar que "las legislación misma de la Argentina está en contra de la ley". En este caso puntual, el juez critica la Ley Cerrojo, que en 2005 limitó la reapertura del canje de deuda. En otro tramo más difundido del fallo también hace referencia explícita y crítica a un discurso en el que la presidenta Cristina Fernández reivindica la decisión de la Argentina de no pagarles a aquellos que no ingresaron a los dos canjes de deuda, que aceptaron y avalaron el 92,7% de los acreedores. Es llamativo que un juez de primera instancia de los Estados Unidos responda a través de un escrito "jurídico" a un discurso político de la primera mandataria argentina. En teoría, un juez imparte justicia no política y si lo hace debe esgrimir argumentos técnicos. Otro dato revelador es el rápido tratamiento que le dio a la última fase del caso. Griesa, un hombre conservador, de edad avanzada (82), criticado en su país por la lentitud para dictar sentencias, leyó y procesó siete presentaciones que hicieron distintos grupos de bonistas, del gobierno argentino y de los fondos buitre, y redactó el fallo en un tiempo récord de 48 horas. Esto explica porque el ministro de Economía, Hernán Lorenzino acusó al fallo de alumbrar una "colonización jurídica", en referencia a la intromisión de un juez extranjero en las determinaciones políticas del país. Hasta el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ultraconservador, Martín Redrado debió reconocer que "el fallo es incorrecto y tiene errores técnicos", con lo cual admitió implícitamente que la respuesta obedece más a razones políticas. Hasta aquí los recurrentes fallos de Griesa a favor de los fondos buitre parecen decisiones caprichosas de un juez que pueden tener un impacto millonario en perjuicio de la Argentina y que benefician a grupos financieros carroñeros con un enorme poder de presión. Sin embargo, si el caso llega a la última instancia (previa ratificación del criterio arbitrario de igualdad de trato que les otorga a los buitres el 100% del reclamo cuando el resto de los bonistas aceptaron quitas de hasta el 70%) y la Corte Suprema de los Estados Unidos confirma lo actuado por este juez, se sentaría un peligroso antecedente internacional con consecuencias aún difíciles de predecir. La Argentina no es el único país que ha reestructurado su deuda, Grecia hace poco presentó un millonario impago. "Es una jugada perfecta de la banca; se trata de una medida de disciplinamiento sobre el poder político. Esto nos obliga a pensar que va a pasar en otros países como Grecia", reconoce el economista de la Universidad de San Martín, Enrique Dentice. Grecia reestructuró el 95% de la deuda con el sector privado, pero todavía hay un 5% que quedó afuera. Es que el fallo de Griesa podría transformar las decisiones de los Estados en materia de deuda en un verdadero convidado de piedra porque en los hechos la reestructuración podría fracasar pues el fallo del juez de Nueva York les abre nuevas expectativas a los especuladores para recurrir a una instancia judicial y obtener más dinero del que los gobiernos acuerden con los tenedores de bonos en una reestructuración de deuda. En ese caso, la Argentina será recordada en el futuro como un leading case (caso testigo) de la suerte que después corrieron otros países que debieron renegociar su deuda tras ir a la quiebra. El resto de las naciones desarrolladas también deberían seguir de cerca el caso porque también pueden caer como un castillo de naipes empujados por el alto peso de su endeudamiento. No se trata de una quimera o una especulación periodística. La situación de la deuda pública de Europa ha ido haciéndose una enorme bola de fuego desde fines del siglo pasado. En menos de 20 años el nivel de endeudamiento del Viejo Continente creció casi el 50% merced a las graciosas políticas de desfinanciamiento del sector público (que en muchos casos le quitaron impuesto a las empresas y obligaron a los Estados a endeudarse) y a las maniobras especulativas del sector financiero que también se anotaron en los pasivos del Estados y terminaron pagando los propios contribuyentes. Según la agencia de estadísticas Eurostat, la deuda total de los 27 países de la Unión Europea subió hasta ubicarse a finales del año pasado en el 82,2% del Producto Bruto Interno (PBI), pero si se toma a los 17 países que integran la zona euro este porcentaje crece aun más y alcanza el 87,4% del PBI. En naciones como Italia y España la deuda trepó a niveles insostenibles a finales del año pasado. Francia y Gran Bretaña tenían en 2011 ratios de deuda equivalentes al 85,2% del PBI. Pero hay casos más preocupantes. La carga de la deuda de Japón también supera a la de la Unión Europea, pero además el Fondo Monetario Internacional (sí, el propio Fondo) estima que alcanzará el 250% del PIB en el 2015. El lector dirá: "Pero como podrían ir a la quiebra Japón o Francia." Bueno, ¿usted imaginaba hace sólo una década que el hambre y la extrema pobreza dominarían el escenario social de España o Grecia? Además, un informe denominado "Un mecanismo europeo de crisis de la deuda soberana: una propuesta", elaborado por François Gianviti, Anne O. Krueger (la ex titular del FMI), Jean Pisani-Ferry, André Sapir y Jürgen von Hagen, recuerda que "Grecia, Alemania, Italia, Portugal y España tienen experimentado al menos un caso de cesación de pagos desde 1824 (la mayoría de estos incumplimientos se produjeron durante el Patrón Oro). También subraya el informe que la hoy todopoderosa Alemania "ha dejado pagar su deuda soberana en tres ocasiones" en la última centuria. 
No obstante, la realidad del siglo XXI es muy distinta porque este escenario de impagos y potenciales quiebras se produce en un contexto de retirada de los Estados Nacionales y de resignación de la política frente a la consolidación del sistema financiero y del empoderamiento de nuevas formas de liderazgo encabezadas, por ejemplo, por el Fondo Monetario Internacional, en perjuicio de las grandes naciones. En el Grupo de los 20 se observa con claridad el desdibujamiento de la imagen de históricos popes como Estados Unidos, Gran Bretaña e incluso la debilidad de ascendente China. Las únicas decisiones que tienen carácter ejecutivo son las que propone el FMI, que en los últimos años, lejos de perder poder, sigue fortaleciéndose, manteniendo y gobernando las políticas de ajuste que obligan a tomar a Europa. En este escenario, determinado también por el crecimiento imparable de las grandes calificadoras de riesgo –que siempre juegan en tándem con el FMI, el Banco Central Europeo y el poderoso Tesoro de los Estados Unidos–, la Argentina se ha transformado en un lastre al que es necesarios disciplinar, esencialmente porque puede ser transmisor de malos ejemplos. Pero también porque abre una nueva compuerta que le puede garantizar a los acreedores (grandes bancos, fondos de inversión, buitres) dejar sin efecto cualquier posible reestructuración con quita y les permitará asegurarse el cobro del 100% de jugosas deudas que las naciones contrajeron por salvar a los propios bancos que cooptaron a un poder político, que se ha transformado en verdadero garante de esta enorme transferencia de ingresos de los recursos del sector público al sistema financiero.

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miércoles, 28 de noviembre de 2012

Periodistas, por Dante Augusto Palma (para “Diario Registrado” del 27-11-12)



La insólita denuncia realizada por el Grupo Clarín contra los periodistas Roberto Caballero, Javier Vicente, Orlando Barone, Sandra Russo, Nora Veiras y Edgardo Mocca, ha recibido un amplio e inusitado rechazo desde buena parte de la ciudadanía incluyendo referentes del propio grupo y periodistas cuya ideología se encuentra en las antípodas de los acusados. Así Jorge Rial, Nelson Castro, Ernesto Tenenbaum, Samuel Gelblung y María O Donnell, entre otros, se manifestaron en contra de semejante despropósito. No fue el caso de Jorge Lanata a pesar de que sus compañeros de programa, Luciana Geuna y Gustavo Gravia, interpelaron con buen tino la inconsistencia del abogado que buscó defender la denuncia.
Lamentablemente, camino similar al del primer director de Página 12 siguió el periodista de espectáculos que opina de política, Pablo Sirvén, quien, antes de rechazar la denuncia de Clarín, utilizó twitter para dar mensajes como los siguientes: “Pagni, procesado por mails q ni distribuyó ni usó (y foquitas aplaudiendo). ¡No lloren más! #doblediscurso”; “No me alegra la demanda contra Caballero ni tpc la del adn hijos Noble q terminó en nada y nadie se disculpó”; “hechos concretos: quisieron incriminar a Morales Solá en lesa humanidad x cubrir c/otros periodistas nota en Tucumán. Y las foquitas,chochas”; “¡qué hipócritas! Si la demanda hubiese sido presentada por un multimedio oficialista contra un periodista hegemónico aplaudirían como focas”.
Más allá de la extraña obsesión cuasi fetichista por esos simpáticos animalitos que son las focas, Sirvén sigue una lógica sobre la que me quiero detener. Me refiero a que busca equiparar el ataque a la libertad de expresión perpetrado por el Grupo Clarín contra periodistas afines al gobierno que sólo opinaron, con casos infinitamente más graves y, en parte, con buenas pruebas, en los que se ven involucrados periodistas del diario La Nación y hasta la misma Ernestina Herrera de Noble. Lo que esto deja entrever es la defensa corporativa de los periodistas en tanto tales y lo que se supone es que cualquier tipo de denuncia contra un periodista se transformaría en un ataque a la libertad de expresión. De esta manera, una denuncia de incitación a la violencia colectiva y coacción agravada por dichos que jamás podrían encuadrarse en esas figuras, es equiparada con una causa por delito de lesa humanidad (que se dilató 10 años y en la que se ha probado que la adopción es irregular, sólo que no se sabe aún quiénes son los padres) y con una causa que tiene procesados a ex miembros de la SIDE y a periodistas como Carlos Pagni y Roberto García, por espionaje. En la lógica Sirvén, la libertad de expresión del periodista parece justificar una libertad de apropiación de bebés y una libertad de espionaje.
Ahora bien, desde la misma perspectiva de defensa corporativista de los periodistas pero arribando a la conclusión contraria, el siempre crispado periodista antikirchnerista de La Nación, Mariano Obarrio, defendía la denuncia de Clarín con este fundamento balbuceado a través de twitter: “Si periodistasK dan al juez detalles d golpismo d Clarin, ganamos democracia. Si no pueden, son provocadores y manipuladores, NO periodistas”.
Como se puede observar, parece subyacer a esta afirmación que si no fuesen periodistas bien les cabría la figura de incitación a la violencia colectiva y coacción agravada. Dicho de otra manera, esta lógica que atravesó muchos de los mensajes de las redes sociales supone que como no se trataba de periodistas sino de “militantes” o “propagandistas oficialistas”, la prisión parece una buena opción. No importa lo que dicen. Sólo importa cómo se los categoriza: si son periodistas están inmunizados. Si son militantes, no.
Dicho esto, quiero dedicar las últimas líneas a un olvido en el que han incurrido todos: los que están del bando de los acusadores y los que estamos del bando de los acusados. Me refiero a que la denuncia también recayó sobre políticos que ocupan diferentes espacios en el oficialismo pero ningún periodista ni ninguna institución progresista se encargó de visualizarlos. Me refiero a los casos de Martín Sabbatella, Juan Cabandié, Carlos Zanini y Edgardo Depetri. Pareciera así que los políticos no tienen derecho a opinar a pesar de que, al igual que los periodistas antes mencionados, ninguno de ellos incitó a nada ni coaccionó a nadie. Pero nadie se ocupó de ellos porque son políticos. Es una pena pero así es la vida: a algunos nos toca ser periodistas y a otros les toca tener la mácula del resto de los mortales.
La insólita denuncia realizada por el Grupo Clarín contra los periodistas Roberto Caballero, Javier Vicente, Orlando Barone, Sandra Russo, Nora Veiras y Edgardo Mocca, ha recibido un amplio e inusitado rechazo desde buena parte de la ciudadanía incluyendo referentes del propio grupo y periodistas cuya ideología se encuentra en las antípodas de los acusados. Así Jorge Rial, Nelson Castro, Ernesto Tenenbaum, Samuel Gelblung y María O Donnell, entre otros, se manifestaron en contra de semejante despropósito. No fue el caso de Jorge Lanata a pesar de que sus compañeros de programa, Luciana Geuna y Gustavo Gravia, interpelaron con buen tino la inconsistencia del abogado que buscó defender la denuncia.

Lamentablemente, camino similar al del primer director de Página 12 siguió el periodista de espectáculos que opina de política, Pablo Sirvén, quien, antes de rechazar la denuncia de Clarín, utilizó twitter para dar mensajes como los siguientes: “Pagni, procesado por mails q ni distribuyó ni usó (y foquitas aplaudiendo). ¡No lloren más! #doblediscurso”; “No me alegra la demanda contra Caballero ni tpc la del adn hijos Noble q terminó en nada y nadie se disculpó”; “hechos concretos: quisieron incriminar a Morales Solá en lesa humanidad x cubrir c/otros periodistas nota en Tucumán. Y las foquitas,chochas”; “¡qué hipócritas! Si la demanda hubiese sido presentada por un multimedio oficialista contra un periodista hegemónico aplaudirían como focas”.

Más allá de la extraña obsesión cuasi fetichista por esos simpáticos animalitos que son las focas, Sirvén sigue una lógica sobre la que me quiero detener. Me refiero a que busca equiparar el ataque a la libertad de expresión perpetrado por el Grupo Clarín contra periodistas afines al gobierno que sólo opinaron, con casos infinitamente más graves y, en parte, con buenas pruebas, en los que se ven involucrados periodistas del diario La Nación y hasta la misma Ernestina Herrera de Noble. Lo que esto deja entrever es la defensa corporativa de los periodistas en tanto tales y lo que se supone es que cualquier tipo de denuncia contra un periodista se transformaría en un ataque a la libertad de expresión. De esta manera, una denuncia de incitación a la violencia colectiva y coacción agravada por dichos que jamás podrían encuadrarse en esas figuras, es equiparada con una causa por delito de lesa humanidad (que se dilató 10 años y en la que se ha probado que la adopción es irregular, sólo que no se sabe aún quiénes son los padres) y con una causa que tiene procesados a ex miembros de la SIDE y a periodistas como Carlos Pagni y Roberto García, por espionaje. En la lógica Sirvén, la libertad de expresión del periodista parece justificar una libertad de apropiación de bebés y una libertad de espionaje.

Ahora bien, desde la misma perspectiva de defensa corporativista de los periodistas pero arribando a la conclusión contraria, el siempre crispado periodista antikirchnerista de La Nación, Mariano Obarrio, defendía la denuncia de Clarín con este fundamento balbuceado a través de twitter: “Si periodistasK dan al juez detalles d golpismo d Clarin, ganamos democracia. Si no pueden, son provocadores y manipuladores, NO periodistas”.

Como se puede observar, parece subyacer a esta afirmación que si no fuesen periodistas bien les cabría la figura de incitación a la violencia colectiva y coacción agravada. Dicho de otra manera, esta lógica que atravesó muchos de los mensajes de las redes sociales supone que como no se trataba de periodistas sino de “militantes” o “propagandistas oficialistas”, la prisión parece una buena opción. No importa lo que dicen. Sólo importa cómo se los categoriza: si son periodistas están inmunizados. Si son militantes, no.

Dicho esto, quiero dedicar las últimas líneas a un olvido en el que han incurrido todos: los que están del bando de los acusadores y los que estamos del bando de los acusados. Me refiero a que la denuncia también recayó sobre políticos que ocupan diferentes espacios en el oficialismo pero ningún periodista ni ninguna institución progresista se encargó de visualizarlos. Me refiero a los casos de Martín Sabbatella, Juan Cabandié, Carlos Zanini y Edgardo Depetri. Pareciera así que los políticos no tienen derecho a opinar a pesar de que, al igual que los periodistas antes mencionados, ninguno de ellos incitó a nada ni coaccionó a nadie. Pero nadie se ocupó de ellos porque son políticos. Es una pena pero así es la vida: a algunos nos toca ser periodistas y a otros les toca tener la mácula del resto de los mortales.

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martes, 27 de noviembre de 2012

Utpba, Fopea y Fatpren rechazan el ataque de Clarín a periodistas, POR Argentina.ar del 27-11-12



La Uniónde Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y el Foro de Periodismo Argentino emitieron comunicados contra la ofensiva judicial del Grupo Clarín denunciando a periodistas por opinar.
La Federación Argentina Trabajadores de Prensa (Fatpren) comunicó que el "grupo monopólico demuestra una vez más su vocación contra la Libertad de Expresión que hipócritamente dice defender, buscando con acciones como éstas el amedrentamiento, la censura y la autocensura de los trabajadores de prensa, de la misma manera que impidió durante años la actividad sindical en AGEA".

Por su parte, Fopea recordó que "manifestó su opinión a favor de la despenalización de las figuras de calumnias e injurias, incluso mucho antes de que se haga efectiva su supresión legal, lo que celebramos" y "es por eso que solicita al Grupo Clarín que retire la denuncia hecha contra los periodistas e insta a la Justicia a que, de no ser retirada la demanda, la rechace basándose en los principios de libertad de expresión consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a los que la Argentina suscribió".

La Utpba difundió que "exige el respeto a la libertad de expresión y al libre ejercicio de la profesión, derechos humanos esenciales que, interconexos con otros derechos garantizan el Derecho a la Información".

La SIP repudió la denuncia de Clarín contra periodistas, por Agencia TELAM del 27-11-12.



La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió la inclusión de seis periodistas argentinos, en una debuncia penal presentada por el Grupo Clarín por presunta "incitación a la violencia".
"El Grupo Clarín tiene todo el derecho de defenderse", señaló la SIP según un despacho de la agencia EFE, pero "no debería demandar a periodistas por lo que informan u opinan porque, en ese caso, atenta contra su libertad de expresión", señaló en un comunicado Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Para Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, aún como "testigos", estos periodistas no pueden ser forzados a aportar ningún tipo de información a la Justicia.
La Declaración de Chapultepec establece que "toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente", que "nadie puede restringir o negar estos derechos" y que "no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información", de acuerdo al comunicado dado a conocer por EFE.
Antes de esta declaración, Paolillo,a través de su cuenta personal de la red social Twitter, indicó: "Es un ataque a su libertad de expresión. Discrepo con lo que dices pero daría mi vida para que puedas hacerlo Clarín olvidó eso".
El pronunciamiento de Paolillo llegó luego de la consulta de un usuario que le preguntó mediante un tuit cuál era la posición de la SIP ante la demanda penal presentada por el holding mediático contra Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente, entre otros periodistas.
Ayer, en un raid por distintos medios, el abogado del Grupo Clarín, Hugo Wortman Jofré, salió a aclarar que los periodistas serán citados a dar testimonio en la causa -que también apunta a funcionarios del gobierno nacional- pero no como acusados, aunque en el escrito presentado ante la justicia se ve reflejada la acusación por "incitación a la violencia colectiva y coacción agravada", dos delitos que contemplan penas de prisión.

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FOPEA rechaza denuncia del grupo Clarín contra periodistas, por Foro de Periodismo Argentino (para “fopea.org” del 26-11-12)



El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza la denuncia por “incitación a la violencia colectiva” (Artículo 212 del Código Penal), iniciada por el Grupo Clarín contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente. Se trata de una figura penal que podría implicar penas de tres a seis años de prisión. De acuerdo al texto de la denuncia al que accedió FOPEA, además de esta denuncia, el demandante pide a la Justicia que se evalúe la posibilidad de aplicar también la figura de “coacción prevista agravada” (Artículo 149 del Código Penal), que establece penas no excarcelables, de hasta 10 años de cárcel.

26 de noviembre de 2012

Es contradictorio que una empresa para cuya tarea es imprescindible el ejercicio de la libertad de expresión, recurra a presentaciones penales contra periodistas. Y más si se tiene en cuenta que en su denuncia el Grupo Clarín hace hincapié en la necesidad del respeto a la libertad de expresión y de opinión, derechos protegidos por diferentes Tratados Internacionales citados en su presentación.
En ese sentido y de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales en los que se basa FOPEA para realizar su defensa irrestricta de la libertad de expresión, la denuncia presentada el pasado jueves constituye una clara afrenta a estos principios, considerando que cuestiona los dichos públicos de los periodistas en diferentes espacios televisivos, donde opinaron sobre la empresa y sus directivos.
Por ello, FOPEA se solidariza con Russo (columnista del diario Página/12 y panelista del programa 678); Caballero (ex director del diario Tiempo Argentino) y Vicente (relator del ciclo Fútbol para Todos).
El Grupo Clarín relacionó a todos en una supuesta maniobra violenta en su perjuicio, que “se verifica con claridad a partir de los dichos de distintos periodistas y funcionarios” (la demanda alcanza además al titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, y el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, entre otros), y que no tiene dudas respecto a que “el Gobierno Nacional está detrás de este accionar”. En ningún lugar de la presentación judicial formulada por el Grupo Clarín se menciona a los periodistas como testigos. En cambio, sí son identificados entre los 'principales propaladores del mensaje gubernamental', lo cual los haría parte, dentro de la lógica judicial de la denuncia, de 'quienes incitan a la violencia colectiva'.
FOPEA estuvo y está en contra de las acciones judiciales para limitar o penalizar la libertad de expresión, por más discutibles que puedan ser las expresiones vertidas, y así lo ha señalado en varias oportunidades. De hecho, manifestó su opinión a favor de la despenalización de las figuras de calumnias e injurias, incluso mucho antes de que se haga efectiva su supresión legal, lo que celebramos. También hemos planteado la necesidad de limitar los montos de las demandas civiles por calumnias e injurias contra periodistas, algo que muchas veces intenta actuar como un silenciador de voces, a través de las presiones económicas que implican querellas de este tipo. Además, alertamos sobre la judicialización de las discusiones políticas, lo que puede llevar a la desnaturalización de la elevada función del Poder Judicial como tal.
Es por eso que solicita al Grupo Clarín que retire la denuncia hecha contra los periodistas e insta a la Justicia a que, de no ser retirada la demanda, la rechace basándose en los principios de libertad de expresión consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a los que la Argentina suscribió.
Foro de Periodismo Argentino

Lunes 26 de noviembre de 2012

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Perplejidad es la palabra, por Victor Hugo Morales (para “Tiempo Argentino” del 26-11-12)




 Por Víctor Hugo Morales. Perplejidad, esa es la palabra. Porque la demanda de Clarín viene a mostrar con claridad un gesto irrefutable contra la libertad de expresión. Justamente del que se autodenomina víctima, surge el ataque destemplado y absurdo al derecho de expresarse de otros periodistas.


Los que han destruido la credibilidad y el buen nombre de innumerables personas; ellos, los que viajan en el puño agresivo del cacerolero que le pegó de atrás al colega del canal de noticias C5N; ellos, los que difaman desde el poder a quienes denuncian sus negocios; ellos, los que se defienden con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), mientras desacreditan a cuanto oponente se les cruce en el camino; ellos, los que proyectan violencia sobre las víctimas de sus mentiras en cada acción destinada a salvar sus privilegios; justamente ellos, son los que quieren meter presos a sus colegas por decir lo que piensan.
Perplejidad es la palabra. Porque no hay manera de entender cómo pueden victimizarse ante expresiones que hasta parecen demasiado cautas, si se las piensa en el contexto de locura en el que Clarín nos ha hundido para proteger sus intereses. Perplejidad. Porque en tiempos en que el gobierno elimina la injuria y las calumnias como delito penal si las mismas se destinan a los funcionarios, es Clarín, el que demanda penalmente por manifestaciones que, comparadas con lo que ellos destinan a los hombres públicos, provocan una inevitable sonrisa. 
Clarín pretende que estén presos Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente, mientras el CEO del multimedios, Héctor Magnetto, y los otros, siguen libres. Es la metáfora de un mundo insoportable, la que intentan.

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El abogado de Clarín mintió en Vorterix, por INFOnews del 26-11-12



Hugo Wortman Jofré le dijo a los periodistas del programa "Guetap" Reynaldo Sietecase y Romina Manguel que "no está denunciando a" Caballero, Russo y Vicente. De esta manera mintió dado que los tres están acusados de los delitos de coacción agravada e incitación a la violencia pública. Escuchá y leé la inescrupulosa explicación del representante legal del multimedio. Masivo repudio.

Por:
INFOnews

El abogado del Grupo Clarín, Hugo Wortman Jofré, salió hoy a defender la acusación que presentó la compañía contra los periodistas Sandra Russo, Roberto Caballero y Javier Vicente.
En una entrevista con Reynaldo Sietecase y Romina Manguel en el programa “Guetap”, de Radio Vorterix, el letrado dijo desconocer que las afirmaciones vertidas por los trabajadores de prensa constituían meras opiniones y lanzó: “Si es así, desisto el testimonio”.
Leé el momento más fuerte del intercambio entre Wortman Jofré y los conductores de Radio Vorterix sobre la denuncia de Clarín:
Reynaldo Sietecase: Yo escucho sus argumentos y me sigue pareciendo insólito que los periodistas, por su opinión, tengan que enfrentar un proceso judicial.
Hugo Wortman Jofré: ¿Por su opinión? Si es su opinión listo, se acabó.
RS: ¿Y pero qué otra cosa puede ser? ¿Usted imagina una conspiración?
HWJ: Cuando Joaquín Morales Solá fue citado a declarar en el caso de los sobornos del Senado porque había recibido información lo llamaron a declarar veinte veces. Está citado a declarar en el juicio como testigo. ¿Y para qué? Para que explique bajo qué circunstancias escribió, por qué escribió, si es una opinión y listo, eso es todo. Esto, unido con cinco o seis funcionarios… La verdad es que las frases de los funcionarios son un poco distintas, ¿no? No son en el mismo tono que los periodistas. Los periodistas pareciera, si usted me dice, que están vertiendo opiniones...

RS: Son opiniones, sí.
HWJ: “Seguro que detrás de los gendarmes está el Grupo Clarín”, opiniones que usted me dice, la verdad, son un poco apresuradas, eh...
RS: Nosotros no estamos suscribiendo a esas opiniones.
HWJ: Ah, OK.
Romina Manguel: Estamos cuestionando que tengan que ir a explicar las opiniones que ellos vertieron en un medio de comunicación ante la Justicia. Porque esto es lo que va a pasar, Wortman. Para explicar el escenario sin subestimar al oyente, lo que va a pasar independientemente de cuáles fueron las motivaciones que hicieron que ustedes hagan esta presentación, si esto sigue adelante y ustedes lo ratifican –porque el juez Rodríguez está esperando la ratificación de esta denuncia- los periodistas van a tener que desfilar por Comodoro Py 2002 explicando lo que dijeron. ¿Sí o no?
HWJ: A ver, ustedes mismos me están sacando una duda que yo, como no hablo con estos periodistas, no sabía, que es que esto es una opinión de ellos y que no tienen ningún otro elemento, dato o presunción. Ahora, si el periodista va a declarar y dice “Nah, si yo estoy seguro de que está el Grupo Clarín porque hablé con una fuente y la fuente me dijo que el Grupo Clarín les pagó X cantidad”, la verdad es que si esto queda en una opinión y lo dicen judicialmente, me encantó. Se acabó el tema. ¿Se dan cuenta? Usted es una periodista de investigación: si aquel día Joaquín Morales Solá hubiera ido a decir “Sí, yo tengo recibo del pago de los sobornos” (sic) hacía parte a la Justicia. Claro, ustedes me dicen que no lo van a hacer porque fue una opinión. Evidentemente, ustedes hablaron con ellos y saben que...
RS: No, nosotros no hablamos con ellos. Lo estamos llamando a usted porque nos pareció sorprendente, insólita, ridícula la denuncia. Dijimos “Vamos a llamarlo a Wortman Jofré que es una persona que conocemos y que hemos hablado por otros temas para que nos diga por qué hicieron la presentación”. Es así de simple.
HWJ: Me encantó, me encantó.
RS: Bien.
HWJ: No se molesten para nada de que un periodista tenga que ir a declarar como testigo.
RS: A mí me hace ruido. A mí, le soy sincero, doctor, me hace ruido. Que un periodista tenga que ir a declarar por su opinión...
HWJ: Su opinión. Usted le está agregando una adjetivación que no la sabemos. Es más: si saliera Sandra… ¿cómo se llama?
RM: Sandra Russo.
HWJ: Sandra Russo y Caballero a decir “No, esto fue una opinión, no tenemos ninguna información de que los gendarmes estuvieron pagados por Clarín…
RS: Si tuvieran la información sabe la tapa que sería para un diario, ¿no?
HWJ: …lo desisto, lo desisto ya del testimonio. Desisto el testimonio.
RS: Bien.
HWJ: ¡Pero no lo dijeron! ¡No lo dijeron! Llámenlos ustedes y que Sandra Russo y Roberto Caballero digan al aire “No, en realidad era una opinión nuestra y no tenemos ninguna información de que realmente los gendarmes recibieron plata del Grupo Clarín para hacer lo que hicieron”. Bueno, listo, si ellos salen y dicen eso yo desisto la mañana.
RS: Doctor, se me va el tiempo del programa. Mañana tienen que ratificar esto, ¿no?
HWJ: Y, vamos a aclarar esto, vamos a aclarar esto ante el juez Rodríguez. 
Todo comenzó cuando el Grupo Clarín demandó penalmente a periodistas por afirmaciones que realizaron en 678 y en una emisión de Fútbol Para Todos. A Russo la denunciaron por haber dicho: “Son las cacerolas de Clarín. En este núcleo de veneno, es difícil que pueda salir algo bueno. En los ‘90 hemos salido innumerables veces, pero en estas marchas hay veneno, y además si lograran la destitución, ¿qué pasaría el día después?”.
A Caballero, en tanto, lo acusan ante la Justicia por haber opinado, en ocasión del reclamo de gendarmes y prefectos en las calles: “Y la verdad que me parece que esto forma parte de una estrategia de incendio de la calle, que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al 7 de diciembre, que obviamente conecta muy bien con la antipolítica, conecta muy bien con los sectores de derecha que hay en la sociedad reaccionaria”

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