La demanda incluye a funcionarios del gobierno y legisladores
del oficialismo
En un escrito de 35 páginas, los abogados del Grupo
acusaron por sus opiniones al fundador de Tiempo Argentino y a los colegas
Sandra Russo y Javier Vicente de un delito que implica penas de tres a seis
años de prisión.
Aconfesión de parte, relevo de pruebas.
La desmesura de lo que sigue revela, una vez más, el
verdadero rostro de Héctor Magnetto y de sus socios. En sólo 35 páginas, una
denuncia criminal presentada por el abogado del Grupo Clarín S.A., José María
Sáenz Valiente, "juntamente con sus letrados patrocinantes Hugo Wortman
Jofré y Alejandro Pérez Chada", derrumba la profusa y reciente estrategia
propagandística del magnettismo. Una campaña que durante las últimas semanas ha
pretendido internalizar en la sociedad, de cara el 7D, que la misión del
multimedios en el mundo consiste en defender la libertad de expresión y la
pluralidad de voces frente al embate despiadado de un sistema (democrático) que
intenta imponerle la descabellada idea de adecuarse a lo que dicta una ley (de
la democracia). Falso.
Clarín miente.
Miente y, además, persigue a periodistas.
Miente y, además, quiere meter presos a periodistas por el
sólo hecho de opinar distinto al Grupo.
Así de claro. Así de grave.
La última (hasta el momento) bravata judicial del
multimedios consistió en denunciar penalmente al periodista Roberto Caballero,
director-fundador de Tiempo Argentino, a quien acusa de ser uno de los
"instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia
colectiva en perjuicio tanto del Grupo Clarín como sus directivos en particular".
¿Qué dice el Código Penal en su artículo 212 sobre el delito de
instigación a la violencia? A saber: "Será reprimido con prisión de tres a
seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos
de personas o instituciones, por la sola incitación." Léase: lo quiere
preso.
Pero hay más.
En el mismo escrito, los "mandantes" de Magnetto
estiman que "los hechos denunciados podrían encuadrar en la figura de
coacción agravada", prevista en el artículo 149 bis del Código Penal, segundo
apartado. ¿Qué señala este artículo? Que "será reprimido con prisión o
reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito
de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".
Por si no quedó explícitamente claro: al fundador de Tiempo Argentino lo
quieren ver en cana, o en su defecto –más atenuado–, acorralado en el silencio,
con un bozal judicial. Un disparate.
En qué basan la acusación criminal contra Caballero: en el
siguiente textual extraído de su participación en el programa 6,7,8 de la Televisión Pública
del 4 de octubre último en el contexto de la agitada y amplificada (ver p. 4-5)
protesta de Prefectos y Gendarmes que, según adujeron los voceros de los
uniformados, se originó en los graves errores que sufrieron en la liquidación
de sus haberes. Dijo Caballero: "¿Qué creo yo, digamos, que es lo que está
sucediendo? Obviamente esto es un intento de desestabilización, cuando vos a la
gente le mostrás por televisión que las fuerzas que están para ocuparse de la
seguridad, y de la tranquilidad, y de la paz de los ciudadanos de un país, en
realidad toman posturas o deciden situaciones que alteran esa paz, la gente se
agarra la cabeza y dice 'en qué país estamos'. Y la verdad que me parece que
esto forma parte de una estrategia de incendio de la calle, que tienen ciertos
grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al 7 de diciembre,
que obviamente conecta muy bien con la antipolítica, conecta muy bien con los
sectores de derecha que hay en la sociedad reaccionaria, un núcleo reaccionario
muy duro de la sociedad argentina, pero también provoca quizá que vuelvan los
peores fantasmas, ¿no? Digo, cuando uno ve un uniformado haciendo lo que no es
su función específica, a cualquier argentino se le eriza la piel."
Y a cualquier argentino debería erizársele la piel cuando es
testigo a casi 29 años de recuperada la democracia de que a un periodista se lo
persiga, se lo acuse y se pretenda encarcelarlo por el "delito" de
opinión. Parece demencial. Y lo es. Más aun si se tiene en cuenta –y cómo
obviarlo– que la persecución la impulsa la corporación económico-mediática más
poderosa del país; un holding que consolidó y expandió su base de negocios
asociándose a las Fuerzas Armadas en plena dictadura cívico-militar, para
beneficiarse con la apropiación de la empresa Papel Prensa, junto a sus socios
del diario La Nación,
cuando la compañía le fue arrancada en las mazmorras a la familia Graiver. Esos
mismos personajes que fueron activos oficialistas durante el terrorismo de
Estado, hoy no sólo mienten y no se adecuan a la ley sino que quieren encerrar
o amordazar a periodistas. Y no sólo a Caballero.
La denuncia penal (causa 12383/2012) radicada el jueves 22
de noviembre en el Juzgado Federal 9,
a cargo del magistrado Luis Rodríguez, también alcanza a
la periodista de Página/12 y panelista de 6,7,8, Sandra Russo. Su presunto
delito es idéntico al de Caballero: opinar. En la página 11 del escrito se lee:
"Concretamente, la periodista Sandra Russo, luego de los conocidos
‘cacerolazos’ del día 13 de septiembre de 2012, expuso en el programa
televisivo 6,7,8 emitido por TV Pública, Canal 7, las siguientes expresiones:
'Son las cacerolas de Clarín' y agregó 'en este núcleo de veneno, es difícil
que pueda salir algo bueno'. Luego continuó diciendo 'en los noventa hemos
salido innumerables veces, pero en estas marchas hay veneno, y además si logran
la destitución, ¿qué pasaría el día después?'" Sólo a modo de ejemplo,
cabe recordar que en aquella marcha se agitaron consignas destituyentes, se
clamó por el fin de la "dictadura K", y hasta algunos manifestantes
hicieron público su deseo de muerte hacia la presidenta. No fueron todos,
obviamente, pero miles de ciudadanos caminaron junto a carteles con simbología
nazi u ofensas, por caso, a las Madres de Plaza de Mayo, sin inmutarse ni
apartarse de los energúmenos. Ese fue el contexto.
Qué fantasea Magnetto con respecto a Russo: que reciba una
pena similar que Caballero. Lo mismo sucede con el periodista deportivo y
relator de Fútbol para Todos, Javier Vicente. En su caso, el escrito permite
imaginar la minuciosidad del trabajo de quienes realizaron el informe previo a
la confección de la presentación judicial que, cronómetro en mano, observaron y
apuntaron, por ejemplo, que el sábado 6 de octubre, a las 18:28 horas, Vicente
dijo: "Esto es Fútbol para Todos, para el parcial Estudiantes 0 - Quilmes
0. Fútbol para todos, el mejor antídoto a la cadena del miedo y del desánimo:
Cadena con fecha de vencimiento, 7 de diciembre." Una expresión, la de
Vicente, que para los abogados del multimedios podría encuadrase en
"incitación a la violencia colectiva". Y se silencia con calabozo.
En la denuncia criminal de Clarín también son mencionados
los otros integrantes del ciclo 6,7,8 Nora Veiras, Orlando Barone y Edgardo
Mocca, y un invitado eventual al programa, el director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo
Conti, Eduardo Jozami. Aunque en el caso de ellos, luego son omitidos en la
denuncia en la página 29, cuando se detalla "hasta el momento y sin
pretensión de taxatividad" los nombres de quienes según los abogados del
holding "han desempeñado el rol de principales propaladores del mensaje
gubernamental contra el Grupo Clarín". En el listado, a modo de síntesis
del escrito, se incluye al legislador porteño del Frente para la Victoria Juan
Cabandié; al diputado nacional del mismo partido, Edgardo Depetri; al ministro
de Justicia, Julio Alak; al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos
Zannini; y al titular de la
AFSCA, Martín Sabbatella; "recientemente nombrado para
la ejecución de la Ley
de Medios". Cada uno de ellos, previamente, fue mencionado en la denuncia,
tomando extractos de sus declaraciones críticas contra el multimedios (ver
recuadro).
La lectura del texto, a la vez, permite comprender cómo los
jerarcas de Clarín despliegan a diario su estrategia comunicacional de
agitación sobre esa mesa de arena que suprimió ya hace tiempo los principios
del periodismo para digitar la construcción de una realidad afín a la defensa rabiosa
de sus intereses y privilegios. El escrito deja en claro también –por si sólo
no bastara con ojear las primeras 15 páginas del matutino– el rol que cumple el
pelotón de abogados del Grupo en la elaboración cotidiana de ese relato. Otro
ejemplo que viene a confirmar que ante la confesión de parte, la prueba queda
relevada. Aunque aún restan casi dos semanas para el 7 de diciembre, plazo que
le impuso la Corte
Suprema para adecuarse a la ley. Habrá que estar atentos.
En el ítem III.A. "Antecedentes" de la
presentación, interpretan a su modo "el contexto actual que hace a la
relación entre el Grupo Clarín y el gobierno nacional", para supuestamente
enmarcar los hechos denunciados. Ahí definen que "el diario Clarín es el
de mayor circulación y cantidad de lectores a nivel nacional. De allí, que su
voz tenga un alto impacto a la hora de comunicar los principales sucesos del
quehacer nacional". A esta altura del devenir político, económico y social
de la Argentina,
ya no quedan dudas del alto impacto que ha tenido Clarín durante décadas en la
intervención de los principales sucesos del quehacer nacional.
En el párrafo siguiente apuntan que "en los últimos
años se ha desatado una verdadera campaña tendiente a desprestigiar no sólo a
los medios que forman parte del Grupo Clarín, sino a todos aquellos medios cuya
línea editorial no resulta afín al partido de gobierno (…) este accionar
evidenciado por el partido oficialista conlleva una seria afectación de la
libertad de opinión y de expresión, garantías reconocidas tanto en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos como en nuestra propia Constitución Nacional". Lo
insólito –que podría resultar hasta irónico si no fuese por la gravedad del
caso– es que quienes invocan las garantías constitucionales y los Derechos
Humanos –que obviamente y como corresponde no les son vulnerados– son los
mismos que ahora pretenden encarcelar a Caballero y a otros periodistas por
expresar libremente sus ideas.
Y no sólo eso: el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y su
socio, el director del diario La Nación Bartolomé Mitre –quien declaró hace unos
días a la revista brasileña Veja que en la Argentina existe una "dictadura de los
votos", entre otras afirmaciones temerarias– están imputados por la
justicia de la democracia real, la del sufragio universal y la independencia de
los poderes del Estado. Se investiga si fueron partícipes necesarios o no de
delitos de lesa humanidad. Para más precisión, la justicia señaló que
"debe investigarse si existió un conjunto de acciones ilegales diversas y
articuladas entre sí que, con intervención de la estructura del aparato
represivo estatal, habría tenido por finalidad lograr la transferencia
compulsiva de acciones de Papel Prensa SA, que eran propiedad del Grupo
Graiver, a favor de las empresas La Nación SA, Arte Gráfico Editorial Argentino
(AGEA) y La Razón SA".
La causa se mantuvo frenada por más de un año. Una investigación clave para la
vida democrática que no logra avanzar como debiera. Situación de la que no son
ajenas las constantes presentaciones realizada por el abogado de Magnetto,
Wortman Jofré, y de Mitre, Pérez Chada. No casualmente los mismos letrados que
firman junto a Sáenz Valiente la demanda contra Caballero y el resto de los
acusados.
La denuncia con la que Magnetto quiere amordazar a
periodistas continúa, con una clase magistral de cinismo: cita tratados,
artículos y declaraciones sobre la defensa de la Libertad de Expresión. Un
texto que sin dudas será de lectura ineludible para estudiantes de Derecho y
Periodismo en un futuro no tan lejano.
Un texto envenenado mediante el cual Clarín pretende
desnaturalizar el rol esencial del periodismo para avanzar en una
resignificación tramposa del ejercicio del oficio, en principio, en relación a
Caballero, Russo, Vicente y a todos aquellos que no opinan como a Magnetto y a
sus adláteres se les antoja que debe ser. Calificar a los periodistas que se
expresan libremente de acuerdo a sus convicciones y principios como
"propaladores del mensaje gubernamental", en este caso, conlleva implícito
múltiples connotaciones. Una, la obvia, es procurar desacreditar sus palabras
para sumergirlos en un supuesto dispositivo comunicacional que tiene por
finalidad "atacar" al Grupo Clarín. Falso. A quien esto escribe le
consta, por ejemplo, cómo pensaba Caballero sobre la concentración monopólica
en los medios y la imperiosa necesidad de sepultar la Ley de Radiodifusión de la
dictadura, muchos años antes de que el propio kirchnerismo impulsara una nueva
norma. Por sólo citar un caso. Ese desplazamiento de sentido que intenta
provocar Clarín con su nueva argucia legal, paradójicamente o no, refleja la
concepción real que tienen Noble, Magnetto, Aranda, y demás popes del
multimedios sobre el oficio: un periodista, para ellos, sería algo así como un
sujeto que propala conceptos en función de intereses ajenos; un sujeto sin
principios que alquila su palabra. El texto judicial, por cierto, no deja muy
bien parados a los cientos de trabajadores de prensa que cumplen sus tareas en
el holding. No respeta ni a sus propios periodistas. Es más: los compromete a
tener que pronunciarse ante la persecución criminal contra colegas en plena
democracia.
Ahora sí la libertad de expresión está en juego: un grupo
empresario pide cárcel para quien opina distinto. Y lo hace en el marco de una
campaña de autovictimización a días del 7D. Para el multimedio, por lo visto,
la libertad de expresión es sólo un buen slogan para explotar en sus avisos
propagandísticos: "María Laura no opina necesariamente como Santo.
Zlotogwiazda y Tenembaum no son iguales a Bonelli y Edgardo Alfano. Chiche.
¿Hay otro igual a Chiche? Pettinato no va a coincidir con Joaquín Morales Solá,
o sí. (…) Roa opina sobre lo que él piensa y el pensamiento del colorado
Kirschbaum no tiene por qué hacerte reír, como se ríen con Borensztein, que es
muy distinto a Nelson Castro. Coinciden en su verdad, pero son muy distintos.
Julio Blanck y Eduardo Van der Kooy, tal vez tengan otro código. Que quizás no
se parezca al de Pepe Eliaschev. Y si los ponemos a todos a discutir sobre
algún tema de la actualidad, la polémica podría durar años. Eso es porque
pueden opinar, y tienen un lugar donde hacerlo. El mismo lugar donde
opinan Suar y Tinelli. Y donde lo pueden hacer Susana Viau y Débora Pérez
Volpin. (…) Todas estas voces, por ser tantas y tan diversas acreditan la
libertad y la elección. Lanata es único, como todos los periodistas del grupo.
Un Grupo Clarín que también tiene opinión. Independiente, incluso de sus
periodistas. Independiente como vos cuando nadie te convoca y salís a opinar a
la calle y pedís que te escuchen y te respeten (…) Un grupo que piensa que es
un momento muy especial del país. Un momento donde no hay que tenerle miedo, ni
siquiera al miedo. Si peligra la libertad de prensa, que no peligre la libertad
de pensar."
Cada uno de ellos seguirá opinando libremente mañana,
después del 7D y siempre. Así debe ser. Incluso a pesar de que sus jefes
quieran amordazar a otros periodistas que no opinan como María Laura o Santo y
el resto de los mencionados por los publicistas de Magnetto.
La denuncia criminal contra Caballero y los demás
periodistas fue presentada el jueves. Hoy, se hace pública.
La peor opinión es el silencio. «
Antecedente
Apenas la
Junta Militar usurpó el gobierno, Videla, Massera y Agosti
impusieron la pena de muerte y los Consejos de Guerra en todo el país. Se trató
de la Ley 21.264,
que en su artículo primero establecía: "El que públicamente por cualquier
medio, incitare a la violencia colectiva y / o alterare el orden público, será
reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años."
Casualidades de la historia, o no tanto, el ex socio de las Fuerzas Armadas,
Magnetto y su staff de abogados emplean el mismo argumento para intentar
coartar la libertad de expresión de Caballero, Russo y otros periodistas.
Funcionarios y legisladores también
En su denuncia penal por incitación a la violencia y
coacción agravada, el Grupo Clarín acusa a funcionarios y legisladores del
oficialismo. En el escrito recorta declaraciones públicas del jefe de bloque de
legisladores porteños, Juan Cabandié; del diputado nacional Edgardo Depetri;
del ministro de Justicia, Julio Alak; del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos
Zannini; y del titular de la
AFSCA, Martín Sabbatella, de quien afirman que fue
"recientemente nombrado para la ejecución de la Ley de Medios". La
acusación incluye a "los integrantes de las agrupaciones de La Cámpora, el Frente
Transversal y el Movimiento Evita".
La nueva estrategia judicial de Clarín sorprende por obvia y
denota su nerviosismo ante el inevitable 7D. Su finalidad evidente es invertir
la carga. Para eso apunta directamente contra Sabbatella. Sólo a modo de
síntesis se destaca lo que afirma el escrito en la página 30: "Resulta aun
más peligrosa la actitud de gobierno y de algunos funcionarios mencionados, que
insisten en la fijación de un verdadero punto de inflexión o 'deadline' en este
conjunto de acciones intimidantes contra la empresa y sus directivos: el 7 de
diciembre próximo, según ellos es el día –tomando como referencia una decisión
judicial– en el cual hay que vencer al enemigo sin ahorrar violencia para
lograrlo." Parágrafo siguiente, citan un textual de Sabbatella: "La AFSCA va a actuar de oficio
después del 7 de diciembre." Cómo Magnetto traduce esa definición en un
acto que incite a la violencia es un misterio. Algo que intentan revelar unos
párrafos más adelante: "El funcionario, en la misma línea trazada por el
gobierno, soslaya el derecho constitucional del grupo Clarín de peticionar a
las autoridades y aguardar una decisión del Poder Judicial de la Nación. De esta forma
el funcionario pretende convertir una conducta lícita, en un acto ilegal
merecedor de la desaprobación popular y generadora de graves riesgos personales
para sus directivos." Magnetto no sólo no quiere adecuarse a la ley sino
que aspira a que el funcionario que deberá hacérsela cumplir sea procesado.
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